“El país que yo quiero ‒escribió Lanssiers‒ es un país donde los ancianos puedan tomar una cerveza en compañía de sus amigos, donde ser viejo no sea delito punible por un vago desprecio […] Quiero un país donde un jubilado no dependa del buen humor de su yerno para conseguir un cigarrillo, donde las instituciones públicas y privadas le manifiesten respeto y donde no sea necesario recurrir al diccionario para aprender el significado de la palabra ‘dignidad’”. Ese es El Salvador al que sus habitantes deberíamos aspirar para disfrutar, en serio, de una vida segura en el presente y a futuro; ello, no solo en relación con la contención de la muerte violenta sino de cara a evitar la expansión de la muerte lenta hasta lograr su erradicación.
Pero no. El territorio que habitamos no reúne ni esas ni otras condiciones muy bien descritas por la pluma privilegiada de este cura belga, fallecido en el Perú que escogió como patria. No están dadas para nuestras mayorías populares y ‒entre estas‒ para quienes tuvieron empleo y por ley dejaron de trabajar en razón de su edad biológica o de retiro, no de su capacidad ni de su necesidad en muchos casos. Es decir, quienes a cierta altura de su vida deberían estar recibiendo una pensión decente y no la tienen.
Y hablando de dignidad, el segundo y el tercer considerando de la Ley Integral del Sistema de Pensiones ‒aprobada el 21 de diciembre del 2022 por una legislatura ya controlada por el partido de Nayib Bukele‒ mencionan la necesidad de crear un sistema previsional que asigne retribuciones “dignas y suficientes”. Eso, debido a que la entonces legislación vigente no respondía a las necesidades de las personas beneficiadas que, a estas alturas, suman casi 225 000 entre las registradas en los sistemas privado y público: 137 000 en el primero, el de las dos lucrativas administradoras de fondos de pensiones existentes, y más de 86 000 en el estatal.
Pero con las “nuevas ideas” plasmadas en la normativa surgida hace más de tres años, ¡sí se les garantizarían cantidades decorosas y satisfactorias! Eso fue lo que dijeron, pero la realidad es otra. El sistema privado cuenta con más de dos millones de personas afiliadas laborando y es el cúmulo de sus cotizaciones lo que permite sostener el pago de las respectivas pensiones para su membresía jubilada; poco menos del 60 % de esta, léase arriba de 134 000, recibe la mínima: 400 dólares estadounidenses.
Pero el sistema público solo cuenta con 1400 inscritas desarrollando una actividad laboral. ¿Cómo sostener el compromiso gubernamental con esas más de 86 000 personas que necesitan recibir mensualmente aunque sea el reducido monto mensual mencionado, de cara a una canasta básica desactualizada y limitada en cantidad de productos cuyo costo anda arriba de los $250 en lo urbano de $180 en lo rural? ¡Metiéndole mano a las llamadas “AFP”! A marzo del 2026, la deuda total del Estado con estas rondaba los 11 400 millones; entre enero y febrero aumentó casi 140.
Debe considerarse que nuestra población adulta mayor de 60 años el millón de personas. De estas, alrededor de 200 000 cuentan con el privilegio de recibir una pensión, aunque sea sobre todo poquitera. La Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del 2024 del Banco Central de Reserva, revela que alrededor del 35 % del mencionado universo poblacional continúa trabajando; hablamos de poco más de 350 000 personas rebuscándose en la precariedad del sector “mal llamado informal”, en palabras de Patricio Pineda.
Esa es parte de nuestra realidad en materia de pensiones; faltaría abordar el tema de la devaluada “pensión universal”. Por ello y otras razones, hoy más que nunca debemos recordar las palabras de nuestro santo pastor pronunciadas el 9 de octubre de 1977: “La marginación, el hambre, el analfabetismo, la desnutrición y tantas otras cosas miserables que se entran por todos los poros de nuestro ser, son consecuencias del pecado. Del pecado de aquellos que lo acumulan todo y no tienen para los demás”. Eso dijo. Pero ‒¡mucho ojo!‒ además habló “del pecado de los que, no teniendo nada, no luchan por su promoción; son conformistas, haraganes, no luchan por promoverse. Pero muchas veces no luchan, no por su culpa; es que hay una serie de condicionamientos, de estructuras que no los dejan progresar. Es un conjunto, pues, de pecado mutuo”.
Dejar atrás eso ‒vuelvo a Lanssiers‒ nos conducirá hacia “un país donde la justicia sea personalizada y se transmute en equidad; donde el verdugo no sea considerado como el único garante de la civilización […] en resumidas cuentas, un país normal”.
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