Con dispensa de trámites, la Asamblea Legislativa reformó con 56 votos la Ley de presupuesto 2026 para reformar el Ministerio de Turismo para “necesidades prioritarias y urgentes en dicho ramo que atañen a proyectos estratégicos para la atracción de visitantes e inversionistas, así como eventos nacionales e internacionales”.
Entre los considerandos se señala que “han surgido necesidades urgentes y prioritarias en el ramo de Turismo” que “no disponen de cobertura presupuestaria”.
Hacienda explicó que “se han identificado asignaciones disponibles”, sin detallar el origen de los fondos, hasta por $2 millones.
Los fondos provendrían del Fondo General, el cual puede tener ingresos de tributos o bien de títulos valores.
En el presupuesto del Ministerio de Turismo, los $2 millones se incorporarán en la Unidad presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional y a la Línea de Trabajo 01 Dirección Superior.
La reforma disminuye las “asignaciones disponibles del presupuesto del ramo de Hacienda con cargo al Fondo General”, por $2 millones.
La reforma presupuestaria, cuya aprobación no pasó a estudio de la Comisión de Hacienda, se aprobó sin los votos de Arena y Vamos.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, pidió a la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para permitir que los salvadoreños en el exterior cuenten con representación de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa de reforma fue divulgada mediante un comunicado de Casa Presidencial que destacó que “por primera vez la diáspora contará con diputados elegidos específicamente para su representación”, “en lugar de ser asignados sus votos al departamento de San Salvador”.
Actualmente los votos de los salvadoreños que tienen su Documento Único de Identidad (DUI) con domicilio en el extranjero son asignados a diputados del departamento de San Salvador automáticamente si realizan votación remota y no al departamento de su origen.
El gobierno sostiene que hay “más de 3 millones de salvadoreños en el exterior”, aunque aseguró que hay «más de 950,000 tienen domicilio en el extranjero.
La representación de la diáspora, explicó el comunicado, se establecerá “en proporción a su peso dentro del padrón electoral, garantizando un equilibrio en la distribución de la representación”.
“Nos hemos enterado en estos momentos de una publicación en redes sociales de la cuenta de Casa Presidencial en donde el señor presidente de la República, Nayib Bukele, solicita a esta Asamblea Legislativa impulsar una reforma a la Constitución, considerando procedente dar este trámite institucional correspondiente, de manera preliminar es importante destacar que esta propuesta gira en un eje fundamental, es una reforma al artículo 79 de la Constitución de la República orientada a regular de forma expresa la participación electoral de los salvadoreños en el exterior mediante el reconocimiento de una circunscripción electoral que permita garantizar los principios de igualdad del voto y representación proporcional», expresó este mediodía el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, poco después de la publicación de la cuenta en X de Casa Presidencial.
Castro pidió a los técnicos de la Asamblea Legislativa iniciar la redacción de la iniciativa de reforma constitucional y aseguró que por lo menos 54 diputados de Nuevas Ideas apoyarán la iniciativa.
No hay un registro electoral público posterior al utilizado en las elecciones de 2024, que cerró el 7 de agosto de 2023.
La cifra más reciente, hecha pública de manera verbal por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, es la de 944,684 salvadoreños en el exterior, un aumento de 27 % o 203,590 nuevas inscripciones respecto al registro electoral 2024.
El Presidente @nayibbukele solicita el acompañamiento de los diputados de la @AsambleaSV a la iniciativa de reforma constitucional para que los salvadoreños en el exterior cuenten con representación en la Asamblea Legislativa.
El Ministerio de Hacienda modificó su informe sobre los mayores acreedores de los gobiernos locales al cierre del ejercicio de 2025 incluido en la página 38 de su informe anual de endeudamiento municipal de 2025, específicamente sobre una supusta compra de la cartera de la deuda municipal con la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (Cosavi).
En la versión del informe publicado el 27 de marzo de 2026 en el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, se publicó que un total de $20,259,000 ($20.2 millones) de deuda municipal tenía como acreedor a la empresa Hencorp Valores, S.A., bajo el concepto “Compra Cartera COSAVI”.
Al cierre de 2025, también se registró una deuda de los municipios con COSAVI de $9,131,800 ($9.1 millones), menos que los $10,767,100 al cierre de 2024 y menos que los $21,708,900 ($21.7 millones) al cierre de 2023.
Sin embargo, en una nueva versión publicada esta semana por el Portal de Transparencia Fiscal, atribuye una deuda municipal por la misma cantidad a Hencorp Valores, S.A., es decir, $20.2 millones, pero en concepto de “compra cartera Bancovi de R.L.” con la aclaración: “Actualización de datos conforme al punto 5, página número 36”.
Nuevos datos de acreedores en informe de endeudamiento municipal 2025.
El informe explicó que “la cartera que Bancovi de R.L. fue comprada por Hencorp Valores, S.A., correspondiente al saldo de 20 préstamos adquiridos por diferentes municipios”.
¿Cuánto era el saldo de la deuda que tenían los municipios con Bancovi?
En el informe de 2023, se detalla únicamente una amortización de $2.4 millones a la deuda que tenían las municipalidades con BANCOVI, dentro de las cooperativas de ahorro y crédito; en el informe de 2022, se registró un saldo de la deuda con BANCOVI de $70.2 millones, mientras que las municipalidades también le debían, para ese año, $22.3 millones a Cosavi.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, aprobó nombramientos a representantes de esa cartera de Estado en el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop) hasta 2029 y en el Consejo de la Dirección de Integración hasta diciembre de 2026.
Como representantes propietaria y suplente del Ministerio de Economía para un periodo de tres años, fueron nombrados Mónica Beatris Reyes Coto y José Adonay Molina Arias, quienes ya estaban en el cargo y que concluirán sus periodos el 25 de marzo de 2029.
Reyes Coto es subdirectora de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía y ha sido apoderada del Banco de Desarrollo de El Salvador.
Mientras, Molina Arias fue nombrado el 27 de octubre de 2025 como miembro propietario hasta el 17 de febrero de 2026 del Fideicomiso de Desarrollo Cooperativo Salvadoreño (Fidecosal) y también ha sido suplente en el Consejo Directivo del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia).
El Insafocoop es el organismo encargado de supervisar, vigilar y normar el funcionamiento de las asociaciones cooperativas en El Salvador.
El 21 de noviembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó la disolución y liquidación en seis meses del Insafocoop, con el objetivo de “descentralizar” sus atribuciones, por lo que según este decreto, que hasta hoy no ha sido publicado en el Diario Oficial, entregaba estas atribuciones a los ministerios de Agricultura, Educación, Transporte, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), así como al Banco Central de Reserva y a la Superintendencia del Sistema Financiero, según el tipo de cooperativa.
Estas instituciones asumían funciones de autorizar el inicio de operaciones y las constituciones de las cooperativas y la supervisión de la organización y el funcionamiento de las cooperativas.
Sin embargo, este decreto no fue publicado por el Diario Oficial, por lo que no completó todo el proceso de formación de ley, por lo que Insafocoop no se disolvió.
Junto a la “Ley de disolución, liquidación y traslado de funciones del Insafocoop” fueron aprobadas las leyes de bancos cooperativos, la de sociedades de ahorro y crédito, la de federaciones de cooperativa de ahorro y crédito y la Ley para la estabilidad del sistema financiero y garantía de depósitos. Solo esta última cumplió el proceso de formación de ley.
Por otra parte, en el Consejo de la Dirección de Integración, Miguel Ernesto Artiga Águila, subdirector de Inteligencia y Política Económica del Ministerio, sustituyó a Laura Daniela Pacheco Alas como representante propietario.
Pacheco Alas había sido nombrada el 28 de agosto de 2025 como representante suplente para completar el periodo de tres años hasta el 13 de diciembre de 2026 y, el 29 de septiembre de 2025, fue nombrada representante propietaria para completar el periodo de tres años hasta el 13 de diciembre de 2026.
El nombramiento como representante suplente de Waltter Alejandro Panameño Osegueda realizado el 13 de diciembre de 2023 se mantiene vigente, según el acuerdo.
El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitió un decreto ejecutivo que prohíbe a nivel nacional la práctica de quema agrícola en cultivos, ante el incremento del riesgo de incendios forestales.
La medida, publicada en el Diario Oficial el 15 de abril de 2026, establece que esta práctica queda totalmente prohibida con el objetivo de prevenir, controlar y combatir los incendios que afectan ecosistemas y comunidades.
El decreto señala que la quema de cultivos, utilizada para limpiar terrenos o preparar cosechas, representa un factor contaminante que deteriora la calidad del aire y del suelo, además de constituir un peligro para la población.
Las autoridades advierten que gran parte de los incendios forestales en el país se originan por estas prácticas, lo que provoca pérdida de cobertura forestal, daño a la fauna silvestre y afectaciones en zonas de recarga hídrica.
Asimismo, se menciona que actividades como la quema en la zafra de caña de azúcar han generado impactos en comunidades, incluyendo enfermedades respiratorias y daños al entorno natural.
El decreto establece que la prohibición aplica en todo el territorio nacional y busca proteger ecosistemas forestales, acuáticos y áreas naturales protegidas, así como prevenir daños a cultivos y asentamientos humanos.
Como parte de las acciones, se instruye a las instituciones del Estado y municipalidades a coordinar esfuerzos para evitar estas prácticas, además de promover campañas de educación ambiental y sensibilización en comunidades agrícolas.
También se contempla la instalación de puntos de observación en zonas de riesgo y la emisión de lineamientos legales para fortalecer la prevención de incendios.
El incumplimiento de la normativa dará lugar a procesos administrativos sancionatorios, conforme a las leyes vigentes en materia ambiental.
El Ministerio de Medio Ambiente informó que los ciudadanos podrán denunciar quemas agrícolas a través de canales oficiales, incluyendo números telefónicos y plataformas digitales habilitadas.
Las quemas agrícolas pueden ser denunciadas a través de los canales establecidos: vía WhatsApp al 7850-1474 o mediante llamada telefónica al 7856-0266.
Protección Civil ha impuesto una Alerta Amarilla por incendios forestales desde el 31 de enero pasado. Según el Cuerpo de Bomberos, los incendios han incrementado significativamente en El Salvador en lo que va del año, con un aumento del 42 % en comparación con el mismo período del año anterior.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la cooperación española, anunció el martes un proyecto orientado a fortalecer la inclusión socioproductiva de mujeres retornadas en El Salvador, mediante un modelo integral de atención y desarrollo.
La iniciativa, denominada “Atención especializada integral de mujeres retornadas para su incorporación a ecosistemas socioproductivos en El Salvador”, contempla la articulación de distintas instituciones para garantizar su implementación efectiva.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, destacó que este esfuerzo representa un paso clave para transformar las condiciones de vida de este grupo poblacional.
“El proyecto ‘Atención especializada integral de mujeres retornadas para su incorporación a ecosistemas socioproductivos en El Salvador’, constituye una apuesta concreta y transformadora que hoy comienza a materializarse a través de estas alianzas”.
Como parte de la ejecución, la Cancillería suscribió convenios con organizaciones como Fe y Alegría, ACISAM, GMIES y FUNDEMAS, que actuarán como entidades coejecutoras en el desarrollo de las acciones.
“Los acuerdos que se firman hoy son una forma clara de trabajo conjunto entre diferentes sectores, de acuerdo con el enfoque del Plan Nacional de Reintegración, que busca la corresponsabilidad entre el Estado, la cooperación internacional y varios actores sociales”, afirmó la funcionaria.
El proyecto contempla una atención integral que incluye acompañamiento psicosocial, servicios de cuido y la creación de espacios seguros para las mujeres retornadas y sus familias.
Asimismo, se desarrollarán procesos de formación técnica y vocacional para fortalecer habilidades que faciliten su inserción laboral o el impulso de emprendimientos propios.
La iniciativa también incorpora apoyo productivo mediante capital semilla, con el objetivo de fomentar proyectos económicos liderados por mujeres y generar ingresos sostenibles.
“Como Cancillería reafirmamos nuestro compromiso de continuar impulsando mecanismos de atención integral para las personas migrantes retornadas, en coordinación con nuestros aliados estratégicos. Gracias al respaldo del Gobierno de España, a través de la AECID, con una inversión de 600 mil euros, recursos que harán posible que este proyecto avance hacia su implementación efectiva”, añadió Godínez.
El programa busca reconocer el potencial de las mujeres retornadas como agentes de cambio, promoviendo su participación activa en el desarrollo económico y social de sus comunidades.
Las concejales del partido Vamos en el municipio de La Libertad Sur pidieron este martes mayor transparencia en el uso de fondos públicos, así como apertura al diálogo y a la participación ciudadana por parte de la administración del alcalde Henry Flores.
Durante una conferencia de prensa en la que rindieron cuentas de su gestión en los últimos dos años, la concejal Xiomara Lazo señaló que existen desafíos urgentes que deben atenderse dentro del gobierno local.
“Existen muchos retos para esta administración municipal, pero los que se deben abordar urgentemente son: la transparencia en el manejo de los fondos públicos, abrir las puertas al diálogo y la participación ciudadana en los espacios de toma de decisiones”, expresó la concejal.
Lazo, acompañada por la concejal suplente Alejandra Gallardo, también cuestionó la gestión del alcalde, del partido oficialista Nuevas Ideas, al considerar que no se enfoca en resolver las problemáticas del municipio.
“Un alcalde no está para vivir un momento de fama o andar paseando por la ciudad con estrellas internacionales, un alcalde de verdad está para resolver los problemas reales de la ciudad y gestionar proyectos de impacto para la gente”, afirmó.
Asimismo, aseguró que la alcaldía “no escucha ni atiende las necesidades más sentidas de las familias del municipio de La Libertad Sur”, al tiempo que reiteró su compromiso de continuar trabajando en favor de las comunidades.
Las concejales anunciaron el lanzamiento del programa “Escuchar para Avanzar”, una iniciativa orientada a generar espacios de diálogo directo con habitantes de Santa Tecla y Comasagua para recoger propuestas y necesidades.
“Buscamos acercar un pedacito del concejo municipal a sus colonias, comunidades, caseríos, cantones, residenciales”, explicó Lazo sobre el alcance del programa.
Por su parte, Gallardo destacó que su trabajo se ha centrado en mantener presencia territorial y acompañar a la población en la gestión de soluciones a problemáticas locales.
“Hemos roto el esquema tradicional de los concejales de escritorio y nos hemos hecho presentes en el territorio, al lado de la gente, que es donde todo funcionario debería de estar”, aseguró.
Entre las acciones impulsadas mencionó la atención a solicitudes relacionadas con alumbrado público, agua potable, mantenimiento de espacios públicos, recolección de desechos y reparación de infraestructura.
“Nos hemos enfocado tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales del municipio, aquí avanzamos todos sin que nadie se quede atrás. Hemos dejado en evidencia que para resolver no se necesita inmensidad de recursos, sino más bien voluntad”, concluyó Gallardo.
El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, recibió el lunes al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, en el que ambas partes destacaron el buen momento de las relaciones bilaterales y el impulso al diálogo político entre ambos países.
Durante la reunión, los funcionarios resaltaron la etapa positiva que atraviesa la relación diplomática, así como el interés mutuo por consolidar alianzas estratégicas en distintos sectores clave para el desarrollo.
Uno de los puntos centrales fue la participación de empresas italianas en los programas de modernización de infraestructura que impulsa El Salvador, un ámbito en el que Italia busca ampliar su presencia e inversión.
Además, se abordó el papel de la cooperación italiana al desarrollo, que mantiene a El Salvador como un socio prioritario en áreas como medio ambiente, agricultura, educación, justicia, salud, patrimonio cultural y desarrollo urbano.
“El intercambio presenta amplios márgenes de crecimiento y las empresas italianas están listas para participar en apoyo de los programas de modernización de infraestructura de El Salvador», dijo Tajani tras el encuentro.
En materia de seguridad, Italia ofreció compartir su experiencia en el combate al crimen organizado, destacando la relevancia de la diplomacia jurídica como mecanismo para fortalecer el entorno institucional.
Las autoridades coincidieron en que este tipo de cooperación permitirá generar condiciones favorables para el crecimiento económico, así como para el fortalecimiento del Estado de derecho.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) ha enviado un total de 41 vuelos de deportación hacia El Salvador durante los primeros tres meses de 2026, según informes del ICE Flight Monitor de la Fundación Human Rights First, ocho vuelos más (24 %) que los 33 del primer trimestre del año pasado.
En los países del llamado Triángulo Norte se registran 301 vuelos en el primer trimestre de 2026, 99 más que los 202 registrados en el primer trimestre de 2025, un incremento de 49 %.
El aumento de los vuelos con deportados no es exclusivo a los países centroamericanos. También han aumentado los vuelos hacia todos los países, de 369 durante el primer trimestre de 2025 a un total de 595 durante el mismo periodo de 2026, lo que implica 226 vuelos adicionales o un incremento del 61 %.
El estudio no detalla cantidad de deportados por vuelo. Sin embargo, oficialmente, según autoridades migratorias de El Salvador, un total 16,051 personas han sido retornadas o deportadas durante 2025 a territorio salvadoreño, un promedio de 1,337 cada mes.
¿Desde dónde?
En marzo, los datos reflejan 15 vuelos con deportados de Estados Unidos a El Salvador, tres más que los 12 de febrero; y uno más que los 14 reportados en enero; así mismo, uno más que los reportados en marzo de 2025.
La mayor parte de los vuelos con deportados de Estados Unidos a El Salvador provienen de Alexandria y Luisiana, seguidos de menores cantidades de Harlingen y El Paso, estado de Texas; y los vuelos tipicamente ocurren cuatro veces por semana con una alta frecuencia los lunes, martes y viernes, advierte el informe. “Todos los vuelos a El Salvador aterrizan en el Aeropuerto Internacional El Salvador”, detalla.
Vuelos desde EE.UU. con deportados a El Salvador durante el primer trimestre de 2026.
El informe destaca que, durante la segunda administración Trump, los vuelos de deportación a El Salvador han tenido alzas en junio y julio de 2025, con 22 vuelos cada mes.
Los informes dan cuenta de un incremento del 57 % en los vuelos de un año a partir del 20 de enero de 2025, fecha de inicio de la segunda administración Trump, respecto al último año de la administración de Biden, es decir, de 181 vuelos respecto a 115 vuelos.
Los informes detallan que persiste el traslado forzado de salvadoreños a terceros países: el 13 de marzo de 2026, un vuelo de deportación desde Costa Rica hacia Panamá con 33 personas de distintas nacionalidades entre estos salvadoreños; entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025, un total de 12,983 no mexicanos, incluidos varios centroamericanos.
Desde mayo de 2022, se registra un total de 583 vuelos con salvadoreños deportados desde los Estados Unidos, un promedio de 12 vuelos por mes. Desde ese periodo, las mayores alzas ocurrieron en junio, julio y agosto de 2022, con 18, 30 y 32 vuelos, respectivamente.
Fotografía de archivo de deportados en la base de la Fuerza Aérea de Guatemala, desde El Paso, Texas. / EFE-David Toro
Los salvadoreños que residen en el extranjero tienen hasta el 30 de noviembre para inscribirse en el Registro Electoral 2027 o modificar su domicilio para poder votar desde el exterior, a diferencia de los salvadoreños que residen en su país, que podían hacer cambios hasta ayer lunes.
Inicialmente, la suspensión de nuevas inscripciones para el voto en el extranjero vencía el 31 de agosto de 2026, ya que esa fecha marca el cierre del registro electoral; pero esto se modificó gracias a un decreto de disposiciones transitorias para permitir que los salvadoreños en el extranjero puedan realizar «hasta 90 días antes de las elecciones cualquier inscripción en el padrón electoral”, así como modificación de residencia.
El artículo 20 del Código Electoral permite que los salvadoreños puedan inscribirse hasta seis meses antes de la fecha de elecciones o puedan modificar su residencia hasta un año antes de la fecha de las elecciones, periodos que finalizaban hasta el 30 de octubre de 2026 para las inscripciones en el Registro de Salvadoreños en el Exterior (REVEL) o hasta el 27 de febrero de 2026, un año antes, para modificaciones de residencia. Esta disposición quedó sin efecto para estas elecciones 2027.
El decreto de prórroga de estos periodos permite que los salvadoreños en el extranjero realicen «inscripción por primera vez o modificación de su domicilio en el DUI hasta 90 días antes de la fecha establecida por el Tribunal Supremo Electoral para las votaciones electorales de presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales en el año 2027”.
Los cambios de domicilio pueden realizarse en cualquier duicentro.
Un día antes, el 29 de noviembre, el TSE finalizará su campaña de promoción del ejercicio del sufragio en el extranjero, que inició el pasado 8 de octubre de 2025. El TSE ha promovido, en esta campaña, el cambio de domicilio y el vencimiento del plazo para hacerlo. Los ciudadanos que modifiquen la residencia de su DUI en el exterior podrán votar remoto, pero su voto se adjudica automáticamente a los diputados del departamento de San Salvador.
Partidos de oposición estuvieron de acuerdo en que los salvadoreños en el extranjero tengan más tiempo para realizar modificaciones al registro electoral.
«Los salvadoreños en el exterior, especialmente los que viven en Estados Unidos, y que son los que mantienen a flote la economía de este país, si no fuera por ellos, muchas familias estarían en pobreza severa extrema o en la paupérrima. Gracias a ellos, la economía se mantiene a flote y eso debería reconocerlo la sociedad y el Estado», afirmó Marleni Funes, secretaria adjunta del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Funes aseguró que para ellos es más difícil realizar estos trámites porque «estar en Estados Unidos y trabajar para mantener la economía de este país implica levantarse a las 3 de la mañana, manejar 2 o 3 horas».
«A veces se quiere hacer ver como que se privilegia a los salvadoreños en el exterior al darles más periodo pero eso no es así, es por las condiciones en las que ellos viven», indicó la dirigente.
La diputada Marcela Villatoro, de Arena, explicó que su fracción acompañó en su momento la votación de este decreto, porque muchos salvadoreños que residen en el exterior por la ley no votaban en la circunscripción donde nacieron o donde tuvieron su residencia en el país antes de migrar.
