La frontera entre Marruecos y la ciudad española de Ceuta, enclavada en el norte de África, atraviesa una nueva crisis migratoria luego de que miles de personas intentaran cruzar hacia territorio español durante los últimos días. Este jueves, numerosos jóvenes marroquíes se concentraron en la zona fronteriza de Castillejos para tratar de superar la valla que separa ambos territorios, mientras en jornadas anteriores cientos buscaron llegar a nado y decenas perdieron la vida en el intento.
Las autoridades de Ceuta estiman que entre 1,500 y 2,000 migrantes ingresaron a la ciudad durante los últimos diez días. El presidente del gobierno ceutí, Juan Jesús Vivas, advirtió que esa cifra representa «el equivalente al 2 % de toda la población de Ceuta», lo que refleja la magnitud de la presión migratoria sobre una ciudad con poco más de 83,000 habitantes.
La emergencia también quedó evidenciada este miércoles, cuando Salvamento Marítimo rescató a más de 300 migrantes de entre 18 y 30 años. Ese mismo día, unas 800 personas, en su mayoría marroquíes y argelinas, intentaron alcanzar Ceuta por mar, aunque gran parte fue interceptada por patrulleras marroquíes. Además, la Guardia Civil recuperó los cuerpos de dos migrantes fallecidos durante la travesía.
Con estos hallazgos, el número de migrantes muertos en el litoral ceutí asciende a 29 en lo que va del año, de los cuales 10 fueron encontrados durante julio. No obstante, Vivas aseguró que han aparecido en el mar «sesenta cadáveres en el último mes». Aunque la situación mantiene en alerta a las autoridades, todavía está lejos de la crisis registrada en 2021, cuando unas 10,000 personas ingresaron a Ceuta en medio de un conflicto diplomático entre España y Marruecos.
Especialistas consideran que uno de los factores que impulsó el aumento de intentos de ingreso fue la reciente decisión del Tribunal Supremo de España, que determinó que la legislación de extranjería no permite aplicar las llamadas «devoluciones en caliente» a los migrantes interceptados en alta mar.
A ello se suma el denominado «efecto llamada», impulsado por mensajes difundidos en redes sociales por jóvenes que ya emigraron a España, según explicó el presidente del Observatorio del Norte de Derechos Humanos, Mohamed Benaissa.
La presión migratoria también provocó una crisis humanitaria en Ceuta. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), diseñado para albergar a 512 personas, opera por encima de su capacidad, mientras que el área destinada a menores registra una sobreocupación del 2,400 %. Ante este escenario, Vivas calificó la situación como una «absoluta emergencia humanitaria y social» y solicitó apoyo financiero al Gobierno español, además del cierre «urgente e inaplazable» de la frontera.
Para contener la crisis, España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación bilateral y aplicar medidas que permitan acelerar la repatriación de las personas que ingresaron irregularmente a Ceuta.
El Gobierno español destacó la «ejemplar colaboración» entre ambos países en materia migratoria, mientras el presidente Pedro Sánchez afirmó: «Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible». Por su parte, fuentes oficiales marroquíes confirmaron el compromiso de revisar y ejecutar los procedimientos de devolución «a la mayor brevedad posible».
La respuesta de ambos gobiernos generó críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos. El director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, advirtió que «La colaboración no puede traducirse en una entrega sin atender las circunstancias de cada persona» y sostuvo que Marruecos «no es un país seguro». Asimismo, la Instancia Democrática Marroquí de Derechos Humanos calificó la situación como el resultado de un «fracaso político estructural».
«Lo que está ocurriendo no es un hecho aislado ni una crisis pasajera, sino el resultado directo de un fracaso político estructural y de la acumulación de políticas públicas injustas que han profundizado las desigualdades sociales», dijo Valiente.
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