La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un reconocimiento al club deportivo FAS por haberse coronado campeón en el Torneo Clausura 2026.
En su dictamen, los diputados manifiestan que el FAS “se ha consolidado como la institución más laureada y un pilar fundamental en la historia del fútbol salvadoreño”.
“Conocido como el rey de copas, el cuadro santaneco ha forjado un legado de excelencia, constancia y mística ganadora que trasciende las fronteras de la zona occidental para convertirse en un referente de identidad nacional”, indica el dictamen emitido por la Comisión de la Niñez e Integración Social.
Los legisladores sostienen que el reconocimiento no solo se trata de la conquista de un título deportivo sino que es respuesta a que el FAS es un “agente motor de cohesión social, resiliencia y pertenencia cultural para la zona occidental y el país en general”.
Los diputados votaron de manera unánime, sin diputados ausentes, incluyendo los legisladores de oposición, de los partidos Vamos y Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
El reconocimiento al FAS sumó 60 votos de todos los partidos. No había diputados ausentes. / Imagen de transmisión legislativa.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no actualiza información pública que debe divulgar oficiosamente según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), solo tiene completos 3 de 33 ítems, informó este miércoles la organización Acción Ciudadana.
De las 33 obligaciones de publicación de información oficiosa, 26 informaciones están desactualizadas, 3 están vacíos y 1 ítem está incompleto. La AC revisó la información el 17 de abril de 2026 y documentó si la información estaba o no actualizada hasta marzo de 2026.
La organización advirtió que la divulgación de información actualizada del órgano electoral salvadoreño no es solo una “obligación legal sino una garantía democrática que fortalece la confianza pública y la integridad del proceso electoral”.
“El Tribunal Supremo Electoral mantiene cumplimientos reiterados en materia de transparencia activa, la persistencia de información desactualizada, la ausencia de algunos apartados y la falta de avances respecto al monitoreo anterior reflejan una baja prioridad institucional hacia la publicación de información oficiosa, esto limita las posibilidades de vigilancia ciudadana y afecta la rendición de cuentas”, indicó la organización.
La mayoría de información se actualizó desde 2024, algunos apartados desaparecieron completamente y persiste la información con enlaces rotos como en los resultados de escrutinios en donde enlace da error.
Señaló que continúan desactualizados: presupuesto, remuneraciones, viajes, adquisiciones y contrataciones, listado de ofertantes, listado de bienes y recursos públicos asignados a particulares.
Además, las actas de las reuniones de los magistrados del TSE que deben ser públicas según la LAIP están actualizadas hasta 2017, las agendas no están actualizadas y las resoluciones llegan hasta abril de 2024.
Y el portal de transparencia del TSE eliminó los apartados del directorio y currículo de funcionarios, además del apartado de asesores.
En cuanto a la información de cara a las elecciones 2027, la AC consideró que un ítem completo es el calendario electoral pero no está ubicado dentro del Portal de Transparencia; pero determinó que la publicación del Plan General de Elecciones (Plagel) fue publicado parcialmente.
La AC advirtió que el TSE está publicando los avances del proceso electoral “en redes sociales” o en comunicados de prensa, y no en mecanismos formales de transparencia activa.
Las elecciones en El Salvador se desarrollarán el 28 de febrero de 2027 para 44 alcaldes y sus concejos, además de 60 diputados propietarios y sus suplentes.
Además de ello, por reforma constitucional, se celebrarán también las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, debido a que la Asamblea Legislativa extendió el periodo presidencial de cinco a seis años, habilitó la reelección presidencial indefinida y dejó el siguiente periodo presidencial para 2027-2033.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó este martes a El Salvador como uno de los principales aliados de Washington en América Latina y aseguró que la región cuenta actualmente con una amplia red de gobiernos alineados con los intereses estadounidenses.
Durante una audiencia ante el Senado de Estados Unidos, Rubio afirmó que gran parte de los países latinoamericanos mantienen una orientación favorable hacia Washington y colaboran en asuntos estratégicos relacionados con seguridad regional, migración y lucha contra el crimen organizado.
«En términos generales, se trata ahora de una región llena de aliados de Estados Unidos, de líderes afines a Estados Unidos y de una orientación favorable hacia Estados Unidos», expresó el jefe de la diplomacia estadounidense.
Entre los países que identificó como socios de Washington figura El Salvador, que forma parte del denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump para fortalecer la cooperación regional contra el narcotráfico y otras amenazas transnacionales.
Rubio destacó que esta alianza está integrada por una coalición de gobiernos considerados aliados de Estados Unidos y que colaboran activamente en la atención de desafíos relacionados con la seguridad hemisférica.
Según el funcionario, el fortalecimiento de estas relaciones representa uno de los principales avances de la política exterior estadounidense en América Latina durante los últimos años, luego de lo que calificó como dos décadas de menor atención hacia la región.
El secretario de Estado sostuvo que ese período permitió una mayor presencia de China en distintos países latinoamericanos, especialmente mediante inversiones en infraestructura, comercio y proyectos estratégicos.
Aunque elogió la relación con varios gobiernos de la región, Rubio señaló excepciones dentro del mapa político latinoamericano. Entre ellas mencionó a Nicaragua, Cuba y Venezuela, países con los que Estados Unidos mantiene diferencias políticas y diplomáticas.
También incluyó a Brasil y Colombia entre los gobiernos que, según su criterio, presentan desafíos para la relación bilateral. En el caso colombiano, cuestionó la gestión del presidente Gustavo Petro, mientras que sobre Brasil señaló que atraviesa un proceso electoral que podría modificar el panorama político.
El Salvador asumió este mes la Presidencia pro tempore del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) ante las Naciones Unidas, una responsabilidad que le permitirá coordinar durante junio las posiciones y consultas de los 33 países que integran el bloque regional en la sede del organismo internacional en Nueva York.
La representación salvadoreña estará a cargo de impulsar el diálogo y la coordinación entre los países latinoamericanos y caribeños en diversos temas incluidos en la agenda multilateral de las Naciones Unidas.
La embajadora de El Salvador ante la ONU, Egriselda López, destacó que el país asume esta responsabilidad con el compromiso de fortalecer la unidad regional y dar seguimiento a los asuntos prioritarios para América Latina y el Caribe.
“Asumimos esta responsabilidad con el compromiso de fortalecer la coordinación regional y dar continuidad a los temas prioritarios de nuestra región”, expresó la diplomática salvadoreña.
Como parte de sus primeras actividades al frente del grupo, El Salvador representó oficialmente a los países del GRULAC durante la elección del doctor Khalilur Rahman como presidente del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En ese contexto, la delegación salvadoreña trasladó las felicitaciones de la región al nuevo titular de la Asamblea General y reiteró la disposición de los países latinoamericanos y caribeños de trabajar de manera coordinada dentro del organismo internacional.
Asimismo, en nombre del bloque regional, El Salvador reafirmó la importancia de fortalecer el multilateralismo, la cooperación internacional y la solidaridad entre los Estados, principios que forman parte de los objetivos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.
El Grupo de América Latina y el Caribe es uno de los principales mecanismos de concertación regional dentro de la ONU y reúne a 33 países que trabajan conjuntamente para promover posiciones comunes sobre asuntos políticos, económicos, sociales y de desarrollo.
Las condiciones en el centro de detención migratoria Adelanto, ubicado en California y administrado por la empresa privada GEO Group, son objeto de una demanda federal que denuncia presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas bajo custodia, entre ellas migrantes centroamericanos y salvadoreños.
Así lo afirmó el abogado Salomón Zavala, director de la organización de derechos humanos Ollin Law, durante una entrevista con el director del medio salvadoreño ContraPunto, Juan José Dalton. El jurista explicó que la acción legal busca obligar al centro de detención a cumplir estándares básicos de atención médica, saneamiento y trato digno para las personas detenidas.
Según Zavala, la demanda fue presentada por varias organizaciones legales y de derechos civiles, entre ellas Public Counsel. Además, Ollin Law participó mediante una petición amicus curiae, un recurso jurídico utilizado para aportar argumentos adicionales a favor de la causa ante la Corte Federal.
«Adelanto es un centro de detención administrado por la corporación privada GEO Group. La base de la demanda es que allí se están violando los derechos humanos de las personas detenidas y que no se están garantizando condiciones adecuadas», afirmó Zavala.
Las denuncias incluyen supuestas deficiencias en la atención médica, problemas sanitarios y condiciones que pondrían en riesgo la salud y la vida de los migrantes. El abogado señaló que varios fallecimientos ocurridos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) forman parte de las preocupaciones planteadas ante los tribunales.
«Las denuncias alegan falta de atención médica adecuada, condiciones sanitarias deficientes y fallas institucionales que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas detenidas», sostuvo el director de Ollin Law.
Zavala explicó que la acción judicial busca una medida cautelar urgente para que la jueza ordene cambios inmediatos mientras continúa el proceso principal. Entre las exigencias figuran acceso a servicios médicos adecuados, agua potable, alimentación digna, comunicación con familiares y representación legal para los detenidos.
El abogado indicó que, aunque la petición actual está relacionada principalmente con el fallecimiento de personas migrantes mexicanas, también existen centroamericanos afectados por las mismas condiciones. Por ello, aseguró que la comunidad salvadoreña forma parte de los sectores beneficiados por la litigación.
«Pero también hay centroamericanos detenidos que sufren estas condiciones. Esta litigación también los incluye y afecta directamente a la comunidad centroamericana», afirmó.
Asimismo, hizo un llamado a familiares de salvadoreños detenidos en Adelanto para que compartan información sobre posibles abusos o irregularidades. Explicó que los testimonios y denuncias pueden fortalecer el caso y contribuir a documentar presuntas violaciones de derechos humanos.
Zavala expresó su interés en establecer alianzas con universidades y organizaciones salvadoreñas para ampliar la documentación de casos relacionados con personas migrantes de la región.
«Estamos dispuestos a colaborar con universidades y organizaciones de El Salvador, tal como lo hemos hecho en México», concluyó.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular criticó este martes los siete años de gestión del presidente Nayib Bukele y denunció lo que considera un deterioro de las condiciones democráticas, económicas y sociales en El Salvador.
La organización sostuvo que durante este período se ha consolidado una concentración de poder en las instituciones del Estado y cuestionó el papel de entidades como la Fiscalía General de la República y la Sala de lo Constitucional en decisiones relacionadas con el actual proyecto político oficialista.
En el documento, en el marco del séptimo año de gestión del presidente Nayib Bukele, el movimiento también criticó la continuidad del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, y aseguró que esta medida ha derivado en violaciones a los derechos humanos y en detenciones que considera injustificadas.
Asimismo, señaló que investigaciones periodísticas han planteado cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno, particularmente en relación con presuntos acuerdos con estructuras criminales, señalamientos que han sido rechazados en reiteradas ocasiones por las autoridades salvadoreñas.
La organización también expresó preocupación por la situación económica del país. Según el comunicado, el incremento en el costo de la vida, los bajos salarios y el aumento de precios en productos y servicios básicos continúan afectando a amplios sectores de la población.
En materia social, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular afirmó que existen retrocesos en áreas como educación y salud pública. Entre otros aspectos, mencionó la reducción de programas sociales, el cierre de algunos servicios y la situación del personal que laboraba en instituciones estatales.
El documento también cuestiona el manejo de la deuda pública, el desempeño de sectores productivos como la agricultura y la industria, así como presuntos problemas de transparencia en la administración pública. Además, critica la política exterior impulsada por el Gobierno en los últimos años.
La organización aseguró que las decisiones gubernamentales han favorecido a grupos económicos con mayor poder adquisitivo y llamó a distintos sectores sociales a organizarse para impulsar cambios políticos y sociales en el país.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, aseguró este martes que la decisión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de inaugurar el nuevo Hospital Rosales en lugar de dar un informe de gestión tradicional refleja una estrategia institucional de gobierno enfocada en mostrar resultados visibles antes que presentar un discurso institucional.
“Yo creo que el día de ayer (lunes) el presidente (Bukele) ha roto todos esos cánones tradicionales. Como siempre, pues nos tiene acostumbrado a ese liderazgo disruptivo que presenta las nuevas formas de hacer política, la nueva política, la política de los hechos, de los resultados y no la política de la retórica, de los grandes discursos, a veces muy pomposo, a veces llenos de fraseología que no correspondía a la realidad”, aseguró el vicepresidente en una entrevista para el programa “Diálogo 21”.
De acuerdo con Ulloa, optar por este camino en vez de acudir a la Asamblea Legislativa representa, bajo su perspectiva, una transformación definitiva en la narrativa política. Esta acción plantea interrogantes sobre la gestión gubernamental, en la cual se priorizan las ejecuciones y los logros tangibles.
Según manifestó indicó Ulloa, esta inauguración del Hospital Rosales puede interpretarse como un símbolo de transformación nacional y aseguró que las personas que visitan El Salvador pueden ser testigos de los cambios en estas infraestructuras hospitalarias.
“Ahora vamos a ver si estos mismos periodistas y estos medios empiezan a poner el modelo de salud del Hospital Rosales de El Salvador, porque es único en la región, no solo por la manifestación de su obra física, sino por la capacidad de tecnológica y de equipamiento que tiene y algo importante, por eso también lo dijo el presidente anoche de nada sirve que tengamos un hospital muy lindo con la mejor instalación y los mejores equipos, si el personal que da el servicio no tiene empatía con el paciente”, expresó.
De acuerdo con Ulloa, esta apertura trasciende el ámbito de salud en El Salvador y la describió como la «cereza del pastel» que sirvió de broche de oro para el séptimo año de gestión del presidente Bukele.
El Gobierno salvadoreño comunicó que el nuevo Hospital Rosales ha comenzado sus funciones con un equipo de trabajo compuesto por más de 3,200 trabajadores de la salud y una cartera de servicios que abarca más de 45 especialidades médicas.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, aseguró este martes que más del 90 % de los salvadoreños se encuentra satisfecho con el Gobierno del presidente Nayib Bukele y sostuvo que ese respaldo refleja el funcionamiento de la democracia en el país.
Durante una entrevista en Diálogo 21, el funcionario afirmó que el apoyo ciudadano se ha expresado tanto en las elecciones presidenciales como en los procesos legislativos, donde Nuevas Ideas y sus aliados han obtenido amplias mayorías en la Asamblea Legislativa.
“En este momento los salvadoreños en más del 90 % están satisfechos con el gobierno que ellos eligieron. Eso es democracia”, manifestó Ulloa al referirse a los resultados electorales obtenidos por el oficialismo durante los últimos años.
El vicepresidente señaló que la población decidió otorgar mayor respaldo legislativo al Ejecutivo luego de observar, según dijo, que la Asamblea elegida en 2018 bloqueaba iniciativas impulsadas por el Gobierno tras la llegada de Bukele a la Presidencia en 2019.
Asimismo, sostuvo que el respaldo otorgado nuevamente al mandatario y a los diputados oficialistas en las elecciones de 2024 demuestra que los ciudadanos avalan el rumbo que ha tomado el país y las políticas implementadas por la actual administración.
“Eso quiere decir que la democracia está funcionando, porque es el pueblo el que está decidiendo”, expresó el funcionario al defender la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, la cual calificó como una coordinación que permite avanzar en la ejecución de proyectos gubernamentales.
Ulloa también afirmó que los conflictos políticos entre instituciones del Estado, registrados durante administraciones anteriores, provocaron estancamiento económico y dificultades para alcanzar consensos que impulsaran el desarrollo nacional.
En otro momento de la entrevista, rechazó las críticas relacionadas con presuntas restricciones a las libertades públicas, violaciones a los derechos humanos o amenazas a la libertad de prensa, señalamientos que han sido formulados por organismos internacionales y sectores de oposición.
“Toda esa narrativa que se dio afuera sobre la conculcación de libertades públicas, la violación de derechos humanos y la libertad de prensa, decían que está en riesgo. Bueno, cosas que aquí nosotros podemos comprobar que no son ciertas”, afirmó.
El vicepresidente agregó que el crecimiento del turismo internacional y la llegada de millones de visitantes al país son indicadores que respaldan la percepción positiva sobre la situación de El Salvador y la gestión gubernamental.
La diputada del FMLN al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Karina Sosa, cuestionó este martes que el presidente Nayib Bukele no presentara un informe de labores ante la Asamblea Legislativa con motivo del séptimo año de gestión del mandatario.
Según la dirigente de izquierda, el mandatario optó por dedicar una cadena nacional a la inauguración del nuevo Hospital Rosales en lugar de comparecer ante los diputados para rendir cuentas sobre la situación del país y los resultados de su administración.
“Lo interesante del caso no es lo que ya nos tienen acostumbrados que hacen y pasarse las normativas por encima o por donde quieran, sino que el punto aquí es pues es lo que nos está diciendo el presidente, al no sentarse allá con los diputados, con la población”, manifestó Sosa en una entrevista con la emisora YSKL.
La parlamentaria sostuvo que la presentación realizada por el Gobierno no puede considerarse un informe completo de labores, ya que, a su juicio, la ciudadanía esperaba una rendición de cuentas sobre las acciones desarrolladas en las diferentes áreas de la administración pública.
“No lo puedo aceptar como informe realmente lo que ha dado el día de ayer, porque lo que debería de existir en todo país es hacerle cuentas a la población de qué han hecho durante ese año”, expresó la también exdiputada de la Asamblea Legislativa.
Sosa consideró que el Gobierno debió presentar resultados y proyectos relacionados con las distintas carteras de Estado, incluyendo temas económicos, sociales y de desarrollo, con el fin de mostrar avances concretos en beneficio de la población salvadoreña.
Asimismo, señaló que existen inquietudes ciudadanas sobre diferentes problemáticas que, según dijo, requerían explicaciones durante el mensaje presidencial, entre ellas aspectos vinculados al sistema de salud pública.
La representante del FMLN también hizo referencia a denuncias sobre escasez de medicamentos y a la situación del personal médico en la red hospitalaria nacional, temas que, según afirmó, continúan generando preocupación entre diversos sectores de la población.
“Hay un sentimiento de ausencia de profesionales que han estado atendiendo durante el tiempo diferentes situaciones o padecimientos de salud de la población y eso es algo que a la gente le preocupa”, sostuvo.
Sosa indicó que esperaba conocer mayores detalles sobre los servicios que brindará el nuevo Hospital Rosales y la manera en que estos contribuirán a mejorar la atención sanitaria en el país.
Al cierre de 2025, el Sistema Público de Pensiones (SPP) tenía 83,002 pensionados con apenas 1,059 cotizantes, según el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), una cifra que ahora dista más de los 137,000 jubilados y los 2.1 millones de afiliados que tiene el Sistema Privado de Pensiones.
Este es un dato más actualizado que el contenido en el estudio actuarial emitido por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y publicado en diciembre de 2025 por el Ministerio de Hacienda. Este informe citó datos de hasta diciembre de 2024 y reportó 1,400 cotizantes o afiliados activos y 86,500 jubilados en el SPP.
En otras palabras, el SPP se habría reducido en un año en 341 cotizantes y 3,498 jubilados, al comparar la memoria de labores del ISP sobre el año 2025 y el estudio actuarial de diciembre de 2025 que se basa en datos de 2024.
El SSP fue un sistema de reparto que dejó de inscribir a nuevos cotizantes desde que en 1998 las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) asumieron el manejo de los ahorros para las pensiones de los trabajadores salvadoreños.
La baja cotización del SSP provoca un déficit que es financiado con los ahorros previsionales de los cotizantes del sistema privado: el ISP paga pensiones de jubilados del SSP con fondos de los cotizantes del sistema privado de pensiones que se toman a través de la emisión de Certificados de Obligación Previsional (COP) y la adquisición de estos instrumentos financieros por las AFP.
El ISP, sin embargo, reporta un incremento del 75 % en la cantidad total de las pensiones administradas, aunque sin detallar la cantidad registrada un año antes.
Datos oficiales del ISP de la cantidad de pensionados del Sistema Público de Pensiones (SSP).
La reforma previsional aprobada en diciembre prolongó el mecanismo de financiamiento de las obligaciones previsionales del Estado aunque le aumentó la rentabilidad a un 7 % anual. Sumando la deuda heredada en los Certificados de Inversión Previsional (CIP), la deuda del Estado con el ahorro de los trabajadores que cotizan en las AFP asciende a $11,520.42 millones hasta abril de 2026. La obligación de cotizar finaliza cuando el afiliado recibe algún beneficio por vejez o cuando es declarado con invalidez total.
Seis de cada diez con pensión por vejez
De los 83,002 pensionados del sistema público, un 57 % trabajó en el Estado y el resto en entidades privadas, por lo que las pensiones son proveídas respectivamente por el ISP –antes INPEP– y la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS).
No todos los 83,002 pensionados son jubilados. Lo son un 62.74 % (52,078) que tienen pensiones por vejez, un 37.16 % (30,843) tienen pensiones por sobrevivencia y un 0.10 % (81) tienen pensiones por invalidez.
Los datos, de la Gerencia de Fiscalización, son citados en la más reciente memoria de labores del ISP, publicada en abril pasado.
La memoria de labores tiene varios capítulos que han sido censurados; por ejemplo, omite la mayor parte del capítulo sobre fiscalización del sistema de pensiones, que incluiría gestiones para “promover la regularización de la mora previsional por parte de los empleadores”.
Según el ISP, estas acciones buscan que se cumpla con las obligaciones de cotización y salvaguardar los derechos previsionales de los trabajadores afiliados al sistema. Se señala que esta información fue “suprimida por contener información reservada” según los artículos 19 literales e, g y h, y 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
El informe también censura la información sobre la gestión financiera, que incluye datos sobre la deuda previsional.
