El Ministerio de Economía pidió a la Asamblea Legislativa reformar la Ley de Procedimientos Administrativos para no exigir que los documentos emitidos en el extranjero estén autenticados, con apostilla, impresos o con firma manuscrita, en las operaciones aduaneras y comerciales, incluido el registro de productos.
La reforma aplicaría actuaciones y procedimientos relacionados «con la selección del contratista y demás etapas del ciclo de compras públicas».
En su solicitud, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, explica que la reforma busca «facilitar los trámites a los administrados eliminando la exigencia de formalidades innecesarias, como lo son el requisito de la Apostilla, incluyendo procedimientos relacionados con las operaciones comerciales o aduaneras, y las compras públicas».
Actualmente el artículo 4 elimina requisitos considerados «innecesarios» entre estos documentos emitidos por la institución que los solicita o documentos ya proporcionados con anterioridad salvo se hayan vencido, o incluso elimina la exigencia de presentar documentos que obren en registros públicos.
Pero en la solicitud de reforma se solicitó incorporar un nuevo artículo 4-A, que establezca que «cuando se trate de documentos públicos emanados en el extranjero» no se exigirá su legalización o apostilla ni copias autenticadas, impresas o firmas manuscritas «cuando dichos documentos se refieran directamente a operaciones comerciales o aduaneras, incluyendo el registro de productos».
La reforma también indica que «tampoco se exigirá la legalización o apostilla de documentos públicos emanados en el extranjero cuando cuente con mecanismos de verificación electrónica» o en base a convenios con las entidades extranjeras.
La propuesta permitiría también no exigir de manera inmediata de estos documentos con legalización o apostilla, si su presentación es aplicable, o emitir resoluciones provisionales con un plazo de 10 días como máximo para presentarlo.
La Asamblea Legislativa recibió la solicitud este 18 de febrero y analizará la solicitud en su Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.
La apostilla es una certificación oficial que se coloca en un documento público para su validez legal.
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