La Fiscalía General de la República (FGR) presento la semana pasada la acusación formal contra 564 cabecillas de las estructuras Sureños y Revolucionarios de la pandilla Barrio 18, que abarca un dantesco volumen de 14,497 imputaciones, 474 son reos presentes y 90 ausentes, delitos de los años 2012 al 2026, este no es un caso más que presenta la FGR, representa un hito sin precedentes en la criminología y la seguridad pública hispanoamericana. Sin embargo, la monumental cifra y del legítimo enfoque punitivo, es imperativo analizar este proceso judicial desde la rigurosidad de la victimología. ¿Qué significa realmente este dictamen para las miles de víctimas, sus familias y para el concepto de justicia en El Salvador?
Desde el análisis criminológico, la tipificación de delitos como terrorismo, agrupaciones, y una serie de multi crímenes resulta sociológica y jurídicamente precisa. Durante este periodo de acusación, una década de impunidad y corrupción, la pandilla Barrio 18 no operó como una red de delincuencia común, sino como un proyecto de macro-criminalidad que intentó suplantar la soberanía del Estado. Los atentados contra la Delegación Policial de Quezaltepeque, el Centro Judicial Isidro Menéndez o el uso de explosivos fragmentarios M-67 contra instalaciones gubernamentales en 2014 y 2015, evidencian una estructura con características paramilitar, de delincuencia organizada transnacional. Emplearon lo que la academia define como violencia instrumentalizada: un terror calculado e indiscriminado para someter tanto a las instituciones democráticas como a la población civil.
No obstante, el pilar central de este proceso histórico debe ser la víctima. La victimología moderna nos enseña que la justicia no se agota en la neutralización del ofensor ni en la imposición de penas de prisión perpetuas; exige la reparación, el derecho a la verdad y la restitución de la dignidad de quienes padecieron el daño. A lo largo de los años, las víctimas de estas estructuras sufrieron lo que denominamos macro-victimización sistemática. Fueron despojadas de su condición humana para ser reducidas a simples mensajes de poder en la sanguinaria disputa por el control territorial, la extorsión y sus absurdos en las comunidades.
Al analizar masacres como la de los 11 trabajadores en el cantón Agua Escondida (San Juan Opico) o la ejecución de 9 motoristas en 2015, observamos el núcleo del terrorismo pandilleril. Estos ciudadanos no perecieron por rencillas personales, sino por la aberrante lógica de un Estado criminal paralelo que los consideró una amenaza a sus intereses económicos. Del mismo modo, el homicidio agravado de un agente policial y su hija en La Campanera ilustra cómo la violencia estructural de la pandilla no conocía límites éticos, atacando al eslabón más vulnerable para sembrar una parálisis social a través del miedo.
Para estas familias, el dictamen y judicialización de la FGR trasciende la expectativa carcelaria contra sus cabecillas, los hombres de atrás, los que daban las ordenes criminales y se lucraban de todo el dinero que acumularon. Este acto judicial significa el cese del olvido. En el ámbito victimológico, el reconocimiento público y formal del sufrimiento, la consolidación de la verdad jurídica actúa como la primera y más importante forma de reparación simbólica. El tribunal no solo juzgará crímenes; redactará la memoria histórica de una época oscura, asegurando que las víctimas dejen de ser estadísticas anónimas para erigirse como el centro irrefutable del reclamo de justicia.
Mi reconocimiento para el trabajo especializado de la FGR, el señor fiscal general licenciado Rodolfo Delgado Montes, el señor fiscal adjunto contra el Crimen Organizado licenciado Max Muñoz y sus equipos de trabajo con fiscales comprometidos con la justicia, al señor ministro de seguridad pública y justicia licenciado Héctor Gustavo Villatoro por su conducción estratégica especializada a las áreas de investigación, inteligencia y centro de investigación forense de la PNC, a todo el talento humano de la Policía Nacional Civil de la subdirección nacional de Investigaciones a su director comisionado Walter Raymundo Lazo Merino, jefaturas y personal de investigadores, unidades de apoyo por su trabajo de estos años para completar todo este proceso de investigación, siempre lo supe, había caso. Ustedes harán historia y quedará como un legado especializado de investigación criminal. Estamos ante la alta posibilidad de imposición de penas de prisión perpetuas revisables y condenas de alta duración.
El enjuiciamiento de esta cúpula criminal del Barrio 18 marca el ocaso de un ecosistema de impunidad. La justicia penal salvadoreña tiene hoy la oportunidad de demostrar que el sistema no solo tiene la capacidad de desarticular y castigar con severidad al victimario, sino que, fundamentalmente, ha aprendido a proteger, escuchar y dignificar a sus víctimas. Finalizó el tiempo de la impunidad, corrupción, y que las victimas con sus familias estuvieran en el olvido. Que El Señor les entregue la victoria en los juzgados contra el crimen organizado, será un proceso de desfile probatorio y técnico pericial donde quedará en evidencia todo este esfuerzo por hacer justicia.
*Por Ricardo Sosa / Doctor en Criminología / @jricardososa / www.ricardososa.net
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