Luego de que el presupuesto para las indemnizaciones de empleados públicos se haya disparado en el año 2024 y bajado a una tercera parte en 2025, los fondos programados para este rubro han disminuido a la mitad o en un 55.8 % respecto al año pasado.
El Estado ha programado un presupuesto modificado de $43.3 millones para gasto en indemnizaciones, de los cuales, hasta marzo, ya usó $18.2 millones.
El monto, sin embargo, es menos de la mitad programado para el año 2025, cuando el Estado programó un total de $98.1 millones, de los cuales ejecutó el 85 %, $83.6 millones para indemnizar a empleados.
Durante los últimos 17 años el récord en el gasto público de indemnizaciones ocurrió en el año 2024 cuando se programaron $271.1 millones, una cantidad que sixtuplica el monto programado para este 2026.
Ese año, 2024, se ejecutaron $265.6 millones en indemnizaciones, un 98 % del presupuesto programado modificado. En esa ocasión, el monto destinado inicialmente a indemnizaciones inicialmente era de $18.5 millones, y al final del año, los aumentos y modificaciones sumaron $252.6 millones adicionales a dicho rubro.
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) registró 23,681 despidos de trabajadores en el Estado durante el quinquenio 2019-2024 de la administración de Nayib Bukele; y cuenta 23,443 despidos durante los años 2025 y 2026, haciendo un total de 47,124 despidos.
Este movimiento sumó un total de 7,782 despidos en el sector salud de médicos, enfermeras, personal técnico paramédico y de servicios esenciales.
El gasto en la planilla del Gobierno Central se infló sensiblemente en el periodo 2011-2024 disparándose de $101.9 millones hasta $138.5 millones pero ha marcado una leve disminución desde 2025 a $128.6 millones sin retornar al gasto en planilla menor a los $100 millones que se tenía antes de 2009.
Representantes de los gobiernos de Japón y El Salvador reafirmaron su compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales durante la Segunda Consulta de Política Japón-El Salvador, celebrada el pasado 25 de mayo en la capital salvadoreña, informó este domingo la cancillería nipona.
La reunión estuvo encabezada por el director general para Asuntos de América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Ishize, y por la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana María Mira de Pereira.
Durante el encuentro, ambas delegaciones coincidieron en continuar impulsando la cooperación económica y la coordinación en foros internacionales, además de intercambiar puntos de vista sobre diversos asuntos de interés común.
Las conversaciones incluyeron temas relacionados con el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales, oportunidades de inversión y la situación regional e internacional.
Como parte de su agenda oficial en El Salvador, el funcionario japonés también realizó una visita de cortesía al vicepresidente de la República, Félix Ulloa.
Durante la reunión, Ulloa expuso las principales iniciativas que impulsa la administración del presidente Nayib Bukele en áreas como educación, tecnología digital y energía.
Según la Vicepresidencia, estos proyectos buscan consolidar el crecimiento económico del país tras los avances obtenidos en materia de seguridad pública durante los últimos años.
Por su parte, Ishize agradeció al vicepresidente salvadoreño por su participación en la ceremonia de entronización imperial celebrada recientemente en Japón.
El funcionario japonés reiteró además el interés de su país en continuar apoyando los esfuerzos de desarrollo de El Salvador y manifestó expectativas sobre una mayor participación de empresas japonesas en proyectos de infraestructura energética.
La consulta política forma parte de los mecanismos de diálogo que mantienen ambos gobiernos para fortalecer la cooperación bilateral y promover nuevas oportunidades de inversión y desarrollo.
Japón es considerado uno de los principales socios de cooperación de El Salvador en Asia y ha respaldado diversos proyectos en áreas como infraestructura, educación, gestión de riesgos y desarrollo tecnológico.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple este lunes dos años de su segundo mandato consecutivo con una alta popularidad sustentada en sus políticas de seguridad, pero también con crecientes cuestionamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos y una economía que sus ciudadanos sitúan como principal preocupación.
El mandato actual, que abarca el período 2024-2029, fue acortado mediante una reforma constitucional aprobada por el Congreso salvadoreño —controlado por su partido, Nuevas Ideas—, que adelantó las próximas elecciones presidenciales a 2027 y habilitó al mismo tiempo la reelección indefinida con períodos de seis años a partir de ese ciclo electoral.
Bukele no ha adelantado si se presentará a los comicios de febrero de 2027, pero a finales de 2025 dijo en una entrevista con un youtuber: «No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país, (…) pero si fuera por mí, yo sigo diez años más».
Popularidad y seguridad
Bukele llegó al 2026 con altos índices de popularidad que ha mantenido sin mayores variaciones a lo largo de sus 7 años consecutivos en el poder, respaldo que se basa principalmente en la reducción de los homicidios y en el régimen de excepción, medida que suspende garantías constitucionales.
Cuando Bukele asumió el Ejecutivo, después de arrasar en los comicios de 2019, el país sumaba al menos tres años seguidos de reducciones en los homicidios tras registrar en 2015 su año más mortífero con más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes.
El mandatario implementó su plan de «Control Territorial» y continuó la baja en los asesinatos, pero en marzo de 2022, con la ola de homicidios más cruenta de la historia reciente del país, con más de 80 víctimas en tres días, Bukele impulsó su medida más popular: el régimen de excepción.
El Congreso, a instancia de Bukele, ha extendido esta medida por 51 ocasiones en periodos de 30 días, con lo que las autoridades han detenido a más de 92.000 personas, entre ellas al menos a 8.000 inocentes, según ha reconocido el mismo mandatario.
El Ejecutivo de Bukele atribuye a su política de seguridad la disminución de los homicidios a 1,3 por cada 100.000 habitantes en 2025 y la desarticulación operativa de las pandillas o «maras», bandas criminales que operaban en casi todo el país con miles de miembros entre sus filas.
De acuerdo con una encuesta de la Unidad de Investigación del medio La Prensa Gráfica (LPG Datos) publicada en febrero pasado, la aprobación de Bukele alcanzó al cierre de 2025 el 91,9 %, superior al 85,2 % registrado a mediados del año.
El presidente Nayib Bukele, mantiene elevados niveles de popularidad en su gestión y especialmente en materia de seguridad.
Las denuncias de atropellos
En este contexto, varias organizaciones humanitarias han recogido más de 6.400 denuncias de atropellos a derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias y torturas, además de 530 muertes de personas en custodia estatal y la aplicación de las reglas procesales del régimen en la detención de activistas críticos de Bukele, como la reconocida abogada anticorrupción Ruth López.
La experta en derechos humanos Celia Medrano dijo a EFE que «poco puede esperarse a corto plazo en materia de garantías a derechos humanos en El Salvador».
«Si bien este escenario de regresión tiene características globales, no puede adjudicarse únicamente a este aspecto el que en El Salvador la violación a derechos humanos constituya prácticamente una política de Estado», dijo.
Medrano cuestionó las cifras dadas por las instancias estatales de seguridad, dado que organizaciones que monitorean la violencia han registrado solo en el primer trimestre del 2026 «el hallazgo de 35 cadáveres, de los cuales al menos 10 presentaban indicios de muerte violenta», pero «solo 5 fueron reportados por órganos oficiales».
Asimismo, lamentó que a las causas de la emigración en El Salvador se ha sumado la «persecución política» y que «han aumentado el número de solicitantes de asilo de origen salvadoreño en España, Alemania, México y aún en los Estados Unidos pese a las políticas antimigratorias actuales».
Demandas económicas
Bukele, al asumir su segundo mandato consecutivo, pese a que lo prohibía la Constitución, prometió el 1 de junio de 2024 «sanar» la economía tras curar al país del «cáncer» de la violencia.
Sin embargo, la situación de la economía se ha posicionado como el principal problema para los salvadoreños, por delante de la seguridad y las pandillas, de acuerdo con las encuestas.
El economista César Villalona dijo a EFE que «no ha mejorado la economía» y que un reflejo es el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.400 millones, y que eso «lo que está diciendo es que las finanzas públicas están mal».
A su juicio, una mejoría económica «implicaría una alta tasa de crecimiento de la economía y aquí no hay una alta tasa de crecimiento» y el «crecimiento promedio casi es el mismo de los últimos 10 años anteriores a Bukele, 2,8 %».
«El año pasado creció más (3,9 %, según medios locales) pero con un deterioro fuerte de los servicios, con caída tasa negativa en educación, en salud y en otros servicios», añadió y apuntó que bajo el mandato de Bukele la deuda estatal ha crecido en 14.500 millones de dólares.
«Aquí no hay una mejoría social, lo que hay es un gran endeudamiento público», acotó.
Este viernes 29 de mayo terminó el plazo definido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para contratar a la empresa que implementará el sistema de votación remota por internet y electrónica presencial en las elecciones presidenciales y legislativas febrero de 2027.
El TSE definió un periodo que inició el 23 de marzo de 2026 para realizar la contratación de la empresa y también para la contratación de una firma auditora al sistema de votación remota por internet y electrónica presencial.
En el mismo plan, definió el lunes 1 junio de 2026 como fecha de arranque del periodo para desarrollar las pruebas de la implementación del sistema para ambos tipos de votación, remota por internet y electrónica presencial, así como crear mecanismos de «auditoría informática» al sistema, al registro de votantes y al escrutinio final. El último día para hacer las pruebas y crear los mecanismos de auditoría es el 26 de junio.
La formulación de solicitud de ofertas para la contratación se debió realizar entre el 12 de enero y el 20 de marzo de 2026.
En todo caso, la última fecha establecida legalmente para definir el sistema de votación remota por internet y el sistema de votación electrónica presencial es el 27 de junio de 2026.
El TSE tiene un presupuesto de $172.1 millones aprobados para las elecciones de 2027, un total de $46.7 millones se destinarán al voto electrónico; en las elecciones de 2024 el TSE destinó $57.4 millones de los $70.2 millones asignados para el mismo fin.
EL órgano electoral aún no ha informado sobre los ajustes de fecha a los calendarios electorales luego de la aprobación y vigencia de las reformas electorales aprobadas el 14 de mayo de 2026. En los comicios la implementación se adjudicó a la empresa española Indra.
El artículo 14 de la Ley especial para el sufragio en el extranjero exige que «el sistema de votación remota por internet y el sistema de votación electrónica presencial deberán estar definidos por el Tribunal al menos ocho meses antes de las elecciones», es decir, el 28 de junio de 2026.
El mismo artículo exige contar con todos los mecanismos de auditoría informática para garantizar la confiabilidad en los resultados.
Parte del calendario electoral para las elecciones en el extranjero 2027. / TSE.
La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, cree que el 1 de junio debería ser un día de rendición de cuentas por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, que el lunes 1 de junio cumple el segundo año de su segundo mandato presidencial.
«El 1 de junio debería cumplirse con lo que señala la Constitución y hacer una rendición de cuentas hacia la ciudadanía. y no un discurso meramente político, con una Asamblea sumisa que se ha olvidado de sus funciones respecto a los demás órganos de Estado», expresó, cuando se le preguntó sobre la evaluación del séptimo año de gobierno del mandatario.
Según Rivas, este 1 de junio de 2026 inicia un ciclo de la rendición de cuentas de otro año de gestión del poder Ejecutivo. Sin embargo, la también diputada suplente opinó que no se cumple el artículo 131 ordinal 18 de la Constitución de la República.
Dicho artículo establece que a la Asamblea Legislativa le corresponde «recibir el informe de labores que debe rendir el Ejecutivo por medio de sus ministros, y aprobarlo o desaprobarlo».
«Toda la ciudadanía debería escuchar cómo se ejecutó el presupuesto asignado y lo que debería pasar es que los informes que se presenten por los ministros deberían someterse a un análisis en las comisiones respectivas», sugirió.
La legisladora de oposición criticó que, desde su llegada al poder, el presidente Bukele y su gabinete se limita a ir a dejar los informes a la Asamblea Legislativa sin realizar «una rendición de cuentas como debería ser».
Este lunes a las 7:00 de la noche, se espera que el presidente Nayib Bukele llegue a la Asamblea Legislativa, que ha convocado a una sesión solemne para recibir su informe del periodo 2025-2026. El reglamento de la Asamblea establece que el 1 de junio de cada año habrá una sesión solemne para recibir dicho informe por parte del presidente de la República.
Bukele que gobierna desde el periodo 2019-2024, cumple su séptimo año de gobierno correspondiente al quinquenio para el que fue electo, 2024-2029, periodo que al final resultará modificado por una reforma constitucional que adelantó las presidenciales para 2027, por lo que el próximo periodo presidencial será 2027-2033.
En su informe de junio de 2025, Bukele subrayó que no liberarán «ni ya ni nunca» a capturados en el régimen de excepción, destacó la inversión en educación de $1,411 millones por año y remarcó sus críticas a “gobiernos cómplices que prefieren quedar bien con la élite globalista antes que evitar que sus ciudadanos puedan”, periodistas y a críticos del régimen de excepción.
A solicitud del Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio de Hacienda autorizó nuevos precios a productos elaborados en los talleres y granjas del sistema penitenciario luego de un “análisis del mercado nacional” y concluir que es necesario “actualizar los precios” para “mantener su competitividad”.
La administración de la comercialización de estos productos lo hace el “Fondo de actividades especiales para la comercialización de bienes y prestación de servicios producidos en los talleres y granjas del sistema penitenciario”.
La tabla, que contiene 98 diferentes productos, establece un precio mínimo y un precio máximo.
Así, establece de $0.40 a $1.50 el vaso de bebidas calientes como café, leche, chocolate o atol; de $2 a $3.25, las cenas; de $2.50 a $17.10 los combos de pollo, gallina, hamburguesa, costilla o parrillada; los almuerzos, de $1.80 a $4.75; comida gourmet, de $2.75 a $6.50.
En los productos de panadería, pueden comercializar magdalena decorada, budín, flan, napolitano o semita, a precios desde $5 hasta $25.
La lista incluye verduras, hortalizas, granos, frutas, embutidos, cárnicos, bovinos, porcinos, lechones, entre otros. Así, el precio de los bovinos grandes puede oscilar entre $900 y $1,500. El cartón de huevos puede tener un precio desde los $2.75 hasta los $5.50.
El listado también incluye camisas, pantalones, uniformes y estampados, productos de bambú, de madera, juguetes, esculturas de hierro, carretas de carga, pinturas, hamacas, ropa y zapatos, piñatas, servicios de barbería y cosmetología, calzado, productos químicos, artesanías y figuras de papel.
Según el acuerdo los precios se aplican al público y se da mediante un control ejercido por las “Unidades de Diversificación de Trabajo Penitenciario” (UDTP) y del Fondo de Actividades Especiales mencionado.
Este mismo acuerdo dicta que los precios se determinan con base en sondeos de mercado de bienes y servicios para garantizar la recuperación de costos y un margen de utilidad de entre el 20 % y el 100 %.
Da la posibilidad de descuentos “de manera excepcional y debidamente justificada” por ventas al mayoría o descuentos a empleados de la Dirección General de Centros Penales.
Los ingresos percibidos por los productos elaborados por los internos en los centros penitenciarios se ingresan en la cuenta “Director General de Tesorería, Fondo de Actividades Especiales, subcuenta Fondo MH/DGT/FAE Centros Penales”.
Las reformas electorales aprobadas para reestructurar los 60 escaños de la Asamblea Legislativa de El Salvador y otorgar seis diputados a la diáspora salvadoreña, quitando cinco a San Salvador y uno a La Libertad, están vigentes desde el pasado sábado 23 de mayo.
La reforma al Código Electoral estableció cuatro tipos de circunscripciones electorales: nacional, departamental, municipal y en el extranjero.
De los 14 departamentos del país, 10 quedaron con igual cantidad de diputados; pero San Salvador pasó de tener 16 a 11 diputados o escaños legislativos, y La Libertad pasó de tener 7 a 6 diputados. Fue así como se asignaron 6 escaños a la circunscripción en el extranjero.
La oposición criticó la redistribución y pidió a los diputados de Nuevas Ideas que explicaran bajo qué cálculos se hizo, ya que consideraron le quitaron representación a unos 500,000 habitantes de San Salvador. El artículo 79 de la Constitución, inciso segundo, ordena un sistema de “representación proporcional”, disposición que no fue reformada.
A la Ley de partidos políticos, que también inició su vigencia el 23 de mayo, también agregó que los afiliados a los partidos políticos en el extranjero deben participar en las elecciones internas de sus candidatos a diputados y a presidente y vicepresidente de la República.
El nuevo artículo 37-C estableció que los miembros o afiliados en el extranjero elegirán a la candidatura a la presidencia y vicepresidencia de la República, así como las candidaturas a diputaciones a la Asamblea Legislativa y a sus respectivos suplentes.
También inició la vigencia de una reforma a la Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero que asignó los votos de la diáspora salvadoreña a su respectiva circunscripción electoral con representación en la Asamblea Legislativa, y no en San Salvador como era antes.
Las reformas también permitieron que los salvadoreños en el extranjero puedan votar con documentación vencida, eliminaron toda referencia al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y al financiamiento público que recibían los partidos políticos, y suprimieron la prohibición que tenían los partidos políticos de promover la reelección presidencial, ya que Nuevas Ideas reformó la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida.
El total de la deuda del Estado con los ahorros para las pensiones subió a $11,520.42 millones al cierre de abril de 2026 publicó el viernes el Banco Central de Reserva (BCR).
La cantidad suma $8,393.56 millones de la deuda del Estado heredada hasta la reforma aprobada por Nuevas Ideas en diciembre de 2022 y $3,126.86 millones de nueva deuda aprobada a partir de dicha reforma.
Mientras la deuda heredada equivale a un 73 % del total de la deuda con el Fondo de Pensiones administrado por las AFP; la nueva deuda ya es un 27 %.
Las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) invierten los fondos de los cotizantes en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), una figura aprobada en la reforma de 2022. La anterior deuda estatal quedó adquirida a través de Certificados de Financiamiento de Transición (CFT).
De abril de 2025 a abril de 2026, la deuda estatal de pensiones aumentó en $778.59 millones, un 7.25 %.
Este aumento interanual es superior al incremento de $639.03 millones que la deuda previsional tuvo en 2025 pero menor a los $919.41 millones registrados en 2024 y a los $1,009.74 millones emitidos en 2023.
Las emisiones de instrumentos de deuda previsional que deben ser comprados por las AFP varían mes a mes. La emisión mensual bajó de $96.1 millones en marzo a $44.1 millones en abril, un 54 %.
El Estado emite COP a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), antes INPEP, y esos certificados de inversión son comprados por las AFP con los fondos de pensiones para que el ISP pueda utilizarlos en el pago de pensiones de los jubilados del Sistema Público de Pensiones (SPP).
La excandidata a diputada Ondina Ramos pidió el viernes inscribirse como precandidata a alcaldesa de San Salvador Centro en las elecciones internas de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
“Estamos haciendo un llamado directamente a nuestra militancia para que puedan sumarse a este proyecto de apoyo permanente por las comunidades y porque creamos en un nuevo San Salvador Centro”, expresó.
Aseguró que ofrece mejorar lo que está bien. “Que una mujer pueda resolver, como hemos hecho en diferentes proyectos, que lo que está bien se tiene que mejorar”, indicó.
La aspirante arenera afirmó que su planilla fusiona “experiencia y juventud” además de mujeres que han trabajado con las comunidades. “Quiero ser la mujer que ponga de pie a San Salvador”, indicó.
En San Salvador Centro, por Nuevas Ideas, el partido de Gobierno, Mario Durán no ha anunciado si buscará la reelección como alcalde.
San Salvador Centro es conformado por Ayutuxtepeque, Mejicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y San Salvador capital.
Hacia las elecciones de 2024, Ramos se lanzó como candidata a diputada por el departamento de San Salvador y ocupó la casilla 1 en la papeleta de las elecciones legislativas, sobre la diputada Marcela Villatoro, que fue reelecta y que ocupaba la casilla 2 en la papeleta electoral. En esa campaña, Villatoro habló de “favoritismos” en las elecciones internas.
El Partido de Concertación Nacional (PCN) informó este viernes que designó a Carlos Humberto Martínez como secretario general departamental interino en Sonsonate, en una actividad presidida por el secretario general del PCN, Manuel Alfonso Rodríguez.
Según el partido político, con el nombramiento buscan «fortalecer la organización partidaria en el departamento, consolidar el trabajo territorial y coordinar los esfuerzos» necesarios ante las próximas elecciones internas del partido «en estricto apego a la normativa interna y a los principios democráticos que rigen nuestra institución».
«Confiamos en la capacidad, el liderazgo y el compromiso del sargento Carlos Humberto Martínez para impulsar el fortalecimiento de las estructuras partidarias, promover la unidad de nuestra militancia y contribuir al crecimiento del Partido de Concertación Nacional en el departamento de Sonsonate», indicó el partido político.
Martínez fue concejal propietario por el PCN en el municipio de San Antonio del Monte en el periodo 2021-2024.
