Categoría: Politica

  • Bukele alcanza su máximo nivel de aprobación según Cid-Gallup, al cumplir cuarto año del régimen de excepción

    Bukele alcanza su máximo nivel de aprobación según Cid-Gallup, al cumplir cuarto año del régimen de excepción

    El presidente Nayib Bukele aseveró este miércoles que tiene un nivel del 94 % de aprobación desde el inicio del Gobierno, citando la encuesta de Cid Gallup que publicó minutos que el mandatario tiene el 94 % de aprobación en general y del 95 % en el trabajo realizado en seguridad o combate a la delincuencia.

    La encuesta divulgada por Cid-Gallup fue realizada entre el 15 y 21 de marzo de 2026, de una muestra de 1,200 adultos entrevistados por teléfono celular, con un margen de error de 2.8 puntos y un nivel de confianza del 95 %.

    El estudio también menciona que el 87 % aprueba el rumbo del país, que el 95 % aprueba el trabajo del gobierno en educación y que el 89 % siente orgullo del presidente. El informe publicado no incluye una evalución al régimen de excepción como tal.

    Otra encuesta de Cid-Gallup que fue publicada en diciembre de 2025 encontró que el 96 % de los entrevistados respondió que considera “mucho o algo” positivas las medidas de seguridad del Gobierno contra las pandillas en El Salvador. Según la presentación de ese entonces, se le preguntó a los salvadoreños la opinión sobre las medidas de seguridad desde la aplicación del régimen de excepción que inició el 27 de marzo de 2022.

    Por otra parte, en una encuesta realizada en mayo de 2025 por la Uca, los salvadoreños dieron una nota de 7.78 al régimen de excepción a su tercer año. Esta encuesta fue realizada por el Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) por el sexto año de gobierno de Nayib Bukele.

    Un 60 % afirmó que el régimen de excepción debía prolongarse por más tiempo y el 37.7 % aseguraba que era necesario buscar otras medidas diferentes.

    Luego de esta encuesta, la más reciente del Iudop-Uca fue la publicada en enero de 2026 y realizada en diciembre de 2025; aunque no evaluó el régimen de excepción, indicó que el 81.7 % cree que la delincuencia ha disminuido en el último año y que el 77.9 % no conoce a alguna persona detenida de forma injustificada. El 20.3 % dijo que conoce alguna persona detenida de forma injustificada.

    En este estudio, el 98.7 % de población declaró que no tuvo que cambiar de lugar de vivienda para protegerse de una amenaza o un hecho de violencia.

    En la más reciente encuesta de LPG Datos, el 91.9 % de los salvadoreños aprueban la gestión de Nayib Bukele tras seis años y medio en el poder principalmente porque ha mejorado la seguridad (33 %); esta encuesta señaló que el 70.3 % de los salvadoreños dicen que la seguridad es el mayor logro de Bukele.

     

  • El «lado oscuro» del régimen de excepción en El Salvador: las muertes de detenidos

    El «lado oscuro» del régimen de excepción en El Salvador: las muertes de detenidos

    En El Salvador, al menos 500 personas han muerto en diferentes cárceles del país bajo custodia de agentes del Estado, en el contexto de la implementación de un régimen de excepción que esta semana cumple cuatro años. El 90 % de los fallecidos no tenía perfil de pandilleros y la cifra real podría ser superior a 2,000, según la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

    Esta situación ha sido denunciada en diferentes organismos internacionales, lo que ha llevado al Gobierno salvadoreño a negar en repetidas ocasiones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las acusaciones de torturas y fallecidos en las prisiones del país.

    Víctimas de las pandillas y del Estado

    Miguel Ángel Vega sostiene una fotografía de uno de sus hijos mientras conversa con EFE en la intimidad de su casa, una vivienda de láminas y piso de tierra ubicada en la zona rural cantón Sisiguayo, en la oriental ciudad de Jiquilisco a unos 150 kilómetros de San Salvador.

    Su hijo menor, José Alfredo Vega González de 28 años, fue detenido el 17 de mayo de 2022 y la mañana del 4 de abril de 2025 falleció en un hospital, la causa: sepsis, una afección grave que se produce cuando el sistema inmunitario responde de manera extrema a una infección.

    José Alfredo guardaba prisión en el Centro Penal de Izalco, Sonsonate, donde según Socorro Jurídico se registran la mayoría de muertes de detenidos, y fue arrestado en la etapa «más dura» del régimen en la que se reportaban diariamente cientos de detenciones.

    Su padre cuenta que la Policía les «dijo que recibieron una llamada anónima» y luego se llevaron al joven, que tenía una niña de 7 años.

    El encargado de una funeraria les avisó que su hijo había muerto, comenta su madre, Martha González, quien supone que el joven se enfermó en prisión de insuficiencia renal porque «allí ni agua les dan» lo que, junto con la sepsis, causó su muerte.

    «No tenemos claro de qué murió. Hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos (…) Para mí fue muy duro, no es fácil perder un hijo», dijo la mujer.

    Miguel Ángel defiende la inocencia de su hijo y lamenta que salieron huyendo de su antiguo hogar por las pandillas y llegaron a Sisiguayo por la tranquilad, pero «la autoridad» le «mató a su hijo».

    Desde la detención, Miguel Ángel y Martha no volvieron a ver a su hijo menor. También su hijo mayor, Vidal Adalberto Vega González de 34 años, fue arrestado en el contexto del régimen de excepción y se encuentra en la Granja Penitencia de Quezaltepeque (este).

    «Tengo la esperanza y la fe que él salga. Él no está manchado (tatuado), no andaba en nada (malo), él era del trabajo a la casa», dice Martha con voz entrecortada y lágrimas en sus ojos.

    «No traía sus riñones, ni su corazón»

    Unos kilómetros más adelante de Sisiguayo, se ubica el cantón Tierra Blanca, también de Jiquilisco, donde vive Ana Cecilia Durán, una madre soltera cuyo hijo de 25 años fue detenido la noche del 19 de abril de 2022 y murió en un hospital de San Salvador. La noticia la recibió el 23 de noviembre de 2023.

    «Venía rajado y solo con unas puntadas (…) no traía sus riñones, ni su corazón», comenta y dice que a su hijo, Jonathan Inocente González Durán, «lo torturaron» en la delegación policial a la que fue llevado tras su detención.

    Cuenta que un joven -detenido el mismo día que Jonathan- le dijo que a su hijo los policías lo golpearon, «se paraban en él y le ponían el zapato en la cara, para que les dijera quienes eran los pandilleros de la zona».

    Jonathan, que deja en la orfandad a un niño de 7 años, se encontraba recluido en el Centro Penal La Esperanza -conocido como Mariona- en San Salvador. Murió por sangrado en tubo digestivo, le dijeron a su madre en el Instituto de Medicina Legal.

    «Fue difícil para mí porque ya no lo volví a ver desde el 19 abril de 2022», comenta Ana Cecilia, que dice que «el error» de su hijo fue «hacerle un favor» a la pandilla de la zona con la entrega de «un paquete», porque «lo habían amenazado» de hacerle daño a su hermano y hermana.

    Jonathan y José Alfredo eran jóvenes trabajadores, aseguran sus familiares, y ninguno recibió una sentencia antes de su muerte. A Miguel Ángel, Martha y Ana Cecilia ninguna institución del Estado les ha brindado explicación sobre las muertes de sus hijos o información sobre el proceso penal que enfrentaron los jóvenes.

  • Diputada de Vamos dice que aceptarían pena perpetua si no existiera riesgo para personas inocentes

    Diputada de Vamos dice que aceptarían pena perpetua si no existiera riesgo para personas inocentes

    La diputada suplente de Vamos, la abogada Cesia Rivas, rechazó la aprobación de la pena perpetua en El Salvador, cuestionando qué pasa cuando el sistema se equivoca y encarcela a personas inocentes.

    «Si en nuestro país no existiera el riesgo de que personas inocentes sin vínculos con pandillas sean capturadas, si no hubiera familias que hoy siguen luchando por probar la inocencia de sus seres queridos, si no existieran denuncias graves sobre abusos y detenciones sin pruebas… entonces, podríamos decir que sí, sin dudarlo. Pero esa no es la realidad», afirmó la diputada del partido de oposición.

    La Asamblea Legislativa aprobaría esta semana una reforma constitucional que levanta la prohibición de la cadena perpetua en el país no solo para pandilleros, sino también para homicidios, feminicidios y violaciones; además les da la posibilidad, incluso a pandilleros, de una revisión obligatoria de las penas después de 25 años o más de haber purgado la respectiva pena perpetua.

    La legisladora señaló que «ninguna persona de bien está a favor de crímenes cometidos por homicidas, pandilleros y violadores» y subrayó que deben «enfrentar todo el peso de la ley» por estos delitos, «Pero hay una pregunta que no podemos ignorar: ¿qué pasa cuando el sistema se equivoca?», insistió.

    Advirtió que hay encarceladas «personas inocentes que han sido detenidas, que han sufrido, y que incluso con orden de libertad siguen esperando salir». «Mientras eso siga pasando, no podemos hablar de justicia verdadera. Porque la justicia no solo se mide por castigar al culpable, sino por proteger al inocente», expresó.

    «Queremos un país seguro, sí. Pero también un país donde la ley no se equivoque con su propia gente. La seguridad de verdad no puede construirse sobre la injusticia. ¿Qué pasará cuando el margen de error sea usted?… ¿quién le asegura que eso no puede pasar, si ellos mismos han reconocido el margen de error», cuestionó.

    La legisladora además sostuvo que hay señalamientos de pacto con pandillas durante este gobierno y del traslado de un cabecilla de pandillas hacia Guatemala.

  • Cinco claves para entender los cuatro años de régimen de excepción en El Salvador

    Cinco claves para entender los cuatro años de régimen de excepción en El Salvador

    El Salvador cumple esta semana cuatros años bajo un régimen de excepción, una medida de seguridad contra las pandillas adoptado en marzo de 2022 por el Gobierno de Nayib Bukele tras la mayor escalada de asesinatos de la historia reciente salvadoreña, que cuenta con un amplio respaldo por la reducción «histórica» de homicidios, pero que es cuestionada por las miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.

    A continuación cinco claves para explicar su aplicación:

    1. ¿Por qué se aprobó y por qué se mantiene?

    El régimen fue aprobado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el gobernante partido Nuevas Ideas (NI), como medida extraordinaria tras un fin de semana con más de 80 homicidios.
    Esta crisis de asesinatos fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro.

    Bukele y su gabinete de Seguridad aseguran que el régimen de excepción ha permitido combatir a las maras, liberar territorios del dominio de estas organizaciones y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo, aunque El Salvador venía experimentando bajas sostenidas de los asesinatos desde 2016.

    Esta respuesta a la ola de homicidios granjeó a Bukele un gran apoyo popular y su reelección inmediata, a pesar de que la Constitución prohibía un segundo mandato consecutivo.

    2. En vigencia cuatro años

    A pesar de que el Gobierno de Bukele afirma haber desbaratado el funcionamiento de las pandillas con más de 91.300 detenciones de pandilleros o personas ligadas a estas bandas, el Congreso ha venido ampliando la medida extraordinaria sucesivamente hasta 48 veces a petición del Ejecutivo, por lo que analistas consideran que se ha convertido en un mecanismo de «control social».

    El régimen de excepción contempla tanto la suspensión de derechos como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa de los detenidos, y amplía la detención administrativa a 15 días.

    Además, se han reformado leyes para permitir la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandillas, entre otras acciones legales.

    3. Denuncias de violaciones y muertes en cárceles

    En el contexto de este régimen, las organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6.889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos, con detención arbitraria en el 98 % de los casos, siendo vinculados los agentes de la Policía al 75 % de los atropellos.

    Bukele ha admitido que en estas detenciones masivas, que han llevado al país a tener más de 107.000 presos en sus cárceles, se encuentran al menos 8.000 «inocentes», pero estos siguen atados a procesos penales a pesar de tener la libertad condicional.

    4. Apoyo de la población

    Cerca de un 85 % de la población apoya la continuidad de la medida, según lo han revelado diversas encuestas, y un poco más del 10 % no está a favor que el régimen de excepción siga.

    Además, el régimen de excepción ha llevado a que la aprobación de Bukele alcanzara al cierre de 2025 el 91,9 %, superior al 85,2 % registrado a mediados de ese año, de acuerdo con una encuesta de la Unidad de Investigación del medio La Prensa Gráfica (LPG Datos).

    Según la publicación, esta aprobación es «impulsada principalmente por la mejora en seguridad».

    5. Posibles crímenes de lesa humanidad

    Un informe divulgado recientemente señala que, en el marco de este régimen, se habrían cometido violaciones a derechos humanos que «podrían constituir crímenes de lesa humanidad».

    El documento, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas, fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).

    El presidente Bukele criticó dicho informe y, según dijo, en este «se exige que el Estado de El Salvador libere al 100 % de los pandilleros capturados desde el inicio del régimen de excepción», aunque en el informe no se llama a liberar a la totalidad de los detenidos, sino a «establecer mecanismos excepcionales para liberar a miles de personas detenidas sin pruebas».

  • Raúl Chamagua dice pena perpetua busca prevenir y que ciudadanos entiendan que también hay «penas extremas»

    Raúl Chamagua dice pena perpetua busca prevenir y que ciudadanos entiendan que también hay «penas extremas»

    El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, opinó que la reforma que establece la pena perpetua para los delitos de homicidios, feminicidios y violaciones busca prevención y advertir a los ciudadanos que para estos delitos existen penas extremas.

    «Estoy seguro de que la población va a entender estos esfuerzos, esto es para prevenir, es para que la persona, el ciudadano, entiendan, que ante un delito extremo como los que estamos estudiando existen también penas extremas», explicó la reforma en la Comisión Política de la Asamblea.

    Defendió que es responsabilidad de los diputados crear «un marco jurídico para garantizar continuar en esa ruta de transformación positiva» hacia el «respeto a la vida».

    El legislador oficialista exhortó a la población a entender «que esto es para el beneficio de las actuales y futuras generaciones»; «nuestro compromiso radica en que cada salvadoreño se sienta seguro en sus comunidades, en sus trabajos», aseguró.

    El diputado de Nuevas Ideas cuestionó la ausencia del partido Vamos. «Lastimosamente no vinieron, las razones las desconocemos, yo como ciudadano yo me cuestionaría por qué la diputada o esa fracción está en contra de algo tan bueno y positivo para el futuro de nuestro país», afirmó.

    Vamos votó en contra del acuerdo de reforma constitucional que levanta la prohibición de la cadena perpetua en el país para los delitos de homicidios, violaciones y terrorismo.

    «No es populismo punitivo»

    Chamagua también criticó a los organismos internacionales, «algunos de ellos llaman a esto como un populismo punitivo», «no es ningún populismo punitivo, la misma sociedad salvadoreña ha reconocido, respalda los esfuerzos en materia de seguridad que se están haciendo», indicó.

    Aseguró que incluso hay encuestas y en las elecciones han tenido respaldo. «Es así de simple, que a ellos no les guste, pues eso no es problema nuestro», indicó.

    «Lo que nosotros estamos haciendo no es para un beneficio personal, no es para un grupúsculo, sino que es para el beneficio de las mayorías», aseveró.

    La Asamblea Legislativa ratificaría en la sesión plenaria de mañana jueves la reforma constitucional que establece la pena perpetua para los delitos de violaciones, homicidios y feminicidios; y también para el delito de pertenencia a organizaciones terroristas; y una reforma al Código Penal que permite que los condenados a la misma tengan una revisión obligatoria de sus penas luego de cierto tiempo de estar presos.

    Para los menores de edad, la pena perpetua se revisará luego de 25 años presos, para los adultos después de 30 años si solo fueron condenados por un delito, 35 años si tienen dos delitos o más, y 40 años si hay agravantes.

  • Francisco Lira dice apoya pena perpetua pero que gobierno busca desviar la atención: «Nada cambia»

    Francisco Lira dice apoya pena perpetua pero que gobierno busca desviar la atención: «Nada cambia»

    El diputado Francisco Lira, del partido opositor Arena, aseguró que está a favor de la pena perpetua pero cree que la reforma constitucional que la instaura es una estrategia del gobierno para «desviar la atención de lo que es realmente importante en el día a día de los salvadoreños».

    «Yo, como la gran mayoría, estoy a favor de la cadena perpetua… Pero el problema de fondo es otro: el gobierno está usando ese sentimiento —y sobre todo, el miedo— como una herramienta para montar una acción propagandística y desviar la atención», aseguró en X.

    Arena dio sus dos votos al acuerdo de reforma constitucional que levanta la prohibición de la cadena perpetua en el país para los delitos de homicidios, violaciones y terrorismo.

    Según Lira, el gobierno busca «evitar rendir cuentas» sobre los informes que señalan vulneraciones a derechos de personas inocentes, el debilitamiento de la democracia y las libertades en nuestro país, en referencia al informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde se sostiene que en el régimen de excepción se han cometido delitos de lesa humanidad.

    «Le están mintiendo descaradamente a la gente al aprovecharse de ese deseo de justicia y el miedo, sin reformar de fondo el sistema judicial», indicó.

    Según el diputado, ya existía una pena de por vida en el país. «Ya alcanzaban hasta 60 años antes de esta reforma y en algunos casos se han acumulado penas, que suman hasta más de 200 años, por lo que lógicamente esto ya representaba una pena de por vida», sostuvo.

    El legislador señaló que el fiscal general y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se contradicen «porque resulta que nos dicen que las penas estarán sujetas a revisiones periódicas».

    «Es decir, en la práctica, nada cambia, más allá de la percepción que quieren instalar de que se está fortaleciendo la justicia», advirtió.

    La reforma al Código Penal que acompaña la reforma constitucional de la pena de muerte establece que los condenados a la misma tendrán una revisión obligatoria de sus penas luego de cierto tiempo de estar presos.

    Para los menores de edad, la pena perpetua se revisará luego de 25 años presos, para los adultos después de 30 años si solo fueron condenados por un delito, 35 años si tienen dos delitos o más, y 40 años si hay agravantes.

  • Defensora salvadoreña exiliada, Ingrid Escobar: «Querían que me callara o que me fuera» por mi activismo

    Defensora salvadoreña exiliada, Ingrid Escobar: «Querían que me callara o que me fuera» por mi activismo

    La activista y directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, dijo a EFE desde México que salió de El Salvador tras meses de acoso policial y después de que una fuente le advirtiera que figuraba en una lista de posibles detenciones, lo que atribuye a su labor en defensa de personas que alegan su inocencia en el marco del régimen de excepción, que esta semana cumple cuatro años.

    En junio pasado, organizaciones humanitarias denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos 130 activistas y periodistas han tenido que salir de El Salvador en los últimos cinco años para «proteger su integridad», la mayoría en 2025, bajo la Administración del presidente Nayib Bukele.

    «Yo no tengo la menor duda que ellos (el Gobierno de Bukele) querían o que me callara o que me fuera. Lo lograron, porque al final me tuve que ir», sostuvo en una entrevista telefónica Escobar, quien señaló que en ese momento además atravesaba un «reto importante de salud» y que «iba a ser muy fácil para ellos solo dejarme morir ahí sin darme tratamiento» en una prisión.

    Meses de acoso policial y desplazamiento

    Escobar relató que entre enero y mayo de 2025, mes en el que se denunció la salida de decenas de periodistas, «fue lo peor» y que su salida se vio precedida de varios episodios de seguimiento policial durante actividades de denuncia, en la oficina del SJH y en su casa.

    Todo comenzó, a juicio de la abogada, con la presentación de denuncias y avisos ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra altos funcionarios de Bukele como el director de Centros Penales, Osirs Luna, y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el marco del régimen de excepción.

    Escobar hizo pública en redes sociales su salida de El Salvador el 22 de junio de 2025 mediante un vídeo.

    Comentó que, 15 días antes de abandonar el país, se encontraba como «desplazada interna», porque los policías «llegaban una vez a la semana» a su casa. La decisión final de salir de El Salvador se dio el mismo día que detuvieron al abogado constitucionalista y crítico de Bukele, Enrique Anaya, a inicios de junio del año pasado.

    «Ingrid bájale, mejor salte unos días (de El Salvador) porque estás en una lista (de capturas), hay periodistas y cuatro defensores», le dijo una fuente fiscal y otras dos fuentes le aseguraron que «había una orden de desarticular a la organización», SJH.

    Para ese momento, en El Salvador ya se habían producido la detención de Anaya, previamente la de la reconocida abogada anticorrupción Ruth López y la de Fidel Zavala, portavoz de una organización humanitaria.

    La labor del SJH y colegas en el exilio

    El SJH nació el 25 de julio de 2022, más de cuatro meses después de iniciado el régimen de excepción tras el asesinato a manos de las pandillas de más de 80 personas en un fin de semana, pero se formó «porque comenzamos a ver capturas de compañeros sindicalistas».

    A la fecha, sostuvo la activista, la ONG ha presentado al menos 3,600 habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para pedir la libertad de personas que consideran inocentes, además de lograr la liberación de unas 51 personas.

    SJH ha denunciado en diversas instancias, incluso internacionales, la muerte de más de 500 personas en detención, una cifra que, aseguran, podría superar las 2,000.

    «Es un exilio, yo me sentí presionada por el Gobierno, (…) si fuera por mi gusto no estuviera aquí, padeciendo todo esto», manifestó y aseguró que «es un desarraigo enorme para mí como persona, como profesional, como activista, uno deja la vida entera», pero «la convicción no termina con el exilio», concluyó.

  • Pena perpetua aplicaría a autores y «cómplices necesarios» de pandillas, homicidios, feminicidios y violaciones

    Pena perpetua aplicaría a autores y «cómplices necesarios» de pandillas, homicidios, feminicidios y violaciones

    Las penas perpetuas en El Salvador aplicarían a «cómplices necesarios» y «autores» de los delitos de homicidio, homicidio agravado, violación, violación en menor o incapaz, violación sexual agravada, pertenencia a organización criminal o terrorista, feminicidio y feminicidio agravado, según los proyectos de reforma que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa dictaminó el martes.

    Para los delitos tentados, de dichos delitos, la sanción sería distinta y estaría equiparada de acuerdo a los tiempos que establecerá el artículo 92-B para la revisión de las penas perpetuas.

    La última modificación realizada en Comisión Política deja claro que los cómplices necesarios recibirán penas de prisión perpetua y en todos los casos “será la misma” que la que sea impuesta a los autores.

    El inciso final del artículo 66 del Código Penal quedó así: “La pena para los cómplices necesarios en los delitos en los que aplique prisión perpetua será la misma que se imponga a los autores”.

    En su intervención ayer en la Comisión Política, la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuestionó por qué el autor y el cómplice del mismo delito tendrá la misma pena perpetua.

    «Aquí se le está dando la misma pena al autor de un homicidio, una violación, entre otras cosas, que a la persona que sea cómplice, pero ahí es como que si ambos tuvieran el mismo nivel de actuación en el proceso, por eso el Código Penal establece las diferencias en ambos casos». Marcela Villatoro, diputada y jefa de fracción de Arena.

    La legisladora cuestionó por qué autores y cómplices tendrán la misma pena en estos delitos.

    El diputado Caleb Navarro respondió que se refiere a «cómplice necesario». Leyó la definición del artículo 36 del Código Penal: «Los que presten al autor o autores una cooperación, de tal modo necesaria, que sin ella no hubiere podido realizarse el delito».

    «Esa es la reforma, porque aquel que ayudó y que su ayuda fue imprescindible para cometer el delito tiene que recibir la misma pena». Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

    Según Navarro, un colaborador fuera de la estructura como los llamados «postes», «esa persona» siempre estará detenido pero será incorporado en el Plan Cero Ocio.

    Además, la diputada Villatoro preguntó qué pasaría si la complicidad se realizó mediante una amenaza y pidió agregar en el artículo

    «Los jueces tienen la claridad cuando son este tipo de casos, que haya alguna coacción, hay personas que las obligaban a hacer un viaje los pandilleros ‘y si no te matamos’, son casos especiales, que sea el juez con esa claridad que pueda dar su fallo. Si en las pruebas hay algún tipo de claridad que hubo coacción para esa persona para actuar, me imagino que según la sana crítica que aplique el juzgador tendría que haber alguna exclusión de eso, incluso de responsabilidad penal pero ya será un juez que pueda determinar eso», dijo Navarro.

    Navarro propuso agregar «necesario» a «cómplice».

    Pero la diputada Villatoro también propuso excluir expresamente a las personas que cumplan las condiciones de los artículos 153 y 154 del Código Penal, que castigan los delitos de coacción y amenazas. «Nosotros no legislamos para el momento. Cuando la ley no queda clara, es un problema para los juzgadores», argumentó. Esta propuesta no fue apoyada por Nuevas Ideas, ni sus aliados.

    Complicidad de pertenencia

    Sin embargo, no quedó claro cómo se aplicará la complicidad del nuevo delito de “pertenencia a organizaciones terroristas”, un nuevo delito que será incluido en un nuevo artículo 344-A y que dice “el que pertenezca a una organización criminal o terrorista, entendida según lo establecido en el artículo de la Ley contra el Crimen Organizado será sancionado con pena de prisión perpetua”.

    Según la abogada Roxana Cardona, aquí queda una laguna jurídica que al final quedaría a decisión del juez, ya que la pertenencia podría definirse por la ficha de la persona o su lugar de residencia. Cuestionó cómo quedaría en este caso la «complicidad de un hecho que no se ha cometido” dado que el nuevo delito es pertenencia.

    Delitos tentados

    Cuando los delitos castigados con pena perpetua sean “tentados”, es decir, intento de homicidio, feminicidio, violación o del delito de pertenencia, “la sanción para los delitos tentados cuya pena de prisión sea perpetua se establecerá desde la mitad del plazo previsto para la primera revisión de la pena de prisión perpetua según correspondiente de acuerdo a los plazos establecidos en el artículo 92-B de este Código”, según el inciso final del artículo 68 dictaminada el martes.

    La Comisión Política aprobó cinco dictámenes favorables este martes: la ratificación de la reforma al artículo 27 de la Constitución y un paquete de reformas al Código Penal, a la Ley especial contra actos de terrorismo, a la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres y a la Ley Penal Juvenil, con el fin de legislar sobre la aplicación de la pena perpetua. Mientras las reformas son criticadas por organizaciones o señaladas de innecesarias, el Gobierno asegura que buscan una sanción más severa frente a conductas violentas.

    La pena perpetua tendría la opción de libertad controlada para el condenado si así lo decide «el juez competente» según la reforma al Código Penal dictaminada. Esta revisión sería obligatoria a partir de los 25 años de prisión si el condenado es menor de edad, a partir de los 30 años si el adulto fue condenado por un delito, a partir de los 35 años si fue condenado por varios delitos y a partir de los 40 años si fue condenado por delito con agravante.

  • Inicia vigencia de reformas para la micro y pequeña empresa

    Inicia vigencia de reformas para la micro y pequeña empresa

    Ya están vigentes las reformas a la “Ley de fomento, protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa” que modifican los requisitos para la inscripción en el Registro MYPE de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), entre otras modificaciones.

    Las reformas a la ley de fomento para las MYPE fueron publicadas en el Diario Oficial del 16 de marzo de 2026, por lo que su vigencia inició el 24 de marzo de 2026.

    Con los cambios se exigirá a las micro y pequeñas empresas que quieran estar acreditadas en el Registro MYPE de Conamype que presenten declaración de renta o de ingresos por ventas, pero también ordena al sistema financiero que flexibilicen el requisito de historial crediticio para las MYPE y elimina la responsabilidad personal de titulares de las instituciones públicas que se atrasen en el pago a los proveedores MYPE por bienes y servicios proveídos.

    En el artículo 20-A, establece que las personas naturales deberán presentar obligatoriamente su declaración de impuesto sobre la renta o una declaración jurada de ingresos para inscribirse en el Registro MYPE. Asimismo, las empresas deberán actualizar los datos de su registro cada dos años para mantener su certificación.

    En el artículo 45, se establece que el sector financiero deberá ofrecer servicios financieros, no financieros y de desarrollo de mercados de capitales que respondan a las necesidades de las MYPE, y que estos servicios deberán contar con un “enfoque de riesgo diferenciado” que incluya la flexibilización de requisitos como el historial crediticio y el tiempo de operación en el mercado, con el objetivo de facilitar el acceso a fondos y la formalización de estas empresas.

    Con los pagos a los proveedores contratadas por el Estado, se aprobó una reforma en el artículo 32 para que el Ministerio de Hacienda establezca “mecanismos” para priorizar la cancelación de las cuentas por pagar a las MYPE presentadas por los jefes de las unidades financieras institucionales o quienes desempeñen esas funciones. Sin embargo, en este tema se derogaron los artículos 33 y 33-A de la ley, que responsabilizaban del pago a los titulares de las instituciones del Estado.

    Las modificaciones también ajustaron levemente los montos de ingresos utilizados para definir la clasificación de las MYPE, que será base para políticas de simplificación de trámites, agilización de la formalización, costos de trámites o tarifas preferenciales.
    Las reformas incluyeron al Ministerio de Hacienda y excluyeron a las universidades en directiva de Conamype y en los consejos de administración de Fecamype y Programype (artículo 52-C).

  • Organizaciones Movir y SHJ dicen que cadena perpetua perjudicará a inocentes presos

    Organizaciones Movir y SHJ dicen que cadena perpetua perjudicará a inocentes presos

    Voceros de las organizaciones Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) y del Socorro Jurídico Humanitario (SJH) rechazan la reforma constitucional que levanta la prohibición de la cadena perpetua en El Salvador porque consideran que no hay juicios justos y también la revisión de la pena perpetua beneficiará a pandilleros.

    «¿A quién afecta en realidad?, a los grandes delincuentes, no, sino a los inocentes. Aquí el beneficiado es el pandillero, al final todo un juego que beneficia otra forma de pacto, a ellos les está dando la oportunidad de revisión y los inocentes van a pagar por lo menos 30 años», criticó Ingrid Escobar, directora del SJH.

    Escobar aseguró que es crítica de la medida porque en el país «hay una cooptación de poderes, no hay garantías judiciales para nadie, no hay debido proceso, derecho de audiencia, defensa, juicio justo, ni presunción de inocencia» y que hay un margen de error reconocido por el Gobierno de 8,000 personas liberadas que la organización sostiene son inocentes.

    Según Escobar, las reformas podrían buscar «esconder los muertos» que ha habido en los centros penales de detenidos durante el régimen de excepción, «condenándolos a todos, incluso metiéndoles cadena perpetua, para que nunca se enteren de estas muertes».

    Por su parte, Samuel Ramírez, representante del Movir, cree que en el país «todo es arbitrario» y no hay juicios justos, por lo que la pena perpetua podría aplicarse a inocentes.

    «Creemos que en este país donde las personas son capturadas arbitrariamente, no podemos creer que esta ley se va a aplicar para las personas que se han cometido delitos, existe el temor que se cometan más injusticias», dijo.

    Ramírez indicó es justo «si se les va a aplicar a los verdaderos asesinos» como los autores de la masacre de San Juan Opico. «Es justo que sí se les aplique esa pena», dijo. Sin embargo, consideró que desde que inició el régimen de excepción hay «facultades para poder capturar a la gente sin el debido proceso».

    «Una persona se puede capturar de dos formas, una es que haya cometido un delito, la otro es que se capture en flagrancia, pero aquí el régimen ha permitido capturas sin que se cumplan los dos requisitos», opinó.

    Según el representante de Movir, la reforma de la cadena perpetua «fue una reacción a un informe que expertos y expertas internacionales hicieron a El Salvador, que determinaron que hay crímenes de lesa humanidad».

    El régimen de excepción cumplirá cuatro años este viernes 27 de marzo, el último reporte público del Ministerio de Seguridad daba cuentas de un total de 91,300 personas capturadas, incluyendo señalados de ser cabecillas y miembros de pandillas; destacan que el régimen de excepción sacó a la mayor parte de las pandillas en las calles del país y que acumulan más de 1,170 días sin homicidios durante la gestión de Nayib Bukele, desde junio de 2019 hasta marzo de 2026.

    Por su parte, las organizaciones alegan que ha habido capturas arbitrarias, falta de cumplimiento de órdenes judiciales de libertad por parte de Centros Penales, torturas y la muerte de 488 personas detenidas bajo custodia policial.

    El vicepresidente Félix Ulloa ha dicho que es necesario «reducir» el margen de error del régimen de excepción. El Gobierno ha dicho que ha habido 8,000 personas liberadas; según Ulloa estas «probaron» que no tenían vinculación con las pandillas.