La Fiscalía de Paraguay imputó formalmente este viernes al expresidente Santiago Peña por el delito de asociación criminal, en el marco de una investigación relacionada con el colapso de Ueno Bank, una crisis financiera que dejó a tres millones de personas sin acceso a su dinero. En el mismo proceso también fueron imputados tres antiguos altos funcionarios del Banco Central paraguayo.
Peña, quien fue destituido por el Congreso la semana pasada tras conocerse el escándalo, es señalado por el Ministerio Público como presunto dirigente de una estructura que habría operado desde el Banco Central para favorecer al Grupo Vázquez, vinculado con Ueno Bank, según informó la Fiscalía mediante un comunicado.
La nueva imputación se suma a otros tres delitos atribuidos al exmandatario en relación con las mismas investigaciones: lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Las autoridades también formularon cargos contra tres antiguos administradores del Banco Central de Paraguay. Anteriormente, la Fiscalía había imputado al exdirector de esa institución, Carlos Carvallo, quien fue propuesto para ocupar el cargo por el propio Peña.
De acuerdo con las investigaciones, los antiguos funcionarios conocían presuntamente las irregularidades financieras que afectaban a entidades relacionadas con Ueno Bank, pero no adoptaron las medidas necesarias para corregirlas. La Fiscalía sostiene que estas personas «habrían tenido conocimiento de informes técnicos que advertían sobre excesos en los límites crediticios relacionados con empresas vinculadas a Ueno Bank y (…) no habrían impulsado las medidas correctivas correspondientes».
Ante estos señalamientos, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para uno de los antiguos funcionarios investigados, mientras que para los otros dos pidió arresto domiciliario bajo vigilancia mediante tobilleras electrónicas.
La Fiscalía también requirió el bloqueo de las cuentas bancarias de los tres exfuncionarios como parte de las medidas solicitadas durante el proceso judicial relacionado con las presuntas irregularidades en la administración financiera.
Los informes elaborados por los fiscales identificaron operaciones crediticias realizadas sin garantías suficientes, una situación que habría comprometido la sostenibilidad de Ueno Bank y puesto en riesgo los recursos depositados por sus clientes. La investigación busca determinar las responsabilidades de los antiguos funcionarios y del expresidente Peña en las operaciones que derivaron en la crisis de la entidad bancaria.
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