La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, en quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha depositado la responsabilidad de la nueva relación bilateral y se perfila para liderar la transición, es una de las 69 personas sancionadas por la UE por acciones contra la democracia y el Estado de Derecho, por violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil y la oposición en el país.
Las sanciones fueron instauradas por la UE en noviembre de 2017 y Rodríguez fue incorporada a la lista en junio de 2018. Estas medidas implican la congelación de activos, la prohibición de suministrarles fondos y el veto de ingreso a la Unión Europea.
El pasado 15 de diciembre, los ministros de Exteriores de la UE decidieron extender estas sanciones hasta el 10 de enero de 2027, justificando su decisión en “las persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como las violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática”.
Además de Rodríguez, figuran en la lista de sancionados el ministro de Interior, Diosdado Cabello; la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el excomandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides; el fiscal general Tarek William Saab; y el expresidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, este último retirado de la lista tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
El 14 de julio de 2021, el TJUE desestimó el recurso interpuesto por Delcy Rodríguez, confirmando su responsabilidad en la erosión institucional venezolana. En esa misma resolución, también fueron rechazadas las apelaciones de otros altos cargos. Sin embargo, el tribunal aceptó el recurso de Maikel Moreno, argumentando falta de fundamentos suficientes por parte del Consejo Europeo para sancionarlo.
Rodríguez también fue protagonista de un incidente diplomático en enero de 2020, al realizar una escala en el aeropuerto de Madrid donde sostuvo una reunión en la zona de tránsito con el entonces ministro español de Transportes, José Luis Ábalos, pese a tener vetado el ingreso a Europa.
Este encuentro provocó una polémica en España y llegó hasta el Parlamento Europeo, donde se debatió si el Gobierno español incumplió el régimen de sanciones. La Comisión Europea aclaró que no tiene competencia para sancionar a los Estados miembros, y la Fiscalía de Madrid cerró el caso al determinar que Rodríguez no había intentado entrar en territorio español.
En 2025, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo mantuvo abierta una solicitud para revisar si España violó el régimen sancionatorio, pero Bruselas reiteró que la aplicación recae exclusivamente en los Estados miembros.