El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador canceló la audiencia especial que tenía programada para este jueves, 30 de abril, en el caso donde se procesa al expresidente Félix Alfredo Cristiani Burkard, el exdiputado Rodolfo Antonio Parker y nueve exmilitares por la masacre de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), luego que la defensa del general Rafael Larios desistiera de esta.
El abogado de Larios, Eduardo Cardoza, confirmó que desistió de la petición sobre que la jueza Rosa Estela Hernández Serrano, que lleva el caso, sea quien lo conozca. El abogado explicó, brevemente, que había presentado la recusación porque en otros años la había denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por otros casos.
Ante esto, la audiencia especial ya no será reprogramada y la jueza seguirá conociendo el proceso penal por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres al interior de la UCA, el 16 de noviembre de 1989.
El escrito enviado por el tribunal a mediodía de este jueves indica que la defensa del general Larios consideró la revocatoria «impertinente».
En marzo reciente, este tribunal fijó fecha para el juicio donde se conocerá la investigación de la Fiscalía General de la República, el cual será desarrollado a partir del 20 de julio próximo.
Sin embargo, una semana antes, el 13 de julio, el tribunal ha citado a las partes procesales para notificar del caso al coronel Inocente Montano, quien guarda arresto en España, donde fue condenado a 113 años de prisión por el asesinato de los cinco jesuitas de nacionalidad española.
En este proceso penal están acusados:
- El expresidente Cristiani Burkard,
- El exdiputado Parker;
- los exmilitares Juan Rafael Bustillo Toledo,
- Juan Orlando Zepeda Herrera,
- Rafael Humberto Larios López,
- Carlos Camilo Hernández Barahona,
- Nelson Iván López López,
- Joaquín Arnoldo Cerna Flores,
- Inocente Orlando Montano,
- Óscar Alberto León Linares
- y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.
Todos los imputados son procesados por los delitos de asesinato, encubrimiento personal y fraude procesal en perjuicio de los sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo y Amando López Quintana, de nacionalidad española y Joaquín López y López, de nacionalidad salvadoreña; y sus dos colaboradoras, Elba Ramos y su hija, Celina Ramos.
El 16 de noviembre de 1989, en plena ofensiva final durante el conflicto armado salvadoreño, un batallón militar Atlacatl entró a las instalaciones de la UCA y asesinó a los jesuitas y a las dos mujeres que estaban en el lugar. El Informe de la Verdad señaló como responsables al alto mando de la Fuerza Armada, quienes días antes habían hecho una revisión en el lugar en busca del padre Ellacuría.
En el juicio del coronel Montano, en España, el exteniente, Yushy Mendoza dijo que el Alto Mando ordenó asesinar a Ellacuría sin de dejar testigos. Entre los involucrados de esta masacre se ha mencionado al expresidente de la República de ese entonces, Alfredo Cristiani, a quien los militares consideran miembro del Alto Mando.
El 5 de enero de 2022, la Sala de lo Constitucional reabrió el caso de la masacre de la UCA tras una petición del fiscal general Rodolfo Delgado de revertir el fallo de la Sala de lo Penal, que inicialmente había cerrado el proceso, por prescripción.
Tras la reapertura, la Fiscalía imputó al expresidente Cristiani y al exdiputado Parker la masacre jesuita. Ambos tenían orden de captura y el juzgado también notificó a la Organización de la Policía Internacional (Interpol) sobre una captura internacional, sin embargo, en abril reciente, Interpol notificó que eliminaron la notificación roja al expresidente y asimismo, bloquearon los datos del exdiputado Parker hasta que haya resolución final.
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