Duicentros de El Salvador informó que sus 19 oficinas reactivarán sus labores este sábado 3 de enero a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde sin cerrar al mediodía.
La entidad permaneció cerrada desde el 23 de diciembre hasta el 2 de enero por motivo de las festividades decembrinas, aunque los duicentros de San Miguel, Soyapango, Santa Ana, Galerías y Cojutepeque atendieron algunos días de la semana navideña.
Sin embargo, las atenciones se reanudan este sábado normalmente. Los duicentros permanecen cerrados los días domingo y atienden habitualmente de lunes a sábado. El trámite del Documento Único de Identidad (DUI) tiene un costo de $10.31 a excepción de las emisiones por primera vez que son gratuitas.
Solo durante 2025, más de 96,000 jóvenes salvadoreños emitieron su DUI por primera vez según datos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) compartidos con Diario El Mundo. El 29 % de las emisiones fueron realizadas en San Salvador.
Los 19 duicentros habilitados son:
Plaza Mundo Soyapango sobre el bulevar del Ejercito 221-7605.
Galerías en el centro comercial Galerías 2223-3572.
Mejicanos sobre la 2a calle Poniente y pasaje San Juan 2555-1915.
Apopa sobre la carretera a Quezaltepeque 2216-9512.
Chalatenango en el barrio El Chile 2301-2457.
Lourdes Colón en el centro comercial Pasatiempo 2319-6497.
Santa Tecla en el centro comercial Arcocentro 2229-1485.
Sensuntepeque en la colonia Los Remedios 2382-2642.
Soyapango en el centro comercial La Placita 2227-4064.
Santa Ana en la 25 calle Poniente, entre la 18 avenida Sur y calle Internacional 2440-6301.
Sonsonate en barrio El Ángel frente a monumento del Ferrocarril 2451-6698.
Ahuachapán en barrio Las Flores, calle Gerardo Barrios2413-3315.
Cojutepeque en barrio El Centro, contiguo a panadería El Tabor 2372-6082.
Zacatecoluca enfrente del Banco Hipotecario en barrio El Centro 2334-3179.
San Vicente en la 9a avenida Sur en el barrio San Juan De Dios 2393-1466.
Usulután en Plaza Mundo 2624-4659.
San Miguel en centro comercial Garden Mall 2661-0609.
San Francisco Gotera en avenida Thomson Norte y calle José Simeón Callas 2654-2873.
«El nuevo fuero es ser ‘periodista’», manifestó el mandatario en la publicación de la red social, quien permanecerá bajo custodia policial en Sevilla, luego de que solicitara asilo político.
La orden de captura internacional fue emitida por los presuntos delitos de hurto informático y agrupaciones ilícitas.
«El fuero político está desprestigiado y carece de validez internacional, pero basta con autodenominarse periodista para obtener impunidad total, protegida por las ONGs, medios de comunicación, gobiernos y organismos internacionales», señaló Bukele.
El presidente salvadoreño relacionó la petición de asilo de Rosales a las autoridades españolas, a la búsqueda de impunidad debido a los delitos por los que se busca su detención.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) exigió este viernes que se detenga el hostigamiento contra el fotoperiodista, que ha sido «sometido a acoso policial, amenazas y un proceso judicial infundado».
El nuevo fuero es ser “periodista”.
El fuero político está desprestigiado y carece de validez internacional, pero basta con autodenominarse periodista para obtener impunidad total, protegida por las ONGs, medios de comunicación, gobiernos y organismos internacionales.
Los ciudadanos de 39 países considerados de alto riesgo tienen restricciones de viaje vigentes desde el 1 de enero de 2026 debido a una orden ejecutiva de la Casa Blanca que busca impedir el ingreso de extranjeros a Estados Unidos por considerar que se “carece de información suficiente para evaluar los riestos que plantean”.
Las restricciones son aplicables a nacionales que están fuera de los Estados Unidos sin una visa válida a partir del 1 de enero de 2026. Tanto las restricciones completas y parciales se aplican a inmigrantes y no inmigrantes.
Estados Unidos señala que muchos de los países restringidos “sufren de corrupción generalizada, documentos civiles y antecedentes penales fraudulentos o poco confiables”, así como sistemas de registro de nacimientos inexistentes, y algunas naciones se niegan a compartir ejemplos de pasaportes o datos de aplicación de la ley. También señalan que la “presencia terrorista, actividad criminal y extremista en varios países enumerados”.
El presidente estadounidense, Donald Trump, emitió dos proclamaciones, una el 4 de junio y otra el 16 de diciembre, para restringir la entrada a extranjeros de ciertos países.
Esta lista no incluye a El Salvador ni a países centroamericanos. Pero sí incluye a Cuba, Venezuela y Haití.
Las proclamaciones tienen excepciones como residentes permanentes legales, atletas, entrenadores, que viajen para la Copa del Mundo, Juegos Olímpicos o eventos deportivos, asilados, refugiados o por intereses nacionales de Estados Unidos.
Un memorándum del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), del 1 de enero de 2026, ordena a todo su personal suspender todas las solicitudes pendientes para los extranjeros de dichos países.
El 1 de enero de 2026, el personal de la USCIS recibió órdenes de suspender solicitudes a nacionales de países de riesgo.
Restricción total a estos países
Originalmente, la Proclamación 10949, emitida el 4 de junio de 2025, restringe completamente la entrada a nacionales de 12 países considerados de “alto riesgo”: Haití, Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, según la hoja informativa de la Casa Blanca del 16 de diciembre pasado, sobre la Proclamación 10998.
Haití fue incluido, según la proclamación del 4 de junio de 2024, porque Estados Unidos consideró que tenía una tasa de superación de la visa B-1/B-2 del 31.38 % y que “cientos de miles de extranjeros haitianos inundaron los Estados Unidos durante la Administración Biden”, lo que señaló que “perjudica a las comunidades estadounidenses al crear riesgos agudos de aumento de las tasas de estadías excesivas, el establecimiento de redes criminales y otras amenazas a la seguridad nacional”.
Además, consideró que Haití “carece de una autoridad central con suficiente disponibilidad y difusión de la información policial necesaria para garantizar que sus nacionales no socaven la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
La nueva proclamación 10998, del 16 de diciembre de 2025 y vigente desde el 1 de enero de 2026, agregó en este listado de restricciones completas a: Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria; personas que tienen documentos emitidos por la Autoridad Palestina; y a Laos y Sierra Leona, que tenían restricciones parciales.
Estados Unidos incluyó entre las restriciones completas a personas con documentos emitidos por la Autoridad Palestina, porque argumentó que “varios grupos terroristas designados por Estados Unidos operan activamente en Cisjordania o la Franja de Gaza y han asesinado a ciudadanos estadounidenses”, además de considerar un “control débil” en estas áreas.
Trump emitió una proclamación el 16 de diciembre, aumentando la lista a 39 países con restricciones de viaje.
Restricciones parciales
Para incluir en la suspensión parcial –que afecta a inmigrantes y no inmigrantes en visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J)– a Antigua y Barbuda, y Dominica, EE.UU. señala que “históricamente ha tenido la Ciudadanía por Inversión (CBI) sin residencia, un programa legal que permite a extranjeros obtener un pasaporte a cambio de inversiones.
La nueva proclamación 10998 continuó las restricciones parciales a nacionales de Cuba, Venezuela, Burundi y Togo vigentes desde junio de 2025 con la proclamación 10949.
Estados Unidos fundamentó la inclusión de Venezuela en que “carece de una autoridad central competente o cooperativa para la emisión de pasaportes o documentos civiles y no tiene medidas de detección y verificación apropiadas”, además de que “Venezuela se ha negado a aceptar a sus ciudadanos removibles” y tenía una tasa de estadía de exceso de visa B-1/B-2 del 9.83 %.
La inclusión de Cuba en las restricciones parciales, según la proclamación del 4 de junio, se fundamentó en que “Cuba es un Estado patrocinador del terrorismo” y que el gobierno de Cuba “no coopera ni comparte suficiente información policial con los Estados Unidos” y “se ha negado a aceptar sus nacionales removibles”, además de tasas de exceso de estadía de visas.
Tanto para Venezuela y Cuba, la medida suspende la entrada a los Estados Unidos a inmigrantes y no inmigrantes en visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J, y señala que los funcionarios consulares reducirán la validez de otras visas de no inmigrantes “en la medida permitida por la ley”.
En este listado de restricciones parciales, agregó restricciones parciales y limitaciones de entrada a 15 países adicionales: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabwe.
Excepciones
Según la Casa Blanca, la Proclamación incluye excepciones para cualquier residente permanente legal de los Estados Unidos, con dos nacionalidades si viaja con un pasaporte expedido por un país no designado, “cualquier extranjero que viaje con un visado de no inmigrante válido en las siguientes clasificaciones: A-1, A-2, C-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, OTAN-1, OTAN‐2, OTAN-3, OTAN-4, OTAN-5 o OTAN-6”.
También, se excluye de las medidas a: “cualquier atleta o miembro de un equipo atlético, incluidos los entrenadores, las personas que desempeñan un papel de apoyo necesario y los familiares inmediatos, que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante según lo determine el Secretario de Estado”.
Exceptúa también a “visados de inmigrante familiar inmediato (IR-1/CR-1, IR-2/CR-2, IR-5) con pruebas claras y convincentes de la identidad y la relación familiar (por ejemplo, ADN)”, adopciones, visas especiales de inmigrante afgano, para empleados del gobierno de los Estados Unidos o para minorías étnicas y religiosas que se enfrentan a la persecución en Irán.
También excluyen a personas que se considere que su viaje promueve el interés nacional crítico para Estados Unidos, como testigos.
El Órgano Legislativo programó un total de $46,935,407 de presupuesto para el año pasado, de los cuales ha devengado $31,710,250.97, según los datos más actualizados del Portal de Transparencia Fiscal que datan de octubre de 2025. Aunque aparecen comprometidos un poco más de los $31.7 millones: un total de $32,673,815.48.
La mayor parte del presupuesto de la Asamblea Legislativa es utilizada en pago de remuneraciones permanentes, eventuales y extraordinarias; así como en compra de bienes y servicios.
De los $36.7 millones programados para remuneraciones, ya se habían devengado $28.1 millones hasta octubre; y de los $5.7 millones programados para compra de bienes y servicios, ya se habían devengado $2.5 millones hasta octubre y comprometido $3.4 millones.
Sin embargo, de lo programado en inversiones en activos fijos, se habían programado $1.6 millones y devengado, $129,186.27. De estos $1.3 millones se destinaría a compra de bienes muebles.
Así mismo, de las transferencias a capital programadas, un total de $1,584,000, no aparece algo devengado. Las transferencias de capital corresponden al programa de becas “Dagoberto Gutiérrez”.
Programa de becas: el reporta de Hacienda en septiembre
Según el Ministerio de Hacienda, el programa de becas legislativas Dagoberto Gutiérrez 2024-2024 tenía una ejecución de $228,398 hasta septiembre, un 13.64 %, según el informe de programa de inversión pública 2025 emitido por la Dirección General de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda y publicado en el Portal de Transparencia Fiscal.
El informe, emitido en octubre, detalla cómo va la ejecución de la inversión pública que se programó en el presupuesto general del Estado de 2025, que está por cerrarse.
Según la programación de la inversión de becas de la Asamblea Legislativa, se debían ejecutar $132,000 mensuales, debiendo totalizar $1,584,000 al final del año. El Ministerio de Hacienda reporta “cero” devengado.
En 2024, Hacienda reportó en su Portal de Transparencia Fiscal que la Asamblea Legislativa comprometió los $792,000 programados para el programa de becas.
La Asamblea Legislativa aún no ha publicado la ejecución de su presupuesto de 2025. La ejecución más actualizada data de junio de 2025.
La abogada Cynthia Grande, que se especializa en procesos legales migratorios en los Estados Unidos, no cree que la política migratoria que tiene actualmente la administración Trump pueda ser necesariamente política.
“No pienso que es la política, pienso que la administración está viendo a quién puede deportar, quién es más fácil para deportar, no necesariamente tiene que ver con política”, dijo, en entrevista a Diario El Mundo.
Según Grande, las personas más fáciles de deportar son las personas que recién han entrado a los Estados Unidos, especialmente quienes tienen menos de cinco años de haber llegado a territorio estadounidense.
“El gobierno está tomando (en cuenta a quienes) tienen menos derechos (que a las) personas que tienen más años (de haber llegado)”, explicó.
Según la experiencia en los juzgados de inmigración, esta abogada consideró que las decisiones migratorias de los Estados Unidos no distinguen nacionalidades; advirtió que la mayoría de las personas que recién han ingresado a los Estados Unidos provienen de México, Centroamérica y Suramérica.
“No necesariamente son los acuerdos que uno tiene con los países, simplemente es el tiempo que ha estado en los Estados Unidos, ahí se determinan los derechos que uno tiene”, indicó.
El pasado 16 de diciembre, César Ríos, experto en migración, consideró que las deportaciones realizadas por el gobierno de los Estados Unidos “son selectivas y políticas”, ya que “tienen un listado de órdenes de deportación” clasificadas por países.
Ejemplificó que hubo mucha deportación de ciudadanos mexicanos a su país cuando el gobierno estadounidense estaba negociando aranceles con dicho país.
A la abogada se le preguntó si cree que los salvadoreños podrían sentirse más confiados por la relación que hay entre el gobierno de Nayib Bukele con el de Donald Trump, pero consideró que pesa más el tiempo que hayan estado los migrantes dentro de Estados Unidos que la política.
Seis son las faltas éticas que más han cometido los empleados públicos durante el 2025 según los datos del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG): una fue cometida 10 veces e implicó que trabajadores fueran multados.
El Tribunal de Ética indicó en una base de datos compartida vía acceso con Diario El Mundo que la falta ética más cometida durante este año fue la contenida en el artículo 6, literal e de la Ley de Ética Gubernamental (LEG) sobre realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo.
Las faltas a esta regla conllevaron a que el TEG impusiera 10 sanciones empleados públicos a quienes se le comprobó que cometieron estos actos sin contar con permisos de sus superiores para ausentarse del trabajo para realizar actividades privadas.
Otras cuatro sanciones fueron impuestas a empleados por no cumplir con el deber de utilizar los bienes, fondos o recursos y servicios contratados solo para los fines institucionales. Además, otras tres multas se emitieron para empleados que recibían más de un salario proveniente del presupuesto del Estado.
Dos multas más se impusieron por trabajadores que desempeñaban dos o más cargos en el sector público. Una multa más fue dictada por no excusarse e intervenir en la contratación de un familiar en su institución y una más por promover familiares o socios.
En total, el Tribunal impuso 21 multas que sumaron $18,133.13 hasta el 25 de noviembre de 2025. Hasta esa fecha, solo $6,017.50 había sido cancelado, por lo que, se mantenía pendiente de pago más de $12,000. Las multas iban desde los $273.75 hasta los $3,650.
Los empleados sancionados provienen de instituciones como:
Con la eliminación de los permisos de permanencia temporal en los Estados Unidos en un proceso de reunificación familiar, la abogada especializada en migración, Cynthia Grande, consideró que es importante que los salvadoreños o extranjeros en Estados Unidos den seguimiento al proceso de obtención de su residencia y, si no recibe una visa, regrese a su país para no complicar el proceso de solicitud y obtención de su residencia.
La abogada fue consultada por Diario El Mundo sobre las implicaciones del anuncio de Estados Unidos de cancelación de los programas de Permisos de Reunificación Familiar. Esto significa que, si bien no se eliminan la solicitudes de petición de familiares, se suprimen los permisos de permanencia temporal en territorio estadounidense mientras espera la residencia permanente.
El riesgo de quedarse, pese a no estar habilitado, es la acumulación de presencia ilegal en los Estados Unidos y un castigo que puede oscilar entre tres y 10 años, de no elegibilidad.
Lo que complica este cambio para personas que ya estaban en Estados Unidos es que, si se esperaba que le dieran la visa en un año y se han atrasado, y las visas no están disponibles, expira el tiempo que le dieron de parole, después acumula presencia ilegal. Ya cuando llegue un cierto punto, va a tener un castigo de tres o 10 años. Cynthia Grande, abogada de inmigración residente en Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el 12 de diciembre la cancelación de todos los programas de Permisos de Reunificación Familiar (FRP) para extranjeros de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, y sus familiares inmediatos.
Estos permisos permiten vías legales para que ciudadanos o residentes permanentes en los Estados Unidos reúnan a sus familiares cercanos como cónyuges, hijos, padres o hermanos a través de visas o programas especiales como el Parole, permitiendo un ingreso temporal adelantado mientras esperan una visa de inmigrante definitiva.
El proceso es que el patrocinador presenta una petición mediante el formulario I-130 de petición de familiar extranjero, que es el primer paso para abrir camino a que un pariente inmigre a Estados Unidos y obtenga su residencia permanente.
Este formulario I-130 no ha sido eliminado.
Lo que se ha eliminado es el permiso para que el familiar pueda permanecer en los Estados Unidos mientras espera la respuesta.
Según la publicación en USCIS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, si un extranjero tiene permiso de permanencia temporal y aún no ha expirado el 14 de enero de 2026, este permiso se cancelará en esa fecha a menos que tenga pendiente el formulario I-485, la solicitud para que los extranjeros que ya se encuentran en EE.UU. ajusten su estatus y obtengan una residencia permanente sin salir de EE.UU.
Si se le deniega el formulario I-485, el periodo de permiso se cancelará y el extranjero “debe salir de los Estados Unidos inmediamente”. Con ello, se revoca también la autorización de empleo basada en el permiso de permanencia temporal.
La abogada Cynthia Grande explicó que, por ejemplo, actualmente se están procesando aplicaciones de 2008 y, si una persona tenía una aplicación de 2009, se enviaba cartas de invitación a los familiares para que estos pudieran ingresar a los Estados Unidos con permiso o parole hasta que la visa estuviera disponible. “Le daban la oportunidad que personas entraran un poquito antes”, explicó.
Grande explicó que el proceso de petición continúa; sin embargo, la situación se complica para las personas que estaban con ese permiso de estadía adelantada en los Estados Unidos.
“Si se esperaba que le dieran la visa en un año y se han atrasado, y las visas no están disponibles, uno está acá, expira el tiempo que le dieron el parole, después acumula presencia ilegal”, advirtió.
Si acumula presencia ilegal, puede llegar al punto de tener “un castigo de tres o diez años”. “Si después quiere arreglar, se complica, porque a veces en esos casos, uno ya no es elegible”, alertó.
Por ello, la abogada explicó que, si el familiar del solicitante está en los Estados Unidos debe darle seguimiento al proceso de residencia para verificar que, si no están disponibles las visas respectivas, advertir a tiempo si debe regresar a su país para “no complicar el proceso para obtener la residencia” que está solicitando.
El 18 de noviembre de 2025, la Asamblea Legislativa decidió aprobar la disolución, liquidación y traslado de funciones del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) y del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam).
Ambos decretos establecen que cada una de las instituciones cuenta con un plazo de seis meses para su liquidación a partir de la entrada en vigencia de la ley, que inició el 29 de noviembre; es decir, ambas instituciones deberán ser disueltas a más tardar el 29 de mayo de 2026.
Las funciones de las instituciones disueltas serán asumidas por el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), en cuya directiva serán sumados dos representantes, uno por cada uno de ambos sectores.
Estas entidades deberán trasladar recursos, registros y expedientes de las personas con discapacidad y personas adultas mayores beneficiarias; y deberán indemnizar a sus empleados, ya que el INABVE “no tendrá obligación» de continuar con estos contratos laborales.
«Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la terminación de la relación laboral que se originen como consecuencia de la disolución del Conaipam, el Conaipd coordinará las acciones pertinentes a efecto de indemnizar a los servidores públicos conforme a ley. El INABVE no tendrá obligación de dar continuidad a las relaciones laborales, ni de cualquier otro compromiso de carácter colectivo en esa materia», establece cada uno de los decretos, sobre obligaciones laborales.
También, el Ministerio de Hacienda deberá realizar el traslado de las asignaciones presupuestarias de cada uno de los Consejos hacia el INABVE.
El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, aseguró recientemente que vendedores «no quieren entrar a los mercados» en referencia a los comerciantes de calle que están siendo desalojados de lugares no autorizados por agentes de Cuerpos de Agentes Metropolitanos (CAM) en el Centro Histórico de San Salvador y que han recibido amenazas de incendios y protestas.
El funcionario dijo que también han recibido amenazas de incendiar mercados y provocar más desorden.
«Hemos también recibido algún tipo de amenaza, han hablado por ahí de incendiar mercados, de hacer protestas, de generar desorden, de hacer acciones del pasado, y lo hemos estado identificado en las diferentes redes sociales, pero nada de esto nos amedrenta», expresó.
Según Durán, los comerciantes no son parte de los 14,000 puestos de mercado que ya hay en el centro de San Salvador; sino que «son vendedores que han llegado simplemente a causar desorden».
«Hay 14,000 puestos de mercado. Hay miles de vendedores, desde personas de mayor edad, jóvenes, familias, vendiendo en los mercados, en los diferentes puestos del Mercado Central, en La Tiendona, en San Jacinto, en todos los mercados de San Salvador». Mario Durán, alcalde de San Salvador.
Para la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, el problema tiene que ver con el derecho de las familias a «la rebusca» con ventas de temporada para la sobrevivencia económica durante fin de año y nuevo año.
Durán también compartió un video en el cual un comerciante sugiere indemnización a los comerciantes «por lo menos de unos $5,000». «Solo nos han sacado, quiero hablar por todos los comerciantes del Centro», dice el vendedor en un video mientras reclama que los agentes del CAM les dan «macana y gas pimienta».
«No son los vendedores que se fueron de ahí. No son los vendedores que todavía están en el centro con sus estructuras, que tienen 40 años que también están dentro del proceso con nosotros y que en algún momento van a movilizarse. No, son vendedores que han llegado simplemente a causar desorden, y que lo hacen en los espacios donde está muy claramente establecido que no se puede realizar este tipo de venta».
Según el alcalde, la comuna está «golpeando grupos de interés» al hacer su trabajo de ordenamiento en el Centro Histórico. «Vamos a continuar haciéndolo», subrayó.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que no es verdad que los vendedores están siendo manipulados políticamente como lo afirmó el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, y que es «bien evidente» que el gobierno busca manipular el discurso para poner a unos contra otros salvadoreños.
La diputada de oposición consideró que es verdad «que los espacios públicos deben ser para la familia salvadoreña», pero rechazó que sea verdad «que los vendedores estén siendo manipulados políticamente».
«¿Desde cuándo tener la necesidad de trabajar y de darle de comer a los hijos tres veces al día es tener una agenda política?», cuestionó en un video que compartió en X.
Ortiz planteó que todos los salvadoreños están de acuerdo en tener un Centro Histórico de San Salvador ordenado y que el reordenamiento sea justo, pero se refirió a la realidad económica de «la mayoría».
«Si bien es cierto, habemos algunos que podamos tener la posibilidad de ir al Centro Histórico, a pasarla bien, a pasar el tarjetazo, pero esa no es la realidad de la mayoría de personas», indicó.
Aseguró que tan salvadoreña es la familia que visita el Centro Histórico de San Salvador para disfrutar sus vacaciones y gastar su aguinaldo, como salvadoreña es la familia que «anda en la rebusca haciendo ventas de temporada para sobrevivir diciembre y quizás también enero».
Ortiz recordó que hace dos años propusieron ante la Asamblea Legislativa una Ley de vendedores ambulantes para regular y no prohibir el comercio en la calle.
«Para que a los vendedores se les den normas, lugares específicos, reglas de ornato y aseo, que se les dé un registro, que se prohíba el abuso de poder, el decomiso de mercadería perecedera», sugirió. Según la diputada, el Gobierno actual no está generando políticas para disminuir la pobreza y generar empleo. La legisladora señaló que hace «falta un equilibrio de poderes» e instó a los salvadoreños a no dejar que «las luces».
El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, ha asegurado que en el Centro Histórico de San Salvador hay «estructuras bien organizadas» de comerciantes que buscan regresar al caos o al desorden en la zona y anunció una investigación.
El lunes, agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) habrían lanzado gas pimienta a una decena de vendedores informales en las cercanías del parque Zurita. El alcalde indicó que los vendedores lanzaron objetos a los agentes del CAM.
