El 10 de febrero se debe difundir la propuesta de una nueva reforma de pensiones para implementarla durante el año 2026 según el acuerdo adoptado por el Gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de acuerdo con el reporte publicado en julio de 2025 por el organismo financiero.
El economista Carlos Acevedo advirtió ayer que no cumplir con los plazos establecidos puede tener costos reputacionales para el Gobierno salvadoreño, aunque advirtió que estos hasta ahora no han sido grandes.
«Cumplir con los plazos establecidos siempre es bueno para construir reputación, pero ya van varios incumplimientos de compromisos acordados y no parece que los costos reputacionales hayan sido grandes». Carlos Acevedo, economista.
Acevedo consideró que el costo reputacional persiste, aunque sea menor, si se renegocian los plazos de los compromisos.
«Es como un alumno que constantemente está renegociando los plazos de entrega de las tareas con un profesor», indicó.
Diputados de oposición dijeron el lunes que desconocen si algún proyecto de reforma ha llegado a la Asamblea Legislativa. Tampoco los diputados de Nuevas Ideas han publicado sobre el tema. «No hemos escuchado nada», respondió la diputada Cesia Rivas, del partido opositor Vamos.
La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), también de oposición, no sabe si ha ingresado una propuesta a la Asamblea Legislativa.
Del Partido de Concertación Nacional (PCN), que tiene una representación en la junta directiva, se informó que desconocen del tema.
Calificando el área de reforma como «política de gasto», uno de los acuerdos de El Salvador con el FMI según el reporte de julio de 2025 fue «publicar una propuesta de reforma del sistema de pensiones para fortalecer la sostenibilidad del sistema y generar ahorros fiscales, incorporando las recomendaciones de la asistencia técnica del FMI».
«Fecha límite/Estado: 10 de febrero, 2026 (tercera revisión)», detalla la tabla incluida en el reporte.
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, dirigieron el 11 de junio de 2025 una carta de intención a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, acompañada del anexo I «Memorándum actualizado de políticas económicas y financieras» que detalla los compromisos que asumió el gobierno de El Salvador.
«En materia de pensiones, nos comprometemos a fortalecer la viabilidad financiera del sistema de pensiones… También estamos trabajando, con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, para preparar y publicar una propuesta de reforma (10 de febrero de 2026, SB) que podría entrar en vigor a mediados de 2026 para fortalecer la sostenibilidad del sistema y comenzar a generar ahorros fiscales», en el memorándum de políticas económicas y fiscales.
El estudio actuarial fue publicado en diciembre de 2025.
Los directores del FMI ven la reforma de pensiones como una forma para «apuntalar el ajuste fiscal a mediano plazo».
En El Salvador hay un total de 223,500 personas jubiladas de los sistemas público y privado según el estudio actuarial emitido en diciembre por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
En el sistema privado, 2.1 millones de personas son afiliadas activas y 137,000 son afiliados jubilados. En este sistema los trabajadores aportan cotizaciones a las Administradoras de Pensiones (AFP) que van a su Cuenta de Ahorro Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP) y a una Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), que les garantiza una pensión vitalicia. Según el estudio, 57 % de los jubilados del SAP recibe una pensión mínima de $400 mensuales.
En el sistema público, apenas hay 1,400 afiliados activos, pero ya hay 86,500 jubilados. Como este sistema no goza de cotizaciones suficientes que puedan financiar las pensiones; el Estado coloca Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) para pagar sus pensiones.
El estudio concluyó que existe un déficit previsional del 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024-2070, que los fondos de la CGS se agotarán en 2029 y que las cuentas individuales de la mayoría de los jubilados en 2024 se agotarán en los próximos dos años. El informe únicamente habla de crecimiento de las cuentas individuales en general de 2024 a 2070.
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