Una reforma a la Ley Penal Juvenil, cuyo proyecto original no fue modificado en el dictamen aprobado el martes en la Comisión Política, dicta la pena perpetua como única sentencia condenatoria posible para menores cuyas edades oscilen entre los 12 y 18 años, si cometen delitos de pertenencia de pandillas, homicidio, feminicidio y violación.
La Ley Penal Juvenil actual impone por delitos graves (homicidios, extorsiones, secuestros, delitos sexuales, robo agravado) penas de hasta 10 años de internamiento si es un adolescente de 12 años, de hasta 15 años de internamiento para los mayores de 16 años, y hasta 20 años de internamiento por delitos de drogas o de grupos terroristas, maras o pandillas.
Con la reforma, el menor también deberá ser sometido a «pena perpetua» para los delitos graves incluidos en el Código Penal, obligatoriamente: «En el caso de los delitos cuya pena sea la prisión perpetua, se impondrá esta», indica la propuesta de reforma al artículo 15 de la Ley Penal Juvenil. Los delitos sancionables con pena perpetua serán homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas.
La revisión de la pena perpetua para los menores se realizaría, según la reforma dictaminada, obligatoriamente a partir de los 25 años de prisión que cumpla.
Para los delitos graves de extorsiones, secuestros y robo agravados, se mantendría el internamiento máximo de 15 años para los menores de edad.
Exclusión total de la Ley Penal Juvenil a menores pandilleros
También, con la reforma, el proceso ordinario de menores regulado en la Ley Penal Juvenil no se aplicará a los menores procesados bajo la Ley contra el crimen organizado, es decir los que pertenezcan a organizaciones criminales o terroristas, incluyendo maras o pandillas.
La exclusión establece expresamente la exclusión total del procedimiento de menores a los procesos seguidos contra menores bajo la Ley contra el crimen organizado, normativa que permite juicios masivos contra pandilleros.
Actualmente, la Ley contra el crimen organizado vigente ya permite procesar a los menores en los tribunales de crimen organizado, lo que dejó a los jueces de menores como jueces de garantía. Esta ley ya permite que los procesos que se prolonguen 24 meses con posible prórroga de 12 meses adicionales y que los procesados, incluidos menores, cumplen sus penas en centros penitenciarios de adultos manteniendo una separación por edad.
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