Etiqueta: Nicaragua

  • Exdiplomático estadounidense dice que Daniel Ortega busca mantenerse indefinidamente en el poder

    Exdiplomático estadounidense dice que Daniel Ortega busca mantenerse indefinidamente en el poder

    El exencargado de negocios de Estados Unidos en Managua, Kevin Michael O’Reilly, afirmó este jueves que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no tiene intención de abandonar el poder y que, junto con la copresidenta Rosario Murillo, buscará mantenerse al frente del Gobierno de forma indefinida.

    En un análisis difundido tras las recientes reformas promovidas por el oficialismo, el diplomático estadounidense sostuvo que «Ortega regresó a la Presidencia el 10 de enero de 2007, y él y su esposa (la copresidenta Rosario Murillo) claramente harán todo lo posible para salir del poder solo con los pies por delante. No se someterán a ningún proceso sin un resultado predeterminado a su favor».

    Las declaraciones se producen luego de que Ortega manifestara el pasado 19 de julio, durante el acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder».

    A esa declaración se suma una iniciativa de reforma parcial a la Constitución presentada esta semana por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, que propone ampliar el mandato presidencial de seis a siete años, con posibilidad de prórroga, y excluir de la participación política a opositores señalados por el Gobierno como «golpistas» o «traidores a la patria».

    O’Reilly consideró que la intención del sandinismo de mantenerse en el poder no representa una novedad y señaló que la derrota electoral sufrida por Ortega frente a Violeta Chamorro en 1990 sigue siendo un episodio que marcó al mandatario. También sostuvo que las protestas de 2018 evidenciaron un amplio rechazo ciudadano hacia el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

    El exdiplomático aseguró que los procesos electorales celebrados en los últimos años han carecido de garantías democráticas y afirmó que las reformas constitucionales aprobadas en 2025 consolidaron el control del Poder Ejecutivo sobre las demás instituciones del Estado, además de posponer las elecciones presidenciales hasta 2027.

    En ese contexto, advirtió que la ampliación de los mandatos a siete años renovables permitiría consolidar una permanencia indefinida en el poder. Recordó que Ortega cumplirá 81 años en noviembre y que Murillo tiene 75 años, por lo que interpretó las reformas como un mecanismo para garantizar la continuidad del actual liderazgo político.

    Finalmente, O’Reilly cuestionó la postura de varios gobiernos latinoamericanos, a los que acusó de guardar silencio frente a la situación política en Nicaragua.

    «Al hacerlo, pueden descubrir que -como en Venezuela- no han hecho nada para proteger los derechos de un pueblo vecino, ni la integridad del sistema interamericano, ni siquiera la práctica y los principios de la no intervención. Simplemente han cedido terreno y agencia a los actores más imprudentes de nuestro hemisferio. La paz deriva del respeto al ajeno, no de ignorar su calvario», concluyó.

     

  • El Salvador oficializó en mayo su retiro de la Corte Centroamericana de Justicia

    El Salvador oficializó en mayo su retiro de la Corte Centroamericana de Justicia

    El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador notificó el pasado 20 de mayo de 2026 la denuncia del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), mediante una nota verbal dirigida a la institución, confirmaron fuentes diplomáticas.

    La decisión se produjo después de los retiros previamente anunciados por Nicaragua y Honduras, dejando al tribunal regional sin el instrumento jurídico que sustentaba su funcionamiento.

    Con la salida de los tres Estados parte, la Corte Centroamericana de Justicia quedó sin personalidad jurídica internacional y cesó formalmente sus funciones. Nicaragua notificó su retiro el 18 de marzo de 2025, Honduras formalizó la denuncia el 29 de abril de 2026 y El Salvador completó el proceso el 20 de mayo de 2026.

    La CCJ tenía su sede en Managua, Nicaragua, y funcionaba como el órgano jurisdiccional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Entre sus atribuciones figuraban resolver controversias entre Estados miembros, emitir opiniones consultivas y contribuir al desarrollo jurídico del proceso de integración centroamericana.

    Pero la CCJ tuvo un historia de desacatos de los países de la región que veían sus resoluciones como no aplicables.

    Uno de los episodios más relevantes en la relación entre El Salvador y la Corte ocurrió durante la crisis institucional de 2012. En ese momento, la CCJ intervino en medio del conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una actuación que generó un amplio debate sobre el alcance de las competencias del tribunal regional.

    El entonces presidente de la Asamblea Legislativa, el efemelenista Sigfrido Reyes, pretendió utilizar a la CCJ para desconocer las resoluciones de la Sala de lo Constitucional.

    Durante la última década, la CCJ enfrentó cuestionamientos sobre su efectividad, el alcance de sus resoluciones y las dificultades para mantener consensos entre los gobiernos centroamericanos. Esas críticas se sumaron a las diferencias políticas entre los países de la región y al reducido número de Estados que permanecían vinculados al convenio constitutivo.

    Tras el retiro de Nicaragua, Honduras y El Salvador, el portal oficial de la Corte dejó de estar operativo y sus cuentas en redes sociales permanecen sin actualizaciones desde hace varios meses, reflejando el cese de actividades del organismo.  

    Especialistas en integración regional consideran que el cierre de la CCJ evidencia el debilitamiento de algunos mecanismos jurídicos del SICA y plantea nuevos desafíos para la resolución de controversias entre los Estados centroamericanos. También sostienen que la desaparición del tribunal obliga a replantear los instrumentos institucionales disponibles para fortalecer la cooperación regional.

    El cese de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia representa uno de los cambios más relevantes en la arquitectura jurídica de Centroamérica en los últimos años. Su desaparición abre interrogantes sobre el futuro del proceso de integración regional y sobre los mecanismos que podrían sustituir al tribunal en la solución de conflictos entre los países miembros del SICA.

    La Asamblea Legislativa ratificó en 2025 una reforma constitucional para separarse del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y en mayo de 2026 completó la supresión de la institución en sus leyes secundarias, argumentando que representaba un gasto innecesario.

     

  • La Unión Europea exige la liberación de presos políticos y elecciones transparentes en Nicaragua

    La Unión Europea exige la liberación de presos políticos y elecciones transparentes en Nicaragua

    La Unión Europea (UE) reiteró este viernes su condena a la represión ejercida por las autoridades de Nicaragua y manifestó su preocupación por el continuo deterioro de los derechos fundamentales y la situación política que atraviesa el país centroamericano.

    En un comunicado divulgado en nombre de los 27 Estados miembros por la Alta Representante de la Unión Europea, el bloque instó nuevamente al régimen nicaragüense a liberar a todos los presos políticos, restablecer plenamente el Estado de derecho y permitir el regreso de las organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

    La UE también respaldó la apertura de un proceso de diálogo entre el Ejecutivo y la oposición con el propósito de alcanzar una solución negociada, pacífica y democrática a la crisis política que enfrenta Nicaragua.

    Asimismo, el bloque comunitario subrayó la necesidad de impulsar reformas electorales que garanticen un proceso con transparencia, inclusión y credibilidad, de acuerdo con los estándares internacionales.

    Bruselas pidió además a las autoridades nicaragüenses convocar las elecciones previstas y asegurar que los comicios se desarrollen conforme al calendario establecido y con las garantías necesarias para fortalecer la confianza ciudadana en el proceso democrático.

    La Unión Europea reafirmó su apoyo al pueblo nicaragüense en su aspiración de consolidar un sistema democrático sustentado en el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. También expresó su disposición de mantener el diálogo político con Managua a través de los canales diplomáticos y en coordinación con los actores regionales, siempre bajo el principio del respeto mutuo.

    El pronunciamiento de la UE coincide con el emitido esta semana por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien acusó a las autoridades nicaragüenses de «reprimir las libertades civiles y políticas del país» y obstaculizar el «pleno ejercicio de los derechos» de la población.

    Además, el funcionario de la ONU instó al Gobierno de Nicaragua a «liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a garantizar que todos aquellos que han sido privados de libertad sean tratados con humanidad y dignidad, de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de Derechos Humanos».

     

  • Cinco hechos explican por qué Daniel Ortega quiere eliminar las elecciones en Nicaragua

    Cinco hechos explican por qué Daniel Ortega quiere eliminar las elecciones en Nicaragua

    El dictador nicaragüense Daniel Ortega, anunció que en su país no volverán a celebrarse elecciones, una decisión que profundiza la concentración del poder que ha construido desde su regreso a la Presidencia en 2007 y que ha sido cuestionada por organismos internacionales y la oposición.

    El mandatario, de 80 años, hizo el anuncio durante el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, al afirmar que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder». Desde 2017 gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, quien asumió el cargo de copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional.

    El regreso de Ortega al poder fue posible después de una reforma electoral derivada de un acuerdo político alcanzado en 1999 con el expresidente Arnoldo Alemán. Ese cambio redujo del 45 % al 35 % el porcentaje mínimo necesario para ganar la Presidencia en primera vuelta, lo que le permitió imponerse en las elecciones de 2006 con el 37.99 % de los votos.

    Otro momento clave ocurrió en 2009, cuando magistrados de la Sala Constitucional declararon «inaplicable» el artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial consecutiva. Esa resolución abrió el camino para que Ortega buscara un nuevo mandato en 2011, proceso que posteriormente fue cuestionado por denuncias de irregularidades. En enero de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció su reelección.

    Fraudes electorales

    Las elecciones de 2016 también fueron objeto de críticas internacionales. Los comicios se realizaron sin la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Centro Carter. Además, el principal bloque opositor fue excluido de la contienda por decisiones de instituciones controladas por el oficialismo, facilitando un nuevo triunfo de Ortega.

    En las elecciones de 2021, el mandatario obtuvo un nuevo mandato después de que siete aspirantes presidenciales de la oposición fueran detenidos antes de los comicios bajo acusaciones de «traición a la patria». La OEA declaró posteriormente que esas elecciones «no fueron libres, justas ni transparentes» y carecían de legitimidad democrática.

    Con el anuncio de eliminar definitivamente las elecciones, Ortega consolida un modelo político sin alternancia en el poder. Diversos sectores opositores sostienen que la medida busca garantizar la permanencia del gobernante y su círculo familiar al frente del Estado, mientras organismos internacionales y varios gobiernos han advertido que la decisión representa un grave retroceso para la democracia y los derechos políticos en Nicaragua.

     

  • Selecta conocerá este jueves a sus rivales de la Liga de Naciones de Concacaf 

    Selecta conocerá este jueves a sus rivales de la Liga de Naciones de Concacaf 

    La selección salvadoreña de fútbol conocerá este jueves a sus rivales de la liga “A” Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) temporada 2026-2027.

    El Salvador, dirigido por el colombiano Hernán Darío “El Bolillo” Gómez está ubicado en el sexto bombo junto a República Dominicana por lo que enfrentará esta nueva edición con un formato suizo, es decir dos juegos de visita y dos juegos de local en un grupo de cinco países.

    Según la información brindada por la Concacaf, las selecciones de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá ya tienen garantizada su clasificación a los cuartos de final debido a su mejor posición en el ranking.

    Los 12 equipos participantes restantes se dividirán en dos grupos mediante un sorteo, para el cual han sido distribuidos en los siguientes seis bombos:

    Bombo 1: Costa Rica, Honduras

    Bombo 2: Jamaica, Haití

    Bombo 3: Guatemala, Trinidad y Tobago

    Bombo 4: Curazao, Surinam

    Bombo 5: Martinica, Nicaragua

    Bombo 6: El Salvador, República Dominicana

    El sorteo se llevará a cabo de manera progresiva para cada liga, iniciando con el Bombo 1 y avanzando de forma sucesiva hasta completar el último de ellos. Con este procedimiento, se asignará a cada selección la posición respectiva en su correspondiente grupo. En cada caso, el primer equipo extraído de un bombo se integrará al Grupo A. Posteriormente, los combinados restantes se irán colocando en la misma posición dentro de los grupos contiguos, repitiendo esta dinámica hasta ubicar a la totalidad de las selecciones que integran dicho bombo.

    Para el sorteo de la Liga A, se emplearán seis bombos compuestos por dos equipos nacionales cada uno. El proceso consistirá en extraer una selección de cada bombo para situarla en el Grupo A, procediendo de igual manera con el combinado restante, el cual ocupará el mismo lugar en el Grupo B, indicó la Concacaf.

  • La ONU acusa a Nicaragua de «reprimir libertades civiles y políticas» ante la liquidación de la vía electoral

    La ONU acusa a Nicaragua de «reprimir libertades civiles y políticas» ante la liquidación de la vía electoral

    El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, acusó este miércoles al Gobierno de Nicaragua de intensificar la represión contra las libertades civiles y políticas, una situación que, según advirtió, limita el pleno ejercicio de los derechos de la población y pone en riesgo la participación democrática.

    En un comunicado, Turk sostuvo que las medidas adoptadas recientemente por las autoridades profundizan las restricciones a las libertades fundamentales, reducen aún más el espacio cívico y aceleran el debilitamiento del Estado de Derecho. Además, señaló que el poder continúa concentrándose bajo la copresidencia ejercida por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    El alto funcionario de la ONU afirmó que el partido oficialista mantiene el control del Parlamento, las alcaldías y los Consejos Regionales, lo que, a su juicio, reduce los mecanismos de participación política y limita las posibilidades de competencia electoral.

    Asimismo, expresó preocupación por la situación de los pueblos indígenas al señalar que organizaciones de la sociedad civil denunciaron que hasta una cuarta parte de los 18 territorios indígenas han sido afectados por concesiones mineras y extractivas otorgadas sin consulta previa.

    Según Turk, estas concesiones se aprobaron sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas. También aseguró que el espacio cívico en Nicaragua permanece prácticamente cerrado y que la expresión independiente de ideas y opiniones continúa siendo reprimida de forma sistemática.

    El Alto Comisionado también manifestó inquietud por las denuncias sobre presiones contra la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, así como por la falta de información oficial sobre el paradero y estado de salud del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, detenido el pasado 29 de junio.

    «Me preocupan las alegaciones sobre la represión contra la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas, incluida la ausencia de información oficial sobre el destino, el paradero y el estado del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, quien fue detenido el 29 de junio», declaró.

    Finalmente, Turk instó a las autoridades nicaragüenses a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, garantizar un trato digno a quienes permanecen privados de libertad y restablecer el Estado de Derecho. Además, pidió reabrir el espacio cívico para que todos los ciudadanos, independientemente de su tendencia política, puedan votar y postularse a cargos públicos conforme a los compromisos internacionales asumidos por Nicaragua en materia de derechos humanos.

  • Parlamento de Nicaragua inicia reformas para eliminar las elecciones generales

    Parlamento de Nicaragua inicia reformas para eliminar las elecciones generales

    La Asamblea Nacional de Nicaragua informó este martes que inició el análisis de las reformas necesarias para cumplir las orientaciones del dictador Daniel Ortega, quien anunció que el país dejará de celebrar elecciones generales.

    En un pronunciamiento, el Parlamento, controlado por el oficialismo, explicó que comenzó a elaborar un plan de trabajo para implementar las directrices del mandatario, con el argumento de preservar la paz, la estabilidad y la continuidad de las políticas impulsadas por su Gobierno.

    La decisión surge después de que Ortega afirmara, durante el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, que no permitirá procesos electorales que puedan poner en riesgo la permanencia del oficialismo en el poder.

    Como parte del proceso, la Asamblea indicó que sostendrá sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE) para definir las reformas constitucionales y legales que respalden las nuevas disposiciones sobre el sistema político y electoral del país.

    «La soberanía de nuestro pueblo, y de nuestro país, es asunto propio de los nicaragüenses», sostuvo el Parlamento, al asegurar que trabaja para cumplir los lineamientos recibidos del Ejecutivo.

    Las declaraciones de Ortega generaron una nueva ola de reacciones internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el mandatario nicaragüense dejó al descubierto «su verdadera naturaleza autoritaria» y aseguró que él y la copresidenta Rosario Murillo «han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular».

    Por su parte, el Gobierno de Costa Rica reiteró su preocupación por el deterioro de la democracia en Nicaragua y denunció el cierre de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes. A esas críticas se sumó la oposición nicaragüense, que pidió a la comunidad internacional incrementar la presión política y diplomática para restablecer la ruta democrática en el país.

    Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde febrero de 2025, comparte la jefatura del Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, nombrada copresidenta tras una reforma constitucional que amplió las facultades del Gobierno y consolidó el control del oficialismo sobre las instituciones del Estado.

     

  • Marco Rubio acusa a Daniel Ortega de consolidar una dictadura en Nicaragua

    Marco Rubio acusa a Daniel Ortega de consolidar una dictadura en Nicaragua

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este martes al dictador nicaragüense Daniel Ortega, de evidenciar su carácter autoritario luego de afirmar que en el país centroamericano no volverán a celebrarse elecciones que puedan poner en riesgo la continuidad del oficialismo.

    En un comunicado difundido por el Departamento de Estado, Rubio sostuvo que las declaraciones del gobernante nicaragüense confirman el rumbo que ha tomado su administración y el de la copresidenta Rosario Murillo.

    «Las declaraciones de Daniel Ortega de que, bajo la dictadura de su familia, Nicaragua nunca volverá a celebrar elecciones dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria», afirmó Rubio.

    El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Ortega y Murillo han renunciado incluso a mantener la apariencia de contar con el respaldo popular y defendió el derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus gobernantes mediante procesos electorales democráticos.

    «Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional para que una esfuerzos y demuestre a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático», agregó el funcionario.

    El pronunciamiento de Washington se produjo después de que Ortega declarara, durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, que no permitirá elecciones que puedan facilitar el regreso de la oposición al poder.

    «No volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder», expresó el gobernante nicaragüense durante el acto celebrado el pasado domingo en Managua.

    Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de denuncias de fraude electoral, persecución política contra opositores y restricciones a la competencia democrática. Desde febrero de 2025 comparte la jefatura del Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, quien asumió como copresidenta tras una reforma constitucional que amplió las facultades del Gobierno y consolidó el control del oficialismo sobre las instituciones del Estado.

     

  • Costa Rica cuestiona a Ortega por cerrar opción de elecciones libres en Nicaragua

    Costa Rica cuestiona a Ortega por cerrar opción de elecciones libres en Nicaragua

    El Gobierno de Costa Rica reiteró este lunes su preocupación por el cierre de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes en Nicaragua, después de que el dictador nicaragüense Daniel Ortega asegurara que no permitirá procesos electorales que puedan poner en riesgo la continuidad del oficialismo.

    En un comunicado, la Cancillería costarricense recordó que no reconoció las elecciones generales celebradas en Nicaragua en 2021 por la ausencia de condiciones y garantías democráticas. Asimismo, reafirmó que continuará respaldando la realización de comicios libres, transparentes, plurales y democráticos en el país vecino.

    San José también recordó que, durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en junio, el canciller Manuel Tovar expresó la preocupación de Costa Rica por el deterioro de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, al citar denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, restricciones a las libertades fundamentales y hostigamiento contra líderes religiosos.

    Las relaciones diplomáticas entre ambos países permanecen limitadas al nivel consular desde 2018, cuando el entonces presidente costarricense, Carlos Alvarado, decidió no nombrar embajador en Managua debido a la represión contra opositores y manifestantes por parte del Gobierno nicaragüense.

    El pronunciamiento costarricense surgió un día después de que Ortega descartara públicamente cualquier posibilidad de alternancia democrática durante un acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista en Managua.

    «Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder», afirmó el mandatario, quien gobierna el país desde 2007 en medio de reiteradas denuncias de fraude electoral y persecución contra la oposición.

    Desde febrero de 2025, la esposa de Ortega, Rosario Murillo, ejerce como copresidenta de Nicaragua tras una reforma constitucional que amplió las facultades del Ejecutivo, reorganizó la estructura del Estado y legalizó la apatridia. Además, las reformas extendieron el período presidencial, por lo que las elecciones generales previstas para 2026 fueron trasladadas, en teoría, hasta noviembre de 2027.

    En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó la designación de Murillo como copresidenta al afirmar que asumió el cargo «sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad», y sostuvo que el oficialismo evita someterse a un proceso electoral competitivo.

     

  • Ortega sentencia que no volverá a haber elecciones en Nicaragua 

    Ortega sentencia que no volverá a haber elecciones en Nicaragua 

    El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró la noche del domingo que su régimen no permitirá la realización de elecciones que puedan facilitar la llegada de la oposición al poder, durante el acto conmemorativo por el 47 aniversario del triunfo de la revolución sandinista, celebrado en Managua.

    En su discurso, el mandatario sostuvo que los grupos opositores, muchos de ellos en el exilio, buscan recuperar el control del país mediante procesos electorales.

    «Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder», declaró ante miles de simpatizantes.

    Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y enfrenta constantes señalamientos de organismos internacionales y sectores opositores por presuntos fraudes electorales y por eliminar la competencia política. Desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien asumió la Vicepresidencia y, desde febrero de 2025, ejerce como «copresidenta» tras una reforma constitucional.

    Durante el acto, el mandatario calificó a los opositores como «golpistas» y «vendepatrias», y anunció que impulsará nuevas leyes junto con la Asamblea Nacional para impedir que esos sectores puedan recuperar espacios políticos.

    «Y con las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata (dinero) que le den los yanquis (EE.UU.), no podrán», afirmó.

    La reforma constitucional, que entró en vigor en febrero de 2025, modificó de forma profunda la estructura del Estado nicaragüense. Entre los principales cambios amplió de cinco a seis años el período presidencial, creó la figura de la copresidenta, otorgó al Ejecutivo facultades para coordinar los demás órganos del Estado y legalizó la apatridia.

    Las modificaciones también alteraron el calendario electoral. Aunque las elecciones generales estaban previstas para noviembre de 2026, la ampliación del período presidencial trasladó, en teoría, los próximos comicios hasta noviembre de 2027.

    La reforma ha sido cuestionada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y organizaciones opositoras, que consideran que concentra aún más el poder en Ortega y Murillo y elimina los contrapesos institucionales.

    En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Rosario Murillo de asumir el cargo de copresidenta sin haber sido elegida en un proceso democrático y sostuvo que el Gobierno nicaragüense ha privado a la población de su derecho a elegir libremente a sus gobernantes, al mantener el poder mediante la represión y cambios constitucionales.