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El economista y expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, sostiene que la derogatoria del artículo 10 de la Ley de Bancos no debilita el sistema bancario, pero tampoco percibe que generará efectos sensibles en la competencia bancaria ni una mayor disponibilidad de créditos en el país.

Según Acevedo, la razón de este artículo 10, que exigía que al menos el 51 % de las acciones bancarias estuvieran en manos salvadoreñas o centroamericanas, o de bancos centroamericanos o extranjeros calificados, era “proteccionista”.

La disposición legal derogada buscaba cuidar que la propiedad accionaria de la banca no estuviera totalmente en manos de extranjeros, porque había un «prejuicio» de que no iban a tener la misma preocupación por el sistema financiero nacional, algo que, según el economista, no fue probado.

“Era una disposición que yo diría que ahora está desactualizada. Creo que los considerandos del decreto lo dejan muy claro: dar acceso a nuevos capitales e inversiones en el país para generar una mayor competencia en la intermediación financiera; en teoría, eso posibilitaría crear nuevas fuentes de acceso al crédito”, indicó.

El economista sostuvo que la derogación “no debilita el sistema bancario” y la ve positiva.

“Yo pensaría que sí (es positiva), no creo que los efectos prácticos sean muy sensibles; no creo que por la derogación de este artículo vaya a haber un incremento del crédito. Si va a haber un efecto, yo pensaría que va a ser muy marginal, pero positivo”. Carlos Acevedo, economista.

“Lo importante en eso no es tanto si la propiedad accionaria está en manos de extranjeros o en un determinado porcentaje, sino más bien las regulaciones macroprudenciales y microprudenciales que se establecen. O sea, si hay una buena supervisión dentro de las instituciones, dentro del perímetro regulatorio, y hay una Superintendencia profesional”, con una normativa bajo estándares internacionales como Basilea III, conjunto de normas internacionales de regulación bancaria desarrolladas tras la crisis financiera de 2008.

La derogación del artículo 10 también incluyó que al menos el 51 % de las acciones esté en manos de bancos extranjeros de “primer nivel”, según clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente.

Acevedo subrayó que los principales candados para los bancos se centran en la normativa de Basilea III y que en El Salvador siempre han venido inversionistas de la “esfera occidental”, que a veces tienen regulaciones incluso más estrictas. “Entonces, no es que vayan a venir inversionistas de Irán o de algún país de esos; no hay mucho problema”, indicó.

Basilea III es un conjunto de medidas internacionales acordadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para reforzar la regulación, la supervisión y la gestión del riesgo de los bancos; establecen requerimientos de capital, estándares de liquidez y promueven la supervisión y divulgación de información de las entidades reguladas para reducir las vulnerabilidades.

Algunas de las plazas disponibles que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sometió a concurso esta semana serán para digitadores que se encargarían de hacer las actualizaciones de inscripción, modificación y exclusiones del Registro Electoral hacia las elecciones 2027.

El TSE ha dejado de publicar actualizaciones, modificaciones y exclusiones como se lo manda el Código Electoral. El artículo 24 obliga al TSE a “llevar una lista de inscripciones y cancelaciones al registro electoral, las cuales hará publicar sin expresión de causa cada tres meses por medios electrónicos” y remitir copia “a los partidos políticos inscritos”.

El más reciente estadístico publicado por el TSE del padrón electoral fue emitido el 10 de noviembre de 2023 con 6,214,399 salvadoreños, de los cuales 741,094 residían en el extranjero. En el sitio web, se detalla que fueron 3,256,205 mujeres y 2,958,194 hombres.

Estas cifras públicas corresponden al Registro Electoral utilizado para las elecciones generales de 2024 que fue cerrado el 7 de agosto de 2023 y cuyas modificaciones por errores evidentes se hicieron hasta el 3 de febrero de 2024.

Los digitadores, según el TSE, deberán “efectuar las actualizaciones de la inscripción, modificación y exclusiones de los ciudadanos en el Registro Electoral para un efectivo cierre del Registro Electoral”.

Entre los requisitos que se establecieron para los digitadores, el TSE pide manejo de equipo informático para “escanear, transcribir, digitar y controlar la calidad de los datos” de las diferentes instituciones responsables de proporcionar la información “para la actualización del Registro Electoral”.

Los requisitos fueron publicados esta semana por el TSE que publicó las plazas temporales disponibles para el proceso electoral 2027. El 28 de febrero de 2027, El Salvador celebrará elecciones de presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) suscribieron una carta de entendimiento que permitirá trasladar el Registro de Personal de la Administración Pública al ente previsional, facilitando así la emisión de certificaciones de empleados públicos.

El acuerdo fue firmado por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el titular del ISP, Marlon Vásquez, en presencia de los magistrados Julio Bendek y José Rodrigo Flores.

Como parte del compromiso, la entidad fiscalizadora entregará un archivo físico compuesto por más de 2,600 cajas que contienen planillas y constancias de tiempo de servicio de trabajadores del sector público, documentación que pasará a ser administrada por el ISP.

El presidente Sosa destacó que el proceso no se limita a la entrega material de documentos, sino que implica una transición organizada que garantice la integridad, trazabilidad y resguardo de la información, asegurando la continuidad del servicio y la protección de los derechos de los usuarios.

Con esta acción se da cumplimiento al decreto legislativo número 438, emitido el 31 de agosto de 1995, que estableció el traslado del Registro al entonces Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, representado actualmente por el ISP.

Ambas instituciones señalaron que la iniciativa forma parte de los esfuerzos por modernizar los servicios públicos y mejorar la atención a la ciudadanía.

El estudio actuarial de pensiones de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) publicado en diciembre de 2025 contabilizó hasta diciembre del año 2024, un total de 223,500 personas jubiladas en El Salvador.

Son 137,000 personas jubiladas que cotizaron en las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP), es decir, del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), el sistema privado.

El estudio actuarial detalla que el 57 % de estos jubilados reciben una pensión de $400 al mes, lo que equivale a 78,090 jubilados que cotizaron en el sistema privado (a las AFP) y que reciben la pensión mínima de $400 mensuales.

«Aproximadamente un 57 por ciento de los beneficiarios del SAP (incluidos aquellos por invalidez discapacidad y sobrevivencia) recibe una pensión mínima de $400 mensuales». Estudio actuarial de la Superintendencia del Sistema Financiero, diciembre 2025.

Por otra parte, son 86,500 personas jubiladas que cotizaron al sistema de reparto público, sin embargo, en este caso el estudio actuarial no detalla el monto de las pensiones o cuántos de ellos reciben la pensión mínima.

Para quienes cotizaron al sistema privado, la fuente del pago de sus pensiones son, en primera lugar, sus propios ahorros individuales administrados por las AFP, que tienen 2.1 millones de afiliados activos, y cuando estos se terminan, la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) le garantiza pensión mínima vitalicia.

Para quienes cotizaron al sistema público, el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) adquiere deuda previsional –con el Fondo de Pensiones administrado por las AFP– para pagarlas.

Para tener derecho a una pensión de vejez, las mujeres deben tener al menos 55 años y los hombres, 60 años; y ambos deben tener un historial laboral y de cotización de al menos 25 años en cualquiera de los sistemas.

El monto de las pensiones para los trabajadores que cotizaron a las AFP se calcula con base a su saldo en su Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP) para que financie 240 pensiones mensuales y 20 pensiones de Navidad, es decir, su ahorro repartido en 20 posibles años de vida de la persona. Si resulta menor a la pensión mínima, se le entrega la pensión mínima.

El estudio previsional, que será la base de la próxima reforma de pensiones, detalla que, hasta 2024, las AFP tienen 2,100,000 (2.1 millones) de afiliados activos y el sistema público tiene apenas 1,400 afiliados.

Los jubilados de ambos sistemas gozan del beneficio de una pensión vitalicia, que a los privados se otorgó a partir de la creación de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) con sus propios fondos individuales y una inyección inicial por parte del Estado.

En medio de las distorsiones entre los beneficios, según el estudio, el déficit previsional será del 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) hasta 2070, la CGS se agotará en 2029 y las cuentas individuales de la mayoría de jubilados en 2024 se agotarán en dos años.

El informe advierte una fuerte reducción de la tasa de fertilidad combinada con el progresivo incremento de la expectativa de vida: si en 2024 había 8.2 personas en edad de trabajar por cada adulto de 65 años o más, para el año 2070 apenas habrá 2.3 adultos en edad laboral por cada persona de 65 años o más.