Las autoridades de Guatemala declararon este martes el estado de prevención en todo el territorio nacional por un período de 15 días, con el objetivo de combatir la “criminalidad” de maras y pandillas, según un decreto que ya recibió el aval de la Presidencia.
La medida, firmada por el presidente Bernardo Arévalo y publicada en la Gaceta Oficial, establece la aplicación de “medidas extraordinarias” para contrarrestar ataques “contra las autoridades civiles” y garantizar la seguridad de la población y sus bienes. El documento señala que se busca reforzar la paz y el orden público frente a acciones de pandilleros.
En su artículo 3, el decreto define que el estado de prevención crea un marco jurídico para continuar con acciones excepcionales coordinadas por las fuerzas de seguridad, orientadas a “prevenir y reprimir perturbaciones graves de la paz y del orden público por parte de pandilleros”. Esta decisión da continuidad a medidas adoptadas durante los 15 días previos, implementadas tras motines registrados en varias cárceles del país.
Entre las disposiciones vigentes se incluye la limitación de reuniones al aire libre, manifestaciones públicas y espectáculos. Además, las autoridades podrán disolver por la fuerza, sin necesidad de advertencia previa, cualquier grupo o concentración donde se utilicen armas o se produzcan actos de violencia. También se contempla restringir la circulación o el estacionamiento de vehículos en determinadas zonas y horarios, impedir su salida de poblaciones específicas o someterlos a registro.
El Gobierno aclaró que estas restricciones no afectarán el funcionamiento de los organismos del Estado ni las inmunidades de sus miembros, tampoco interferirán en los procesos de designación de funcionarios conforme a los plazos constitucionales. Asimismo, aseguró que la actividad de los partidos políticos continuará con normalidad.
El estado de prevención representa una herramienta legal para reforzar la seguridad pública en Guatemala en medio del combate a las pandillas, aunque implica restricciones temporales a ciertos derechos ciudadanos como la libre reunión y manifestación.
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