Categoría: Politica

  • La Libertad Este registra unos $720 millones en inversiones, asegura alcaldesa

    La Libertad Este registra unos $720 millones en inversiones, asegura alcaldesa

    La alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, aseguró este martes que el municipio registra alrededor de $720 millones en inversiones, principalmente en proyectos turísticos y habitacionales, en medio del crecimiento que experimenta esta zona del departamento de La Libertad.

    Navas señaló que La Libertad Este se encuentra entre los municipios con mayor dinamismo dentro del Área Metropolitana de San Salvador, impulsado por el desarrollo de nuevos proyectos que contemplan desde infraestructura turística hasta apartamentos y otras iniciativas habitacionales.

    Según la alcaldesa, los aproximadamente $720 millones contabilizados corresponden principalmente a inversiones relacionadas con el turismo y la vivienda. Además, indicó que existen otros proyectos programados que podrían incrementar la actividad económica del municipio.

    “Andábamos, según me dijeron como 720 millones de inversión en la libertad Este, proyectos principalmente turístico y también de habitación, hay apartamentos y y vienen proyecto que están programados. Por ejemplo se está hablando de un Cayalá en Huizúcar», explicó la jefa edilicia.

    La alcaldesa consideró que la llegada de nuevos proyectos no solo representaría mayores inversiones para La Libertad Este, sino que también podría beneficiar a sus habitantes mediante la generación de puestos de trabajo vinculados con las nuevas construcciones y actividades económicas.

    «Se están hablando de varios proyectos que ojalá se pueda lograr porque esto aparte de la inversión que sería para la alcaldía también podría ser una inversión para los habitantes porque tendrían trabajo en los proyectos nuevos que se puedan efectuar”, sostuvo.

    Navas también destacó la incorporación de La Libertad Este al Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS), junto con La Libertad Costa, como parte de la participación de ambos municipios en las estrategias relacionadas con el desarrollo metropolitano.

    La funcionaria sostuvo que la integración al COAMSS permitirá que La Libertad Este tenga una mayor participación en las estrategias de desarrollo del área metropolitana.

     

  • Zar fronterizo de EEUU destaca seguridad de El Salvador previo a vencimiento del TPS

    Zar fronterizo de EEUU destaca seguridad de El Salvador previo a vencimiento del TPS

    El zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, afirmó este martes que El Salvador «es mucho más seguro» bajo la Presidencia de Nayib Bukele, un día antes de la fecha prevista para el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a más de 170,000 salvadoreños.

    «El TPS, estatus de protección temporal, significa que es algo temporal. Y seamos realistas: El Salvador es un país mucho más seguro que nunca, ahora con ese presidente que tienen allá», explicó Homan a periodistas en el exterior de la Casa Blanca.

    El funcionario defendió que las condiciones que justifican una protección migratoria deben revisarse cuando cambia la situación del país beneficiario.

    «Llevo más de 40 años en esto y el TPS nunca ha dejado de renovarse, una y otra vez, a pesar de que se supone que es un estatus de protección temporal y de que las condiciones en el país (de origen) cambian. Me alegra que por fin se estén ciñendo a lo que dicta la ley: lo temporal es temporal», puntualizó el zar fronterizo con base en lo dicho por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

    La designación del TPS para los salvadoreños tiene previsto vencer este miércoles 9 de septiembre. Según la información citada de USCIS, tanto el programa como los beneficios asociados están programados para expirar en esa fecha.

    El fin de la protección dejaría a miles de beneficiarios sin el amparo contra la deportación que reciben mediante el programa y también afectaría las autorizaciones de empleo concedidas únicamente con base en el TPS.

    Se estima que unos 170,000 salvadoreños se encuentran actualmente amparados por este estatus migratorio en Estados Unidos, donde han permanecido bajo sucesivas extensiones de la protección.

    Pese a sus declaraciones sobre las condiciones de seguridad en El Salvador y el carácter temporal del programa, Homan evitó confirmar si la administración estadounidense permitirá que la protección expire o anunciará una nueva prórroga.

    «Si expira, la decisión queda en manos del secretario (de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin). Y si han decidido prorrogarlo, no estoy al tanto de ello», afirmó.

    La declaración mantiene abierta la incertidumbre sobre la situación migratoria de los beneficiarios salvadoreños ante la llegada del 9 de septiembre.

     

     

  • Militantes de Vamos piden anular suspensión de la diputada Claudia Ortiz

    Militantes de Vamos piden anular suspensión de la diputada Claudia Ortiz

    Un grupo de afiliados y militantes del partido Vamos pidió este martes a la dirigencia declarar nula y dejar sin efecto la suspensión de derechos impuesta contra la diputada Claudia Ortiz, quien enfrenta una demanda de expulsión y aspira a la Secretaría General de esa organización política con la planilla Avancemos.

    La petición fue dirigida a la Directiva Nacional y al Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de Vamos mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que expresaron su preocupación por el desarrollo del proceso electoral interno. La militancia solicitó restituir plenamente los derechos de participación de Ortiz y garantizar unas elecciones internas que consideren justas, transparentes y democráticas.

    Los afiliados también pidieron nombrar personas imparciales para integrar el Tribunal de Honor y completar sus cinco miembros de acuerdo con el artículo 58 de los estatutos del partido. Además, solicitaron convocar una asamblea para informar a la militancia sobre lo ocurrido y que, una vez constituido el nuevo Tribunal de Honor, sean evaluadas las decisiones adoptadas durante el proceso electoral interno.

    La declaración expresa respaldo a Ortiz y a los integrantes de la planilla Avancemos, al considerar que deben tener derecho a competir en igualdad de condiciones. Los militantes sostuvieron que no buscan privilegios para ningún sector, sino garantizar que los afiliados puedan escoger libremente a las próximas autoridades del partido.

    El comunicado concluye señalando que la democracia que Vamos promueve ante la ciudadanía debe practicarse primero dentro de la organización.

    Ortiz reaccionó este martes a su situación dentro del partido y escribió en su cuenta de X: “Yo no me fui de VAMOS. Tal vez pronto toque preguntarnos quién terminó dejando a quién afuera. Pero sobre todo, por qué hubo tanto miedo de dejar que la gente decidiera”.

    El Tribunal de Honor y Disciplina de Vamos suspendió los derechos partidarios de Ortiz mientras resuelve una demanda que solicita su expulsión.

    “He sido notificada de un proceso ante el Tribunal de Honor en el que se pide mi expulsión del partido y se me notifica la suspensión de mis derechos como afiliada, incluyendo ejercer como miembro del CEN (Comité Ejecutivo Nacional, la dirigencia del partido) y el derecho de participar en la elección interna”, informó Ortiz el pasado viernes 4 de septiembre.

    La medida impide temporalmente a la legisladora ejercer sus derechos como integrante de la dirigencia y participar en las elecciones internas convocadas para el 20 de septiembre.

    Ortiz ha señalado que «un grupito» tiene secuestrado al partido y cuestionó los criterios utilizados para seleccionar candidatos a diputados y alcaldes de cara a las elecciones de febrero de 2027. La próxima dirigencia sustituirá a la encabezada por la actual secretaria general, Cesia Rivas.

    La disputa interna también alcanzó a Pacífico Chávez, candidato a secretario de Organización dentro de la planilla de Ortiz, quien informó el sábado que fue denunciado ante el Tribunal de Honor. La situación ocurre a menos de dos semanas de las elecciones internas en las que la militancia deberá escoger a las nuevas autoridades de Vamos.

     

  • ONG piden a Canadá sancionar a Bukele y funcionarios salvadoreños

    ONG piden a Canadá sancionar a Bukele y funcionarios salvadoreños

    Las organizaciones Human Rights First (HRF) y Raoul Wallenberg Centre for Human Rights (RWCHR) recomendaron al Gobierno de Canadá imponer sanciones contra el presidente Nayib Bukele y tres funcionarios de su administración por las «graves violaciones de derechos humanos» que atribuyen a la aplicación del régimen de excepción en El Salvador.

    Las ONG también solicitaron medidas contra el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el viceministro de esa cartera, Osiris Luna Meza; y el ministro de Defensa, René Merino Monroy, además de señalar a «altos funcionarios militares y policiales».

    «La evidencia presentada por HRF y RWCHR al Gobierno canadiense detalla la participación de estos funcionarios en una campaña de tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso que ha afectado a decenas de miles de personas», indicaron en la misiva.

    Amanda Strayer, asesora jurídica principal para la rendición de cuentas en Human Rights First, sostuvo que «el régimen de Bukele ha perpetrado graves violaciones de derechos humanos a una escala no vista en El Salvador desde la guerra civil del país, y se necesita con urgencia justicia y rendición de cuentas para presionar al gobierno a poner fin a esta crisis».

    «Instamos al Gobierno canadiense a ejercer su liderazgo en favor de los derechos humanos e imponer sanciones de tipo Magnitsky a los funcionarios responsables de estos abusos generalizados y atroces», acotó.

    Las organizaciones fundamentaron su petición en la legislación canadiense que permite imponer restricciones financieras a personas consideradas responsables o cómplices de graves violaciones de derechos humanos.

    «Como arquitecto del régimen de excepción de El Salvador, el presidente Bukele es responsable de los abusos cometidos por funcionarios salvadoreños en la ejecución de su llamada ‘guerra contra las pandillas’ desde 2022», sostuvieron las organizaciones. HRF señaló que ya había presentado una recomendación similar al Gobierno de Estados Unidos en 2023.

    El régimen de excepción está vigente desde marzo de 2022 y suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones. La medida acumula más de 92,950 detenciones de personas señaladas por el Gobierno de pertenecer o colaborar con las pandillas y continuará al menos hasta el 27 de septiembre, después de su prórroga número 54.

    Las autoridades salvadoreñas defienden el régimen de excepción como una de las principales herramientas de su estrategia contra las pandillas.

     

     

  • Líderes religiosos piden a Trump extender el TPS para salvadoreños un día antes de su fin

    Líderes religiosos piden a Trump extender el TPS para salvadoreños un día antes de su fin

    Líderes y miembros de la Confraternidad de Entidades Pentecostales de las Américas (Cepa) pidieron este martes al Gobierno del presidente Donald Trump extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños, un día antes de que finalice el beneficio migratorio en Estados Unidos.

    Un centenar de líderes religiosos, representantes de unas 21,000 iglesias distribuidas en 36 estados, se reunió en Washington para respaldar a los más de 170,000 salvadoreños que perderán la protección a partir de este miércoles 9 de septiembre y quedarán expuestos a una eventual deportación.

    «Estamos sumamente preocupados por el estado emocional de nuestras comunidades salvadoreñas, porque mañana se cumple el término del TPS», dijo el presidente de la Cepa, Ángel Marcial, quien aseguró que todos son «compañeros de todos los perjudicados».

    Marcial advirtió que la terminación del TPS no afecta únicamente a sus beneficiarios, sino también a las familias que formaron durante los 25 años de vigencia del programa, incluidos miles de hijos nacidos en territorio estadounidense.

    «La comunidad salvadoreña tiene 150.000 niños ciudadanos de Estados Unidos. Estamos pidiendo que reconsideren parar el TPS, o que den más tiempo para que las familias se puedan preparar», indicó Marcial.

    El pastor salvadoreño William Rodríguez, quien llegó a Washington en representación de iglesias del sur de California, Nevada y Hawái, señaló que la pérdida del TPS también implica que sus beneficiarios perderán los permisos que les permiten trabajar legalmente en Estados Unidos. «Representa la posibilidad de ser deportados», alertó.

    Jacqueline Fuentes, hija del pastor Marco Fuentes, detenido por agentes migratorios en Indiana el pasado 17 de agosto, pidió la liberación de su padre y de otros inmigrantes arrestados para que puedan regresar con sus familias.

    «Estamos siendo afectados por las decisiones de detener (a inmigrantes) y separar familias. Somos personas trabajadoras. Aunque mi familia no tenía documentos legales, ha pagados sus impuestos y no están siendo una carga para este país», resaltó la joven ciudadana estadounidense.

    Los miembros de la Confraternidad también enviaron una carta a Trump y funcionarios de su Gobierno en la que destacaron el aporte económico de los salvadoreños protegidos por el programa. «los salvadoreños beneficiarios del TPS aportan aproximadamente 5.400 millones de dólares anuales a la economía de los EE.UU. y pagan cerca de 1.500 millones de dólares cada año en impuestos federales, estatales y locales», señala la misiva. Las cifras equivalen a $5,400 millones anuales en aportes económicos y cerca de $1,500 millones en impuestos.

    «Oramos para que consideren no solo lo que es legalmente permisible, sino también lo que es humano, compasivo y responde a los mejores intereses de nuestra nación», agrega la carta dirigida a la administración estadounidense. Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 con la promesa de ejecutar deportaciones masivas y endurecer las políticas migratorias de Estados Unidos.

    La administración republicana también terminó o impulsó el fin de las protecciones temporales para ciudadanos de otros países, entre ellos Haití, Venezuela y Afganistán.

    «Otra de las situaciones que nos preocupa mucho es la comunidad de nuestros hermanos haitianos que están sufriendo desesperadamente por esta crisis», manifestó Marcial durante la conferencia de prensa en Washington.

     

  • Más de 24,500 salvadoreños arrestados por ICE desde el inicio del gobierno de Trump

    Más de 24,500 salvadoreños arrestados por ICE desde el inicio del gobierno de Trump

    Un total de 24,548 arrestos de salvadoreños por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) reporta una publicación de la BBC que retoma datos hasta el 6 de agosto publicados por el Deportation Data Project.

    El Salvador es la quinta nacionalidad con más arrestos después de México, Guatemala, Honduras y Venezuela. Después de El Salvador, se ubican Nicaragua, Colombia, Ecuador, Cuba, Brasil, Perú, República Dominicana, India, China y Vietnam según las cifras, obtenidas por el Deportation Data Project en respuesta a una solicitud de la Ley de la libertad de la información de los Estados Unidos.

    La publicación de la BBC sostiene que el 57 % de las personas arrestadas por ICE son deportadas en menos de 60 días y que solo el 7 % son liberadas en el mismo tiempo.

    En el sitio deportationdata.org, que muestra datos de arrestos y detenciones del ICE se pueden obtener 22,811 registros de detenciones administrativas de personas de El Salvador desde el 20 de enero de 2025, fecha en que inició la administración Trump, hasta julio de 2026. La mayoría de los detenidos son hombres, 20,162.

    Los datos también muestran que estas detenciones de salvadoreños por el ICE han oscilando entre 4,017 en 2023, 4,263 en 2024, 13,395 en 2025 y 9,606 de enero a julio de 2026.

    Mensualmente las autoridades del ICE han detenido a un promedio de 1,300 salvadoreños cada mes desde mayo de 2025, la mayor cantidad se registró en julio de 2026, mes en el que se reportan 1,612 detenciones.

    La base de datos muestra un alza en las deportaciones respecto a años recientes, ya que en 2023 se registran 596 decisiones relacionadas a la deportación o expulsión, incluida la voluntaria, en 2024 se reporta una cifra similar, 595; pero en 2025 se reportan 2,177 y en lo que va de 2026, 1,708.

    Sin embargo, las cifras de los salvadoreños deportados de los Estados Unidos aún no superan las históricas cifras de salvadoreños deportados durante los años 2007 a 2010, y el año pico, 2014, cuando se deportaron 27,180 salvadoreños. Un gráfico a través de los años con cifras del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional, publicadas en sus informes anuales, muestra el comportamiento de las deportaciones de los salvadoreños. El ICE aún no publica el informe correspondiente a 2025.

     

    Los datos históricos manejados por la Dirección General de Migración de El Salvador concentran la mayor cantidad de deportaciones entre los años 2013 y 2019, periodo en el cual suman 261,741 salvadoreños deportados, registrando la mayor cantidad en 2019, con 37,348 salvadoreños recibidos, la gran mayoría de los Estados Unidos.

  • El Salvador entre 91 países candidatos para recibir asistencia de la Corporación Reto del Milenio en año fiscal 2027

    El Salvador entre 91 países candidatos para recibir asistencia de la Corporación Reto del Milenio en año fiscal 2027

    El Salvador está entre los 91 países que pueden ser evaluados por la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) para recibir asistencia durante el año fiscal 2027 en apoyo a programas que promuevan el crecimiento económico.

    La Corporación Reto del Milenio publicó un aviso de los países candidatos en el Registro Federal, el 3 de septiembre, ya que así se lo establece la ley del desafío del milenio promulgada en 2003. El anuncio es suscrito por el vicepresidente interino, consejero general y secretario corporativo, Brian Finkelstein.

    Además de El Salvador, en el listado de países candidatos se encuentra Guatemala, Honduras, Belice, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Jamaica y Haití.

    La Ley del desafío del milenio de 2003 establece que la MCC tomen medidas para seleccionar países con los que buscará suscribir un pacto, tomando en cuenta «compromiso demostrado de un país con i) la gobernanza justa y democrática, ii) la libertad económica y iii) las inversiones en su pueblo»; y «la oportunidad de reducir la pobreza y generar crecimiento económico en el país».

    Un país se considera candidato para 2027 si tiene un ingreso bruto per cápita no mayor a $8,105 para el año fiscal 2027 y que sea elegible bajo la ley de Estados Unidos.

    La MCC también publicó un listado de países que podrían ser candidatos pero que mantienen una prohibición de asistencia por disposiciones legales, como Afganistan, Corea del Norte, Irán, Nicaragua, entre otros.

    En 2021 El Salvador reprobó el indicador de control de la corrupción por cinco año consecutivos, además de otros indicadores como Estado de Derecho, acceso al crédito, política fiscal y clima para generar emprendimientos.

    La Corporación del Reto del Milenio respaldó en El Salvador dos compactos de ayuda, uno de $490.9 millones y otro de $277 millones. Para mantener el apoyo, cada año evalúa 20 indicadores con información proveída por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Freedom House y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El convenio con la MCC inició su implementación el 15 de enero de 2015 hasta el 9 de septiembre de 2020.

    Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos certificó a El Salvador, Guatemala y Honduras que cumplen con 10 condiciones relacionadas al combate a la corrupción y al narcotráfico, a la defensa del Estado de derecho y la protección de derechos de defensores de derechos humanos, en una certificación publicada el 6 de agosto de 2026 y firmada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, el 1 de julio de 2026.

    Países candidatos para recibir asistencia de la MCC en año fiscal 2027

    1. Argelia

    2. Angola

    3. Azerbaiyán

    4. Bangladesh

    5. Belice

    6. Benín

    7. Bhutan

    8. Bolivia

    9. Botswana

    10. Burundi

    11. Cabo Verde

    12. Cambodia

    13. Cameroon

    14. Central African Republic

    15. Colombia

    16. Comoros

    17. Congo, Democratic Republic of the

    18. Congo, Republic of the

    19. Côte d’Ivoire

    20. Djibouti

    21. Ecuador

    22. Egypt

    23. El Salvador

    24. Equatorial Guinea

    25. Eswatini

    26. Ethiopia

    27. Fiji

    28. Gabon

    29. Gambia, The

    30. Ghana

    31. Guatemala

    32. Guinea

    33. Guinea-Bissau [1]

    34. Haiti

    35. Honduras

    36. India

    37. Indonesia

    38. Iraq

    39. Jamaica

    40. Jordan

    41. Kenya

    42. Kiribati

    43. Kosovo

    44. Kyrgyz Republic

    45. Lao PDR

    46. Lebanon

    47. Lesotho

    48. Liberia

    49. Libya

    50. Madagascar [2]

    51. Malawi

    52. Mauritania

    53. Micronesia, Federated States of

    54. Moldova

    55. Mongolia

    56. Morocco

    57. Mozambique

    58. Namibia

    59. Nepal

    60. Nigeria

    61. Pakistan

    62. Papua New Guinea

    63. Paraguay

    64. Philippines

    65. Rwanda

    66. Samoa

    67. Sao Tome and Principe

    68. Senegal

    69. Sierra Leone

    70. Solomon Islands

    71. Somalia

    72. South Africa

    73. Sri Lanka

    74. Suriname

    75. Syria

    76. Tajikistan

    77. Tanzania

    78. Thailand

    79. Timor-Leste

    80. Togo

    81. Tonga

    82. Tunisia

    83. Turkmenistan

    84. Uganda

    85. Ukraine

    86. Uzbekistan

    87. Vanuatu

    88. Venezuela

    89. Vietnam

    90. Yemen

    91. Zambia

  • Marcela Villatoro cuestiona a candidato al CNJ por llegar a “alabar” al gobierno en entrevista

    Marcela Villatoro cuestiona a candidato al CNJ por llegar a “alabar” al gobierno en entrevista

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuestionó el lunes al abogado Edwin Orlando Ortega Pérez luego de que este mostrara respaldo al régimen de excepción y respaldara reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa en la entrevista que diputados le hacían como candidato a miembro del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

    «¿Qué pasa cuando se quiere cambiar la realidad cambiando por completo normas constitucionales. Porque, si bien es cierto, la Constitución no está escrita en piedra, tiene ciertas llaves para que no se pase por encima de ella», le dijo la diputada, luego de que el candidato señalara que deben «estar a la altura» al asegurar que «la realidad ha venido superando al derecho».

    Villatoro aseguró que los gobiernos cambian pero que «el derecho y la Constitución es algo que debe prevalecer ante cualquier cosa».

    No quiero sonar grosera pero que hay muchos candidatos que vienen a alabar al funcionamiento y la forma en que está al gobierno, supongo yo que porque creen que eso les va a dar puntos cuando sean electos. Yo creería que la principal característica debe ser la independencia». Marcela Villatoro, diputada de Arena.

    Villatoro le cuestionó su planteamiento de cambiar los textos jurídicos según la realidad al referirse a la Constitución de la República que en Estados Unidos no ha sufrido modificaciones.

    El candidato le respondió todo lo que había expresado no tiene ninguna finalidad de «congraciarse con ningún partido político» y que su afirmación, de que la delincuencia ha disminuido, es un hecho «corroborable».

    Lo que he dicho es lo que mi experiencia a lo largo de mis 50 años me ha podido brindar y tengo capacidad para interpretar la realidad de El Salvador, el pueblo salvadoreño es mi mejor testigo, mis estudiantes (…) Consultarles ¿de dónde vienes?, y la gente no quería decir de dónde llegaba… Cuando uno advierte ese tipo de cosas de estudiantes, lo hace reflexionar a uno. ¿Acaso estas personas no tienen derecho a vivir en paz?». Edwin Ortega, candidato al CNJ.

    En la entrevista, el candidato señaló que decidió participar en el proceso de elección del CNJ porque advirtió «que los espacios se empezaron a abrir para diferentes sectores, de nadie es un secreto que el país ha avanzado».

    Destacó la baja de la delincuencia en el país y que antes era frustrante que los delincuentes salían absueltos. «Ahora tenemos una realidad distinta, esta Asamblea Legislativa ha aprobado una serie de reformas, para mí, efectivas», indicó a los diputados.

    Agregó que lo que se había enseñado en las universidades quedó «obsoleto» luego de los cambios en el sistema penitenciario. «Podría constituir un modelo para Latinoamérica, que de hecho ya se está observando e implementando en otros países», indicó.

    «El sistema penitenciario actual sobre pasó todo lo que venía enseñándose, quedaron obsoletos todo lo que se venía enseñando en las universidades, la realidad ha venido superando al derecho y nosotros debemos estar a la altura». Edwin Ortega, candidato al CNJ.

    El candidato, dijo que busca convertir el CNJ en el «ente rector de la doctrina y jurisprudencia de El Salvador» y que sea el referente para todos los operadores de justicia. Ejemplificó que el CNJ puede investigar jurídicamente la reducción de la delincuencial para plasmarlo en textos jurídicos. «Teníamos la solución al frente, en nuestras propias manos y no lo habíamos logrado», observó.

  • Entrevistan a seis candidatos propuestos por la Facultad de Jurisprudencia de la UES: proponen uso de IA y mejorar selección de jueces

    Entrevistan a seis candidatos propuestos por la Facultad de Jurisprudencia de la UES: proponen uso de IA y mejorar selección de jueces

    La Comisión Política continuó este lunes las entrevistas a los 42 candidatos a miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) con las ternas propuestas para propietarios y suplentes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador (UES).

    Edwin Orlando Ortega Pérez, locutor, abogado y máster en derecho privado, originario de Cojutepeque. Trabajó en estaciones de Radio Corporación FM, fue colaborador judicial y secretario interno del tribunal de Cojutepeque, agente auxiliar de la Fiscalía General de la República y también ejerció su profesión en derecho penal y derecho de familia. Actualmente, es docente de la UES desde 2015.

    El candidato a consejero propietario, elogió el trabajo de la Asamblea Legislativa y destacó avances en seguridad de El Salvador.

    «Advertí que los espacios se empezaron a abrir para diferentes sectores, de nadie es un secreto que el país ha avanzado», expresó.

    Destacó la baja de la delincuencia en el país y que antes era frustrante que los delincuentes salían absueltos. «Ahora tenemos una realidad distinta, esta Asamblea Legislativa ha aprobado una serie de reformas, para mí, efectivas», indicó a los diputados.

    «La capacitación no es exclusiva para los jueces» sino «para todos los operadores de justicia», expresó, al proponer su eje de la «formación jurídica y el vínculo con la academia».

    Propuso la creación de la Dirección de Investigación Jurídica para crear propios textos jurídicos para formación y la implementación de la Inteligencia Artificial en la capacitación para detectar grupos que necesitan capacitación y en la selección de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. «La IA nos puede resolver en gran medida haciendo un estudio directo de si una persona cumple o no cumple con el perfil», señaló.

    Ante preguntas de los diputados, explicó que busca convertir el CNJ en el «ente rector de la doctrina y jurisprudencia de El Salvador» y que sea el referente para todos los operadores de justicia.

    Ejemplificó que el CNJ puede investigar jurídicamente la reducción de la delincuencial para plasmarlo en textos jurídicos. «Teníamos la solución al frente, en nuestras propias manos y no lo habíamos logrado», observó.

    Señaló que lo que se había enseñado en las universidades quedó «obsoleto» luego de los cambios en el sistema penitenciario. «Podría constituir un modelo para Latinoamérica, que de hecho ya se está observando e implementando en otros países», indicó.

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), le dijo que no quería ser grosera pero que «hay muchos candidatos que vienen a alabar porque supongo que eso les va a dar puntos». «Yo creería que la principal característica debe ser la independencia», le indicó.

    Villatoro le cuestionó su planteamiento de cambiar los textos jurídicos según la realidad al referirse a la Constitución de la República que en Estados Unidos no ha sufrido modificaciones.

    El candidato le respondió todo lo que he expresado no tiene ninguna finalidad de «congraciarme con ningún partido político». «¿Acaso estas personas no tienen derecho a vivir en paz?», preguntó, en referencia al régimen de excepción.

    El segundo candidato a consejero propietario propuesto por la UES, fue Luis Alonso Ramírez Menéndez, quien es actualmente consejal propietario del CNJ.

    Propuso recomendaciones para la modernización del lenguaje jurídico y el desarrollo de capacidades para los funcionarios judiciales.

    La diputada Alexia Rivas le preguntó cuál ha sido el principal cambio en el CNJ y qué compromiso asumiría «con la comunidad universitaria» y cuál considera un error que no debería cometer el CNJ.

    El candidato señaló cambios sustanciales dentro de la administración pública, como la implementación del sistema de gestión antisoborno, señaló que el CNJ fue la cuarta institución certificada. Subrayó que la ética y el compromiso institucional como condición de los funcionarios.

    El diputado Ernesto Castro, presidente de la Comisión, le preguntó sobre propuestas de candidatos del CNJ para implementar capacitación en Zoom y 50 % de manera presencial; y capacitaciones sobre leyes recientes.

    El consejero señaló que es «risible» ya que los candidatos «no están enterados de las actividades académicas que realiza el CNJ». Sostuvo que el CNJ tiene «un programa permanente» en coordinación con la Corte Suprema de Justicia en las sedes de San Miguel y Santa Ana. «La gente que ha venido aquí, o ha mentido, o no ha dicho lo que pasa realmente en la institución», señaló. Agregó que todas las jurisdicciones de todas las reformas constitucionales y legales del país.

    El tercer candidato a consejero propietario por la UES entrevistado fue José Humberto Morales, actual director de estudios de posgrado de la Facultad de Jurisprudencia de la UES, señaló que en el país no hay preparación para ser jueces y propuso un programa de formación inicial en la carrera judicial.

    Propuso un código de ética e incluirla en la evaluación judicial, y el uso responsable de la tecnología tomando en cuenta que puede haber riesgos y sesgos, y una vinculación más evidente entre el CNJ y los sectores de la sociedad. Mencionó que hay «desconexión» entre los funcionarios cuando son electos y la entidad o el sector que los ha postulado.

    También sugirió crear un foro académico y profesional sobre la justicia para dialogar sobre las problemáticas de la realidad jurídica para que el CNJ se alimente de esas reflexiones.

    La diputada Suecy Callejas le preguntó cuáles son las atribuciones del CNJ, a lo que le respondió seleccionar, evaluar y formar a los jueces. Callejas le preguntó cómo mejorar la evaluación y la capacitación.

    Callejas aseguró que aún hay jueces que todavía no aplican la ley y se guían por la sana crítica. Ejemplificó que hay jueces que «en etapa de sentencia quieren volver a escuchar el testimonio» de un menor de edad.

    Sugirió «formación en puesto de trabajo» para los jueces y una «formación dirigida».

    El diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), le preguntó si hay corrupción judicial. El candidato respondió que en algún momento puede interpretarse como corrupción el desconocimiento de ley, pero «ahora hay menos oportunidad para que se muestren actos de corrupción». «El prevaricato se ha producido por algún tipo de conocimiento de la legislación y en algún momento ha habido cierta laxatud», afirmó.

    Señaló que no ha conocido ningún caso ni relata por parte de las personas a las que ha asistido. «No quiero decir que no haya algún acto de parte de algún sujeto, pero no hay una práctica institucional de corrupción en el Órgano Judicial», expresó.

    Carballo mencionó que él conoció nombramientos que en su pueblo el nombramiento del juez lo hacía «el alcalde y el diputado, y en una ocasión fue el peluquero», y posteriormente se exigió que fueran «licenciados en leyes».

    Los diputados también entrevistaron a la terna a miembros propietarios suplentes del CNJ.

    Josué Rubén Rivas Baires, docente de la UES y quien tiene una oficina jurídica con derecho corporativo, presentó un plan con cinco ejes: selección por mérito, evaluación judicial enfocada en la mejora continua, capacitación vinculada a necesidades reales, implementación responsable de la Inteligencia Artificial.

    El diputado Carballo le preguntó hasta qué punto está afectando la mora judicial.

    Rivas Baires respondió que la afectación es grave, ejemplificó que un proceso de familia «de pronto» dura dos años y destacó la oralidad como mecanismo para acelerar los procesos. Agregó que en material civil y mercantil también tienen ese problema. La IA, dijo, puede ser utilizada para acelerar procesos.

    «¿Cree usted que esa carga va a disminuir en los años próximos ya que se bajó esta delincuencia que tanto trabajo le daba a la Policía, a los jueces, a las cárceles?», le preguntó Carballo.

    El candidato dijo que bajará cuando concluyan los procesos de crimen organizado pero señaló que la mora judicial también persiste en materia contencioso administrativo, civil-mercantil y familia.

    Elías Alexander Mejía Merlos, máster en derecho privado, propuso innovación curricular constante, capacitación de la docencia en el CNJ, transparencia y perfeccionamiento en la selección judicial, optimización de baremos y la creación del expediente único electrónico de los jueces.

    Sugirió aprovechar las tecnologías para el expediente único electrónico y las quejas de usuarios en los tribunales, para verificar si hay casos de jueces con constantes quejas. Mejía Merlos reveló que en él, como litigante, llevó un proceso de derecho de familia que tuvo que haber durado tres meses pero se resolvió casi cuando la menor ya era mayor de edad.

    La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, preguntó cómo se podría manejar la selección y de capacitación judicial luego de señalar que los jueces son el sector más desconectado de la población y que los jueces se «escuda la sana crítica» como la «potestad de hacer lo que les da la gana».

    «Deberían existir procesos de selección exhaustivos, psicológicos, no solo de conocimiento del derecho porque podés ser una persona conocedora del derecho pero cero empática con la gente, narcisista, entre otro montón de calidades que no te hacen la mejor persona para ser juez», afirmó la diputada Callejas. El candidato propuso revivir el diplomado de formación inicial de jueces.

    El diputado suplente del Partido de Concertación Nacional (PCN) preguntó sobre su propuesta ante la mora judicial o atrasos, por ejemplo, en casos de herencias. El candidato respondió que el uso de la Inteligencia Artificial utilizada de manera adecuada, dejando la valoración de la prueba al juez.

    Wilson Francisco Flores Zelada, originario de San Miguel, máster en derechos humanos y doctor en educación, propuso una reingeniería pedagógica de neuroeducación y desarrollo de talento humano, la transformación digital, uso responsable de IA, métricas objetivas de desempeño y baremos de solución para la equidad de género, y sobre la base de la detección y prevención de la corrupción, entre otras propuestas.

    La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, preguntó si el CNJ puede ejercer un control en el uso de la IA. Flores Zelada reiteró que la IA debe ser «un asistente, siempre verificando» la fuente de dónde viene la información. Remarcó la alucinación de la IA cuando esta no encuentra una respuesta. «La IA nunca va a reemplazar al ser humano», expresó.

    Castro preguntó qué aportes le podría dar al CNJ si es electo consejal suplente, el candidato propuso un programa de capacitación penal y procesal penal con cinco módulos, que incluya el procedimiento sumario para los jueces de paz, la competencia de los tribunales del crimen organizado y el uso de la IA.

    Para este martes 8 de septiembre, la Comisión Política continuará con las entrevistas a la terna elegida por las universidades privadas: Verónica Lisseth González Penado, William Rafael Rebollo Alvarado y César Edgardo Castaneda Espinoza, como propietarios; y María Francisca Leiva Rodríguez, Jazmín Estephani Franco Bermúdez y Manuel de Jesús Torres Gavidia, como suplentes.

  • Votan a favor de distribuir remanente de títulos valores para agromercados, condiciones carcelarias, atracción de visitantes e inversionistas y funcionamiento institucional 2026

    Votan a favor de distribuir remanente de títulos valores para agromercados, condiciones carcelarias, atracción de visitantes e inversionistas y funcionamiento institucional 2026

    Diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron este lunes el dictamen favorable que distribuye $97 millones de deuda obtenida por el gobierno a través de títulos valores entre varias instituciones del Estado.

    La subdirectora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Arce, afirmó hoy que los recursos servirán para «obligaciones prioritarias e ineludibles que deben ser atendidas durante el segundo semestre del presente año».

    «Se dispone a la fecha de un remanente de $97 millones que pueden ser utilizados para atender las necesidades ya mencionadas», explicó a los diputados.

    La funcionaria no hizo más detalles de los que están incluidos en la solicitud publicada la semana pasada, es decir, los fondos servirán para que algunas instituciones puedan funcionar el resto del año 2026 y también para condiciones carcelarias mínimas, agromercados, litigios, «territorialización de políticas públicas», eventos internacionales y acciones de promoción del país como destino turístico para atraer «visitantes e inversionistas».

    En Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) recibirá $37 millones para los “fortalecimiento de agromercados, y otros gastos de logística y operatividad institucional”

    Seguridad Pública y Justicia recibirá $30 millones para «garantizar una gestión eficiente en el proceso de rehabilitación de los privados de libertad, dándole cumplimiento a las condiciones mínimas de detenciones».

    Gobernación recibirá $9 millones para “fortalecimiento institucional a efecto de poder continuar articulando las diferentes niveles de gobierno y actores que contribuyen a la territorialización de las políticas públicas».

    La Fiscalía General de la República recibirá $2.7 millones para «litigios internacionales y gastos de funcionamiento institucional».

    La Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) recibirá $2 millones de la deuda para «acciones estratégicas de promoción del país como destino turístico competitivo para la atracción de visitantes e inversionistas».

    El Ministerio de Turismo recibirá de estos fondos provenientes de deuda $1 millón para el «desarrollo de eventos internacionales de alto impacto para el fortalecimiento sostenible del sector turístico».

    También recibirá $10 millones la Dirección de Integración para «servicios de transporte, alimentación, procesos formativos y entrega de becas del programa Florecimiento Salvadoreño”.

    Además, recibirán para «fortalecimiento institucional del último trimestre», «continuidad operativa» y «gastos de funcionamiento» del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

    Y el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) recibirá $1,189,835 «para cubrir el pago de emisión gratuita del DUI por primera vez», según Arce.

    Todos los fondos provienen de deuda emitida y colocada por Hacienda de autorizaciones de títulos valores por $344 millones el 11 de noviembre de 2025 y de $100 millones el 15 de abril de 2026. De ambas colocaciones quedaron saldos disponibles de $77 y $20 millones, respectivamente.