El juicio por lavado de dinero y activos en contra de la exprimera dama, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, su hermano y cinco publicistas por el presunto desvío de millonarios fondos públicos del gobierno del expresidente Antonio Saca, se encuentra estancado, a casi cuatro años de reordenado un nuevo juicio. Tras anularse una condena previa en 2022, el nuevo proceso ha chocado constantemente contra la pared de las negociaciones financieras.
El principal obstáculo que mantiene paralizada la vista pública es la tramitación de los «procedimientos abreviados».
A través de este mecanismo, varios imputados —incluyendo a Ana Ligia de Saca, Óscar Edgardo Mixco Sol, Gerardo Antonio Funes Durán y Ricardo Ernesto Lemus Zelaya— buscan confesar los delitos a cambio de penas menores, pero para ello la Fiscalía exige que se garantice el pago de la responsabilidad civil al Estado.
Los documentos judiciales revelan que materializar esta devolución de fondos, ligada al desvío original de más de $17.6 millones, ha sido un dolor de cabeza logístico.
Los procesados han intentado entregar inmuebles como «dación en pago», pero se enfrentan a múltiples trabas jurídicas. Por ejemplo, en el caso del publicista Gerardo Funes Durán, el traspaso de una propiedad está bloqueado porque el representante legal de su sociedad, César Funes Cruz, fue declarado con incapacidad sobreviniente. Esto impide juramentar a una nueva directiva que autorice ceder el dominio del bien a favor de El Salvador, según el documento del tribunal.
Por su parte, los hermanos Lemus Zelaya tuvieron que modificar su acuerdo debido a gravámenes hipotecarios sobre sus propiedades, buscando sustituir uno de los inmuebles por un cheque de caja. La propia Fiscalía ha reconocido que concretar estos acuerdos conlleva una dinámica «con muchos escollos a superar», enfrentando procesos de extinción de dominio y una tramitología que absorbe demasiado tiempo.
A la par de estos embrollos financieros, el sistema judicial lidia con la inmensa cantidad de pruebas de un caso catalogado como «complejísimo». Recientemente, el tribunal ordenó devolver a la defensa de Gerardo Funes Durán una masiva cantidad de evidencia documental incautada en 2017, en las oficinas de Funes y Asociados Publicidad S.A. de C.V..
Cajas enteras con libros de contabilidad, chequeras, comprobantes de pago de bancos y archivadores fueron regresadas debido a que las pericias financieras y contables ya finalizaron, dejando a estos documentos sin mayor «utilidad procesal» para el secuestro judicial.
Mientras la evidencia es procesada o devuelta, la justicia sigue dilatándose. El juicio, cuyo expediente ha llegado a acumular más de 177,000 folios, ha sufrido reprogramaciones incesantes desde el año 2023.
A petición del Ministerio Público, que requiere más tiempo para asegurar los pagos civiles, las fechas se han movido a enero y posteriormente a junio de 2026, e incluso documentos del tribunal señalan nuevas fechas para este juicio, que empezaría el próximo 23 de noviembre y se extenderá hasta el 27 del mismo mes.
Esta lentitud extrema fue vaticinada por la misma Ana Ligia de Saca a mediados de 2023, cuando reprochó la tardanza del proceso penal frente a las complicaciones de salud de los involucrados: «Bueno que quizá vamos a llegar a 2026… y vamos a venir en silla de ruedas todos», declaró en su momento.
La batalla médico-legal de Antonio Lemus Simún
En medio de este desgaste procesal y de las constantes reprogramaciones, destaca el caso del publicista José Antonio Lemus Zaldívar, conocido como Antonio Lemus Simún.
La defensa del procesado, un hombre de la tercera edad, intentó separarlo del juicio solicitando al tribunal que lo declarara con «incapacidad sobreviniente». Para sostener su petición, presentaron informes de especialistas privados (un neurólogo, un cardiólogo y un geriatra) que argumentaban que Lemus Simún padece un cuadro de fragilidad física y un deterioro cognitivo severo, producto de un proceso neurodegenerativo compatible con el Alzheimer. Según los médicos particulares, el imputado era incapaz de afrontar el juicio o comprender sus actos.
No obstante, la Fiscalía contraatacó apoyándose en los dictámenes del Instituto de Medicina Legal. El psiquiatra forense del Estado concluyó que, si bien el evaluado tiene padecimientos físicos y enfermedades crónicas propias de su longevidad, desde la perspectiva psiquiátrico-forense «no presenta ninguna enfermedad mental de relevancia médico-legal».
Tras realizarle un examen mental, el perito oficial determinó que su juicio y raciocinio están conservados. Ante la disparidad de opiniones, el Tribunal Sexto de Sentencia falló a favor del Estado, denegando la incapacidad y ordenando que el publicista se presente debidamente identificado para enfrentar, junto al resto de acusados, el prolongado juicio.
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