La Dirección de Auditoría Forense (DAF) de la Corte de Cuentas de la República (CCR) realizó 14 informes de auditoría y concluyó 29 reportes de ilícitos penales de enero a diciembre de 2025, según la memoria de labores institucional publicada la semana pasada.
La Dirección de Auditoría Forense tiene un poco más de un año de funcionamiento, según la institución.
El informe de labores de la CCR entregado por el presidente de la institución contralora, Walter Sosa, al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, el martes pasado, indicó que se realizaron además «60 peritajes» que atendieron requerimientos de la Fiscalía General de la República, tribunales del Órgano Judicial y cámaras de primera instancia de la CCR.
En el informe, la Corte califica de estratégica la DAF «para el Plan Masivo de Fiscalización Gubernamental 2025», ya que ha realizado peritajes contables y auditorías especializadas «para identificar y mitigar riesgos financieros en la gestión pública».
Según la CCR, la DAF es «un pilar esencial en la lucha contra el fraude y la corrupción en las entidades del sector público» y para la «detección e investigación de irregularidades».
La Dirección de Auditoría Forense fue creada, el 28 de agosto de 2020, en la primera sesión de la Corte de Cuentas integrada por Roberto Anzora, María Martínez Barahona y Julio Bendek Panameño.
Ese día, luego de darle la bienvenida al segundo magistrado recién nombrado, Julio Bendek Panameño, el pleno de la CCR acordó aprobar la creación de la Unidad de Auditoría Forense y presentar un acuerdo definitivo con objetivos y funciones con «los casos más relevantes y complejos que requieran una auditoría especializada».
Luego, las funciones de la Dirección de Auditoría Forense fueron detalladas en el Reglamento Orgánico Funcional emitido por los magistrados Roxana Soriano, entonces presidenta de la CCR, ahora presidenta del Tribunal Supremo Electoral; y Julio Bendek, como primer magistrado; y José Rodrigo Flores, como segundo magistrado en ese entonces, el 4 de diciembre de 2023.
Entre las funciones asignadas a la DAF, se incluyó «realizar un examen de casos especiales de riesgo de fraude y corrupción en las entidades que manejan y administran fondos públicos», «conocer sobre los posibles ilícitos penales advertidos en los procesos de auditoría gubernamental» y «remitir a la Coordinación General de Auditoría los actos irregulares identificados en una auditoría».
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