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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) entregó el miércoles un proyecto de reformas a la «Ley especial para la comercialización, registro y protección de la propiedad del café» que agrega infracciones, reduce el plazo para los permisos de exportación y establece que el resultado del análisis de calidad no será vinculante.

El proyecto fue enviado por el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, y fue trasladado a la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, que se reunirá el lunes.

La reforma agregaría como infracción grave «realizar actividades de procesamiento de café en sus diferentes estados sin estar acreditado en el Instituto» Salvadoreño del Café (ISC); y también agrega como «infracción muy grave» las operaciones de compra o venta de café cuando haya registros vencidos.

A los beneficiadores, pergamineros, intermediarios y exportadores se agregaría la obligación de informar sobre «los ingresos de café de terceros para su procesamiento como contratación de servicios».

Si la reforma se aprueba, el servicio aduanero deberá remitir al ISC los permisos de exportación caducados, alterados o con los cuales se busque amparar exportaciones que no corresponden. La ley actual dice que se remite al delegado del Ministerio de Hacienda en el ISC.

También, se establecería un plazo máximo de dos días hábiles para que la autoridad policial envíe al beneficio más cercano el café decomisado por falta de documentos del origen y destino. La ley actual, que no establece un plazo, indica que el café decomisado debe ser comercializado por el beneficio y el ISC debe custodiar el valor de la venta mientras se determina la responsabilidad.

El proyecto también agrega a los semilleristas en la cadena productiva del café que debe inscribirse en los registros del ISC.

Para la exportación: datos, condiciones y plazos

Con la reforma, los exportadores tendrían un plazo de tres días hábiles para enviar la muestra de café a exportar a la unidad de control del ISC; el plazo cuenta desde la solicitud del permiso.

En el artículo 38, se agregaría que «el resultado del análisis de calidad no será vinculante para la autorización del permiso de exportación«.

Se permitiría a los exportadores «omitir provisionalmente» datos sobre mes de embarque, puerto de embarque y puerto de destino, si no tiene dicha información en el momento de inscripción del contrato de exportación. «Debiendo proporcionarlos al Instituto tan pronto como le sea posible obtenerlos», indica.

También, la modificación reduciría el plazo máximo de cinco a tres días hábiles que tiene el ISC para generar un permiso de exportación luego de la inscripción del contrato.

Se agregaría también que los permisos de exportación deben contener estado, proceso, tipo de preparación, certificación, empaque y precio FOB por kilogramo; y ya no deberá incluir la fecha de caducidad del permiso. Los permisos de exportación, según la propuesta, tendrían una vigencia de 60 días hábiles renovables a solicitud del exportador.

Una de las reformas aprobadas el miércoles a la Ley del fomento de la micro y pequeña empresa obligará a las personas naturales y jurídicas a “presentar declaración de impuesto sobre la renta o declaración jurada de sus ingresos” para inscribirse en el Registro MYPE que administra la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype).

En la reforma se incorporó un nuevo artículo 20-A que establece que estas declaraciones deben presentarse, además del Documento Único de Identidad o el Número Único de Identificación, y si es persona jurídica, debe presentar el NIT, la matrícula de empresa, personería jurídica y credenciales vigentes.

Además, las micro y pequeñas empresas (MYPE) deberán “actualizar sus datos cada dos años para efectos de conservar su certificación y con el propósito de constatar su nivel de desarrollo empresarial”.

Los requisitos actuales son ser persona natural o jurídica, y contar con DUI/NIT, y tener escritura de constitución si es una sociedad. El registro actual se realiza a través de mype.miempresa.gob.sv y requiere una declaración jurada.

Según la ley, si una MYPE no se inscribe esta no es reconocida por la Conamype como micro o pequeña empresa, y por tanto no accede a beneficios, como costos proporcionales de trámites o acceso a programas de financiamiento de los fideicomisos Progamype y Fecamype.

El Fideicomiso Fecamype ofrece programas de financiamiento “incluyente” para micros y pequeñas empresas que tengan condiciones de exclusión financiera, es decir, que no tengan acceso a crédito por sobreendeudamiento, falta de garantía suficiente, tasa de interés alta, actividad nueva o poco tiempo de negocio, o por desconocimiento.

Mientras, el Programa de Garantía para la Micro y Pequeña Empresa (Programype) otorga garantías crediticias a empresarios que no tengan; actualmente, se tramita en el Banco Hipotecario.

Durante el año 2025, Conamype ha proveído un total de 9,049 servicios de formalización a las mypes; las cifra es un poco menor a las 9,382 formalizadas en 2024 y a las 13,763 formalizadas en 2023, según las cifras compartidas por el presidente de Conamype, Paul Steiner, en la Comisión de Tecnología de la Asamblea Legislativa.

La institución sostienen que las ventas en las mypes se han incrementado en $36.5 millones y las exportaciones en $5.9 millones en 2025.

Actualmente están registradas en Conamype un total de 16,916 pequeñas empresas, 289,508 microempresas con 4 a 10 trabajadores y 839,892 microempresas con menos de 4 trabajadores. El 68 % de mypes son lideradas por mujeres.

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, pidió a la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley general de migración y extranjería, para homologar requisitos de permanencia mínima a las personas extranjeras con residencia temporal, facilitar la nacionalización de hijos de extranjeros naturalizados y definir la pérdida definitiva de la nacionalización por condenas de delitos dolosos.

Actualmente, la ley de migración establece que un extranjero perderá la residencia temporal si se ausenta más de seis meses consecutivos o acumulados y que se cancelará la autorización cuando se ausente por más de tres meses consecutivos o cuatro meses acumulados en un mismo año, salvo por salud, causales familiares o excepciones de otro orden.

La propuesta de reforma exige que permanezcan en territorio nacional por un mínimo de 90 días dentro de cada año, ya sea consecutivos o acumulados.

La modificación facilitaría la nacionalización salvadoreña de los hijos de las personas extranjeras que hayan sido nacionalizadas salvadoreñas.

Extranjeros con delitos dolosos

Un tercer cambio planteado en el proyecto establece que quienes pierdan la nacionalidad salvadoreña no podrán recuperarla si han sido condenados por delitos «dolosos».

La Constitución de la República establece en el artículo 94 que la calidad de salvadoreño naturalizado se pierde por «sentencia ejecutoriada en los casos que determine la ley» –no especifica cuáles delitos– y que «quien pierda así la nacionalidad no podrá recuperarla».

La propuesta de reforma agrega que los extranjeros perderán la nacionalidad salvadoreña por naturalización «por sentencia ejecutoriada en aquellos casos que se obtenga una condena por la comisión de delitos dolosos» y que en esos casos «no podrá recuperarla».

La reforma replica la otra causal constitucional de pérdida de nacionalidad salvadoreña para los extranjeros naturalizados, que es residir más de dos años consecutivos en el país de origen o por ausencia del territorio de la República por más de cinco años consecutivos.

En el proyecto, el Gobierno argumenta que la reforma busca «dotar de seguridad jurídica» los procesos migratorios y «salvaguardar el orden constitucional y la seguridad del Estado», así como dar «certeza jurídica» sobre las causas de la pérdida de la calidad de salvadoreño por naturalización.

La propuesta ingresó este miércoles al pleno legislativo y será recibida el lunes por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele rechazó hoy en X las acusaciones sobre violaciones a derechos humanos realizadas el martes en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en El Salvador en donde un grupo de expertos aseguró que había bases para creer que se han cometido delitos de lesa humanidad durante el régimen de excepción en El Salvador.

El mandatario señaló a las organizaciones de defender «únicamente» los derechos «de los criminales».

«Un buen momento para recordar esto, donde, sin saberlo, respondí al 100% de las acusaciones que hoy hacen quienes ÚNICAMENTE defienden los derechos humanos de los criminales, que no niego que los tengan, pero es extraño que ellos sean la ÚNICA PRIORIDAD de estas organizaciones», expresó el presidente.

Poco antes, había escrito en X: «Es divertido ver a todas las ONG, tanques de pensamiento, medios y periodistas tarifados de Soros atacando al unísono y de manera evidentemente coordinada. 
Me preocuparía si no fuera así. 
Significa que vamos por el camino correcto.
 Gracias a Dios».

En el video compartido por Bukele, él asegura que el Estado «prioriza» los derechos humanos de la «gente honrada» y «trabajadora» y acusó a «estos organismos supuestamente de derechos humanos que más parecen un bufete de los delincuentes». «A todas esas denuncias que han hecho estas organizaciones les daría algún valor si hubieran hecho denuncias antes contra los que violaban, mataban, asesinaban, ponían bombas, cortaban manos, cortaban cabezas, pero no lo hicieron y ahora solo se preocupan por los delincuentes», insistió Bukele.

La CIDH celebró una audiencia el martes en donde organizaciones como Critosal, Amnistía Internacional y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) expusieron que el régimen de excepción, la concentración de poder, la falta de independencia judicial y la Ley de agentes extranjeros han propiciado en El Salvador una «persecución contra personas defensoras» y que en el país hay “un esquema que busca inhibir la participación, desarticular procesos organizativos y castigar la defensa de los derechos humanos”. Citaron que, entre 2019 y 2025, se documentaron 174 casos de persecución y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas; y 55 de hostigamiento contra defensores y periodistas en 2025.

Las organizaciones señalaron uso automático de la detención provisional, ampliaciones del plazo de la instrucción, limitaciones para acceder al expediente judicial, apertura de múltiples procesos contra una misma persona, hacinamiento grave e incomunicación prolongada de las personas defensoras que están privadas de libertad.

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un conjunto de reformas a la Ley de fomento, protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa, que modifican la estructura de la directiva de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), instruye al sector financiero a flexibilizar requisitos y obliga a las mypes a presentar su declaración de ingresos o renta para su inscripción.

El proyecto enviado por la ministra de Turismo, Morena Valdez, a la Asamblea Legislativa, no sufrió ningún cambio.

La reforma fue aprobada con votos de 57 diputados, de Nuevas Ideas y sus aliados. La diputada de Vamos votó en contra. Vamos cuestionó la exclusión de las universidades en la directiva de Conamype y la eliminación de la palabra «mujeres» a lo largo de la normativa.

Los cambios de la reforma MYPE

1. Montos para microempresa y pequeña empresa

Hay un leve aumento en el nivel de ventas brutas anuales que definen a una microempresa, de 482 a 500 salarios mínimos; a una pequeña empresa, el techo pasa de 4,817 a 5,000 salarios mínimos. El piso para la pequeña empresa pasa a ventas mayores a 500. Se mantiene que las pequeñas empresas tienen de 11 a 50 trabajadores.

2. Tres nuevas subcategorías de microempresas

Se crean tres nuevas subcategorías de microempresas que no están en la ley actual:

Microempresas de subsistencia: si el nivel de ventas brutas anuales de bienes o servicios llegan hasta 57 salarios mínimos, y se mantiene que tengan hasta 2 trabajadores.

Microempresas de acumulación: si el nivel de ingresos por ventas brutas anuales son mayores a 57 hasta 300 salarios mínimos vigentes, y se mantiene que tengan de 3 a 4 trabajadores.

Microempresas de expansión: si el nivel de ingresos o ventas brutas anuales es mayor a 300 hasta 500 salarios mínimos, y se mantiene que tengan de 5 a 10 trabajadores.

3. Costo proporcional de los trámites

Se agrega en el artículo 3 que la clasificación de las mype es la «base» para las políticas de “simplificación de trámites, agilización del proceso de formalización, costos de los servicios de trámites, tarifas preferenciales, con el propósito de favorecer a las mype y la inclusión financiera”.

También, se establece en el artículo 21 que los costos de los servicios de trámites en las instituciones de Gobierno debarán ser proporcionales a la clasificación de la empresa.

4. Pago a los proveedores: Hacienda hará un “mecanismo”

Se agrega en el artículo 32 que el Ministerio Hacienda “establecerá los mecanismos para priorizar la cancelación de pago de las cuentas por pagar a las MYPE presentadas por los jefes de las unidades financieras institucionales o quien haga sus veces”.

Sin embargo, la compensación a los proveedores mype por el incumplimiento de cancelaciones no es nueva. Esta establece una compensación equivalente al interés legal mercantil vigente sobre lo adeudado y ya es regulado en el artículo 33, que está siendo derogado con la actual reforma.

La reforma mantiene la compensación, regulándola en el artículo 32, y el máximo de 30 días para el pago a sus proveedores MYPE por parte del Estado. También se establece que el trámite para la compensación se hará por medio del procedimiento que establece la Ley de compras públicas.

5. Se deroga responsabilidad personal de titulares por atraso en pagos

Se derogan los artículos 33 y 33-A. El artículo 33, que regula la compensación a las MYPE equivalente al interés legal mercantil sobre las sumas adeudadas, es prácticamente trasladado al artículo 32.

El artículo 33-A, ahora derogado, establecía que “los titulares de las distintas instituciones del Estado serán responsables de pagar en forma oportuna las obligaciones asumidas a través de contratos de proveeduría, particularmente con las MYPES”.

6. Acceso a créditos: flexibilización de historial crediticios y tiempo de operación

La reforma al artículo 45 agrega que el sector financiero debe “establecer servicios financieros, no financieros y de desarrollo de mercados de capitales que respondan a las necesidades de las MYPE, y se agrega una disposición final que establece que los servicios deberán tener “un enfoque de riesgo diferenciado” con “flexibilización de los requisitos de historial crediticio, tiempo de operación en el mercado” para el acceso a fondos y formalización de las MYPES.

7. Hacienda en Conamype

Se incluye al Ministerio de Hacienda como miembro de la junta directiva y se elimina a los representantes de las universidades.

También se eliminan las universidades en los Consejos de Administración de los fondos Fecamype y Programype, en el artículo 52-C.

Las universidades se dejan, sin embargo, en el artículo 62, que establece que el Ministerio de Economía y Conamype, en coordinación con otras instituciones públicas, privadas y universidades, promoverán la calidad, innovación y el desarrollo tecnológico de las MYPE.

8. Mesas técnicas

Se incluye la creación de las “Mesas técnicas representantivas locales” que deberán crear los gobiernos municipales o alcaldías con los sectores productivos y empresariales MYPE, gremiales y otros, para formular planes de acción, gestionar proyectos y programas para las MYPE. Se eliminan los comités municipales y departamentales.

9. Presentar declaración de renta o ingresos

Para inscribirse en el Registro MYPE, las personas naturales deberán presentar obligatoriamente su declaración de impuesto sobre la renta o una declaración jurada de ingresos, algo que se plantea en el nuevo artículo 20-A.

10. Deberán actualizar datos cada dos años

Además, las MYPE deberán actualizar los datos de registro cada dos años para conservar la certificación.

La Asamblea Legislativa aprobó con 59 votos el contrato de préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con el Estado de El Salvador por $135 millones, con el cual pretenden construir varios pasos a desnivel o puentes en el distrito de San Salvador, hacer una ampliación en Nuevo Cuscatlán y diseñar más pasos a desnivel.

El proyecto corresponde al contrato de préstamo 2348, se denomina “Programa de infraestructura vial y movilidad urbana (PIVMU) fase I”, y fue suscrito el 27 de febrero de 2026 por el ministro de Hacienda y el representante del BCIE.

El préstamo se deberá pagar en un plazo de 20 años, incluyendo un periodo de gracia de cuatro años, mediante el pago de cuotas semestrales a una tasa establecida por el BCIE de acuerdo con su política de tasas de interés.

El proyecto incluye:

1. Ampliación en Nuevo Cuscatlán: en 2.5 kilómetros a cuatro carriles en el tramo de la CA04S hasta Nuevo Cuscatlán, con arriate central, una ciclovía y obras adicionales como iluminación, señalización y paisajismo.
2. Carril adicional en el paso del Árbol de la Paz, bulevar Los Próceres.
3. Eliminación de la incorporación directa de la 49 al bulevar Los Próceres, reorientándolo a su calle paralela.
4. Construcción de paso inferior de la Autopista Comalapa-Los Próceres de 160 metros.
5. Nuevo colector de aguas lluvias en el Árbol de la Paz.
6. Paso a desnivel en la intersección Calle antigua a Huizúcar y Avenida Las Amapolas con puente de sur a norte sobre el paso a desnivel Árbol de Paz con una longitud de 284 metros con dos carriles, uno por cada sentido.
7. Paso a desnivel en bulevar Constitución y calle Zacamil: puente y rampas de dos carriles por sentido.
8. Paso a desnivel en bulevar Constitución-calle al Volcán, con paso inferior de dos carriles y paso superior por el bulevar Constitución con puente y rampas de dos carriles por sentido.
9. Paso a desnivel en bulevar Constitución y calle La Gloria, con redondel, paso superior para el bulevar Constitución con puente y rampas para carriles de mayor circulación con sentido hacia San Salvador y tres hacia Apopa.
10. Diseños de pasos a desnivel: 1. bulevar de Los Próceres y Avenida Albert Einstein, 2. bulevar Constitución y calle Sierra Madre, 3. bulevar Constitución y calle a Motocross; y 4. CA04S y bulevar Sur por el redondel Utila.

La Asamblea Legislativa aprobó una reforma presupuestaria para incorporar $580,849 provenientes del préstamo de $44.8 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la “Construcción, equipamiento y modernización de las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República”.

Del monto crediticio otorgado por $44,887,500, hay un saldo disponible de $580,849, ya que según la solicitud han ejecutado un total de $42,222,331, se han programado un total de $2,084,320 en el presupuesto 2026.

Los fondos disponibles, según la solicitud, se ocuparán para “mobiliario y equipo para el complejo de las oficinas centrales”.

La reforma presupuestaria fue aprobada con 57 votos. No votaron los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) ni Vamos.

La Asamblea Legislativa aprobó en sesión plenaria la incorporación de un subsidio de $200,000 al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para asignarlos a la Asociación y Promoción Humana, que los utilizaría para becas a menores de escasos recursos residentes del departamento de La Libertad.

El proyecto tuvo 59 votos de los diputados presentes, incluidos los tres legisladores de oposición, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro y la suplente Silvia Regalado; y de Vamos, Claudia Ortiz.

El diputado Geovanny Zaldaña, de Nuevas Ideas, aseguró el proyecto busca facilitar el acceso a la educación de calidad con valores. «Estamos hablando de más de 300 niños», indicó.

«De manera personal, creo que siempre apostar a la educación va a generar mayores oportunidades para niños y niñas, y si la oportunidad la podemos generar desde esta Asamblea Legislativa apoyando con fondos para más jóvenes, es el buen momento que los apoyemos», dijo en su intervención el diputado de Nuevas Ideas.

Ningún otro diputado opinó sobre la reforma presupuestaria.

Los fondos se destinarán a la unidad presupuestaria y línea de trabajo 08 Apoyo a otras instituciones, 01 Programas educativos a través de socios estratégicos, para la “Asociación para la Promoción Humana”.

El proyecto detalló que las becas beneficiarían a 376 menores de familias de escasos recursos.

Según la presentación del proyecto, el costo anual de la beca por estudiante asciende a $1,125, que incluye personal docente y uso de instalaciones, transporte, material escolar y uniformes. El proyecto es dirigido por el Patronato de Citalá-Villanueva que gestiona los fondos para la realización de las becas en las instalaciones de los colegios Lamatepec y La Floresta.