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La Corte de Cuentas de la República (CCR) habilitó un registro de servidores públicos, terceros y apoderados, quienes deben inscribirse en el Módulo de Notificación Electrónica (MNE) de la institución.

Según la CCR, el MNE les permitirá «optimizar los futuros procesos de comunicación institucional». El registro estará habilitado hasta el 28 de febrero.

El link es https://wlscap.ccr.gob.sv/ords/f?p=100:5 y fue habilitado desde este viernes 7 de febrero, informó la institución en su sitio web.

Con esto, la institución busca «tener una base de datos actualizada de los servidores públicos».

En ese sentido, la Corte también pide a toda la administración pública que envíen al correo consultasmne@cortedecuentas.gob.sv todas las bases de datos en Excel de exfuncionarios, exservidores o particulares «que reciban o hayan recibido fondos públicos».

La entidad fiscalizadora aclaró que «está recopilación de datos no significa que tengan procesos pendientes en el área de Auditoría» o en otras instancias de la Corte.

La junta directiva de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN), cuya ley está vigente desde mayo de 2023, aprobó en diciembre pasado un nuevo tarifario para el funcionamiento de las actividades comerciales de los establecimientos de la zona.

Estas tarifas iniciaron su vigencia el 21 de enero de 2025, ya que fueron publicadas en la edición del Diario Oficial del 13 de enero de 2025.

El catálogo incluye tarifas por servicio de la APLAN del trámite de licencia de funcionamiento, tarifas por licencias de funcionamiento para el desarrollo de la actividad o giro económico según el uso de suelo, y las tarifas por licencias o permisos complementarios que desarrolla un mismo establecimiento.

Las tarifas aprobadas difieren de las divulgadas por la alcaldía de San Salvador en la «Ordenanza reguladora para la emisión de la licencia para funcionamiento para actividades de servicios, comercio e industria en el municipio de San Salvador Centro«.

Estas son algunas de las tarifas aprobadas:

Servicios para trámite de licencia de funcionamiento

Trámite ordinario: $165.31

Trámite exprés: $330.62

Permiso temporal: $690

Asesoría técnica especializada para licencia de funcionamiento: $330.63

Visita técnica de verificación: $412.56

Licencia de funcionamiento para establecimiento

Hoteles, hostales, alquiler vacacional: de $806.65 a $949.

Restaurantes y comedores: de $806.65 a $949.

Establecimientos de comida rápida sin servicio a la mesa: $1,100 a $1,300.

Panadería, pastelería, chocolatería y cafetería: $420 a $550.

Heladerías: $420 a $550.

Restaurante bar, vinería: $2,268 a $2,520.

Cervecería, bar y venta de bebidas alcohólicas preparadas: $2,520.

Casinos: $14,680.

Discotecas, karaoke, salas de cine: $2,520.

Auditorio, teatros, anfiteatros: $800.

Billares, juegos electrónicos, salas de juego, maquinitas, gasolineras: $2,520.

Supermercados: $2,520.

Tienda de conveniencia y misceláneas: de $1,080 a $1,200.

Lavanderías, dry cleaning o tintorería: $420.

Peluquería, salas de belleza: $420.

Joyerías: $720 a $900.

Venta de bolsos y equipajes al detalle: $1,200.

Estudio de grabaciones de audio, video y estaciones de radio: $540 a $600.

Foto estudio y laboratorio de revelado: $378 a $420.

Asociaciones de servicios de promoción y desarrollo económico y social: $420 a $500.

Alquiler de servicios sanitarios: $700.

Despacho de oficinas, corporaciones privadas de profesionales técnicos y locales de servicios varios: $700.

Salas de venta: ferreterías, peletería, artículos importados, zapatos: $1,200.

Librerías: $378 a $420.

Jardín de niños: $420.

Escuelas de primero a tercer ciclo y bachillerato: $420.

Educación superior: $1,200.

Bibliotecas, casas de cultura, galerías y museos: $378 a $420.

Academias de arte, cultura y enseñanza técnica (idiomas, baile, canto, pintura, música, escultura), artesanías domiciliares o que no requieren de mayores instrumentos o equipos tecnológicos para su elaboración, confecciones de ropa, bordados y costuras: $420.

Piñatería y confitería: $420.

Hospital general, de especialidades: $1,200.

Consultorio médico y dental: $900.

Laboratorios de análisis clínicos, médicos y dentales: $1,080 a $1,200.

Clínica veterinaria: $600 a $700.

Gimnasios: $420 a $520.

Licencia para centro comercial: $2,520.

Permisos complementarios para actividades comerciales dentro del establecimiento

Permiso de restaurante bar: $1,260.

Licencia de venta envasada de bebidas alcohólicas, venta fraccionada, permiso para el consumo: $365.

Permiso para karaoke: $1,260.

Permiso interno de spa: $600.

Permiso interno de discoteca o música en vivo: $1,260.

Permiso de tienda de conveniencia: $600.

Permiso de cafetería o café y repostería: $275.

Permiso de restaurante: $474.50.

Auditorio: $600.

Permisos para actividades comerciales de centro terrazas, por metro cuadrado mensual: de $3.50 a $7.50.

El partido político Vamos expresó su preocupación por la falta de fiscalización a la conformación del registro electoral y del sistema informático del Tribunal Supremo Electoral (TSE) utilizado para las elecciones de 2024.

El partido asegura que aún no han tenido acceso a las auditorías de voto nacional y en el extranjero.

La directora de Vamos ante la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), Wendy Alfaro, aseveró este viernes que el Tribunal no le ha permitido a la Junta que pueda fiscalizar los sistemas informáticos que fallaron durante las elecciones pasadas, por lo que señala «un mal sabor» por estas situaciones.

Alfaro acusó a los exmagistrados de «dilatar» los procesos para tampoco permitirles un técnico informático que pueda verificar el sistema, que incluye el procesamiento de datos, procesamiento de resultados y resguardo de información.

«Expresamos nuestra preocupación ante diversas situaciones que generan inseguridad e incertidumbre jurídica… Como Junta de Vigilancia Electoral nosotros tenemos ausencia de vigilancia en el sistema informático».

Wendy Alfaro, directora de Vamos ante la JVE.

Asimismo, aseguró que no se ha permitido realizar la fiscalización correspondiente a la conformación del registro electoral, que sirve de base para la elaboración de los padrones para los comicios.

Tampoco han verificado los padrones ni la transmisión de actas.

Alfaro mencionó que considera un error en la ley, que la Junta de Vigilancia esté supeditada al Tribunal, institución que debe fiscalizar en todo momento.

La Junta está integrada por un director propietario y uno suplente de cada partido político legalmente inscrito.

Además, aseguró que no han recibido explicaciones de lo ocurrido en las elecciones presidenciales y legislativas, en las que hubo un fallo casi generalizado en el sistema de transmisión de actas, por lo que el Tribunal decidió abrir las urnas.

Tampoco han tenido acceso a las auditorías que realizó la empresa CGTS al voto nacional y al voto en el extranjero en las modalidades de voto electrónico presencial y remoto.

Según el índice de información reservada del TSE, las auditorías estarían reservadas por 7 años.

La Junta de Vigilancia Electoral es un organismo de fiscalización permanente reconocido por el Código Electoral.

Como parte de sus funciones debe verificar la conformación del Registro Electoral y la emisión y, entrega de los Documentos Únicos de Identidad (duis).

A solicitud del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio de Hacienda acordó el 8 de enero pasado que la Policía Nacional Civil (PNC) brinde los servicios de seguridad al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) por un monto de $6.5 millones.

El precio es superior a lo que el ISSS paga actualmente por los servicios de seguridad. El precio del servicio de la PNC ascendería a $6,569,183.06.

Según la orden de compra del 21 de octubre de 2022, para contratar los «Servicios de seguridad física para diferentes dependencias del ISSS a nivel institucional», el servicio por 12 meses de seguridad costó $3,321,309 ($3.3 millones), es decir, $3.2 millones menos.

Esta se encontraba a cargo de la empresa Seguridad de El Salvador y Limpieza (Segusal), S.A. de C.V. El contrato comprendía la seguridad de las zonas central, occidental y oriental.

Un contrato similar adquirido en marzo de 2020 costó $1,618,740 al ISSS. En este caso se adquirió a la empresa SIEDES, S.A. de C.V. el 31 de marzo de 2020 e incluía seguridad a instalaciones de la zona metropolitana y central.

Según el contrato, a los agentes de seguridad se les exigía un curso de capacitación impartido por la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) en asignaturas de procedimientos de agentes privados de seguridad y derechos humanos.

Los fondos serán depositados a la cuenta «Dirección General de Tesorería» del Fondo de Actividades Especiales, subcuenta «Venta de productos y prestación de servicios de la Policía Nacional Civil», a través de una cuenta corriente del Bancoagrícola de la PNC.

Se trató de una reforma al «Fondo de Actividades Especiales para la Venta de Productos y Servicios en la Policía Nacional Civil» creado en marzo de 1999.

Según Hacienda, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública consideró prestar servicios de seguridad especializada en instituciones públicas que lo requieran y destinar «agentes policiales encargados de brindar directamente ese servicio» a cambio de una cantidad.

El cambio se realizó a solicitud del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Es la primera institución, según la reforma al acuerdo, que se incluye como compradora del servicio de seguridad a la PNC.

Actualmente, el acuerdo original tiene precios por los siguientes servicios: reposición de placa personal por $13.56, reposición de carné al personal de la institución por $2.60, emisión y reposición de carné al personal que brinda servicios privados de seguridad, $2.60; emisión de solvencias, $3.50; traslado mediante grúa por kilómetro recorrido, $5; aparcamiento de vehículos decomisados, $1; certificación de documento de inspección de accidentes de tráfico, $1; y experticia de campo, por $5; y experticia formal de restauración de series, por $10.

Este fondo fue aprobado durante la administración del exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a solicitud de la PNC.

La diputada de oposición Marcela Villatoro aseguró que lamentaba que el tema migratorio no se abordara en la reunión que sostuvieron el secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, con el presidente Nayib Bukele, el pasado 3 de febrero en El Salvador.

“Con la venida de Marco Rubio, tuvo que abordarse el tema de la migración, ese debió ser el tema prioritario. Hay muchos salvadoreños que no tienen en orden sus papeles, este era el momento para luchar por ellos y pedir que se les diera una situación migratoria legal de forma permanente, incluso abogar por los tepesianos salvadoreños y buscar que ya queden de forma permanente… Fue una lástima haber desaprovechado esa oportunidad”, cuestionó la diputada Villatoro.

Sobre el ofrecimiento que hizo Bukele de recibir criminales extranjeros, Villatoro dijo que Estados Unidos debe revisar la legalidad de ello, pero que además consideró que El Salvador “no está en condiciones para ello”.

“No estamos en condiciones, apenas estamos saliendo del problema que hemos tenido con las pandillas, para venir a traer más criminales a nuestro país y reitero, yo hubiera priorizado luchar por los salvadoreños que están en el exterior y buscarles una situación legal permanente”, concluyó.

La reunión entre Rubio y Bukele dejó como fruto un memorando de cooperación nuclear, el ofrecimiento de parte de Bukele a Trump de recibir criminales que le envíe Estados Unidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), a cambio de una “tarifa” no revelada; y la promesa de que “muchas funciones” de USAID se mantendrán siempre y cuando se alineen con los intereses de Estados Unidos.

El presidente salvadoreño acusó en la red social X a «la gran mayoría de los periodistas y medios «independientes» de ser «parte de una operación mundial de lavado de dinero» para «impulsar» una «agenda globalista» con organizaciones no gubernamentales que, dijo, son financiadas bajo el mismo «esquema».

«Ya lo habíamos denunciado antes, pero ahora hay confirmación oficial, con nuevos nombres, cifras y documentos», escribió, junto con una publicación de la cuenta de @wikileaks en X.

Elon Musk, empresario que financió la campaña de Donald Trump y funcionario actual del gobierno estadounidense, retomó el tuit del presidente salvadoreño y escribió: «Verdad».

Según la cuenta @wikileaks, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) recaudó $472.6 millones a través de la agencia Internews Network (IN), trabajó con 4,291 estaciones de radio y televisión y publicaciones impresas, y capacitó a más de 9,000 periodistas cada año, y señala a Jeanne Bourgault de dirigir esta «operación», de quien dice lanzó un fondo de $10 millones de la Clinton Global Initiative (CGI).

En un hilo compartido en X, @wikileaks cita un video con la imagen de Bourgault cuando expuso sobre «Seguir el dinero para combatir la desinformación» en el Foro Económico Mundial. Señaló que Bourgault estaba «llamado a presionar a los anunciantes para presionar a los anunciantes a financiar «buenas noticias e información».

Desde el inicio del gobierno de Trump, Musk, designado para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), calificó la USAID de organización criminal y exhortó a eliminarla. La sede de USAID en Washington fue cerrada. Trump les llamó «lunáticos de izquierda radical». Sin embargo, un juez de distrito ordenó congelar la suspensión de los empleados de la USAID.

Trump ordenó una suspensión de 90 días a la ayuda canalizada a través de la USAID mientras realiza una revisión de los programas; Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que él es el director interino de la USAID y que esta agencia mantendrá «muchas funciones» entre estas la ayuda a la seguridad.

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se reunió con el vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Gilles Carbonnier, para «reafirmar el compromiso» del gobierno salvadoreño con la protección de los derechos humanos.

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En el encuentro, el vicepresidente no solo se comprometió con los derechos humanos sino con «la asistencia humanitaria» para fortalecer la cooperación. La reunión tuvo lugar en Ginebra, Suiza y también asistió el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán.

«El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo una reunión de alto nivel con el vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Ginebra, Suiza, para reafirmar el compromiso del país con la protección de los derechos humanos».
Vicepresidencia de la República.

Los dos funcionarios de gobierno pidieron a la Cruz Roja que apoye «la asistencia en comunidades vulnerables» y habrían hablado con el CICR de la «importancia del derecho internacional humanitario» en las «transformaciones sociales».

En sentido, Ulloa reconoció el trabajo de Cruz Roja en el país y mostró su «disposición» a seguir trabajando por los derechos humanos y la asistencia «a quienes más lo necesitan».

El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo @fulloa51 sostuvo una reunión de alto nivel con el Vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Ginebra, Suiza, para reafirmar el compromiso del país con la protección de los derechos humanos y la… pic.twitter.com/fGFfrBjHuR

— Vicepresidencia ESA (@VCpresidenciaSV) February 8, 2025

La Vicepresidencia aseguró que el gobierno «continuará consolidando su estrategia de seguridad» con «el apoyo de organizaciones humanitarias». El Socorro Jurídico reporta más de 360 fallecidas en centros penales salvadoreños.

En el marco de la oferta del presidente Nayib Bukele para que Estados Unidos envíe a sus criminales convictos hacia El Salvador para guardar prisión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el Socorro Jurídico pidió el viernes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que se reúna con organizaciones de sociedad civil para escuchar sus denuncias.

La directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, pidió al secretario de Estado, Marco Rubio, que «por favor, también escuche» a la sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos sobre sus denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos al interior de los centros penitenciarios salvadoreños.

Escobar aseguró que han documentado testimonios de reclusos liberados del centro penal de Izalco, en Sonsonate, que han relatado que «hay cadáveres enterrados en fosas clandestinas». «La gente muere todos los días» en las cárceles salvadoreñas afirmó Escobar durante una entrevista en Red Informativa Arpas.

«Yo le hago un llamado en este caso al jefe del Departamento de Estados Unidos, que por favor, también escuche a otros sectores de la sociedad comenzando por sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos, que nosotros hemos documentado la grave crisis humanitaria en estos otros centros penales de los que nadie habla».

Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico.

El Socorro Jurídico asegura que contabiliza al menos 366 reos muertos en los penales salvadoreños, de ellos, el 40 % pereció en la cárcel de Izalco.

«Ahí se han escrito las peores historias de horror y de terror», agregó Escobar, quien cree que «hay una fuerte» denuncia de que se pretendería «quemar centros penales (en El Salvador) para ocultar la prueba y la evidencia de estos tratos crueles».

Actualmente, Estados Unidos analiza si la oferta de Bukele para recluir a convictos de Estados Unidos en el CECOT es viable. De aceptar la propuesta del mandatario salvadoreño, el país norteamericano tendría que pagar una tarifa el gobierno.

Tienen reportes de posibles deportados

Ingrid Escobar también se refirió a las posibles deportaciones de salvadoreños bajo la nueva administración de Donald Trump en Estados Unidos, aunque la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, ha dicho que están recibiendo solo las deportaciones habituales y no masivas bajo el modelo Trump.

Escobar indicó durante la entrevista que tienen reportes de familiares de salvadoreños «que ya están capturados por Migración» para ser deportados hacia El Salvador. «Su único delito es no estar en sus documentos en regla», dijo. Además, criticó que faltó una negociación de Bukele con Rubio para brindar seguridad a los connacionales amparados al Estatus de Protección Temporal.

Esta semana, la vicecanciller, Adriana Mira, aseguró que han recibido solo los vuelos «ordinarios» o habituales con salvadoreños deportados, pero «no en esa deportación masiva anunciada en otros países».

Según los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante 2024 se deportaron a 15,284 salvadoreños. El tercer año con más deportaciones desde 2018.

Diputados de Nuevas Ideas presentaron el viernes por la noche ante el pleno de la Asamblea Legislativa la primera reforma a la Constitución de la República que aprobarían bajo el mecanismo rápido aprobado el 29 de abril de 2024 y ratificado el pasado 29 de enero de 2025.

«Derógase el Art. 210 de la Constitución», reza la reforma propuesta, en referencia al artículo que establece «la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia».

En su petición, los diputados calificaron de «contradictorio» que el Estado «deba reconocer o retribuirle al partido político o coalición la cuantía por votos obtenidos en determinado evento electoral», ya que «podría interpretarse que al final lo que busca el funcionario es obtener un beneficio económico de parte del Estado».

Esa primera solicitud de reforma constitucional pasó a estudio de la Comisión Política, que se reunirá el martes 11 de febrero.

El Estado programó $38 millones de financiamiento público para el financiamiento a los partidos políticos durante el año 2024; según los cálculos de la organización Acción Ciudadana, $27 millones serían para Nuevas Ideas, $2.7 millones para Arena, $2.5 millones para el FMLN, $1.2 millones para Gana.

De enero a junio de 2019, para las elecciones presidenciales, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) recibió un total de $7,167,994, Vamos recibió $109,005.75; el Partido Demócrata Cristiano (PDC), 43,149.75; y el Partido Social Demócrata recibió $71,328.69, según datos del Ministerio de Hacienda.

Reforma constitucional en una votación

Hasta enero pasado, una reforma constitucional en El Salvador exigía la votación de dos legislaturas diferentes, proceso que requería la intervención de dos conformaciones legislativas.

La sentencia de la Sala de lo Constitucional 33-2015 exigía que en todo proceso de reforma constitucional era necesario un «intervalo de tiempo adecuado para que la ciudadanía se informe de las alternativas en juego y de la exacta dimensión de la reforma constitucional sometida a su consideración», es decir, consideraba que la ciudadanía debía conocer la posición de los partidos políticos sobre las reformas constitucionales antes de la elección legislativa y no hasta después.

Sin embargo, el pasado 29 de enero, la Asamblea ratificó la primera votación de la reforma al artículo 248 de la Constitución que permitía, también, aprobar una reforma constitucional en una sola votación.

La oposición ha argumentado que la anulación de la deuda política es un pretexto para «trastocar la Constitución» de El Salvador.