Categoría: Politica

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, fue calificado con una nota de 8.24 en escala de 0 al 10 en su séptimo año de gobierno y una aprobación del 87.8 %, de acuerdo con la encuesta presentada este miércoles por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca).

La nota del mandatario es nueve centésimas (0.09) mayor que la otorgada en 2025 pero menor a las asignadas en los cuatro años anteriores, que oscilaron entre 8.43 en 2022 y 8.7 en 2021.

La nota que otorgan los salvadoreños al gobierno en general es levemente menor, solo en tres décimas. Después de caer a 7.69 en 2020, el gobierno subió a una nota superior a 8 de 2021 a 2024 pero bajó a 7.85 en 2025 y se ha mantenido 7.92 en 2026.

La misma encuesta detalla que el 87.8 % considera que el desempeño de Bukele en su séptimo año de gestión es muy bueno (29 %) o bueno (58.8 %), y 12.2 % lo consideran regular, malo o muy malo.

Los diputados y los alcaldes del partido de gobierno, Nuevas Ideas, se colocan muy por debajo del mandatario en el periodo 2025-2026, segundo año de gestión de los funcionarios electos en 2024.

La Asamblea Legislativa tiene una nota de 6.34 y las alcaldías una nota de 5.10.

Un poco más de la cuarta parte (27.5 %) de los salvadoreños cree que los diputados representan a toda la población o a la gente que votó por ellos, el resto responde que representan a Bukele, a ellos mismos, a sus partidos o a los empresarios.

Además, el 68.6 % de los salvadoreños está poco o nada satisfecho con sus alcaldes.

De acuerdo con el estudio, el 65.3 % de la población respalda que las elecciones presidenciales de 2029 se adelantaran uniéndolas a las legislativas y municipales que tocan en febrero de 2027.

La encuesta fue realizada a 1,271 personas mediante entrevista personal en las viviendas de las personas encuestadas y un diseño muestral distribuida por departamento, sexo y grupos de edad bajo el principio de probabilidad proporcional al tamaño. Presenta un nivel de confianza del 95 % y un error muestral de 2.75 % hacia arriba o debajo de los resultados obtenidos.

La mayoría de salvadoreños ve la seguridad como principal logro del presidente Nayib Bukele en su séptimo año de gestión y la economía como principal problema del país, de acuerdo con la encuesta presentada este miércoles por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca).

El estudio volvió a encontrar que buena parte de los salvadoreños, un 77.4 %, sostiene que la seguridad o la paz y tranquilidad para movilizarse es lo mejor que está sucediendo en El Salvador, pero una proporción muy similar, el 70.7 %, señalan que el principal problema del país es económico.

Como problemas económicos mencionan la economía, el alto costo de la vida, la inflación, el desempleo y la pobreza. Una minoría señalan la delincuencia (2.2 %) y el mal servicio de salud (2.3 %) como las principales preocupaciones.

De hecho, la seguridad y el combate a las pandillas aún son vistos, por el 64.3 %, como el principal logro del gobierno de Nayib Bukele en el séptimo año de gestión, de junio de 2025 a junio de 2026.

En el séptimo año de gobierno, el régimen de excepción con el cual se han capturado 92,300 personas cumplió cuatro años en marzo de 2026.

Los principales fracasos mencionados por los un 27.9 % son la economía, alto costo de la vida y el desempleo. El encarcelamiento de personas inocentes y violaciones a derechos humanos, en dicho régimen de excepción, es visto como principal fracaso por el 2.8 %.

Así también, siete de cada diez salvadoreños cree que el régimen de excepción debe prorrogarse por más tiempo; y tres de cada diez creen que ya es necesario buscar otras medidas que podrían ser mejorar la investigación, mayor presencia policial y militar.

En la encuesta, las notas otorgadas tanto al gobierno como al presidente Nayib Bukele no mejoran ni empeoran sensiblemente, manteniéndose en un 7.92 y 8.24, respectivamente.

La Asamblea Legislativa con una nota de 6.34 en su segundo año 2025-2026 se coloca 1.9 puntos abajo del presidente Bukele; y las alcaldías, 3.14 puntos abajo del mandatario, reprobadas con una nota de 5.10.

Precisamente una de las decisiones electorales más importantes tomada antes de las elecciones 2027 fue adelantar los comicios presidenciales que tocaban en 2029 y unirlos a los legislativos y municipales que tocan en febrero de 2027. El estudio indagó la opinión sobre esta reforma constitucional y el 65.3 % manifestó su acuerdo, estando en desacuerdo solo el 23.9 % de la población.

Esta encuesta fue realizada a 1,271 personas mediante entrevista personal y un diseño muestral distribuido por departamento, sexo y grupos de edad bajo el principio de probabilidad proporcional al tamaño. Presenta un nivel de confianza del 95 % y un error muestral de 2.75 % hacia arriba o debajo de los resultados obtenidos. El estudio de opinión pública fue realizado del 15 al 26 de mayo de 2026 y fue presentado hoy en una conferencia de prensa.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene hasta este sábado 27 de junio para “definir” el sistema de votación remota por internet y el sistema de votación electrónica presencial, fecha que no fue modificada del calendario electoral de las votaciones de salvadoreños en el exterior.

«El sistema de votación remota por internet y el sistema de votación electrónica presencial deberán estar definidos por el Tribunal al menos ocho meses antes de las elecciones», reza el último inciso del artículo 14 de la Ley especial del sufragio en el extranjero.

De acuerdo a un especialista en el tema, la definición implica que el Tribunal debe saber cómo será todo el sistema de votación que se implementará, aunque no haya adjudicado su contratación.

Según fuentes electorales, al menos tres empresas estarían interesadas en la adjudicación del desarrollo e implementación del sistema de votación electrónica. El último día para realizar la contratación de la empresa fue corrido del 29 de mayo al 31 de agosto de 2026.

Por ley, el sistema de votación electrónica debe funcionar bajo dos modalidades: el voto remoto por internet y el voto electrónico presencial.

En la normativa, hay una definición básica que regula que el voto remoto por internet no requiere la presencia del elector, quien podrá decidir el equipo y el lugar donde emitirá el voto; y el voto electrónico presencial requiere su concurrencia a centros de votación definidos por el Tribunal.

Sin embargo, «los procedimientos» deben ser definidos por el órgano electoral.

En el sistema debe haber, siempre por ley, mecanismos de seguridad «ágiles, fáciles» en el momento de votación, como una prueba electrónica de vida u otra forma de autenticación de la identidad.

La normativa también ya exige que el voto remoto por internet solo podrá ser ejercido por los salvadoreños con Documento Único de Identidad (DUI) con domicilio en el extranjero; y que el voto electrónico presencial, por salvadoreños que voten con su pasaporte nacional.

El Plan General de Elecciones (Plagel) publicado por el TSE, sin embargo, no establece una definición del sistema de votación electrónica.

Este documento tiene dos páginas dedicadas al sistema de votación electrónica, en las cuales la institución se fija cuatro metas: realizar reuniones de coordinación y seguimiento para la sincronización de todas las actividades, coordinar la contratación de un tercero con experiencia y capacidad técnica informática, coordinar la contratación de «al menos una empresa auditora» y apoyar «la ejecución de un esquema de pruebas y simulacros del modelo tecnológico de votación electrónica».

También, reafirma que el TSE elaborará los términos técnicos de referencia para el proceso de contratación del tercero y menciona que habrá una contraparte técnica informática en el TSE.

La presidenta del TSE, Roxana Soriano, aseguró en mayo pasado que los términos de referencia fueron modificados para que el TSE decida sobre los lugares donde estarán los centros de votación, que se apruebe un arrendamiento de tres días, sobre la contratación de personal y el aumento de equipos.

A la fecha, el TSE no ha explicado cómo se realizará el sistema de votación electrónica a la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) o si se realizarán modificaciones al mismo respecto al aplicado en las elecciones generales de 2024.

El Salvador celebrará elecciones generales el 28 de febrero de 2027. Los salvadoreños en el exterior podrán ejercer su voto electrónico de forma remota o de forma presencial únicamente para la elección de presidente y vicepresidente de la República –ya que fueron adelantadas de 2029 a 2027–, y para diputados de la Asamblea Legislativa.

En las elecciones de 2024, en las cuales también hubo presidenciales, el voto electrónico tuvo un costo de $32,012,918.

El Ministerio de Relaciones Exteriores proyecta ampliar en el futuro a otras regiones del país un programa de cooperación internacional dirigido al fortalecimiento de la pesca artesanal, actualmente enfocado en tres zonas costeras de El Salvador, según explicaron funcionarios durante una sesión del martes de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.

La iniciativa forma parte de un acuerdo de cooperación para el desarrollo de las comunidades costeras y pesqueras, financiado por el Gobierno de Italia, que será ratificado este miércoles por la Asamblea Legislativa con el fin de aprobar exenciones, privilegios e inmunidades necesarias para la misión internacional que coopera con el proyecto.

La ejecución inicial del proyecto se concentrará en La Unión (La Unión), Puerto El Triunfo-Bahía de Jiquilisco (Usulután) y Barra de Santiago (Ahuachapán).

El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, de Sonsonate, preguntó cuáles fueros los criterios para seleccionar las zonas beneficiadas por el proyecto.

«Son dos preguntas. La primera es no sé si alguno de ustedes conozca los criterios por los cuales se escogieron estos sectores específicos que se mencionan en el proyecto, si existieron ciertas cualidades, yo escuché que fueron sectores pesqueros que estaban muy bien organizados, no sé si ese fue alguno de los requisitos. Esa es la primera, saber por qué se escogieron esos tres lugares. Y, la segunda, leyendo el documento, veo que existe la posibilidad de que pudiera darse una segunda fase u otras fases. Bajo ese criterio que se establece acá, si se ha contemplado poder ampliarse a otros lugares pesqueros, específicamente el caso del departamento de Sonsonate que yo represento, La Libertad, del diputado Alemán», preguntó el legislador.

Los criterios para seleccionar las zonas no fueron explicados, aunque prometieron que tomarán nota de agregar en el futuro a Sonsonate y La Libertad.

La directora ejecutiva de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla Majano de Palma, le respondió únicamente que la Agencia tiene una estrategia de cooperación internacional en tres áreas: bienestar social, reactivación económica y seguridad y gobierno efectivo. «En este proyecto toca las tres áreas», indicó.

«Del éxito que tengamos en este proyecto, podremos pedir una segunda fase y ¿por qué no decirlo?, poder incorporar los territorios que hoy nos mencionan. Tomamos nota de estos dos departamentos», indicó.

Por su parte, el jefe del Departamento de Negociaciones y Tratados de la Cancillería, Lisandro Landaverde, respondió que posteriormente podrían diseñarse nuevas estrategias para llevar la cooperación a otros sectores y territorios.

«Ya vieron la importancia, no es un monto nada…, es un monto bastante considerable, pero que eso va a beneficiar a la población y, como decía la directora, va a multiplicar pero por eso estamos solicitando la ratificación del documento», explicó.

Por el momento, serían beneficiadas 3,000 personas dedicadas a la pesca artesanal, organizadas en alrededor de 100 cooperativas, más el impacto indirecto en unas 15,000 personas, incluyendo familiares de pescadores y mujeres vinculadas a las actividades del sector pesquero.

El proyecto, denominado “Desarrollo de las comunidades costeras, fortalecimiento de la pesca artesanal, de la cadena productiva pesquera y de la gestión integrada y sostenible de las costas”, fue suscrito en marzo de 2026 entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) y el Instituto Agronómico Mediterráneo de Bari.

La cooperación cuenta con una inversión de $4.3 millones y tendrá una duración prevista de tres años. El acuerdo permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, con la posibilidad de extenderse por períodos adicionales de hasta un año.

Según Landaverde, El Salvador fue incorporado a un programa que originalmente estaba orientado a países de la región mediterránea, lo que calificó como una oportunidad poco común para la región latinoamericana.

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, del partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele, ocupa el cuarto lugar en un ranking de imagen de los alcaldes capitalinos de Latinoamérica según un estudio divulgado este martes por la consultora CB Global Data.

El ranking de alcaldes capitalinos es liderado por la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, con una imagen positiva del 58.9 %, y el último lugar es ocupado por el alcalde de Asunción, Luis Bello, con 20.1 % de aprobación.

El sondeo se realizó entre el 15 y el 19 de junio en 18 capitales latinoamericanas, con 18,221 encuestados, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de entre ±2.7 % y ±3.4 %.

Mario Durán aún no anuncia si buscará o no su reelección como alcalde de San Salvador Centro. Nuevas Ideas, el partido de gobierno realizará las elecciones de sus candidatos a alcaldes el próximo domingo 12 de julio. Para el 29 de julio, deben tener listos los 44 candidatos a alcaldes que participarán en las elecciones municipales del 28 de febrero de 2027.

En el segundo lugar se ubica Mayer Mizrachi, alcalde de Ciudad de Panamá, con un 52.5 % de imagen positiva y un 41.4 % de rechazo, tras mejorar 2.1 puntos porcentuales respecto al mes anterior, cuando registró un 50.4 % de apoyo.

El tercer lugar lo ocupa la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, con un 51.8 % de aprobación y un 45.5 % de imagen negativa.

En el cuarto lugar se ubica Mario Durán, de San Salvador, con un 49.3 % de imagen positiva y un 44.7 % de negativa, frente al 47.9 % del mes anterior.

Los siguientes lugares son ocupados por Jorge Macri, de Buenos Aires, con un 46.1 % de aprobación y un 49.4 % de rechazo; y Renzo Reggiardo, de Lima, con un 45 % de apoyo y un 45,5 % de imagen negativa, frente al 43,9 % previo.

En el séptimo lugar se ubica Carlos Fernando Galán, de Bogotá, con un 44.3 % de valoración positiva y un 52.6 % de negativa, por debajo del 45.2 % de mayo. Después aparecen Reyna Rueda, de Managua, con un 43.6 % de aprobación y un 52.2 % de rechazo, frente al 45.1 % anterior; Pabel Muñoz, de Quito, con un 39.5 % de apoyo y un 57.1 % de imagen negativa, frente al 41.6 % de mayo; y Diego Miranda, de San José, con un 39.3 % de positiva y un 55.6 % de negativa, por encima del 37.8 % del mes anterior.

Más abajo figuran los alcaldes de Santiago de Chile, Montevideo, Brasilia, Tegucigalpa; y en los últimos lugares están los alcaldes de Caracas, Ciudad de Guatemala, La Paz y Asunción.

El gobierno de El Salvador se unió este martes a una declaración conjunta impulsada por Estados Unidos y gobiernos suramericanos en la cual muestra preocupación por los efectos de los bloqueos en las carreteras y advierte “continuos esfuerzos para socavar y derrocar al legítimo y democráticamente elegido del presidente Rodrigo Paz”.

A la declaración, publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, también se unieron los gobiernos de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Ecuador, Guyana, Jamaica y Perú.

La declaración conjunta aseveró que “una minoría violenta” rechaza el diálogo y mantiene bloqueos que afectan la alimentación y atención médica de los ciudadanos, lo cual señalan ha provocado muertes de bolivianos al no recibir atención médica, y en las cuales policías han sido heridos por manifestantes.

“Instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional establecido como una herramienta fundamental de la democracia”, exhortaron.

El sábado, el presidente boliviano anunció un estado de excepción para liberar las carreteras de los bloqueos que ya llevaban más de 50 días de protestas.

El estado de excepción, según la estatal Agencia Boliviana de Información, restringe bloqueos de calles y carreteras, portación de armas, explosivos o sustancias inflamables durante las movilizaciones o concentraciones, transporte o uso de combustible en recipientes no autorizados en protestas o conflictos, prohíbe expresamente cualquier tipo de bloqueo que afecte el tránsito de personas, vehículos o abastecimiento de bienes esenciales.

En Bolivia, el Estado de excepción se puede extender hasta un máximo de 90 días. El gobierno de Bolivia informó que el debido proceso y la libertad de expresión están “plenamente vigentes” en este estado de excepción.

En octubre de 2025, Rodrigo Paz, de centro derecha, resultó electo presidente en segunda vuelta con el 54 % de los votos sobre el 45 % del izquierdista Jorge “Tuto” Quiroga del Movimiento al Socialismo (Mas) fundado por Evo Morales. Tomó posesión de la presidencia el 8 de noviembre de 2025.

La Comisión Especial Electoral (CEE) del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) pospuso para el domingo 26 de julio las elecciones internas para definir a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República, a 44 alcaldes y concejos municipales, y a 60 diputaciones de la Asamblea Legislativa.

La CEE del FMLN informó este martes la nueva fecha de las elecciones internas. Originalmente habían programado las elecciones internas para el domingo 12 de julio, mismo día en que se realizarán las elecciones de Nuevas Ideas y de Vamos, en oriente.

El organismo electoral del FMLN argumentó que el cambio obedece a “razones logísticas”.

“Hacemos una invitación a todas y todos nuestros afiliados a participar en los diferentes centros de votación distribuidos en los 14 departamentos y 44 municipios, y en línea con nuestra militancia en el exterior”, informó la Comisión.

Los partidos políticos tienen hasta el 29 de julio de 2026 para elegir a sus candidatos presidencial, vicepresidencial, a diputados y alcaldes.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, se reunió con su homólogo de Chile, subsecretario Patricio Torres, para conversar temas de agenda bilateral en ámbitos políticos, económicos y cooperación.

Mira aseguró que buscan profundizar los lazos y avanzar en la relación bilateral “cada vez más sólida, dinámica y orientada a generar beneficios concretos para nuestros pueblos”.

De acuerdo a la Cooperación Chilena para el Desarrollo (AGCID), el gobierno de Chile tiene 7 proyectos de cooperación con El Salvador y 13 becas.

Entre los siete programas de cooperación, están el fortalecimiento de capacidades y aptitudes técnicas del personal de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en geología, fortalecimiento institucional para la implementación y sostenibilidad de los servicios brindados por los Centros de Atención a Primera Infancia, mejorar las estrategias metodológicas socio deportivas para el fortalecimiento de capacidades institucionaes, transferencia metodológica para la implementaicón de mejoras en procesos operativos de programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social.

China también coopera con la atención, protección y reintegración de poblaciones en movilidad humana y en capacitación de profesionales de la salud para el uso de la Plataforma Piloto para el Registro Centroamericano de Quemaduras.

En el programa de becas, se disponen de 13 becas, 9 para mujeres y 4 para hombres.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa aprobó este martes el dictamen favorable para ratificar el acuerdo de cooperación para la pesca artesanal en El Salvador en el cual se garantiza la inmunidad al personal que ejecute el proyecto financiado por Italia.

El jefe del departamento de negociaciones y tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lisandro Landaverde, explicó que El Salvador se ve beneficiado como “uno de los pocos en Latinoamérica” porque el programa es exclusivo para países mediterráneos.

Con el proyecto, se aprueban privilegios e inmunidades porque “todo equipo que ingrese va a estar exentos de impuestos”, además de franquicia para cinco vehículos con placas de misión internacional.

El acuerdo consiste en una cooperación valorada en $4.3 millones. Se aplicará en el Puerto El Triunfo y la Bahía de Jiquilisco, Usulután; La Unión; y en la Barra de Santiago, Ahuachapán. La ejecución está programada para tres años y el acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 pero podrá prorrogarse por periodo de hasta un año.

Landaverde aseguró que, por el momento, solo cubrirá tres regiones de El Salvador. “Posteriormente se van a ir desarrollando nuevas estrategias para poder llevar la cooperación a otros sectores”, proyectó.

Serán beneficiados 3,000 pescadores organizados en 100 cooperativas de La Unión, Puerto El Triunfo-Bahía de Jiquilisco y Barra de Santiago; más 15,000 personas como beneficiarios indirectos o familias extendidas de los pescadores y mujeres activas en el sector pesquero.

El diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, preguntó cómo se garantiza que no se cometan actos de corrupción en el acuerdo. «Al ser un proyecto de cooperación internacional, se cumplen los estándares y criterios de la ESCO», indicó la directora de la ESCO, y que se deben presentar informes al comité directivo que se establece dentro del mismo acuerdo.

El acuerdo fue firmado el 11 de marzo de 2026 por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos y el Instituto Agronómico Mediterráneo de Bari (CIHEAM), con fondos de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, para el programa “Desarrollo de las comunidades costeras, fortalecimiento de la pesca artesanal, de la cadena productiva pesquera y de la gestión integrada y sostenible de las costas a través de la intervención en tres zonas pesqueras de El Salvador”.