La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares, este 28 de julio, a favor del salvadoreño Elmer Concepción Romero Yanes, quien fue deportado por Estados Unidos a El Salvador el 31 de marzo de 2025 junto a un grupo de más de 200 venezolanos trasladados al país, al considerar que existe una situación de gravedad y urgencia para sus derechos a la vida e integridad personal.
En una resolución emitida el 28 de julio, la CIDH solicitó al Estado salvadoreño proteger a Romero Yanes, precisar formalmente su situación jurídica, garantizar que sus condiciones de detención se ajusten a estándares internacionales, poner fin a su incomunicación y permitir el contacto con sus familiares y abogados.
La Comisión aclaró que el otorgamiento de medidas cautelares no constituye un pronunciamiento sobre posibles violaciones de derechos humanos, sino una decisión preventiva mientras analiza el caso.
La solicitud fue presentada por la organización Migration In Action ante la CIDH, que sostuvo que Romero Yanes permanece privado de libertad desde su llegada a El Salvador sin que sus familiares o representantes legales conozcan oficialmente su situación jurídica, su estado de salud o el lugar donde permanece detenido.
Según la resolución, la familia del salvadoreño afirmó haber reconocido a su hijo en imágenes difundidas por el Gobierno sobre la llegada del vuelo procedente de Estados Unidos y posteriormente presentó solicitudes de información ante la Dirección General de Centros Penales, la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y un hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional.
La CIDH también cita una constancia emitida por la Fiscalía, según la cual hasta el 16 de mayo de 2025 no existían investigaciones penales activas contra Romero Yanes, por lo que los denunciantes sostuvieron que no conocían la existencia de un proceso penal en su contra.
Romero Yanes fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos antes de ser deportado a El Salvador el 31 de marzo de 2025, en un vuelo que también trasladó a más de 200 ciudadanos venezolanos.
Según la información remitida por el Estado salvadoreño a CIDH, el salvadoreño permanecía bajo custodia luego de haber sido detenido por intentar reingresar ilegalmente a Estados Unidos, motivo por el que enfrentó un proceso penal y fue condenado a prisión, pena que terminaba de cumplir el 21 de marzo de 2025.
¿Qué respondió El Salvador?
Durante el trámite, el Estado salvadoreño pidió rechazar la solicitud al considerar que no se cumplían los requisitos para dictar medidas cautelares y sostuvo que los solicitantes pretendían discutir una presunta desaparición forzada, asunto que, según ellos, corresponde al análisis de fondo de una eventual petición internacional.
Además, informó a la CIDH que Romero Yanes se encuentra detenido en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana, donde, según el Gobierno, recibe alimentación, atención médica periódica, seguimiento psicológico y permanece bajo monitoreo de las autoridades penitenciarias.
El Estado también señaló que, de acuerdo con información pública, de la cuál se desconoce el origen, a la que dijo haber tenido acceso, Romero Yanes habría sido señalado por un delito de homicidio en Estados Unidos.
¿Qué dijo la CIDH?
Aunque la Comisión tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre el lugar de detención, concluyó que persistían elementos de riesgo.
La resolución señala que el Estado no explicó las razones jurídicas de la privación de libertad ni informó si el beneficiario había sido acusado formalmente o presentado ante un juez. También observó que no existían elementos suficientes para verificar de manera independiente su estado de salud ni que hubiera cesado la incomunicación denunciada por sus familiares.
Por ello, la CIDH consideró que el caso reunía los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad previstos en su reglamento y otorgó las medidas cautelares.
Romero Yanes formó parte del grupo de salvadoreños que llegó a El Salvador el 31 de marzo de 2025 en un vuelo procedente de Estados Unidos junto con más de 200 venezolanos que las autoridades estadounidenses señalaron inicialmente como integrantes del Tren de Aragua.
Meses después, los ciudadanos venezolanos fueron trasladados a Venezuela tras un intercambio entre ambos gobiernos.
En cuanto al grupo de salvadoreños, las autoridades no divulgaron un listado oficial de identidades.
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