El presupuesto general de la nación de 2025 contempla una reducción de $857,650 para la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin y la Comisión Nacional de Activos Digitales.
Ambas instituciones se encuentran bajo la tutela del Ministerio de Economía (Minec), incluidas en el presupuesto a partir de 2024 y creadas con la Ley de Emisión de Activos Digitales que la Asamblea Legislativa aprobó en noviembre de 2023.
De acuerdo con la ley del presupuesto, ambas tienen una asignación de $2,969,173 para 2025, un 22.4 % inferior en relación con los $3,826,823 que se presupuestaron en 2024.
La Agencia Administradora de Fondos pasó de tener una asignación de $1,075,051 en 2024 a $896,390 en 2025, una reducción de $178,661 (16.6 %).
Entretanto, la Comisión de Activos Digitales tiene un presupuesto de $2,072,783, inferior en $678,989 en comparación con los $2,751,772 reportados en 2024, equivalente a una reducción de un 24.6 %.
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¿Qué hacen estas instituciones?
La Agencia Administradora de Fondos Bitcoin tiene la función de administrar y resguardar los fondos provenientes de las ofertas públicas que emita el gobierno salvadoreño o las instituciones autónomas.
Además, tiene la facultad de invertir los fondos provenientes de las ofertas públicas, así como cobrar comisiones de administración de hasta un máximo de 0.5 %. Para esto, puede abrir cuentas bancarias o criptográficas.
En cambio, la Comisión tiene entre sus facultades habilitar o suspender ofertas públicas o cualquier otra solicitud de privado.
Asimismo, puede autorizar, suspender, revocar o cancelar el registro de proveedores de servicios de activos digitales; establecer mecanismos de salvaguarda de los activos emitidos a través de ofertas públicas; e inscribir emisores.
La Comisión también examina y vigila las actividades de los proveedores de servicios de activos digitales o cualquier otra entidad sujeta a fiscalización, así como cobrar por las tasas de los registros.
El acuerdo de $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla una camándula de restricciones de la intervención pública en actividades vinculadas al bitcoin. Por un lado, restringe las compras de la criptomoneda y, por el otro, establece la liquidación del Fideicomiso Bitcoin (Fidebitcoin) y la salida del Ejecutivo en la operación de la Chivo Wallet.
En cumplimiento al acuerdo, el gobierno publicó los estados financieros de la Chivo Wallet, los cuales revelaron que el monedero estatal opera con pérdidas. En 2024 cerró con $245.4 millones en pasivos, mientras que sus activos superan los $238.61 millones.
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