Categoría: Politica

La Embajada de la República Popular China presentó recientemente la maqueta oficial del Estadio Nacional El Salvador que donará al gobierno salvadoreño, al presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele, el pasado 30 de marzo.

El embajador de la República Popular China en El Salvador, Zhang Yanhui, dirigió el acto oficial para presentarle al presidente del INDES el diseño fiel de cómo será edificado el Estadio El Salvador.

“Este monumento va a ser un símbolo de orgullo para El Salvador y también un símbolo de amistad entre los dos países”, aseguró Yanhui.

El evento se desarrolló en la Biblioteca Nacional de El Salvador, en donde la Corporación Estatal de Ingeniería de Construcción de China, conocida por sus siglas CSCEC, junto con la Embajada de la República de China, realizaron la donación de la maqueta del Estadio El Salvador al Ministerio de Cultura.

“Yo ya me imagino ese estadio lleno y abarrotado, cantando el himno nacional viendo representar los colores de nuestra selección nacional y por qué no, participando o siendo auspiciadores o sede de los más grandes eventos deportivos en nuestro país”, expresó Bukele. “Es un gran placer participar de esta donación de una maqueta del Estadio Nacional en BINAES, al Ministerio de Cultura, permitiendo que el público pueda conocer con anticipación cómo será esta gran obra”, señaló, por su parte, el embajador chino.

La capacidad del Estadio El Salvador, una obra en construcción con el financiamiento chino, al igual que la BINAES, será de 50,000 personas, con la posibilidad de ampliarla a 10,000 más y poseerá tecnología de punta. El recinto permitirá la realización de eventos deportivos y artísticos.

“Sin duda alguna son unos maestros y tiene un arte excepcional. Yo, por lo menos, sí sueño en que nuestro país avance y tengamos esa belleza arquitectónica que ellos han construido alrededor del mundo y que nosotros lo podamos tener aquí”, expresó Bukele.

En 2019, la República Popular China anunció seis proyectos de cooperación no reembolsable para El Salvador que incluyen la construcción de una nueva Biblioteca Nacional, un nuevo Estadio Nacional, una planta potabilizadora de agua, la modernización del muelle del puerto de La Libertad y una serie de construcciones para el proyecto gubernamental Surf City. El anuncio fue hecho tras el encuentro entre el presidente chino, Xi Jingping, y el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, de visita en la nación asiática.

Este año, prepara una visita a la Casa Blanca, Estados Unidos, para este mes.

En febrero pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, “planteó estrategias para contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino” en la región, según la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, quien indicó que “el Secretario Rubio también planteó estrategias para contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino en el hemisferio para salvaguardar la soberanía y los intereses de ambas naciones y la región”, luego de la reunión entre Rubio y Bukele, el 3 de febrero. El gobierno de Trump busca disminuir la influencia china en la región.

Diputados del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) rechazaron este miércoles la iniciativa que presentó Nuevas Ideas para modificar el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa con el objetivo de que las votaciones de los diputados se consignen únicamente a favor o en contra, eliminando la opción de abstenerse.

El partido de oposición cree que la iniciativa busca «silenciar voces disidentes» y «montar un espectáculo», comparando el proyecto con situaciones que solo ocurren en China Popular o Venezuela.

“Votar en abstención es una forma de decir «Puede ser que esté de acuerdo o no, pero me falta información» y en todos los parlamentos del mundo existe el voto de abstención. Si los únicos donde no hay son China y Venezuela, entonces, el mensaje es querer callar a la oposición porque ellos siempre votan que sí a lo que viene de Casa Presidencial.

Entonces, la idea de ellos es: «Miren, oposición, los vamos a obligar a votar como nosotros queremos», expresó la jefa de fracción, Marcela Villatoro.

El objetivo de Nuevas Ideas, según la diputada, es hacer ver a la oposición como si no están a favor de leyes que benefician a los salvadoreños, ya que muchas veces creen que ciertos proyectos son contraproducentes para el país.

“Ellos lo que quieren es topar al cerco y decir: miren, pueblo, ellos no quisieron votar por algo a favor de ustedes. Quieren obligarnos a votar para decir que nosotros somos los malos. Le aclaramos a la población salvadoreña que, como diputados, también tenemos derechos, hay cosas que se apoyan y cosas que por supuesto que hay que votar en contra, aquellos abusos que se hacen contra la gente”, aseveró la diputada tricolor.

“Quieren montar un espectáculo”

El diputado Francisco Lira, de Arena, aseguró que la iniciativa de la bancada mayoritaria busca silenciar voces y montar un espectáculo.

“No solo es innecesaria, sino que desvía la atención de lo verdaderamente importante. Con el control casi total de la Asamblea, es claro que no necesitan realizar este tipo de cambios para avanzar con sus propuestas. Entonces, ¿por qué hacerlo? A mi juicio, es un intento de montar un espectáculo y de silenciar las voces que disienten o que, por falta de información suficiente, no pueden emitir un voto responsable en determinados temas”, indicó.

El diputado señaló que la votación en abstención es un derecho del que hacen uso responsable, debido a que la junta directiva de la Asamblea «nunca» les proporciona la agenda y las iniciativas de Casa Presidencial que ingresan y se aprueban con dispensa de trámites sin ser discutidas y conocidas por los legisladores.

“Muchos legisladores hemos optado por el voto en abstención cuando no se nos proporciona la documentación necesaria o cuando se aplican dispensas de trámite de forma discrecional, impidiendo un análisis profundo de las iniciativas. Esta herramienta ha sido usada repetidamente para aprobar leyes sin discusión, sin garantizar la transparencia ni permitir una deliberación seria.

Y es precisamente por responsabilidad con la ciudadanía que, ante la falta de insumos adecuados, decidimos abstenernos”, expresó.

Actualmente el artículo 86 del RIAL, establece:

Artículo 86.- Formas de votaciones Las votaciones de la Asamblea se realizarán:

1) Votación a mano alzada o por medio electrónico u otro sistema establecido previamente.

2) Votación nominal y pública, en la que se nombrará a cada Diputado y éste, de viva voz, expresará su voto.

La fracción de Nuevas Ideas propone incorporar:

“Las votaciones deberán consignarse a favor o en contra, de lo que se presente a consideración de la Asamblea, según lo establecido en este reglamento y la Constitución.

La alcaldía de Santa Ana Oeste habilitó un sitio web para la realización de trámites municipales, así como para la compra de sombreros por $75 para la recaudación de fondos para la ejecución de obras en las localidades según ha informado la comuna.

La comuna santaneca aseguró que los ciudadanos de Santa Ana Oeste pueden ingresar al sitio web https://alcaldiasao.gob.sv/ para realizar trámites, consultas y pagos por servicios «de forma rápida y segura».

El sitio web permite la realización de consultas al WhatsApp municipal, realizar pagos de solvencias y realizar denuncias por falta de atención adecuada por parte de los empleados municipales en los distritos de Chalchuapa, San Sebastián Salitrillo, El Porvenir, Candelaria de la Frontera, Santiago de la Frontera y San Antonio Pajonal.

Además, en el sitio también se pueden comprar los sombreros que vende la comuna. En la pestaña de «tienda» se ofrecen los sombreros a $75 cada uno. Actualmente, el producto aparece «agotado».

A finales de marzo, el alcalde de San Ana Oeste, Jorge Castro, aseguró que ya habían terminado los primeros 300 sombreros, es decir, que la comuna ya habría recibido $22,500 si cada uno se vendió a $75.

Castro ha asegurado que con la compra de los sombreros se ayuda a la ejecución de «proyectos en favor de las comunidades». La alcaldía estaría realizando envíos a todo el país y Estados Unidos.

La localidad creó la Ordenanza de contribuciones especiales para vender productos como sombreros y otros según el Diario Oficial de fecha 17 de marzo de 2025. La normativa tendría como objetivo «generar ingresos a través de diversas actividades».

La alcaldía también iniciaría con la venta de camisas estampadas a $13.56; cinchos a $20.34; pines a $18.08 y pulseras a $9.04. La ordenanza entró en vigencia el pasado 25 de marzo de 2025.

La nnministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, entregó a la Asamblea Legislativa un proyecto de «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos».nnEl proyecto fue recibido a las 11:42 a.m. del 1 de abril, sin convocatoria de prensa, y pasó a estudio de la Comisión de Infraestructura, que ha programado su reunión el lunes 7 de abril a las 11:00 de la mañana.nnEl Gobierno argumenta que es necesario crear una Dirección que administre los puestos de venta o locales en los mercados y controle tanto a las personas o empresas que comercien en los espacios públicos, para «garantizar» una libre competencia y salubridad.nn

Esto sería lo más relevante de la nueva Ley de la Dirección de mercados y locales comerciales

n¿Cuáles mercados regulará?nMercados nacionales, locales comerciales en plazas, parques y espacios públicos. Habrá un «Registro Único de Puestos de Mercado» y un sistema informático de registro.nn¿Quién será la autoridad máxima?nLa ley crearía la «Dirección de Mercados Nacionales», que se relacionará con el Ejecutivo por medio de la Presidencia de la República.nEl nuevo director de Mercados Nacionales sería nombrado por el presidente de la República por un periodo de cinco años. Será la máxima autoridad. Deberá ser mayor de 30 años y tener «experiencia comprobable en materias relacionadas».nn¿Cómo se financiará?nPodrá recibir del Fondo General, de los cobros que realice y también podrá endeudarse. Podrán solicitar el Ejecutivo inversión para el diseño, construcción o remodelación de mercados municipales o de locales comerciales.nn¿Cuáles serán las atribuciones de la Dirección? –adjudicará los puestos de venta y podrá revocarlosnLa Dirección adjudicará los puestos de venta o locales o revocarán las adjudicaciones, y monitoreará el pago del arrendamiento de los puestos e impondrá sanciones. Usará los fondos para mejorar y expandir los mercados.nSegún el proyecto, la Dirección deberá dar «prioridad en la adjudicación» a los comerciantes que anteriormente ocuparon los puestos del mercado» y a «grupos en situación de vulnerabilidad del lugar donde se encuentre el mercado».nEntre sus 15 atribuciones, también estarían: administrar los mercados, garantizar que los puestos de venta tengan energía, agua, servicios sanitarios, emitirá instrumentos normativos para los mercados. También definirá el horario de los mercados.nn¿Cuáles son las atribuciones más importantes que tendrá el director nacional de Mercados?n1. Conocerá y resolverá las solicitudes de adjudicación de los puestos de venta dentro de los mercados y de los locales comerciales dentro de plazas, parques o espacios públicos.n2. Revocará las adjudicaciones.n3. Firmará contratos de arrendamiento de los puestos de venta.n4. Impondrá sanciones por infracciones.n5. Fijará tarifas de arrendamiento de los puestos de venta.nn¿Podrán pasar los mercados municipales a la Dirección de Mercados Nacionales?nSí. Los municipios podrán solicitar inversión para obras en los mercados municipales, pero «deberá manifestar su intención de entregar voluntariamente el bien inmueble» a comodato «a favor de la Dirección de Mercados Nacionales«.nEn todo caso, es decir, «sin perjuicio» de lo anterior, la Dirección también «podrá solicitar a los municipios la entrega de los referidos mercados y locales cuando lo considere pertinente».nn¿Qué prohibiciones tendrán los mercados?n1. Ventas ambulantes dentro de 100 metros de superímetro.n2. Puestos en los pasillos o vías de circulación interior.n3. Transferencia de puestos de venta.n4. Almacenar sustancias prohibidas, promover juegos de azar, efectuar negocios no relacionados al giro y otros.nn¿Cuáles serán las infracciones?nLas muy graves serán almacenar, vender o consumir sustancias ilícitas o de contrabando, explosivos, material peligroso o hacer desórdenes públicos. Las graves serían realizar acciones que alteren la disciplina y orden del mercado, plaza, parque o espacio público, botar basura, obstruir pasillos; y las leves, mantener el puesto de venta sucio, sin depósitos de basura.nn¿De cuánto serán las multas para los puestos de venta?nDe $5 a $25 para infracciones leves; de $26 a $50 para infracciones graves; y revocación de la adjudicación para infracciones muy graves.

Cuatro diputados de Nuevas Ideas presentaron un proyecto para reformar el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) con el objetivo de evitar que los legisladores se abstengan en las votaciones de las iniciativas propuestas.

La reforma propuesta consiste en agregar un inciso final al artículo 86: «Las votaciones deberán consignarse a favor o en contra, de lo que se presente a consideración de la Asamblea, según lo establecido en este reglamento y la Constitución».

En su solicitud, los diputados argumentan que las votaciones «de lo que se presente a consideración» de la Asamblea Legislativa «deberían de someterse dichas votaciones ya sea a favor o en contra», «para una mayor certeza jurídica».

La iniciativa de reforma es firmada por los diputados Ernesto Castro, Suecy Callejas, Elisa Rosales y Alexia Rivas, todos legisladores integrantes de la junta directiva del Legislativo.

La propuesta para evitar los votos en abstención de los diputados pasó a estudio de la Comisión Política, que está convocada a reunirse el lunes 7 de abril a las 2:00 de la tarde, día en que entrevistará a cuatro candidatos a procurador general.

Actualmente, el reglamento únicamente establece que los diputados pueden votar a mano alzada o por medio electrónico, y también de manera nominal y pública, a viva voz, después de nombrar a cada diputado.

También establece que los diputados podrán «razonar» su voto por un máximo de cinco minutos o de forma escrita a la junta directiva.

El mismo reglamento establece como derechos de los diputados «participar con voz y voto en las sesiones plenarias» así como a votar según su voluntad individual y sin ninguna coacción.

El sistema de conteo de votos en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa registra tres tipos de votos: a favor, abstención y en contra. Un diputado también puede optar por no registrar ninguno de los tres tipos de votación, no presionando el botón o no levantando su mano.

Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, la abstención es una «opción voluntaria de participar en una votación parlamentaria sin manifestarse a favor ni en contra».

El artículo 125 de la Constitución establece: «Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables, y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan».

Al menos 47 salvadoreños, de los cuales el 61 % son mujeres, solicitaron asilo en Reino Unido de enero a diciembre de 2024, de acuerdo con el sistema de inmigración del gobierno britu00e1nico.

Las cifras obtenidas del Ministerio del Interior de Reino Unido indican que, durante los primeros cuatro meses solo siete salvadoreños pidieron asilo, de los cuales cinco son hombres y dos, mujeres, desde menores de edad hasta hasta una mujer entre 50 y 69 años.

En el periodo entre mayo y agosto, las peticiones de los salvadoreños aumentaron levemente a nueve solicitudes, cinco de mujeres y cuatro de hombres. Durante período, se contabilizó a un hombre mayor de 70 años.

En los últimos cuatro meses de 2024, de septiembre a diciembre, la cifra de peticiones de asilo aumentó en 244 %, de nueve a 31 solicitudes, 22 presentadas por mujeres y nueve, por hombres.

Dos peticionarios fueron menores de edad y una persona entre 50 y 69 años.

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Por otra parte, según el Ministerio del Interior de España, 733 salvadoreños pidieron protección internacional a España durante el mismo periodo, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024. Los salvadoreños solo representan el 0.43 % de las peticiones que recibe esa nación.

Ademu00e1s, la Dirección General de Protección Internacional española registró otros 356 salvadoreños que obtuvieron el estatus de «refugiado», mientras que otras 1,041 solicitudes terminaron en «casos desfavorables» y 27 fueron enviados a archivo.

Por otro lado, el año pasado en México los salvadoreños interpusieron 5,479 solicitudes de refugio de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), entidad que no actualiza sus datos desde enero de 2025.

En México, los salvadoreños presentaron un promedio de 456 solicitudes mensuales en el año, siendo el cuatro lugar de nacionalidades que mu00e1s solicitudes protección interpusieron en la nación azteca, representando el 6.9 % de todas las peticiones.

Las diputadas de Arena y Vamos pidieron públicamente a la junta directiva de la Asamblea Legislativa que incluya en la agenda legislativa las iniciativas que han propuesto contra Ley de Minería Metálica y no ignoren las más de 150,000 firmas de la sociedad civil presentadas por la Iglesia Católica.

“Es un llamado para la junta directiva pidiéndole que agende a la comisión correspondiente la propuesta que nosotros hicimos el 14 de enero, en la que pedíamos que se derogara la Ley de la Minería”, fue el llamado que hizo la diputada Marcela Villatoro, del partido de oposición Arena.

Sostuvo que, con las firmas que ha presentado la Iglesia Católica, «ya es un expediente suficiente para que pueda ser estudiada dentro de la Comisión» Política.

Claudia Ortiz, diputada de Vamos, expresó que en la Asamblea Legislativa no se ha dicho nada sobre el tema, ni siquiera “por el clamor de las firmas que presentaron” contra de la minería. Ortiz dijo que su propuesta de reforma a la Constitución de la República para la prohibición de la minería metálica sigue en pie.

“Yo decidí activarme y por eso he puesto a disposición en mi oficina el proyecto de ley de reforma constitucional, para garantizar a nivel de la Constitución, la ley más importante, el derecho al agua y la prohibición de la minería, para que ninguna Asamblea Legislativa en ningún momento pueda volverla a aprobar”, aseveró la diputada.

El 14 de enero pasado, la diputada Villatoro pidió en sesión plenaria el ingreso de una petición de derogatoria de la Ley de Minería Metálica en El Salvador aprobada el 23 de diciembre y vigente desde el 7 de enero de 2025.

“Es una ley altamente inconstitucional, el artículo 117 de la Constitución establece que es deber del Estado proteger los recursos naturales y el artículo 1 de la Constitución nos habla sobre el derecho a la vida y la protección a la misma. Es una ley altamente inconsulta”, argumentó. No recibió el apoyo de Nuevas Ideas y sus aliados; sino solo de su partido y de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

El 18 de marzo, día en que la Iglesia Católica presentó una carta respaldada por 150,000 firmas de la sociedad civil en contra de la minería metálica, la diputada Ortiz intentó introducir una iniciativa de reforma constitucional que contemplaba la prohibición de la minería metálica.

«Esta mañana quiero someter a consideración de este pleno legislativo y, en atención al clamor de la feligresía católica y de todo el pueblo salvadoreño que está pidiendo se derogue la Ley de la Minería, quiero someter a votación una pieza para que se derogue la Ley de la Minería y otra con reformas constitucionales”, fueron las palabras de la diputada de Vamos. La iniciativa ni siquiera fue sometida a votación, ya que debía contar con al menos 10 firmas de diputados por ser solicitud de reforma constitucional.

Las diputadas de los partidos opositores, Arena y Vamos, cuestionan la falta de medicamentos y en cierre de dos clínicas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y creen que la directora, Mónica Ayala, le debe una explicación a la población.

“Esto es delicado, mire, no hay medicinas, la gente le dan citas por muchos meses después, hasta un año después y la gente está pagando por tener su seguro social, entonces, ¿por qué el ISSS no le está respondiendo a los salvadoreños? Sería bueno que dé la cara la directora del Seguro y le explique a la gente por qué”, aseveró la diputada de Arena, Marcela Villatoro.

La diputada se quejó de que muchos pacientes, incluso con enfermedades crónicas, no reciben sus correspondientes medicamentos del ISSS.

“La gente no logra medicinas, le toca comprarlas aparte, el caso de una persona que tiene enfermedad en sus riñones y ha tenido que estar comprándolo él, ha tenido tres infartos y lo que hicieron fue mandarlo para la casa, es preocupante esta situación”, reclamó.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, atribuye este problema a una mala administración y corrupción. “Hemos tenido una mala administración en los últimos años, que en el pasado hubo también mala administración y corrupción, es cierto, es totalmente cierto, pero quienes lograron el poder mayoritario, casi absoluto, no están haciendo absolutamente nada para mejorar los servicios públicos que el Estado le tiene que dar a la población”, criticó la diputada de oposición.

También, sostuvo que hay fallas en el servicio de salud pese a que ha habido recursos suficientes.

“Después de tantos préstamos, de tantos recursos no sabemos por qué están cerrando clínicas, por qué están cerrando escuelas, por qué no hay medicinas suficientes, los médicos no pueden ni recetar algo diferente porque les han prohibido decir que no hay medicina y no pasan de recetarle Acetaminofén», cuestionó.

El 13 de marzo pasado, el secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (Simetriss), Rafael Aguirre, aseguró que “el Seguro Social sigue con desabastecimiento de medicamentos” como Amoxicilina, Ibuprofeno, Diclofenac, Metocarbamol, Irbesartán, Verapamilo, Morfina y antidiabéticos, entre una lista de 50 medicamentos.

La diputada Claudia Ortiz, quien votó una vez más en contra en de una nueva prórroga del régimen de excepción, aseveró que se siguen capturando inocentes y reteniendo en las cárceles a personas pese a cartas de libertad.

«Necesitamos justicia sin margen de error. Si dejaron libre al «Crook» –cabecilla de pandilla que habría sido liberado en noviembre de 2021– y por otro lado hay inocentes, incluso personas fallecidas, eso no es justicia» –cuestionó la legisladora– «queremos justicia sin margen de error, justicia sin abusos, queremos seguridad y paz verdadera que no se base en ningún tipo de tregua ni acuerdos con grupos del crimen organizado», agregó.

La diputada dijo que, luego de tres años, se debe dar un «salto de calidad» con la medida para que no haya inocentes pagando crímenes que no cometieron.

Señaló que las instituciones de justicia deben ser «realmente independientes y que hagan investigaciones basadas en técnicas científicas» y «no solamente se hagan capturas masivas» y, en segundo lugar, que la verdadera justicia garantice que «quienes tienen responsabilidad por sus crímenes la paguen y quien no tiene nada que deber pueda mantenerse tranquilo, libre, trabajando, con su familia».

«Eso no lo tenemos y a tres años esta administración no ha corregido esos errores», insistió la legisladora de oposición.

Ortiz señaló que no se puede avanzar en una verdadera seguridad, si no se trabaja para eliminar las causas de la violencia como la pobreza y la «corrupción de gobiernos que han pactado con pandillas».

«Por otra parte hay que ir a las causas que han dado origen a la violencia en El Salvador, causa como la pobreza, la falta de educación, la falta de acceso a empleo, el ingreso insuficiente que tienen muchas familias, también la corrupción de gobiernos de diferentes partidos políticos que han hecho treguas con grupos de crimen organizado, de todo eso hay que ir a la raíz, para poder aspirar a una paz verdadera», aseguró.

La diputada de Vamos cuestionó también a la Dirección General de Centros Penales por negar la libertad a personas que tienen cartas de libertad emitidas por jueces. «Esto es muy grave para todos los salvadoreños, porque no puede existir un funcionario del Ejecutivo que tenga más poder que un juez en relación a la libertad ambulatoria de los salvadoreños», advirtió.

Después de tres años que el gobierno ha implementado el régimen de excepción, el gobierno registra más de 85,500 capturados, mientras, organizaciones de derechos humanos aseguran que han recibido, al menos 6,689 denuncias de capturas de «inocentes» y «380 muertes en manos del Estado».

La Asamblea Legislativa ratificó este martes el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta $500 millones para el «Programa de apoyo a la sostenibilidad macroeconómica y fiscal de El Salvador», el cual fue suscrito el 31 de marzo pasado, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La ratificación del préstamo recibió 57 votos, de Nuevas Ideas y sus aliados. Arena y Vamos votaron en contra. El contrato de préstamo fue aprobado por el BID el 20 de marzo, su suscripción fue autorizada por la Asamblea Legislativa el 25 de marzo, Hacienda y el BID suscribieron el contrato el 31 de marzo y finalmente el contrato fue aprobado este 1 de abril por la Asamblea Legislativa.

El apoyo financiero de organismos multilaterales fue contemplado para mejorar la estabilidad financiera de El Salvador en el marco del acuerdo con el FMI.

El préstamo de $500 millones del BID tendrá una comisión de 0.75 % sobre el saldo no reembolsado, a partir de 60 días desde la suscripción del contrato, un plazo de siete años y a un interés resultante de la tasa de referencia más un margen aplicable para préstamos de capital ordinario.

La primera cuota del préstamo se debe pagar en tres años desde la vigencia del contrato y los intereses deberán pagarse semestralmente desde los seis meses a partir de la vigencia del contrato.

Tras cuatro años de negociación, en febrero de 2025, el gobierno de El Salvador llegó a un acuerdo con el FMI por aproximadamente $1,400 millones. El programa de financiamiento por $1,357.3 millones fue aprobado como parte de un financiamiento de Servicio Ampliado del Fondo (SAF), una modalidad de préstamo del FMI que se aprueba a países con graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales. Este financiamiento del FMI liberaría $3,500 millones en préstamos a favor de El Salvador.