La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, manifestó este viernes su preocupación por una eventual llegada masiva de mineros ilegales procedentes de Nicaragua, como consecuencia de las concesiones mineras que el gobierno nicaragüense ha entregado a empresas chinas en zonas cercanas a la frontera entre ambos países.
Las declaraciones fueron brindadas tras una gira de inspección en Las Crucitas, una localidad del norte costarricense afectada por la extracción ilegal de oro. Según la mandataria, la situación podría agravarse en los próximos meses debido a la actividad minera que se desarrolla en territorio nicaragüense.
“Me preocupa enormemente lo que va a pasar con Indio Maíz en Nicaragua. Indio Maíz ya se concesionó a empresas chinas y se estima que ahí hay 1,500 o 1,800 coligalleros. Cuando esa empresa tome control de esa minera en Nicaragua ¿Para dónde creen que se van a venir esos coligalleros?”, cuestionó Fernández.
La gobernante advirtió que Costa Rica podría enfrentar una presión migratoria vinculada a la minería ilegal y calificó el escenario como una amenaza que requiere acciones urgentes. “Esto es una bomba de tiempo para Costa Rica que urge de una solución de manera inmediata”, sostuvo.
Fernández señaló que el auge de la extracción aurífera ilegal continúa atrayendo personas y recursos ligados al crimen organizado. “Esto es una fiebre del oro. El oro no se va a ir de aquí y se van a seguir metiendo cada vez más personas, mejor financiadas por el crimen organizado para seguir explotando irracionalmente”, afirmó.
De acuerdo con datos citados por la ONG ambientalista Fundación del Río, entre 2021 y 2026 Nicaragua otorgó concesiones mineras en 84 lotes a 19 empresas chinas, abarcando 1,274,908.33 hectáreas, equivalentes a más del 8.5 % del territorio nicaragüense. El informe indica que varias de estas áreas incluyen territorios protegidos y comunidades indígenas o afrodescendientes.
La preocupación del Gobierno costarricense coincide con las sanciones impuestas en abril por Estados Unidos contra dos hijos de los copresidentes nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como contra funcionarios y empresas vinculadas a la extracción y comercialización de oro en Nicaragua.
Paralelamente, la administración de Fernández impulsa en el Congreso un proyecto de ley para reactivar la minería legal de oro en Las Crucitas mediante concesiones a empresas privadas. El Ejecutivo considera que esta medida permitiría reducir la actividad ilegal, disminuir los daños ambientales y fortalecer el control estatal en la zona fronteriza.
La presidenta también anunció que promoverá reformas legales para endurecer las sanciones contra quienes ingresen de manera irregular a explotar oro en el país. Según explicó, existen registros de mineros ilegales nicaragüenses que han sido deportados más de 35 veces, mientras que autoridades costarricenses sostienen que gran parte del oro extraído en Las Crucitas termina siendo trasladado hacia Nicaragua.
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