La desinformación y 139 ataques a candidatos, instituciones y periodistas caracterizaron las elecciones generales de Perú de este año, concluyó un informe que advirtió que la calidad democrática del país andino en parte depende en no normalizar estas prácticas en los próximos procesos electorales.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) y la Misión Técnica de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Perú realizaron un estudio entre enero y mayo de 2026 para analizar los hechos comprendidos antes, durante y después de las elecciones generales del 12 de abril.
Como resultado, se documentaron 139 incidentes en 18 regiones del país y en el espacio digital que comprendieron 43 casos de intimidación o acoso, 35 de desprestigio y estigmatización, 30 de discurso de odio, 21 de criminalización o judicialización, 18 agresiones físicas, 17 amenazas, 14 hechos de discriminación y racismo, 14 de acoso político, 9 amenazas de muerte y 8 de censura o bloqueo de información.
«Las elecciones evidenciaron que la violencia electoral contemporánea ya no se limita a agresiones físicas o enfrentamientos entre organizaciones políticas. La combinación de desinformación, hostigamiento digital, amenazas, estigmatización, exposición de datos personales y presión sobre funcionarios electorales y periodistas puede deteriorar progresivamente las condiciones necesarias para una competencia democrática libre», apunta el informe.
Otra de las conclusiones del estudio es que, frente al panorama actual, proteger la integridad electoral significa no solamente asegurar que cada voto sea correctamente emitido y contado, sino también garantizar que la ciudadanía pueda formar libremente su voluntad política, sin intimidación, discriminación ni manipulación deliberada del entorno informativo.
La secretaria general de la Cnddhh, Tania Pariona, expuso que uno de los ejemplos de ataques en la campaña electoral fueron los comentarios discriminatorios que recibió la candidata a vicepresidenta del partido Juntos por el Perú, Brígida Curo, a causa de su identidad andina, su apariencia y su forma de hablar.
«Estos ataques que no constituían una discusión sobre propuestas políticas, sino que reproducían patrones discriminatorios contra las mujeres andinas», indicó Pariona en referencia a Curo.
El informe también señala que el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, recibió amenazas de muerte tanto en redes sociales como incluso por parte de uno de los candidatos presidenciales, el ultraderechista Rafael López Aliaga, sufrió acoso en su domicilio y se filtraron datos personales suyos y de su familia.
El reporte identifica especialmente riesgos relacionados a la campaña de desinformación, granjas de bots y bulos en redes sociales, un fenómeno que también afecta a otros países y que son usados para manipular y generar una intención de alinear a un determinado voto o atacar a un oponente.
«Estas hipótesis sobre posibles redes coordinadas para alterar la opinión publica requieren investigación parlamentaria y también judicial», señaló Pariona.
«La preocupación democrática radica en determinar si operaciones coordinadas pudieron alterar las condiciones en las que los ciudadanos formaron su voluntad electoral y en evitar que estas prácticas se reproduzcan o intensifiquen durante las elecciones regionales y municipales de 2026 y futuros procesos electorales», concluye el informe.
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