El Gobierno de Chile descartó solicitar a El Salvador el traslado de delincuentes para ser recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por la administración del presidente Nayib Bukele.
Durante un intercambio con la prensa, una periodista preguntó a Bukele si su Gobierno estaría dispuesto a recibir en el CECOT a integrantes de la banda criminal Tren de Aragua y si ese tema había sido parte de conversaciones con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. El mandatario salvadoreño respondió que no se trató ese asunto y evitó pronunciarse sobre escenarios hipotéticos.
“No, no hablamos de eso y no quisiera hablar de hipotéticos”, afirmó.
Por su parte, Kast aseguró que la política de su país es que las personas que cometan delitos en territorio chileno cumplan sus condenas dentro del sistema penitenciario nacional.
“Cualquier persona que cometa un delito en Chile va a pagar su condena en Chile y, una vez que haya dado cumplimiento a la condena que le corresponda, va a ser extraditado al país de origen”, sostuvo.
Las declaraciones se producen en un contexto regional en el cual El Salvador cooperó con el gobierno de los Estados Unidos para el confinamiento de presuntos miembros del Tren de Aragua en el CECOT. De acuerdo con información divulgada por organizaciones civiles, el Gobierno salvadoreño recibió pagos del Gobierno estadounidense como parte de un acuerdo para recluir a integrantes de esa estructura criminal en dicha prisión, que según cifras oficiales tendría capacidad para albergar a 40,000 internos.
El envío de ciudadanos venezolanos al CECOT también ha generado cuestionamientos de organismos internacionales. Human Rights Watch ha denunciado presuntas torturas y violaciones a derechos humanos contra personas trasladadas desde Estados Unidos a esa cárcel, señalamientos que el Gobierno de El Salvador ha rechazado. Medios de comunicación como The New York Times y BBC también publicaron reportajes sobre supuestas torturas, luego de entrevistar a venezolanos que estuvieron detenidos en el CECOT y que finalmente fueron intercambiados, en julio de 2025, por presos políticos de Venezuela cuando todavía Nicolás Maduro –capturado en enero por Estados Unidos– dirigía el régimen venezolano.
Hasta ahora, Chile ha reiterado que no contempla acuerdos similares y que mantendrá su política de que los delitos cometidos en su territorio se sancionen conforme a su legislación interna.
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