Categoría: Politica

Cuatro candidatos que aspiran a dirigir la Procuraduría General de la República (PGR) en el periodo del 2 de mayo de 2025 al 1 de mayo de 2028 hicieron diferentes propuestas como mejorar «la capacidad instalada», apostar a la investigación en adopciones, firmar convenios con universidades para que los estudiantes auxilien a los defensores públicos y «sanear» la institución de «sectores que dividen».

Dionisio Ernesto Alonso Sosa, abogado en el libre ejercicio y juez suplente especializado de niñez y adolescencia, fue el primer candidato a procurador general de la República entrevistado por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.

Aseguró que actualmente es consultor de Unicef, de la Organización Internacional de Migración (OIM) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA).

En el pasado dijo que ha ocupado cargos como colaborador judicial en el Juzgado 9º de Instrucción, auxiliar de la Fiscalía General de la República, director ejecutivo de la Oficina para Adopciones (OPA) y coordinador de Niñez y Adolescencia de la PGR. Además, dijo que es juez suplente especializado de niñez y adolescencia desde 2015.

El diputado Christian Guevara, jefe de Nuevas Ideas, le preguntó cuáles son tres puntos de mejora que implementaría en la PGR.

Alonso Sosa respondió: mejora en la calidad de servicios de atención, fortalecer la gestión institucional y la capacidad instalada, mejorar la articulación con el resto de actores del sector justicia, con la cooperación internacional y con las organizaciones de la sociedad civil.

El diputado Serafín Orantes y la diputada Suecy Callejas consultaron a Alonso Sosa sobre las reformas que propondría en materia de adopciones. “Habrá que apostarle a la investigación de los casos», propuso, Además, señaló que la ley no establece si quien tiene que modificar una sentencia emitida por un juez de familia es el juez de familia o el nuevo juez especializado en niñez y adolescencia.

Agregó que la Ley Especial de Adopciones no establece un plazo de adoptabilidad y que Argentina ha fijado dos años como plazo máximo para resolver la adoptabilidad.

«Se escucha bien bonito»

El subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, preguntó cuál sería la manera de administrar la PGR tomando en cuenta el régimen de excepción y la creatividad necesaria “para cuidar el dinero del pueblo”.

El abogado Dionisio Alonso Sosa propuso “expandir los centros de mediación” de la PGR con ayuda de las universidades y que los estudiantes de derecho hagan sus prácticas jurídicas auxiliando con investigación a los defensores públicos.

“Se escucha bien bonito, pero le voy a explicar: ¿tiene usted cuántos expedientes lleva cada procurador auxiliar?”, lo cuestionó el diputado Navarro.

“Supera 100 expedientes”, le respondió el candidato.

“Y usted dice que se le puede poner un investigador para cada caso”, le replicó Navarro, quien agregó posteriormente que “la carga laboral es mucha” en la PGR.

Centralizar resolución de conflictos e informar telefónicamente a familiares

Cándida Dolores Parada de Acevedo es la actual procuradora general adjunta, tiene un posgrado en derechos del niño, fue coordinadora nacional de mediación y también fungió como presidenta suplente de la OPA. Su currículum también fue elogiado por el diputado Ernesto Castro, quien le preguntó por cuáles son los principales tres ejes de su propuesta.

Parada de Acevedo respondió: crear una Unidad de Solución Alterna de Conflictos en la PGR que centralice la resolución de conflictos del país; crear una aplicación con Inteligencia Artificial para que los resolutores accedan a los casos para fijar las cuotas alimenticias; y reorientar los servicios psicológicos a colectivos afectados de grupos delincuenciales, por ejemplo.

Parada de Acevedo propuso defensores públicos den información vía telefónica a los familiares de los privados de libertad porque, explicó, el 60 % del tiempo de los defensores públicos se destina a audiencias, el 20 % a atender a los familiares de los privados de libertad y solo un 20 % en la preparación técnica de sus casos.

La procuradora adjunta también propuso teletrabajo de un 40 % de personal, crear y acreditar a la institución con el sistema de integridad y antisobornos, actualización de la ley orgánica de la PGR que «no responde a la realidad», promover una reforma a la ley de mediación y arbitraje para fortalecer estos mecanismos e impulsar una Ley de Paternidad Responsable o reformar el Código de Familia para este fin, fortalecimiento de las alianzas institucionales –Fiscalía, Ministerio de Justicia, despacho de la Primera Dama, departamentos, municipios– y asistencia legal para los salvadoreños en el exterior en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La diputada Suecy Callejas preguntó por tres estrategias para fortalecer los derechos de la niñez y de las mujeres. La candidata respondió que ahora se puede trabajar «de cerca» con el resto de las instituciones, que es necesario bajar a niveles departamental y local, y «diseñar planes de abordaje para cada área».

«Nunca perdí un caso en materia penal»

Juan José Losa Lizama, el tercer candidato entrevistado, abogado, fue asesor jurídico de la Policía Nacional desde 1996 hasta el 31 de mayo de 2022 y es presidente en funciones de la Asociación Salvadoreña de Personal Policial con Discapacidad. “Les solicito que no me miren con discapacidad”, pidió en un inicio.

Aseguró que una de sus funciones fue hacer defensa en materia penal de los miembros de la PNC por hechos en el “cumplimiento del deber”. “Nunca perdí un caso en materia penal”, dijo.

El candidato agradeció al presidente Nayib Bukele por haber aumentado las pensiones en un 30 %, ya que así, dijo, le quedó “buena pensión”.

La diputada Suecy Callejas le preguntó por cuáles serían las medidas que implementaría para la población en situación de vulnerabilidad. Losa Lizama respondió que presentaría un proyecto al ministro de Educación para enseñar un oficio a los estudiantes a partir de 7º grado y posteriormente darles un capital semilla; además, propuso una nivelación salarial para favorecer a las mujeres.

El procurador debe asignar a un delegado para que lleguen a los hospitales y den atención psicológica a las menores de 15 años.

Trabajar con Innovación de la Presidencia y Google

Nelson Alexander Yanes Iraheta, el candidato que más preguntas recibió, es el director país del Consejo Independiente de Protección de la Infancia de España en El Salvador, ha sido coordinador departamental de promotores de la Gobernación Departamental y también fue asesor jurídico del actual viceministro de Salud, Carlos Alvarenga.

También, según Yanes Iraheta, fue miembro propietario de la directiva del Instituto Nacional de Empleados Públicos (INPEP) y dijo que ayudó a “llevar la transición” al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). Manifestó que estuvo en el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (Foprolyd) y ayudó a la “fusión” con el Instituto de Veteranos, del cual fue miembro fundador.

El diputado Ernesto Castro le preguntó por el presupuesto y cuánto personal tiene la PGR. El candidato respondió que la PGR tiene un presupuesto de $32.2 millones y que el personal de la PGR «se ha visto limitado» pero que es «algo favorable» por el ahorro.

“El personal se ha visto limitado pero considero que es algo favorable para la institución y para el país en cuanto al ahorro presupuestario». Nelson Yanes Iraheta, exasesor de viceministro de Salud.

El diputado Castro también le preguntó por «dos cambios puntuales»: «Apoyo total a la niñez y sectores vulnerables, y la transformación digital», contestó, para «transformar la PGR de un Blockbuster a un Netflix».

El diputado Christian Guevara también le preguntó tres acciones puntuales para mejorar los servicios al área de la niñez y la adolescencia. El candidato le respondió: trabajo articulado con el Conapina (Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia) y el despacho de la primera dama de la República.

La diputada Suecy Callejas le preguntó que, de ser electo procurador, cómo optimizaría los recursos de la PGR para mejorar los servicios manteniendo la gratuidad y su calidad, ya que casi todas las instituciones han tenido un recorte presupuestario.

El abogado Yanes Iraheta respondió que optimizaría los recursos haciéndose “acompañar de la Secretaría de Innovación” de la Presidencia de la República y trabajar “con la empresa Google” para “homogenizar la data” en la PGR y «trasladarla a los canales» y alfabetizar al personal para hacer uso de las nuevas tecnologías.

«Apoyarnos en la Inteligencia Artificial para crear actores que por sí mismos puedan darle respuesta a la población y una sola persona va a tener la oportunidad de manejar diferentes actores de Inteligencia Artificial para poderle dar respuesta a la población», dijo.

Sobre las adopciones, el candidato dijo que a partir de las reformas a la Ley de Adopciones «han hecho más ágiles los procesos». Aseguró que para analizar «por qué los adoptantes regresan a los niños», hay que analizar «en qué está fallando la OPA». «Estos casos son completamente excepcionales», aclaró posteriormente la diputada Callejas.

«Sanear» la PGR de «sectores que dividen»

Luego, el diputado Raúl Chamagua, también de Nuevas Ideas, le preguntó al abogado Yanes Iraheta por tres debilidades de la PGR para corregirlas si llega a ser procurador general.

Yanes Iraheta le respondió que «muchos» empleados «dan el plus», pero que “hay ciertos sectores que no se quieren sumar”.

«En ese sentido identificar quiénes son esos sectores que dividen las instituciones y cuando una institución se divide, la institución no progresa. Hay personas que son muy técnicas y de escritorio pero no conocen el territorio… Primero hay que sanearse internamente para poder garantizar esa atención integral y hay que sanear la institución”, añadió.

El candidato también dijo que es necesario ampliar la mediación y conciliación con un “despliegue territorial” y modernizar la institución.

La ejecución presupuestaria de egresos o gastos de las 140 entidades de todo el Estado ascendió a 87.1 % anual según el informe de gestión financiera del Estado cuyo dictamen favorable podría ser aprobado este martes en sesión plenaria.

De un total de $17,650.9 millones del presupuesto de ingresos, se ejecutaron $16,678 millones, un 94.4 %; y de un total de $17,650.9 millones de egresos presupuestados, se ejecutaron $15,379.4 millones, es decir un 87.1 %.

Esta es la ejecución de un total de 140 entidades: 32 del Gobierno Central, 41 instituciones descentralizadas entre las cuales están 31 hospitales, 54 instituciones descentralizadas no empresariales a las cuales el gobierno transfiere subsidios, 4 empresas públicas y 9 instituciones descentralizadas, explicó el director general de Contabilidad Gubernamental, Joaquín Montano, a diputados.

Montano explicó el lunes que el informe de gestión financiera del Estado se entrega a la Asamblea Legislativa con base en el artículo 168 de la Constitución de la República, ordinal sexto, que exige rendir cuentas al Legislativo sobre el estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del Patrimonio Fiscal; así como el artículo 105 literal k de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

El informe fue entregado en la sesión plenaria del 25 de marzo de 2024 por el Ministerio de Hacienda al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

«Niveles óptimos»

Según el director de Contabilidad Gubernamental, “la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos alcanzó niveles óptimos y muy buenos, muy saludables para todos los ingresos y gastos del sector público”.

“El gobierno de la República a través de todas sus entidades realizaron sus gastos de manera controlada, no se despilfarró, no se gastó más de lo que ingresó. Las meta del gobierno se alcanzaron con sus objetivos aún con menos dinero del que se había presupuestado”, indicó Montano.

Los activos del Estado

El director de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda informó a los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa también reveló que el Estado –gobierno central, descentralizadas no empresariales y empresas públicas– tiene un total de activos de $25,056.2 millones.

Los activos incluyen tanto el patrimonio más los pasivos, es decir, las deudas, es decir, incluye la infraestructura estatal aunque se realice con base a préstamos.

Sin embargo, estos podrían aumentar.

«Esos son los activos no financieros del Estado. Esto está en proceso en las entidades todavía de incrementarse un poco más, porque las entidades todavía están haciendo depuraciones, incorporaciones de los bienes de uso público, por ejemplo, carreteras y otra infraestructura que se construyó hace más de 10, 15, 20 años y que en ese tiempo las administraciones no se preocupaban por darle de alta a los activos que se construían de obra gris y eso hace falta incorporar», explicó el director de Contabilidad a los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

Informó que el Ministerio de Hacienda está ayudando a que depuren e incorporar todos los bienes de uso público «para que este total de activos se vean incrementados» y para que a través de normas internacionales de contabilidad para el sector público «las entidades empiecen a reconocer como activos» los patrimonios como el histórico, el cultural y el ambiental.

El dictamen 80 de aprobación del informe fue aprobado ayer por la Comisión de Hacienda y podría ser aprobado en la sesión plenaria de este martes.

La concejal de Arena en la alcaldía de La Libertad Sur, Beatriz Harrison, presentó una petición en la comuna para exonerar del pago de impuestos municipales, de forma temporal, a los 25 comerciantes afectados por el incendio sufrido el pasado 28 de marzo, frente al Mercado Central de Santa Tecla.

“He presentado formalmente al Concejo Municipal Libertad Sur y al alcalde (Henry Flores) una solicitud para exonerar, de manera temporal, el pago de la tasa municipal a los comerciantes afectados por el incendio que se registró en la placita conocida como Las Águilas, frente al Mercado Central, el pasado viernes 28 de marzo”, informó la concejal a Diario El Mundo.

La concejal de Arena presentó este día la petición de esa exoneración y espera que sea conocida y aprobada en la próxima reunión del concejo municipal.

“Sabemos que han perdido mucho y que su prioridad ahora es reconstruir sus negocios y recuperar su fuente de ingresos. Por eso, también he solicitado que no acumulen mora desde el día del siniestro y que la exoneración se aplique tanto a sus puestos originales como a los espacios temporales donde podrían ser reubicados”, solicita en la petición.

Luego del incendio en reunión exprés, el concejo aprobó dar un bono de $500 a cada comerciante afectado, de los 25, “15 tuvieron pérdidas total y de ahí viene mi propuesta, de, al darles el puesto provisional, exonerarlos de los impuestos y tasas que se les cobran entre cuatro y seis meses, para que ellos se puedan levantar”.

Los vendedores aún no han sido reubicados, aunque la concejal asegura que solicitó se les dieran puestos “en el mercado central, ya que hay muchos puestos vacíos, la mitad del mercado está vacía, pero no se ve claro, no me dijeron nada, yo propuse que fuera un lugar seguro, pues ya vienen las lluvias, pero sí me dijeron que estaban buscando la solución”.

Harrison aprovechó para señalar que también ha solicitado que en cuanto el Cuerpo de Bomberos tenga el informe del siniestros se les haga llegar.

“Me llamó muchísimo la atención que el CAM (Cuerpo de Agentes Metropolitanos) horas después del incendio estaba removiendo escombros, cuando no había una presentación formal de Bomberos, ni de juzgados diciendo qué había pasado y cuál había sido la causa del fuego, entonces yo pedí que quedara en acta, que en cuanto tuvieran ese reporte nos lo hicieran llegar, pues no pueden remover nada antes que haya un informe oficial de lo que pasó, esta es hora que no lo han mandado”, cuestionó.

Por su parte, el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, informó este lunes que ya se cuenta con un informe preliminar sobre las posibles causas que originó el voraz incendio que destruyó parte del mercado de Santa Tecla, en La Libertad, pero que aún no pueden revelar la causa.

“Nosotros ya tenemos alguna información de cuál fue el origen, sin embargo, nos hace falta poder determinarlo con algunas otras, así que no podemos dar ahorita un dictamen, cuál fue la causa, la fuente de este incendio”, indicó Solano en la entrevista radial de YSKL.

En la primera jornada de entrevistas a procurador general de la República, los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa rechazaron la mala evaluación que hizo la organización «Acción Ciudadana» al proceso de elección de fiscal general de la República.

Este lunes, fueron entrevistados «Dionisio Ernesto Alonso Sosa», abogado exdirector ejecutivo de la Oficina para Adopciones y juez suplente de niñez y adolescencia; «Cándida Dolores Parada de Acevedo», actual procuradora general adjunta; «Juan José Losa Lizama», exasesor jurídico de la Policía Nacional Civil (PNC) de 1996 a 2022; y «Nelson Alexander Yanes Iraheta», exasesor jurídico del viceministro de Salud Carlos Alvarenga.

Durante la primera entrevista, el diputado «Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas», quien elogió el currículum del candidato, rechazó la evaluación que hizo la organización Acción Ciudadana (AC) en la elección de fiscal general de la República, ya que la AC señaló que la elección realizada por la Asamblea no cumplió estándares internacionales.

El diputado «Ernesto Castro, presidente de la Comisión Política», aseguró que los miembros de organizaciones como «Acción Ciudadana» “van a seguir molestos” porque no cambiarán la forma de elección de funcionarios de segundo grado.

El diputado Guevara cuestionó que en el pasado organizaciones no gubernamentales enviaban cuestionarios para los candidatos. “Había instituciones que le mandaban a uno el cuestionario, el baremo que ellos enviaban”, señaló.

Para elegir a los funcionarios de segundo grado, la actual Comisión Política emite un dictamen, sin calificarlos con una nota y sin emitir propuestas de candidatos. Luego, el dictamen es enviado al pleno legislativo, en donde cada jefe de grupo parlamentario menciona sus propuestas en el pleno y posteriormente votan por las propuestas, que coinciden con las propuestas del resto de partidos aliados.

El «diputado Serafín Orantes», del Partido de Concertación Nacional (PCN), también dijo que “hay organizaciones que hacen comentarios en los medios de comunicación”, en referencia a las críticas de la organización Acción Ciudadana del proceso de elección de funcionarios de segundo grado. “Deberían de lanzar un partido político para tener mayoría calificada y poder hacer lo que se hacía antes”, dijo.

Orantes dijo que las elecciones en el pasado, cuando no eran públicas, se hacían en “un hotel de la calle Padres Aguilar y posteriormente pasaban a Casa Presidencial”.

El último candidato de la jornada de este lunes, Nelson Yanes, elogió el proceso de elección que realiza la Asamblea Legislativa actual. “Es un proceso muy transparente a diferencia del pasado”, elogió a los diputados.

En la jornada de este lunes, los cuatro candidatos a la PGR propusieron:

«Dionisio Ernesto Alonso Sosa» (abogado exdirector ejecutivo de la Oficina para Adopciones y juez suplente de niñez y adolescencia): fortalecer la gestión institucional y capacidad instalada, mejorar la articulación con el resto de actores del sector justicia, cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil, apostarle a la investigación de los casos de adopción, expandir los centros de mediación y promover la práctica jurídica de estudiantes de derechos en la investigación de casos para los defensores públicos.

«Cándida Dolores Parada de Acevedo» (procuradora general adjunta): crear una Unidad de Solución Alterna de Conflictos, que centralice la resolución de conflictos; crear una aplicación con Inteligencia Artificial para que los resolutores accedan a los casos para fijar las cuotas alimenticias; reorientar los servicios psicológicos a colectivos afectados, por ejemplo, a grupos delictivos.

«Juan José Losa Lizama» (exasesor jurídico de la PNC): propuso enseñar un oficio a los estudiantes a partir de 7o. grado y posteriormente darles un capital semilla, una nivelación salarial para favorecer a las mujeres y asignar a un delegado de la PGR para que visite los hospitales y den atención a las menores de 15 años que son víctimas de violación.

«Nelson Alexander Yanes Iraheta» (exasesor del viceministro de Salud Carlos Alvarenga, exdirectivo del INPEP que ayudó a la transición al lnstituto Salvadoreño de Pensiones): propuso «sanear» e «identificar quiénes son esos sectores que dividen» dentro de la PGR, despliegue territorial de la mediación, hacerse acompañar de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, trabajar con la empresa Google para homogenizar la data, apoyarse en la Inteligencia Artificial y transformación digital.

El lunes 7 de abril a partir de las 2 p.m., serán entrevistados: René Gustavo Escobar Álvarez, Sara Nohemí García Leonardo, Sara Yolanda González Alfaro y Karina Jeannette Martínez Guevara.

Diputados aprobaron este lunes un dictamen favorable que prorrogará por cinco años más un decreto que le permite al Estado legalizar inmuebles para que pasen a ser administrados por el Ministerio de Educación y Tecnología (Mineducyt).

Se trata de reformas a la «Ley especial transitoria para la legalización del dominio de inmuebles a favor del Estado en el Ramo de Educación», que en primer lugar reforma el nombre de la normativa, quedando «Ley especial transitoria para la legalización de inmuebles a favor del Estado y gobierno en el ramo de Educación, Ciencia y Tecnología».

En la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, el ministro de Educación, Mauricio Pineda, explicó que se extenderán «los procesos de legalización a todos los inmuebles necesarios para el desarrollo de servicios educativos y aquellos en los que el Ministerio tenga interés«.

«Son 1,636 inmuebles que están todavía pendientes de legalizar de los cuales van a afectar a 1,232 centros educativos que en este momento todavía no están los terrenos en administración del Ministerio de Educación.
Mauricio Pineda, ministro de Educación.

Además, se declara de utilidad pública todos los inmuebles donde operan los Centros Educativos Oficiales (CEO), sus anexos y aquellos destinados a servicios educativos no administrativos.

Además, se incluyen inmuebles propiedad del ISTA que albergan CEO, sus anexos y los destinados a servicios educativos y uso administrativo.

«Se respeta la voluntad de los dueños», promete ministro

Aunque el ministro aseguró que «las reformas no contemplan expropiaciones«, la ley establece que «será aplicable a todos los inmuebles donde funcionan centros educativos oficiales y sus anexos, así como aquellos inmuebles destinados al desarrollo de servicios educativos de uso administrativo por el Ministerio, como también en los que tenga interés el Ministerio que sean propiedad de personas naturales o jurídicas de carácter público o privado».

«Algunos medios han querido hacer notar que lo que buscamos es la expropiación del inmueble, si eso buscáramos pues el decreto fuera otro, solo se hace la medición, se llega y se inicia el proceso de expropiación, pero no. Aquí se respeta la voluntad de los dueños, es necesario que la población tenga claro estamos respetando la voluntad del dueño», dice Pineda.

El funcionario explicó que la ley permitirá «hacer el levantamiento topográfico sin autorización de propietario».

Esta ley no procederá sobre inmuebles que estén en procesos litigiosos al momento de la vigencia de la ley y de inmuebles propiedad de niños.

Plazo de 60 días para «solución amistosa»

El decreto establece que el Ministerio de Educación publicará el listado de los inmuebles por legalizar por una sola vez en el Diario Oficial para que terceros puedan intentar una solución amistosa, ejercer acciones de dominio u otros derechos reales y oponerse a la legalización.

Cuando se trate de inmuebles con gravámenes, medidas cautelares y restricciones, los titulares o cualquier otro interesado tendrán un plazo de 60 días, para que se presenten ante el Ministerio a ejercer las acciones y derechos para la solución amistosa, ejercer acciones de dominio u otros derechos reales y oponerse a la legalización.

Transcurrido el plazo, el Ministerio procederá con saneamiento registral.

Esta ley será aprobada por la Asamblea Legislativa en la sesión plenaria ordinaria de este martes 1 de abril.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con un «¡Adelante juntos!», tras los agradecimientos por aceptar a un nuevo grupo de 17 migrantes expulsados por Washington, tildándolos de «criminales».

«Agradecido por sus palabras, presidente Trump», escribió Bukele en X y siguió: «¡Adelante juntos!».

El presidente Trump dio este lunes las gracias a Bukele por aceptar a los migrantes expulsados por Washington y aseguró que les está dando un lugar «maravilloso» para vivir, aunque la mayoría han sido encarcelados.

Este traslado tuvo lugar luego de «una nueva operación llevada a cabo el domingo por la noche», según publicó Bukele, en la que 17 supuestos miembros de Tren de Aragua (TdA) y MS-13 fueron enviados de Estados Unidos a El Salvador.

La mayoría de los migrantes enviados a El Salvador han sido recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que se ha convertido en símbolo de la guerra de Bukele contra las pandillas.

Thank you President Bukele, of El Salvador, for taking the criminals that were so stupidly allowed, by the Crooked Joe Biden Administration, to enter our Country, and giving them such a wonderful place to live! https://t.co/NGciZozCxe

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2025

Ni el Gobierno de EE.UU. ni el de El Salvador han aportado pruebas que confirmen la pertenencia de los deportados a la MS-13 y el Tren de Aragua, ambas declaradas como organizaciones terroristas por Washington.

Estados Unidos no ha informado sobre la nacionalidad de los deportados, pero el Gobierno salvadoreño aseguró que entre ellos había salvadoreños y venezolanos.

El pasado 15 de marzo, Trump ya ordenó la expulsión de unas 200 personas a El Salvador, en su mayoría venezolanos, una decisión que actualmente está siendo litigada en tribunales por organizaciones defensoras de derechos civiles como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Trump llevó a cabo estas expulsiones invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha utilizado tres veces en la historia: durante la Guerra de 1812 y las dos Guerras Mundiales.

Los diputados de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitieron el lunes el dictamen favorable para la ratificación de la adhesión a la «Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales».

La jefa de negociación de tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Margaret Meza, explicó a los diputados de la Comisión que esta adhesión busca emplear las comunicaciones electrónicas en la formación o el cumplimiento de contratos entre partes o sujetos cuyos establecimientos estén ubicados en distintos Estados.

También, explicó que hay exclusiones “para los contratos personales, las operaciones bursátiles, los instrumentos financieros y documentos transferibles como letras de cambio o conocimientos de embarque» y por principio de autonomía.

«Las comunicaciones electrónicas tienen la misma validez que las físicas, en ese sentido le da la certeza jurídica a las partes».
Margaret Meza, jefa de negociación de tratados, Cancillería.

Una comunicación electrónica es la que se establece por email, fax, EDI, entre otros, de información generada o archivada electrónicamente.

Con esta adhesión, buscan darle «un mensaje a inversionistas del exterior» que El Salvador «es un Estado moderno, a la vanguardia de todos los mecanismos para darle una estabilidad jurídica a las empresas».

«Se ha comprobado que en los Estados que han aprobado estas convenciones hay un aumento en el sector de tecnologías y de la información y hay reducción de costos transaccionales, porque el gobierno está muy enfocado también a simplificar los trámites y ser un gobierno más electrónico», expuso Alba Sánchez, miembro de la Dirección de Relaciones Económicas de Cancillería.

Sánchez aseguró que, con la adhesión al convenio, se van “a generar oportunidades para este 90 % del empresariado», lo cual ayudaría a que incursionen en un «sector más formal y sean beneficiarios de los incentivos y de todos los beneficios que trae el comercio exterior».
Agregó que “el Estado le brinda ese aparataje legal a los comerciantes, para que puedan tener la tutela de sus derechos».

Los diputados emitieron dictamen favorable para que la Convención sea ratificada en pleno este martes.

Ante una pregunta sobre lo que hace falta en El Salvador para impulsar más la inversión extranjera directa, luego de haber mejorado la seguridad pública, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Agustín Martínez, destacó que es necesario analizar «si las condiciones jurídicas son las adecuadas» o «si tenemos un Estado de derecho que permita» este objetivo.

«Yo creo que lo más importante es analizar si las condiciones jurídicas son las adecuadas, si tenemos un Estado de derecho que permita, el mejor incentivo para un empresario invertir en un lugar, en un país, es tener una perspectiva de certidumbre, que no te va a cambiar una ley de hoy a mañana, ese tipo de cosas afectan un poco la inversión», indicó el líder de la gremial empresarial este lunes en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (Tcs).

Martínez añadió que El Salvador y sus países vecinos han tenido problemas similares como crisis política, diluvios, sequías, terremotos y complicaciones políticas, pero afirmó que la diferencia «en gran medida» está en la educación. «Yo creo que en gran medida está en los procesos educativos, tenemos que apostarle mucho a la educación desde la base», señaló. Explicó que, si bien están haciendo esfuerzos con las universidades privadas en la generación de carreras técnicas, se requiere una «base educativa de calidad» en donde «hay un poco de problemas y hay que acelerarlo».

La ANEP realizará este lunes el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE) 2025 denominado «Empresas del futuro, innovación y financiamiento», que se desarrollará en el Hotel Hilton, en San Salvador, a partir de las 3:00 de la tarde.

Uno de los conferencistas internacionales del ENADE 2025, José Medina Mora, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Comparmex), aseguró que las cinco elementos necesarios que les exigen para la inversión en México, en donde llegaron $38,000 millones de un potencial de $65,000 millones en inversión extranjera directa, son: seguridad, certeza jurídica, energía limpia y aguas suficientes, infraestructura y talento.

Además, Mora advirtió que «los países que han tenido éxito todos han tenido esta colaboración entre el Gobierno y el sector empresarial, la iniciativa privada». «Son funciones diferentes pero complementarias, cada quien tenemos que hacer nuestro trabajo pero en esa colaboración es como los países logran destacar y esa ventaja competitiva», observó.

Los u003cstrongu003etribunales y cu00e1maras contra el crimen organizadou003c/strongu003e seru00e1n los responsables de dar seguimiento al cumplimiento de la u003cstrongu003eejecuciu00f3n de las penasu003c/strongu003e que impongan a los u003cstrongu003econdenados por delitos en la Ley Contra el Crimen Organizadou003c/strongu003e, según dictamen favorable emitido este lunes por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia.nnSe trata de la u003cstrongu003ereforma a la Ley contra el Crimen Organizadou003c/strongu003e para regular lo relativo a la autoridad judicial competente que controla la fase de ejecución de la pena impuesta.nnu003cstrongu003eEsta reforma ya había sido conocida en la Comisión el 11 de febrero, pero los diputados decidieron dejarla pendiente, aunque no hicieron ningún cambio a la misma.u003c/strongu003ennLa primera reforma introduce un inciso entre el tercero y cuarto del artículo 3 que indica: “u003cstrongu003eLos tribunales y cu00e1maras contra el crimen organizado seru00e1n los encargados de vigilaru003c/strongu003e y garantizar el estricto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de las penas que impongan en el ejercicio de sus competencias, así como las demu00e1s atribuciones impuestas a los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena en la ley penitenciaria, en lo que sea aplicable».nnLa segunda reforma es una disposición transitoria: “Los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena que en la actualidad se encuentren conociendo en la fase de penas impuestas en base a esta ley continuaru00e1n con el control de las mismas hasta su cumplimiento total”.nnEl presidente de la Comisión, u003cstrongu003ediputado Caleb Navarrou003c/strongu003e, de Nuevas Ideas, explicó que, el 11 de febrero, conocieron la reforma y recibieron al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien explicó “que el juez se hace especialista en el caso del crimen organizado, de cómo se van conformando las estructuras pandilleriles y ellos tienen la capacidad de darle seguimiento en la fase de la ejecución de la pena”.nnTambién, señaló que habían consultado en ese momento si esto no iba a provocar congestionamiento en el trabajo de los jueces y fue el magistrado u003cstrongu003epresidente de la Sala de lo Penalu003c/strongu003e, u003cstrongu003eAlejandro Antonio Quinterosu003c/strongu003e, quien sugirió que se necesitaría de apoyo.nn“Esta comisión preguntó si no iba a causar algún tipo de congestionamiento judicial, es decir, si iban a poder los jueces contra el crimen organizado poder llevar la ejecución de la pena y poder llevar su día a día con el trabajo y la carga judicial; y si ustedes se recuerdan que el magistrado presidente de la Sala de lo Penal dijo que sí era posible, pero bajo un apoyo, solicitando un apoyo. Ya seru00e1 la Corte Suprema de Justicia la que haga las gestiones pertinentes si ellos desean un apoyo a este asunto, él explicaba de meter uno o dos jueces de refuerzo”, recordó Navarro.nnEl u003cstrongu003ediputado Walter Coto, de Nuevas Ideasu003c/strongu003e, recalcó que con esta reforma se garantiza que seru00e1n los mismos juzgados especializados que impongan la pena los que le den seguimiento a la ejecución de la misma.nnu003cblockquoteu003enu003cpu003e“Ahora lo que se va a hacer, que los mismos juzgados de las cu00e1maras de vigilancia, ellos van a imponer la pena y a la vez van a estar vigilando que la pena correspondiente se dé conforme a la ley, debemos recordar que estamos hablando de terroristas».nu003cstrongu003eWalter Coto, de Nuevas Ideas.u003c/strongu003eu003c/pu003enu003c/blockquoteu003ennLos diputados emitieron dictamen favorable a la reforma y sería aprobada en la sesión plenaria ordinaria número 50 de este martes 1 de abril.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó los dictámenes para incrementar el capital de la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) de la cual El Salvador es miembro y para autorizar al Ministerio de Hacienda la suscripción de las acciones que corresponden a El Salvador en este incremento.

De las 166,666 nuevas acciones que se aumentarán, 744 acciones serán de El Salvador.

La Asamblea de Gobernadores de la corporación de inversiones BID Invest emitió la resolución CII/AG-5/24 mediante la cual autorizó un aumento de capital por $3,500 millones –166,666 nuevas acciones de $21,000 cada una de las cuales El Salvador tendrá 744 nuevas acciones, equivalentes a $15,624,062.5, que serán pagadas en siete cuotas anuales de $2,232,000 de 2025 a 2031.

El dictamen número 77 fue aprobado con votos de Nuevas Ideas y sus aliados, ya que el diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien estaba ausente, le pidió al diputado Christian Guevara, que lo sumara a la votación.

Una corporación del BID para apoyar al sector privado

El BID Invest se encarga de “apoyar al sector privado” de los países miembros con préstamos, capital, garantías y asesorías.

El BID Invest cree que “el sector privado puede y debe ser un motor de progreso económico y bienestar social que conjuntamente con el Gobierno trabaje en diferentes iniciativas”, indicó la subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes.

“Para que el sector privado pueda contar con recursos para poder llevas esas iniciativas es que se ha contemplado este incremento de capital del BID Invest para que los países miembros de ese organismo puedan aportar los fondos”.
Delia Reyes, subdirectora de inversión y crédito público de Hacienda.

A diciembre de 2024, el BID Invest tenía 48 países miembros, 26 países regionales, que reciben el beneficio de los fondos de la entidad, y 22 países no regionales, que aportan capital para proyectos de los países miembros. Hasta esa fecha, el capital era de $2,711.3 millones, 53.7 % de los países regionales y 46.3 % de países no regionales.

Los países que tienen mayor aporte son Estados Unidos (13.9 %), Brasil (13.2 %), Argentina (11.6 %); México (7.4 %), China (5.5 %), Corea (4.9 %), España (4.1 %), Japón (3.7 %), Canadá (3.5 %) y Colombia (3.5 %), naciones que concentran el 71.4 % de participación, equivalentes a $1,935.3 millones.

Venezuela tiene el 2.5 % de los aportes y Chile tiene el 3 %.

Otros países como El Salvador, que tiene el 0.5 % de los aportes, son: Guatemala: 0.6 %, Haití: 0.5 %, Honduras: 0.5 %, Nicaragua: 0.5 %, Panamá: 0.6 %.

BID Invest –que antes de 2017 era la Corporación Interamericana de Inversiones (CII)– forma parte del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del cual El Salvador es miembro desde 1986.