La asociación Critosal reportó este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la destitución los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República ocurrida el 1 de mayo de 2021, así como la reforma constitucional que quitó el mínimo presupuestario para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), asegurando que el modelo salvadoreño está “montado” sobre un desbaratamiento del sistema judicial y su cooptación.
David Morales, representante de Cristosal, aseguró que en agosto de 2021 la Asamblea Legislativa impuso mediante una reforma una “jubilación forzada” a jueces y fiscales “con criterios discriminatorios” con una “campaña de desprestigio y amplificada masivamente por cuentas de redes sociales”, calificando a jueces de corruptos.
Señaló violación a los derechos a la estabilidad laboral y a la libertad de expresión, nombramientos opacos en procedimientos declarados bajo reserva, imposición de jueces sin rostro encargados de juicios masivos y vulneración a una tutela legal efectiva.
Citó la reforma constitucional para quitar “la autonomía financiera” a la Corte Suprema de Justicia con la modificación a una cláusula pétrea de la Constitución de la República, en referencia al artículo 248 de la Constitución, para autorizar las reformas constitucionales en una sola legislatura.
Durante la audiencia, la comisionada Rosa María Payá pidió ampliar si los procesos de hostigamiento denunciados responden a patrones regionales y qué salvaguardas podrían existir. La CIDH está elaborando un informe regional sobre operadores judiciales en la región.
“Honorable Comisión, nos preocupa sobremanera que lo que se conoce o suele denominar el modelo de El Salvador está siendo tomado como un ejemplo por gobernantes y políticos influyentes en toda la región. Es importante advertir que este modelo de El Salvador tiene a su base el desbaratamiento y la cooptación del sistema judicial”, afirmó Morales.
Aseguró que la posibilidad de sancionar jueces y juezas, y traslados, están en manos de la CSJ. “Con la manipulación de los procesos de altas cortes, se ha permitido elegir una Corte que está sometida al poder político, que luego ejerce con abuso de poder sus facultades amplísimas en esta materia”, subrayó.
Por su parte, Zaira Navas, de Cristosal, pidió a la CIDH “que recomiende restaurar la transparencia en los mecanismos de selección y nombramiento de jueces y juezas”, “el restablecimiento de la independencia judicial”, “garantizar la separación de poderes y asegurar que los jueces y fiscales puedan actuar sin parcialidad sin presiones externas ni riesgos de cooptación, garantizando sus derechos a la inamovilidad de sus cargos” y que la materia disciplinaria sea asumido por un órgano independiente.
Navas también sugirió ante la CIDH insistir al Estado salvadoreño en su solicitud de visita in loco en El Salvador para observar la situación judicial y de los derechos humanos.
La representante también pidió a la CIDH “el seguimiento cercano a la inactividad de los recursos internos” como las demandas de habeas corpus y el retraso en el control judicial de las detenciones.
“Jueces podrían estar aquí pero no lo están por temor a las represalias grandes, traslados, despidos y separación”, sostuvo.
El Gobierno ha defendido la destitución de la Sala de lo Constitucional, fiscal general de la República y remoción y traslado de jueces como parte de su estrategia para capturar y quitar de las calles a pandilleros; asegura que ha capturado más 91,300 pandilleros.
El 5 de octubre de 2025, el presidente saladoreño Nayib Bukele aseguró: “Cuando destituimos a los jueces corruptos de nuestro país, enfrentamos una fuerte reacción de la llamada ‘comunidad internacional’ incluida la administración Biden. Lo hicimos de todos modos porque era la única manera de salvar nuestro país”, escribió en X. Bukele respaldó la sugierencia de Elon Musk de destituir a los jueces para “restaurar el poder en Estados Unidos”. Bukele le advirtió en febrero de ese año que, si no los destituyen, “formarán un cártel y bloquearán todas las reformas”.
El régimen de excepción en El Salvador está por cumplir cuatro años, luego de que fuera aprobado el 27 de marzo de 2022. Ha sido prorrogado 48 veces.
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