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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciará a mediados de junio las gestiones para la firma de los convenios con las instituciones que colaborarán para la conformación del

registro electoral de los salvadoreños en el exterior aptos para emitir el sufragio en las elecciones legislativas y municipales de 2027.

De acuerdo con el calendario electoral aprobado, se establece que el ente electoral empezará el 16 de junio la gestión para la firma de los convenios con el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La fecha límite para la firma de los convenios es el 19 de septiembre.

Simultáneamente, el Tribunal tendría que preparar las condiciones tecnológicas para recibir la información de dichas entidades. Este proceso llegaría hasta noviembre y ese mismo mes iniciaría el envío, recepción y validación de la información.

Los datos tendrán que ser auditados por la empresa fiscalizadora que contratará el Tribunal, cuyo proceso iniciaría el 25 de noviembre de 2025 y concluiría el 31 de agosto de 2026.

El proceso de contratación de la empresa iniciará en junio con la formulación de los términos de referencia y tendría que finalizar el próximo julio.

El artículo 13 de la Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero establece que el registro electoral de connacionales en el extranjero se creará a partir de los datos del RNPN, de Migración y de Cancillería y ordena que «bajo ninguna circunstancia, los salvadoreños en el extranjero estarán obligados a realizar un registro alterno».

Para las elecciones de 2024, Migración transfirió más de 8.1 millones de trámites de pasaportes al Tribunal para la conformación del registro. La transferencia fue custodiada por la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) y la Fiscalía General de la República (FGR). Migración y Cancillería proveen datos de los pasaportes salvadoreños.

El RNPN se encarga de transferir los datos de los Documentos Únicos de Identidad (DUI) emitidos dentro y fuera de El Salvador para integrarlos al registro nacional y exterior.

Para los comicios de 2024, el registro estaba compuesto por 741,094 salvadoreños en el exterior aptos para votar por internet –con DUI con dirección en el exterior– y 5.4 millones para emitir el voto electrónico presencial en centros de votación –con pasaporte salvadoreño y DUI con dirección en El Salvador.

De los 741,094 habilitados para votar por internet, solo 240,650 emitieron el sufragio (32.47 %), mientras que 500,444 (67.53 %) decidieron no votar.

Solo se reportaron 582 abstenciones y el sistema no permitió la emisión de votos nulos, de acuerdo con datos de la memoria de labores del TSE.

Mientras la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, asevera que se garantizará la protección de la información crediticia de los salvadoreños al almacenarnos en la nube y que esto será opcional, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, señala que será obligatorio para las agencias y cuestiona qué pasará si los estándares de protección de datos que tenga el país extranjero donde estén los servidores son distintos a los que hay en El Salvador.

La polémica o el contrapunto entre ambas legisladoras se desata por la reforma a la Ley del historial crediticio aprobada el jueves que incluye entre los «deberes» de las agencias el uso de la nube para almacenar información crediticia y que exceptúa la prohibición de compartir información para este fin.

González dice que los salvadoreños no tienen de qué preocuparse porque tendrán «todas las garantías de seguridad y protección de datos». «Eso no se está modificando», dijo.

«Esto no abre ninguna puerta al uso indebido de la información de los ciudadanos, todo lo contrario, nosotros hemos estipulado en el artículo 19 que seguimos protegiendo a los salvadoreños y no se podrá utilizar y compartir datos sin el consentimiento de los salvadoreños. Esto es algo opcional que van a poder tener los burós de créditos».
Dania González, Nuevas Ideas.

La diputada de Nuevas Ideas aseveró que «siempre» están respetando la naturaleza de las reformas de 2022 cuando se refirió al cambio a la prohibición regulada en el literal «h» del artículo 19, en donde, ayer, agregaron una salvedad.

El jueves, se aprobaron estas dos modificaciones a la Ley del historial crediticio:

1. En el artículo 17, que se titula «Deberes de las Agencias de Información de Datos», se agregó el literal «n»: «Utilizar el servicio de almacenamiento y procesamiento en tecnología de computación en la nube para la base de datos y su respaldo, también será permitido el almacenamiento en el territorio nacional». La oración inicial de este artículo dice: «Las personas jurídicas que operen como agencias de información de datos tienen los siguientes deberes».

Además, esta primera reforma detalla que se dará «acceso irrestricto al BCR y a la SSF» y que el BCR emitirá normas técnicas.

2. En el artículo 19, que se titula las «Prohibiciones a las Agencias de Información con Relación a sus Bases de Datos», se agrega la frase «salvo lo dispuesto en el artículo 17, literal n». El actual literal «h», vigente desde el año 2015, prohíbe «utilizar, transferir, compartir y comercializar» la información «sin el consentimiento expreso de sus titulares para realizar dichas actividades».

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, manifestó que aún hay preguntas no respondidas. Dijo que una es que la reforma al artículo 17 establece el uso de la nube «como obligación», es decir, no tendría carácter voluntario.

«Deben» utilizar el servicio de almacenamiento. En la comisión preguntamos si esto iba a ser un deber o una opción, ya que el artículo dice que son obligaciones, en la comisión se dijo que iba a ser opcional. Sin embargo, no se ha cambiado la redacción», observó.

La segunda observación de Ortiz fue que no se discutió «el principio de soberanía de los datos«. Y preguntó qué pasaría si los servidores están en otro país con distintas leyes de protección de datos personales o de ciberseguridad de El Salvador.

«En otros países se autoriza el uso de servidores pero se da la obligación de que los datos de los nacionales estén sujetos a la legislación nacional, sin embargo, esto no está establecido en la ley», cuestionó.

Si los datos de los salvadoreños están en un país con un estándar diferente de protección, ¿ a qué debe hacerle caso el dueño del servidor o el que está administrando estos datos?.
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

La diputada Dania González respondió que la protección de datos es «una de las prioridades» de los diputados de Nuevas Ideas.

«Yo sé que en ChatGpt no podemos encontrar todas o formular todas las preguntas que queremos o esas respuestas, habría que estudiar bien y tener claro que existe un comité de normas dentro del BCR que ellos ven cada uno de estos detalles para que las instituciones del Estado hagan su trabajo», respondió.

González reiteró que mantienen la prohibición del artículo 19 literal h, aunque la diputada no explicó la salvedad que fue agregada el jueves a esta prohibición aprobada en una reforma del 26 de noviembre de 2015.

El Comité de Normas del «Banco Central de Reserva (BCR)» deberá emitir las normas técnicas que garanticen «estándares de ciberseguridad y protección de datos en la administración y respaldo de las bases de datos» crediticios almacenados en la nube, luego de la reforma aprobada el jueves a la Ley de historial de crédito de las personas.

La Asamblea Legislativa aprobó el jueves una reforma que establece como «deber» de las agencias de información crediticia en El Salvador –actualmente son «Equifax, TransUnión y Infored»– el uso de un servicio de almacenamiento de datos en la nube para guardar datos crediticios de los usuarios del sistema financiero en El Salvador.

La reforma se realizó al artículo 17 de la «Ley de regulación de los servicios de información sobre el «historial de crédito de las personas», agregando ese nuevo deber de las agencias el uso del almacenamiento en la nube.

El almacenamiento podrá darse tanto en el extranjero como «en el territorio nacional», pero en cualquier escenario habrá un «acceso irrestricto» para el BCR y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), según la reforma al artículo 17, que regula los deberes de las agencias o burós de crédito.

«El Comité de Normas del BCR emitirá las Normas Técnicas para garantizar el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad y protección de datos en la administración y respaldo de las bases de datos», reza el nuevo literal «n» del artículo 17.

La reforma reitera que es prohibido compartir o comercializar la información de las personas sin el consentimiento expreso de sus titulares, pero introduce una salvedad o excepción: «Salvo lo dispuesto en el artículo 17, literal n», es decir, salvo cuando se comparta información crediticia de los salvadoreños para almacenar los datos en la nube.

Con 60 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves la nueva «Ley de protección a la sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de los alimentos no procesados de origen vegetal o animal», que busca garantizar la sanidad vegetal, la salud animal y la inocuidad de alimentos no procesados de origen vegetal o animal en el país.

La nueva normativa crea atribuciones al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como ejercer la vigilancia y realizar el diagnóstico de plagas en vegetales, infecciones, infestaciones y enfermedades, así como regular el ingreso y la movilización de vegetales y productos vegetales, productos biotecnológicos.

El diputado Saúl Mancía, de Nuevas Ideas, aseguró que se busca «estandarizar procesos y garantizar que los productos que se importan, exportan, que se comercializan en el país cumplan con esas normativas para evitar los riesgos sanitarios».

«La ley ha sido ineficiente porque no se establecen mecanismos de trazabilidad. Cuando se importa un producto de origen animal, genética de ganado, hay tres formas de exportarlo, animales vivos, espermas o embriones. Por no tener una normativa clara que agilice el proceso, muchos ganaderos han tenido para mejorar la genética lo han hecho a través de puntos ciegos», dijo el diputado Mancía.

«Ahora no se puede decir que no se cuenta con la normativa legal», agregó.

Añadió que en este momento «ya se tienen las primeras cosechas de papa de semilla importada de Estados Unidos».

El MAG deberá autorizar, registrar, regular y vigilar la actividad de establecimientos de productos biotecnológicos de origen vegetal o animal.

El diputado Ricardo Rivas, también de Nuevas Ideas, aseguró que la ley busca establecer un «marco robusto que garantice la sanidad vegetal, la salud animal y la inocuidad de los alimentos no procesados» tanto de origen vegetal como de animal.

Rivas sostuvo que el MAG podrá agilizar los trámites para las importaciones y exportaciones. «La ley actual fue creada en 1995 y no se adapta a la realidad que estamos viviendo, todos los países de la región tienen sus nuevas normativas», afirmó.

El diputado Ricardo Rivas dijo que él, hace 10 años quería sacar un permiso para exportar y «se tiraban la bola», y ahora se deja claro que el MAG es la institución competente.

«Les voy a hablar como productor de tilapia. Los viene a ordenar y darle a la ciudadanía para que puedan consumir producto de buena calidad», dijo.

El MAG tendrá la facultad de establecer regulaciones referidas a la introducción de productos biotecnológicos de origen vegetal o animal, microorganismos para uso vegetal o animal, para prevenir o controlar plagas y enfermedades, entre otras.

La jefa de fracción del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro, aseguró que no se debe criminalizar a los migrantes «solo por cruzar de forma ilegal» y defendió que la mayoría de migrantes salvadoreños busca «oportunidades».

Los diputados de oposición reaccionaron este jueves a la reciente publicación de un afiche por el gobierno de Estados Unidos, en el cual lanzó una advertencia a los migrantes que estén o lleguen de forma ilegal a Estados Unidos. «No es difícil de seguir: Cruzar ilegalmente. Unirse a una pandilla. Ser deportado. Fin de la historia”, describió la Casa Blanca el posible camino a un migrante que se una a una pandilla y se coloque tatuajes en los Estados Unidos.

“La mayoría de salvadoreños que van para Estados Unidos ha sido porque buscan oportunidades, porque no encuentran una situación económica buena en El Salvador. Con este tipo de situaciones, lo que están haciendo es criminalizándolos, es como decir que todos los que llegan a Estados Unidos son gente mala o que pertenecen a una pandilla y eso no es cierto, la mayoría son gente decente, que buscan un país mejor”, señaló este jueves Villatoro.

Su colega, el diputado Francisco Lira, de Arena, recalcó que “la migración es un derecho” y que la falta de oportunidades son las causas que provocan la migración en El Salvador.

“Hay que recordar que la migración es un derecho. La mayoría de las personas migran porque en nuestros países no hay oportunidades y eso es lo que está pasando en nuestro país. La migración sigue, no se ha detenido y que no vengan a decir que hay una migración inversa, que lo demuestren. Pueblo salvadoreño, ¿es cierto que en este país hay oportunidades? ¿Hay empleo, hay trabajo?”, cuestionó Lira.

Villatoro también reprochó que se esté discriminando a los migrantes: “No se debe fomentar la discriminación. No, por defender un gobierno, creer que los migrantes son criminales, porque el día de mañana cualquiera de nosotros pudiera tener la necesidad de buscar migrar a otro país, para mejores oportunidades”.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, aseveró que, en las decisiones que tome el gobierno de Estados Unidos, los salvadoreños no tienen influencia, pero sí en el rumbo de El Salvador y, actualmente, la pobreza es una realidad que sufre la mayoría de salvadoreños y que la única salida que han encontrado es la migración.

“Lo que hagan otros gobiernos es algo en lo que poco puedo influir como diputada, eso le corresponde a la política y los ciudadanos de ese país… Pero ¿cuál es la realidad que vivimos los salvadoreños?, aquí en esta Asamblea Legislativa dicen que dan gobernabilidad. No, no dan gobernabilidad, obedecen órdenes y, entonces, los salvadoreños están bajo el yugo de leyes que solo enriquecen a unos pocos y hoy por hoy la pobreza en El Salvador ha aumentado. La gente ya no aguanta la situación económica, la gente busca salidas y la única salida que encuentran es la migración”, señaló la diputada de Vamos.

Ortiz señaló que los salvadoreños han migrado en busca de un futuro mejor desde hace más de 30 años en busca opciones, “por eso se debe trabajar en un proyecto de visión con el que los salvadoreños no se tengan que ir, que cada joven que sale de bachillerato no se tenga que ir, sino que se quede aquí y salga adelante”, expuso Ortiz.

La migración irregular hacia los Estados Unidos ha tenido una caída durante los dos últimos meses. En marzo, únicamente 198 salvadoreños fueron detectados en la frontera sur de los Estados Unidos, 23 de los cuales eran menores de edad solos.

Con 57 votos a favor y 1 voto en contra, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves dos reformas a la «Ley de regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas» para incluir como «deber» de las agencias de información crediticia el almacenamiento de los datos crediticios de los salvadoreños en la nube.

La reforma obligaría a Equifax, TransUnion e Infored a que utilicen el servicio de almacenamiento tanto en El Salvador como fuera del país, cumpliendo las normas técnicas que serán emitidas por el Banco Central de Reserva (BCR) para garantizar que se cumplan estándares de ciberseguridad y protección de datos.

La primera reforma incluye «utilizar el servicio de almacenamiento» en la nube se estableció en el artículo 17 literal «n», que establece los «deberes» de los burós de crédito.

Al literal «h» del artículo 19, que actualmente prohíbe a las agencias de datos usar, transferir, compartir y comercializar información sin el consentimiento expreso de los dueños de la información, se agregó una «salvedad» o excepción: «Salvo lo dispuesto en el artículo 17, literal «n», es decir, para almacenar los datos en la nube.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, dijo que esta reforma «va a permitir que la base de datos de el historial crediticio de los salvadoreños pueda almacenarse no únicamente a nivel nacional o en el territorio de El Salvador y que su respaldo no sea únicamente limitado a este territorio sino que también puedan almacenarse en la nube».

«Y esta información, pues, los salvadoreños no tienen de qué preocupar, porque siempre va a contar con todas las garantías, de seguridad y de protección de datos tal cual nosotros lo habíamos estipulado anteriormente, eso no se está modificando porque sí, hay cierta información que ha circulado», afirmó la diputada de Nuevas Ideas. «Nosotros estamos protegiendo esa información tan sensible, que es el historial de crédito de los salvadoreños», prometió.

Queremos dejar altamente claro que esto no abre ninguna puerta al uso indebido de la información de los ciudadanos, todo lo contrario, hemos estipulado en el artículo 19 que seguimos protegiendo a los salvadoreños y no se podrá utilizar ni comercializar ni compartir datos sin el consentimiento de los salvadoreños.
Dania González, diputada de Nuevas Ideas.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, que votó contra la reforma, aseguró que se mantienen dudas sobre el carácter obligatorio u opcional del uso de la nube para los datos crediticios de los salvadoreños.

¿Qué pasa cuando los servidores estén en otro país y en ese país no exista el mismo estándar de protección de datos personales o de ciberseguridad que tenemos en El Salvador?», preguntó Ortiz a los diputados de Nuevas Ideas. «¿A quién debe hacerle caso el dueño del servidor o el que está administrando estos datos?».
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

La diputada Dania González respondió que le hubiera gustado que todos los diputados pudieran haber asistido a la Comisión que estudió la reforma para «preguntar estas cosas». «Ya estamos aprobando… Hemos hecho múltiples reformas y hemos garantizado en cada uno de estos artículos que la información y protección de datos es una de las prioridades que nosotros quisimos enfocar», le respondió.

El almacenamiento en nube es un servicio ofrecido por algunas empresas o «data centers» que permite almacenar datos en grandes servidores. En El Salvador, el primer centro de datos con certificación en el país, DataTrust, fue inaugurado en julio de 2024, con una inversión de $30 millones.

La Asamblea Legislativa presupuestó los primeros $24 millones de los $350 millones que el Estado salvadoreño debe erogar durante 20 años para el proyecto de «conservación, la seguridad hídrica y restauración de ecosistemas en la cuenca del río Lempa» como compromiso que adoptó para alcanzar un financiamiento y canje de deuda.

El gobierno de El Salvador se comprometió con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de los Estados Unidos, institución financiera de desarrollo y agencia del gobierno federal de los Estados Unidos, para el proyecto ambiental, para que el banco JPMorgan Chase & Co. le otorgara un financiamiento de $1,000 millones con garantía de la Corporación.

Este jueves, con 60 votos de todos los partidos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la primera reforma al presupuesto 2025 para incluir los fondos destinados al compromiso ambiental.

Compromiso de desembolsos para el río Lempa

Año 2025: $24 millones, $12 millones en abril y $12 millones en octubre.
Entre los años 2026 y 2044: desembolsos anuales de $17.5 millones.

El dinero del préstamo sirvió para la recompra de una deuda por $1,031 millones en títulos con vencimientos entre 2027 y 2052, con lo que el gobierno se ahorraría $352 millones.

«El 22 de mayo de 2024 se autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para que gestionara recursos por $1,500 millones a través de la emisión de títulos valores y recordemos que se realizó el Fideicomiso en el río Lempa. El Ministerio de Hacienda nos llegó a explicar la modificación que se solicitaba en el presupuesto para poder apoyar o incorporar lo que le corresponde al país al financiamiento del Programa Integral de Seguridad Hídrica», explicó el diputado Caleb Navarro, subjefe de Nuevas Ideas.

Navarro detalló que los fondos serían tomados de las asignaciones disponibles en el presupuesto vigente del Ministerio de Hacienda, con fuente de financiamiento de Fondo General, es decir, no de préstamos ni de donaciones.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, afirmó que, cuando se anunció el canje de deuda por naturaleza todos se sintieron «muy contentos», pero que, cuando se anunció, no sabían que se aprobaría la Ley general de minería metálica.

«Pongámonos en algo. Si vamos a darle recursos a la protección del río Lempa, que eso está bien, también es importante que se derogue la Ley de minería porque pone en riesgo al río Lempa puesto que las vertientes y las cuencas hidrográficas que conectan con el río Lempa están demasiado cerca de los distritos con potencial minero en el país», pidió la diputada Ortiz, quien es dijo: «Cuenten con mi voto».

El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, dijo que es una reforma a la ley del presupuesto para financiar el Programa de Seguridad Hídrica como parte de un «logro histórico», el «primer canje de deuda por naturaleza». Guevara aseguró que esto «viene acompañado de otros proyectos» como el aporte de Arabia Saudita para hacer plantas de tratamiento en el río Acelhuate.

Con 60 votos, la Asamblea Legislativa reformó este jueves la Ley Orgánica Judicial para convertir juzgados de lo Civil y Mercantil de Sonsonate y de Primera Instancia de Armenia, así como ampliar la competencia territorial del Juzgado de Instrucción de Izalco y el Juzgado de lo Laboral de Sonsonate.

La reforma iniciará su vigencia el 1 de julio de 2025.

que los tres juzgados de lo Civil y Mercantil de Sonsonate conozcan los casos de Jayaque, Tepecoyo y Sacacoyo, distritos de La Libertad Oeste.

La reforma también amplía la competencia del Juzgado de Instrucción de Izalco, en Sonsonate, para que asuma la carga laboral en trámite, incluyendo procesos inactivos, y la competencia en materia penal que tenía el Juzgado de Primera Instancia de Armenia, Sonsonate.

1- Conversión del despacho judicial del Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate Centro, en el Juzgado primero de lo civil y mercantil de Sonsonate Centro, con residencia en esa ciudad.
2- Conversión de Juzgado de lo civil y mercantil de Sonsonate Centro en Juzgado segundo de lo civil y mercantil de Sonsonate Centro con residencia en esa ciudad.
3- Conversión del Juzgado de Primera Instancia de Armenia en Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Sonsonate conservando su residencia en Armenia.
4- Se amplía la competencia territorial del Juzgado de Instrucción de Izalco, que asumirá los procesos penales del Juzgado de Primera Instancia de Armenia.
5- El Juzgado de lo laboral de Sonsonate asumirá la carga laboral en materia laboral del Juzgado de Primera Instancia de Armenia.
6- Las constancias de expedientes fenecidos de Armenia podrán solicitarse al Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Sonsonate.
7- Los juzgados tercero de lo civil y mercantil podrán conocer los procesos de Sonsonate y de lo distritos de Jayaque, Tepecoyo y Sacacoyo, La Libertad Oeste, departamento de La Libertad.
8- La Cámara Segunda de Occidente con sede en Sonsonate conocerá en segunda instancia de los procesos sustanciados por los juzgados de lo civil y mercantil de Sonsonate.

Los jueces se integrarán a las sedes de destino.

El dictamen fue aprobado el 3 de abril y aún no había sido aprobado en el pleno.

El magistrado presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros, la Corte determinó que los Juzgados de lo Civil y Mercantil de Sonsonate tiene «un poco más de 500 casos en materia civil y mercantil por cada despacho», unos 1,000 en total, lo que incide en los tiempos de respuesta.

Detalló que esta conversión no implica una erogación de fondos ni supresión de plazas. La CSJ tiene un plan estratégico institucional en el cual también se plantea convertir los juzgados de Tejutla y Dulce Nombre de María, en Chalatenango.

El diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN) por Chalatenango Sur,

Reynaldo López Cardoza, y el alcalde pecenista Milton Serrano se reunieron con el embajador de la República Popular China en El Salvador, Zhang Yanhui, para solicitar ayuda al país asiático en la construcción de tres pozos de agua.

López Cardoza explicó que él como el alcalde pidieron la reunión con Yanhui para exponerle la problemática que sufren las comunidades en Chalatenango Sur por la carencia de agua.

“Él nos recibió y le expusimos que se trata de tres pozos de agua para La Sierpe, colonia en Chalatenango, y otros dos, uno en el distrito de Concepción Quezaltepeque y el otro en distrito Las Flores”, detalló el diputado.

“Pobre la gente, sufre por el agua y así hay muchas comunidades, solo en Las Flores tienen una deficiencia de agua horrible”, lamentó.

Explicó que estas zonas que buscan ayuda han tenido agua de parte de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), pero que «el servicio es muy deficiente, no les llega agua constantemente», por lo que decidieron buscar la colaboración de la Embajada de China.

Estimó que en los tres pozos se invertirían unos $240,000, una parte la pondría la Embajada y la contrapartida, la alcaldía de Chalatenango Sur, pero aún no está definido cuánto o cómo será la parte de cada una.

El diputado agradeció la apertura del embajador Zhang Yanhui para ayudarles con el proyecto. “El embajador es buen amigo, es una persona muy humana y quieren colaborar y qué bueno que de China quieran apoyarnos con ese tema de agua potable, que tanto la gente necesita”, expresó López Cardoza.

Según el legislador, se reunirán un especialista de la empresa china Hebei Construction Group, que realiza la perforación de pozos para la planta potabilizadora que se construye en Ilopango con el fin de hablar de gastos más certeros.

El canal de televisión TVX cerraru00e1 a partir del jueves 1 de mayo de 2025, anunciu00f3 este jueves Julio Villagru00e1n, conductor del programa u201cEncuentro con Julio Villagru00e1nu201d en dicho medio de comunicaciu00f3n.nnu201cQuiero anunciar oficialmente en este momento que a partir del 1 de mayo el Canal TVX va a dejar de transmitir en las seu00f1ales a nivel nacional. Todos los cables que transmiten la seu00f1al de TVX a partir del 1 de mayo. El canal de televisión TVX cierra operaciones a partir del 1 de mayou201d, anunciu00f3.nnSin embargo, agregu00f3 que el programa u2018Encuentro de Julio Villagru00e1nu2019 continuaru00e1 transmitiu00e9ndose a travu00e9s de plataformas digitales con el apoyo de su audiencia. También, dijo, seru00e1n retransmitidos en plataformas de amigos del programa.nnEl entrevistador au00f1adiu00f3 que les decu00eda u201ca los enemigos que estu00e1n contentosu201d que no se retiraru00e1 el programa. u201cNo nos vamosu201d, seu00f1alu00f3, al inicio y al final del programa de este jueves 24 de abril.nnEl Canal 33, que nació en 1995 con su noticiero Teleprensa, también cerru00f3 en El Salvador desde enero de 2023, una noticia que también fue anunciada por la presentadora Diana Verónica Ramos, un cierre sobre el cual la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) atribuyu00f3 a la reducciu00f3n de pauta privada que aumenta en medios estatatales. El cierre del canal ocurriu00f3 despuu00e9s de que el programa FocosTV de periodismo de investigaciu00f3n cerrara en 2021. En agosto de 2022, la presentadora Wendy Monterrosa anunciu00f3 su retiro como conductora de Teleprensa y su paso a Voz Pu00fablica, un medio que recientemente fue afectado por el cierre de programas de USAID.