Las órdenes de expulsión contra salvadoreños emitidas por jueces de inmigración aumentaron en un 12 % durante el mes de junio, un crecimiento por debajo del promedio de incremento que sufrieron en general las órdenes de expulsión del 30 %, de acuerdo con datos recolectados por TRAC, un proyecto de investigación de datos no partidista y sin fines de lucro fundado en 1989.
Los jueces migratorios en Estados Unidos emitieron 2,835 órdenes de expulsión contra salvadoreños en marzo, 2,890 en abril, 2,719 mayo y aumentó a 3,182 salvadoreños con órdenes de expulsión en junio.
En junio, los países con más cantidad de resoluciones de expulsiones en ese orden son: México (15,773) Venezuela (10,939), Honduras (9,686), Guatemala (8,340), Colombia (5,255), Ecuador (4,463), Nicaragua (4,365), El Salvador (3,182), Perú (2,167), entre otros.
La entidad advirtió que las órdenes de expulsión emitidas por jueces de inmigración en general han aumentado a un nivel de 50,000 mensuales durante los primeros meses de la administración de Donald Trump, que inició su segundo periodo el 20 de enero de 2025.
Desde junio de 2024 a junio de 2025, las órdenes judiciales de expulsión en los tribunales de inmigración oscilaron entre 20,000 y menos de 50,000. A partir de julio de 2025, las órdenes judiciales de expulsiones superaron los 50,000 y en marzo de 2026 superaron las 60,000; pero llegaron a 100,773 solo en el mes de junio de 2025.
Los países de migrantes con más aumento en órdenes de expulsión de sus connacionales fueron Haití, República Dominicana y Brasil. La mayoría de expulsiones son ordenadas por tribunales de Texas, Illinois y California.
En general, más del 70 % de las resoluciones judiciales de expulsiones son órdenes de remoción y en menor parte salidas voluntarias, actas terminadas y menos del 3 % se registran como alivios concedidos.
El secretario general del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, aseveró el lunes que los candidatos que presentará el partido político en las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes realizarán propuestas claras y que ningún militante podrá hablar sin orientación partidaria.
Flores, quien ha anunciado que dirigirá la campaña electoral del partido de izquierda, aseveró que los candidatos del FMLN realizarán propuestas “claras, no mentirosas” como poner satélites y que la militancia «debe ponerse al frente».
“Vamos a dar las orientaciones desde la dirección en su debido momento, aquí nadie se va a dar el lujo de andar hablando en nombre del partido sin orientación, y el que lo haga, pues, es una indisciplina, es acorde a estatuto que cada militante se prepare para la campaña”, afirmó el dirigente de izquierda, en su conferencia de prensa habitual transmitida por el canal del partido político.
Flores reiteró que no se postulará para ningún cargo público en las elecciones de 2027 y que se concentrará en dirigir la campaña del partido.
En julio pasado, Flores dijo que respetarán las propuestas del candidato presidencial, el médico sindicalista Rafael Aguirre. “Le dije al doctor, una vez sea el candidato, las plataformas, las propuestas, las vamos a respetar. Nosotros hacemos cumplir el estatuto, el FMLN pertenece al pueblo, ¿cómo vamos a tener la dicha de ponerle candados a la participación del pueblo?”, dijo.
El partido de izquierda realizará una Convención Nacional en septiembre en la cual ratificará a sus candidatos para la Presidencia, Vicepresidencia, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales que participarán en las elecciones del 28 de febrero de 2027.
El dirigente detalló ayer que han completado a los candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, incluidas las correspondientes a la circunscripción electoral de salvadoreños en el extranjero, advirtiendo que las seis fórmulas de candidatos a diputados propietarios con sus suplentes residen en diferentes países: Estados Unidos, Canadá, España, Perú, Suecia, Italia y El Salvador.
“Entendimos que nuestros compatriotas en el exterior eran los que debían representar a nuestros compatriotas en el exterior, pero vienen los manipuladores de la ley y comienzan a hacer sus decretos y resoluciones para su favor”, criticó a partidos, como Nuevas Ideas, que llevan candidaturas a diputados por el exterior pero que residen en El Salvador. El dirigente aseveró que, en el partido oficial, una diputada actual de San Salvador no podrá votar por ella misma, ya que la ley –de sufragio en el extranjero– requiere que los electores de esta circunscripción tengan su Documento Único de Identidad (DUI) con domicilio en el extranjero.
Sin embargo, Flores aseguró que estarán “alertas” de cualquier otra reforma electoral que pueda aprobar la Asamblea Legislativa. “De lo que pueda ocurrir en la Asamblea porque esa gente que no tiene carácter van a adaptar las leyes a su favor. Ojalá jueguen con las reglas claras”, aseveró.
Las elecciones generales en El Salvador se desarrollarán el 28 de febrero de 2027, fecha para el cual adelantaron las elecciones presidenciales de 2029 mediante una reforma constitucional del próximo gobernante para el periodo 2027-2033; además de 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 candidatos alcaldes y sus concejos municipales.
El diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas, cuestionó el lunes al presidente de la Corte de Cuentas de la República, Walter Sosa Funes, porque según su visión en la Cámara de Segunda Instancia que él preside «está el cuello de botella» de la institución.
El diputado argumentó que en dicha Cámara hay «una pésima producción» ya que de un total de 2,147 recursos, «solamente se han resuelto 48». «¿Por qué tenemos 2,099 recursos presentados a la Cámara que usted preside y no tenemos respuesta ante esos recursos… Ahí se traba, ahí está el cuello de botella en la Corte, nunca terminan siendo condenados», afirmó el legislador cian al titular de la Corte de Cuentas que busca ser reelecto en el cargo.
«¿Por qué me llama la atención?, es usted la persona, el presidente de la Cámara de Segunda Instancia, juntamente con sus colegas, donde está el cuello de botella actualmente», insistió Coto, quien en un inicio aseguró que la fiscalización ha mejorado pero que había un «modus operandi» de dos etapas.
Citando datos de la memoria de labores de 2025, Coto dijo que la Corte hizo 656 auditorías con más de 2,000 hallazgos por $26 millones en condenas pero solamente $471,000 «han sido cancelados como tal», un 1.80 %.
El diputado reclamó que una persona «se puede postular» para un cargo público en las elecciones porque «no hay una resolución firme» de los casos que se le siguen en la Corte de Cuentas, incluso «con otro partido político».
«No es que sea un cuello de botella, lo que sucede es que en primera instancia se tienen siete cámaras, en cada cámara hay dos jueces… Las siete cámaras remiten los expedientes a una única Cámara de Segunda Instancia», le respondió el presidente de la CCR.
«También sepamos que, cuando se interpone un recurso, es porque los casos son voluminosos o por la misma complejidad del mismo. Tenemos cerca de 2,000 casos en trámite, efectivamente hemos ratificado condenas, no es que solamente ahí lleguen a dormir el sueño de los justos», se defendió el funcionario.
Coto le preguntó cuántas resoluciones ha emitido la Cámara de Segunda Instancia durante su gestión como presidente de la CCR. Sosa le respondió que 48 de enero a julio de 2026; y 48 el año anterior.
La Cámara de Segunda Instancia es integrada por Walter Sosa y los magistrados Julio Bendek y José Flores, los tres fueron electos por Nuevas Ideas y buscan su reelección un tres años más.
Sosa y Bendek fueron entrevistados el lunes por la Comisión Política como parte del proceso de elección.
A Bendek, el diputado le preguntó cuál es la principal falencia en juicio de cuentas, a lo cual el funcionario respondió que los procesos «deben ser orales porque la modernización del Estado pasa por esas dinámicas inmediatas y poder tener una ley procedimental especial», lo que afirmó «ayudaría a acelerar mucho los procesos”.
El diputado Coto le preguntó al jefe de auditores gubernamentales, Sigfredo Alexis Ventura Bonilla, por qué hay mora judicial en la Cámara de Segunda Instancia.
Ventura Bonilla, también candidato a magistrado de la CCR, respondió: «Su origen es simple. Simplemente no quieren dar sentencia. Así, simplemente tienen el expediente y simplemente no los procesan y no hay sentencia. Entonces, eso es así de simple, verdad».
El diputado cian le preguntó si hay una razón.
«La razón pueden ser muchas, puede ser una, política, la otra puede ser algunas veces el presidente de esta Comisión ocupa esta palabra ‘por cherada’, o porque no quieren afectar intereses que también van más allá de lo personal», contestó.
El candidato le preguntó si eso es lo que él quería escuchar. «Usted presume, verdad», le dijo el legislador, a lo que el aspirante respondió afirmativamente.
El presidente de la Comisión Política, Ernesto Castro, aseguró que «delincuentes confesos quieren optar a cargos públicos» y «cuentan de manera misteriosa con finiquitos», sin mencionar candidatos específicos que podrían tener sus finiquitos para su postulación hacia las elecciones de 2027.
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistó a los primeros cinco aspirantes a la Corte de Cuentas de la República (CCR): el propio presidente de la CCR, el primer magistrado de la CCR, el actual presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), el jefe de equipo de auditores gubernamentales de la CCR y una auditora gubernamental.
Edgar Eliseo Alvarenga Funes, de 44 años, actual presidente del ISTA, licenciado en administración de empresas y de contaduría pública, y aseguró que desde el año 2013 fue auditor gubernamental y jefe de equipo en la Corte de Cuentas.
Durante la entrevista el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, señaló irregularidades en gestiones anteriores de la CCR y aseguró que «expresidentes que terminaron presos tenían su finiquito de la Corte de Cuentas», así como personas que cobraban o vendían «finiquitos, auditorías».
El candidato dijo que busca que «los cambios sean profundos» ante ese antecedente «negro, oscuro». «Si usted actuó bien, la Corte no debería observar», aseveró.
Según el aspirante, dentro de sus líneas están la modernización tecnológica; la fiscalización en la institución y comprobación de «rumores sobre la institución»; y el trabajo de la mano del área de Auditoría Forense y la Fiscalía General de la República.
Sostuvo que su ventaja es que él conoce cómo funciona el Ejecutivo. «Ningún dólar debe ser demasiado poco para no fiscalizarlo», afirmó.
El candidato aseguró que del año 2015 al 2025 hay una brecha del 64 % entre los hallazgos y las sentencias jurisdiccionales, algo que consideró «demasiado grande para que todo corresponda a que era inocente». «Acercar ese criterio técnico entre auditoría y juicio de cuentas considero que deja demasiados vacíos y personas inocentes», advirtió el candidato.
Walter Salvador Sosa Funes, actual presidente de la CCR desde el 7 de febrero de 2025 y que concluye su periodo el 27 de agosto de 2026. Fungió como jefe ad honorem de la Oficina Regional Paracentral del Ministerio de Trabajo, juez de paz y de juez de instrucción.
Sosa Funes hizo un resumen de la cantidad de acciones de control realizadas durante su gestión y dijo que su meta es auditar el año inmediato anterior: «Me encuentro con ministerios que su gestión fiscal 2020 estaba siendo auditada, eso no es posible», señaló. Prometió que al final de 2026 están auditando la gestión 2025.
En 2025, realizaron 93 auditorías financieras y 563 exámenes especiales; y que en 2026 buscan realizar 562 acciones de control, han ejecutado 152 auditorías, tienen 259 auditorías en ejecución y tienen 151 auditorías programadas. Agregó que llevan 2,200 servidores públicos capacitados.
“El resultado es tener a estas instituciones al día, porque lo que buscamos como Corte de Cuentas no es hacer auditorías reactivas, sino apoyarles a todas las instituciones, a todos aquellos que reciban fondos públicos, es importante que estas auditorías estén al día, porque les ayudamos a ordenarse, es importante que las auditorías no se hagan cinco años atrás como era la costumbre, como sucedió cuando yo asumí la presidencia de la CCR”, afirmó.
El funcionario reveló que la CCR no realizaba el plan de fiscalización de vehículos nacionales durante vacaciones desde el año 2021 e indicó que lo reanudaron durante su gestión.
Karla Gabriela Siliézar Liévano, la tercera entrevistada, una licenciada en contaduría pública con maestría en auditoría, de 32 años, actualmente se desempeña como auditora gubernamental en la Corte de Cuentas.
Aseguró que formó parte de las firmas de auditoría Deloitte y KPMG, y del programa de formación de capital humano del Ministerio de Hacienda.
Propuso una transformación digital y la creación de un repositorio inteligente con asesoría de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, como una herramienta de apoyo a los procesos de auditoría y juicios de cuentas, así como con alianzas con universidades y la Agencia de Ciberseguridad del Estado y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).
«La IA no va a sustituir el criterio profesional del auditor y del juez de cuentas, será una herramienta de apoyo para fortalecer y agilizar los procesos, un asistente IA para ética pública, denuncias, contrataciones, transparencias y antisoborno, para ello crear un chatbot web con menús rápidos e interactivos que orienten al usuario en sus primeras consultas», dijo.
La candidata propuso crear un juicio de cuentas digital, un uso mínimo de papel, la unificación de criterios de auditoría, y alianzas estratégicas con el Ministerio de Hacienda.
Julio Guillermo Bendek Panameño, primer magistrado de la CCR, antes fue segundo magistrado de agosto de 2020 a agosto de 2023. Fue procurador adjunto para la defensa de los derechos humanos, y asesor jurídico y jefe de contratos en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). También, laboró en Romero Pineda & Asociados.
El funcionario enfatizó en el control preventivo que realiza la Corte de Cuentas, «es la piedra angular», dijo.
«En el año 2021, donde se dio un cambio masivo de alcaldías, llegaron más de 200 alcaldes nuevo, se les capacitó a todas las alcaldías; en el año 2024, después de la transformación territorial, trabajamos para generar una transición a estas nuevas alcaldías… Todo eso en la medida de que los buenos funcionarios supiran cómo manejar las cosas», afirmó a los diputados.
El quinto entrevistado fue Sigfredo Alexis Ventura Bonilla, licenciado en contaduría pública y jefe de equipo de auditores gubernamentales de la CCR. Ventura Bonilla es licenciado en contaduría pública graduado de la Universidad de Nueva San Salvador.
Criticó que lo que había hecho el resto de candidatos era «una rendición de cuentas» y agregó que la auditoría y el juicio de cuentas es «un proceso muy delicado que no se puede dejar a la Inteligencia Artificial», dino una «herramienta que ayude a decidir que criterio tomar» para «hacer un mejor hallazgo o para hacer una mejor sentencia».
Enfatizó en que es necesario «reforzar el sistema de auditoría automatizado», «resolver la mora histórica» y «certificar a los auditores»; y sugirió evitar la caducidad resolviendo antes los procesos más antiguos.
La Comisión Política debe entrevistar a un total de 18 candidatos a la CCR, proceso que continuará el próximo lunes 17 de agosto.
El candidato a alcalde de San Miguel por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el neurocirujano graduado en Cuba, Alexis Aguilar Ponce, aseveró este lunes que tres partidos políticos le habían ofrecido participar en política.
“A mí me han buscado en política por muchos años. Son tres partidos que me estaban buscando en diferentes lugares. Diferentes partidos. Nunca me había decidido”, dijo en el programa “Las cosas como son”.
Según el aspirante, optó por el PDC porque le “inspira mucho” el diputado pedecista Reynaldo Carballo, a quien calificó como “buen amigo, como un padre” y de quien había escuchado que “daba becas a estudiantes”.
Durante el programa transmitido en la plataforma en YouTube, el candidato presentó un proyecto del cementerio en San Miguel, “Campo santo Las puertas al cielo” con 120,000 nichos y 250 parqueos. Reveló que ya tiene conversaciones con dos entidades bancarias y que ya tienen identificado el terreno municipal en donde se construiría. También, propuso becas.
El aspirante aseveró que «sería un honor» trabajar en conjunto con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El PDC es aliado de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa.
Aguilar Ponce, quien se graduó de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, contó que, cuando se graduó de bachillerato, el “Pelé Zapata” le prestó los 80 colones para matricularse, obtuvo una beca en la Universidad de El Salvador (UES) de San Miguel y posteriormente obtuvo una beca en Cuba.
En una ocasión, cuando estaba en 4º año de medicina, aseguró que lo enviaron a una cirugía de apéndice pero se equivocó de quirófano y entró a una cirugía de tumor cerebral. Fue como “amor a primera vista”, dijo. “Iba todo el tiempo a los quirófanos de neuro”, relató el médico y candidato municipal.
Según el ahora político, él y su esposa participaban en dar consultas médicas gratuitas, incluso en Honduras, ya que en oriente hay una cartera de pacientes de ese país y de Nicaragua.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ratificará en Convención Nacional a sus candidatos para la Presidencia, Vicepresidencia, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales que participarán en las elecciones del 28 de febrero de 2027.
El secretario general del partido, Manuel Flores, conocido como el Chino Flores, detalló este lunes que la Convención Nacional se desarrollará en septiembre. “Nos preparamos para la Convención Nacional para ratificar a todos y todas las candidatas”, anunció este lunes en conferencia de prensa.
“Hemos completado prácticamente las candidaturas a diputados tanto nacionales como en el exterior”, indicó.
Según Flores, los candidatos a diputados por la circunscripción de salvadoreños en el extranjero residen fuera del país.
“Entendimos que nuestros compatriotas en el exterior eran los que debían representar a nuestros compatriotas en el exterior, pero vienen los manipuladores de la ley y comienzan a hacer sus decretos y resoluciones para su favor”, criticó a partidos, como Nuevas Ideas, que llevan candidaturas a diputados por el exterior pero que residen en El Salvador.
Sin embargo, Flores aseguró que estarán “alertas” de cualquier otra reforma electoral que pueda aprobar la Asamblea Legislativa. “De lo que pueda ocurrir en la Asamblea porque esa gente que no tiene carácter van a adaptar las leyes a su favor. Ojalá jueguen con las reglas claras”, aseveró.
El dirigente aseveró que los candidatos del FMLN realizarán propuestas “claras, no mentirosas” como poner satélites.
En este tema, dijo que la militancia debe ponerse al frente.
“Vamos a dar las orientaciones desde la dirección en su debido momento, aquí nadie se va a dar el lujo de andar hablando en nombre del partido sin orientación, y el que lo haga, pues, es una indisciplina, es acorde a estatuto que cada militante se prepare para la campaña”, afirmó.
Antes de preparar la campaña, dijo, prepararán la Convención Nacional y la estrategia de la defensa del voto.
El FMLN participará en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales que se desarrollarán el 28 de febrero de 2027 en El Salvador, luego de que las presidenciales de 2029 fueran adelantadas a 2027 debido a una reforma que cambió los quinquenios por sexenios presidenciales.
El exdiputado Guillermo Gallegos, vicepresidente de organización de Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), aseveró que el partido Gana decidió no participar en las elecciones presidenciales con candidatos propios.
“Vamos a respaldar la candidatura del presidente Bukele”, anunció el vicepresidente de organización del partido, el exdiputado del partido que abanderó la candidatura presidencial de Nayib Bukele para su primer periodo de 2019 a 2024.
Gallegos aseguró que ya eligieron candidatos a diputados y alcaldes, aunque aseguró que esta semana publicarán los nombres de los candidatos. El partido aliado de Nuevas Ideas realizó elecciones internas hasta el 29 de julio según el exlegislador.
El dirigente reiteró que no participará en las elecciones de 2027 en ninguna candidatura. Gallegos perdió su curul en las elecciones legislativas de 2024.
El Salvador realizará elecciones municipales, legislativas y presidenciales el 28 de febrero de 2027.
Las presidenciales de 2029 se adelantaron hacia 2027 por reforma constitucional debido a que se extendió el periodo presidencial de cinco a seis años en una reforma a la Constitución que también habilitó la reelección presidencial indefinida para que el presidente Bukele pudiera postularse para su segunda reelección, ahora para el primer sexenio, el periodo 2027-2033.
El partido Vamos decidió no participar en las elecciones presidenciales porque consideran que hacerlo sería legitimar una reelección que aseveran sería inconstitucional. La Constitución salvadoreña prohibía la reelección presidencial continua.
Al menos nueve partidos políticos han decidido oficialmente participar en las elecciones del 28 de febrero de 2027, al menos tres en los tres tipos de elección, presidencial, legislativa y municipal, otros solo en legislativas y municipales; y uno, al parecer, solo en la presidencial y en algunas municipales.
Un décimo partido, Democracia Salvadoreña (DS), tiene pendiente la realización de una Asamblea General el 15 de agosto de 2026 para aprobar su participación en los comicios 2027.
En concreto, los partidos Nuevas Ideas, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena) han oficializado sus fórmulas presidenciales; mientras el Partido de Concertación Nacional (PCN) eligió en internas una fórmula presidencial pero no la ha oficializado; y Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) aseveró que presentará públicamente su fórmula presidencial.
Mientras, los partidos Vamos, Partido Demócrata Cristiano (PDC), Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) y Fuerza Solidaria (FS) participarán solo en las municipales y legislativas. Vamos lo hace por no legitimar una elección que considera inconstitucional; y el resto respaldaría la candidatura presidencial de Nayib Bukele.
Mientras, FPS solo ha dado a conocer dos candidatos a alcaldes: San Salvador Centro y San Salvador Este; pero su secretario general, Óscar Lemus, reveló el sábado que tiene fórmula presidencial y que la presentarán próximamente.
En El Salvador, la Ley de partidos políticos exige a los partidos definir sus candidatos a través de un proceso de elecciones con voto secreto e igualitario de sus afiliados inscritos en un padrón. Esta normativa también impone el requisito de participar en las elecciones para mantener su existencia.
El artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos indica que procede la cancelación de la inscripción de un partido político cuando no participe en dos elecciones consecutivas. El partido DS no participó en las elecciones de 2024.
Participación electoral de los partidos políticos de El Salvador en 2027 (hasta este 8 de agosto)
1. Nuevas Ideas. Participará en las elecciones presidenciales, municipales y legislativas. El partido oficial eligió a 60 candidatos a diputados, 44 candidatos a alcaldes municipales con sus respectivos concejos y a su fórmula presidencial de Nayib Bukele y Félix Ulloa.
2. Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Realizó elecciones internas el 26 de julio y eligió candidatos a presidente, alcaldes y diputados. Su fórmula presidencial está compuesta por Mayteé Iraheta y Verónica Henríquez.
3. Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El partido de izquierda participará en las elecciones presidenciales, municipales, y legislativas en todas las circunscripciones. Eligió a su fórmula presidencial compuesta por el doctor Rafael Aguirre y la enfermera Madaí Santos.
6. Partido Demócrata Cristiano (PDC). Este partido decidió no participar en elecciones presidenciales; sino en las elecciones para diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales. Aún no se conoce un listado íntegro de candidatos.
7. Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana). Este partido decidió no participar en elecciones presidenciales y respaldarán la candidatura presidencial de Nayib Bukele, confirmó el exdiputado Guillermo Gallegos, dirigente de Gana. Aseguró que durante los próximos días darán a conocer a todos sus candidatos municipales y legislativos. Janet González, alcaldesa de La Libertad Oeste por este partido, es candidata a la reelección.
8. El partido Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), dirigido por Óscar Lemus, convocó a elecciones internas los días 19 y 26 de julio. El 29 de julio anunció en redes al exalcalde Adán Perdomo como candidato a alcalde de San Salvador Este. Su candidato a alcalde por San Salvador Centro será Rodolfo Valladares, dio a conocer el sábado 8 de agosto. Lemus sostuvo que darán a conocer la fórmula presidencial en los próximos días.
9. Fuerza Solidaria (FS), partido dirigido por el exdiputado Rigoberto Soto, realizó las elecciones internas el 29 de julio, con un padrón de 700 personas. La FS anunció que no participará en las presidenciales.
Participará en elecciones de alcaldes, ya que en redes sociales ha divulgado algunos nombres de sus candidatos: Juan Pablo Herrera, de San Vicente Norte (iría en coalición con Gana); Mauricio Aguilar, de La Libertad Norte; Manuel Guerra, Usulután Norte; Mario Zúniga, La Unión Norte; Hugo Calidonio, Santa Ana Oeste; Coki Díaz, La Libertad Costa; Dilber Morales, Sonsonate Este; Jaime Andrade, La Libertad Centro; Daysi Jordan, La Libertad Sur. También en redes sociales maneja los siguientes candidatos a diputados: Mauricio Aguilar y Arturo Guerra, por La Libertad; y Krissia Magaña, Santa Ana.
10. Democracia Salvadoreña: este partido político convocó a una Asamblea Nacional ordinaria el sábado 15 de agosto, mediante la cual aprobarían participar en las elecciones de 2027 “para la elección de candidatos de elección popular para presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa e integrantes a concejos municipales”. Según la convocatoria, para las presidenciales, participarían “en la modalidad de alianzas o coaliciones con otros institutos políticos que se consideren convenientes”. La votación de la participación se realizaría hasta esa fecha.
Rafael Aguirre, candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), no está de acuerdo en la reelección presidencial pero cree que una eventual elección de Nayib Bukele en 2027 no sería inconstitucional porque ya se reformó la Constitución salvadoreña.
Aguirre, por otra parte, está de acuerdo con el régimen de excepción pero sugiere hacer un análisis para buscar una herramienta constitucional mejor o igual que mantenga presos a los pandilleros y delincuentes, y que dé pronta y debida justicia a las personas inocentes.
¿Qué opina de la reelección presidencial?
No estoy de acuerdo en la reelección presidencial, yo lo he planteado, porque se pudiera plantear el hecho de una Asamblea constituyente para hacer una nueva Constitución o replantearse este hecho, pues, pero eso sí, tendría ser altamente dialogada, no estamos hablando de días, sino de meses de trabajo, sino de meses de trabajo con todas las instituciones que deben ser tomadas en cuenta.
¿Cree que su candidatura está legitimando la reelección?
No, en absoluto, yo cumplo con todos los requisitos de ley, no he sido yo el que ha violentado la Constitución, no he sido yo el que ha modificado la Constitución para poder reelegirse permanentemente. Si de mí dependiera, pues, yo haría todo lo posible por revertir esos cambios porque no creo en la reelección indefinida, creo más bien en el proyecto de nación, creo más bien en un proyecto donde, independientemente de la persona que llegue a gobernar, pues, se mantenga el proyecto de nación, se mantenga la apuesta por mejorar los sistemas.
¿Cree que la reelección del presidente, de su contrincante, es inconstitucional?
Actualmente, ya no, actualmente ya se hicieron los ajustes constitucionales para que la reelección indefinida sea un hecho a nivel de país, pero la primera reelección que se tuvo, sí, eso definitivamente, para los expertos a nivel constitucional, sí, es un acto inconstitucional lo que se hizo.
¿Pero, si le gana a usted en 2027, no será inconstitucional?
Pensaría yo que no. Ahora, es que hay personas que han dicho se han adelantado las elecciones y, por tanto, eso no es legal, que se adelanten las elecciones, pero se están haciendo, ese es el punto al final. Constitucionalmente, fueran en esta o fueran en el 2029, yo cumplo con los criterios.
Ahora, bajo esta figura de adelanto que ha hecho la Asamblea Legislativa, pues, y se puede participar porque se está participando en toda esfera, Asamblea Legislativa, municipal y de presidente, pues, definitivamente, ¿por qué no participar? No le vemos nosotros ese obstáculo a pesar de que, es cierto, no es la forma legal o la costumbre que se tiene de respetar en ese sentido pero, si no lo hacemos en este momento, ¿en qué momento será?, porque de ahora en adelante todas las elecciones que vengan se van a declarar entonces inconstitucionales porque, si la elección tendría que ser en el 2029 y del 2029 la siguiente corría hasta el 2034, entonces, ya no vamos a tener ninguna elección constitucional ni legal, entonces. Obviamente tenemos que acceder al poder para poder transformar esta realidad y construir un nuevo Estado de derecho y una seguridad jurídica para la nación.
¿Está a favor o en contra del régimen de excepción?
Estoy a favor, estoy a favor del régimen de excepción, es que es una herramienta constitucional, no es algo sacado de la manga; que se ha sobreutilizado, pues, esas son situaciones que tenemos que analizar con los expertos y ver de qué manera proporcionarle a los presos inocentes la válvula de escape para que reciban pronta y cumplida justicia.
¿Cómo sacaría a las personas inocentes?
Nosotros no podemos. En primer lugar, aquellas personas que tienen carta de libertad otorgada por un juez, que no fueron vencidas en juicio, sino que demostraron su inocencia, esas personas tienen que salir inmediatamente. Todas aquellas personas que tienen carta de libertad tienen que salir inmediatamente.
En segundo lugar, no depende del Ejecutivo, depende del Legislativo y del Judicial, quiénes son las personas que sí son inocentes, se les tiene que probar su inocencia. Mejor dicho, según la Constitución se les tiene que probar su culpabilidad y no demostrar su inocencia, pero en este caso, bajo el régimen de excepción, se vuelve lo contrario, aquí tienen que mostrar su inocencia antes que la culpabilidad, así que, si las personas han logrado demostrar su inocencia, son las personas que tienen que salir libre.
¿Cómo diseñaría un plan desde la Presidencia para que las personas inocentes salgan de prisión y no que los pandilleros salgan?
Si del Ejecutivo dependiera, tiene que diseñarse una comisión especial que tiene que estar conformada por el poder judicial, legislativo y ejecutivo, en el ramo del Ministerio de la Justicia y el Ministerio de la Defensa.
Usted dice que está a favor del régimen de excepción, ¿está a favor de los tres derechos suspendidos actualmente? ¿O cambiaría alguno de los derechos suspendidos, de defensa, las 72 horas y la privacidad de las telecomunicaciones?
El régimen de excepción es una herramienta constitucional para establecer el orden público cuando ocurra alguna emergencia o caos público. De esa misma manera, también es necesario llevar el equilibrio o el análisis de hasta cuándo esta herramienta constitucional es necesaria aplicar. Ahora, ¿se puede mantener la misma sensación de seguridad al tener el régimen de excepción sin abolir estas garantías constitucionales? Pues, entonces, esa ya deja ser la herramienta régimen de excepción. El régimen de excepción hay que dejarlo tal cual está, lo que hay que buscar es qué herramienta constitucional yo tengo que sea igual o mejor de efectiva del régimen para mantener a los pandilleros y los delincuentes en la cárcel y poder darles pronta y debida justicia a las personas inocentes.
¿Está a favor de la cadena perpetua para los pandilleros?
Estoy a favor de la cadena perpetua para los delincuentes, esto incluye también a los corruptos. Es que el problema es que se está violentando la Constitución de la República, sabemos que hay condenas de 200 años, eso prácticamente es una cadena perpetua, ¿qué necesidad hay realmente de la cadena perpetua? Prácticamente se está haciendo un uso político partidario del tema ‘cadena perpetua’.
Por lo tanto, nosotros hemos dicho que tenemos que ser lo más técnicos y apegados a la ley. Ahora, ¿será realmente la cadena perpetua lo que nos va a garantizar seguridad permanente en el país?, yo creo que no, tenemos nosotros que analizar qué herramientas constitucionales tenemos en el Código Penal, Código Civil, en las diferentes plataformas legales que tenemos para garantizar seguridad permanente a la población.
Rafael Aguirre, candidato presidencial por el FMLN, es médico y secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss). / Y. M.
¿Cree que los expresidentes del FMLN cometieron actos de corrupción?
Realmente tendrían que evaluarse los juicios, yo no he seguido el juicio de ninguno de los dos, tampoco del expresidente Saca, del expresidente Flores y de los que vengan también, para poder establecer la legalidad o no de los juicios que han tenido.
Ahora, yo no permitiría partida secreta, porque se quitó con el nombre partida secreta pero se derivó a otro tipo de carteras del Estado pero eso lo que permite corrupción, aparte de eso el tener bajo reserva toda la información necesaria, yo por eso lo he dicho: si en el momento que nos dejen entrar a Casa Presidencial, la población así lo permite, lo primero que hay que hacer es levantar la reserva de todo este tipo de información, porque la gente tiene que saber qué pasó con el dinero pero también qué va a pasar con el que siga llegando.
De acuerdo a lo que ha visto en los medios de comunicación, ¿no está convencido de que el Frente haya cometido actos de corrupción cuando gobernó?
Claro, como todo gobierno, tanto los pasados como los presentes, sabemos que han cometido actos de corrupción, pero como suele suceder las personas que están involucradas en estos actos de corrupción hacen todas las medidas posibles para ocultarlo hasta que ya no están en el poder. Una vez dejan el poder, esto se puede saber. Realmente es importante saber la corrupción pasada pero también cómo evitar la corrupción futura y cómo evitar la corrupción que está pasando actualmente.
La abogada Cinthya Grande, quien labora en el área de migración en Los Ángeles, Estados Unidos, cree que la finalización del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador enfrenta a miles de salvadoreños a riesgos de detención y de deportación en los Estados Unidos.
“Muchas personas van a estar en riesgo de detención y de deportación, especialmente porque hay muchas personas que tienen TPS que ya tienen orden de deportación de hace años”, afirmó Grande, en una entrevista a Diario El Mundo.
Una de las mayores vulnerabilidades es la posible separación de las familias que tienen un familiar tepesiano y la fragilidad económica ante eventuales despidos.
“La familia en El Salvador depende de los ingresos de la persona, no van a tener permiso de trabajo, van a despedir a esas personas, porque no está vigente el permiso del trabajo”, indicó.
Cinthya Grande, abogada en temas migratorios. / Cortesía.
Según la abogada, si se guía por lo actuado con los demás programas migratorios temporales, es muy poco probable que el gobierno estadounidense lo prolongue para los salvadoreños o incluso que cree otro programa migratorio para prolongar su estadía en el país.
“No creo que vaya haber otro programa migratorio, pienso que tal vez hay una pequeña posibilidad de que puedan continuarlo, porque han cancelado todos los otros programas de TPS”, argumentó.
Señaló que hay países beneficiarios en donde gobierno no existe y las pandillas han tomado el control, a los cuales se les ha cancelado el programa.
El TPS para El Salvador, que beneficia a unos 170,000 salvadoreños, tiene como fecha de vencimiento 9 de septiembre de 2026. Los permisos de trabajo que vencían el 22 de julio fueron extendidos por un tribunal hasta el 5 de agosto, mientras resolvía una demanda contra la cancelación de los permisos; sin embargo, la resolución fue rechazar la demanda.
