La transformación digital del Estado ha dejado de ser una mera opción o una forma de dar un toque moderno a la administración pública, sino que se ha convertido en un pilar de esta última. En América Latina, y especialmente en el contexto centroamericano, la transformación de procesos a plataformas electrónicas, el uso de la inteligencia artificial para procesar y utilizar datos y la emergencia de nuevos modelos económicos basados en criptoactivos, traen consigo grandes oportunidades en términos de eficiencia, pero también plantean grandes desafíos en términos de seguridad jurídica y garantía de los derechos fundamentales.
En este contexto, la gobernanza digital debe entenderse como el conjunto de principios, políticas y mecanismos de coordinación multinivel que permiten someter el uso de la tecnología al imperio de la ley.
Los desafíos de este nuevo entorno regulatorio van mucho más allá de los aspectos tecnológicos o económicos, ya que ponen en tela de juicio la forma en que se formulan e implementan las políticas públicas en un entorno digital.
En este sentido, las políticas públicas en materia de gobernanza digital no pueden limitarse a adoptar regulaciones de manera abstracta (copiando generalmente estándares y normativas de países desarrollados), sino que deben tener en cuenta las posibilidades tecnológicas y financieras de las instituciones públicas y diseñar mecanismos de “cumplimiento tecnológico” ajustados a las capacidades de cada Estado. Un claro ejemplo de ello es que, para cumplir adecuadamente con las regulaciones en materia de prevención del lavado de dinero en el entorno virtual, es necesario contar con sistemas sofisticados para el registro de los sujetos obligados y la generación de reportes, lo que requiere unidades de inteligencia financiera equipadas con sistemas de información de vanguardia.
Por otro lado, el marco regulatorio y las políticas públicas disruptivas implementadas por El Salvador en la escena internacional, como la aprobación del Bitcoin como moneda de curso legal, obligaron al Estado a crear estructuras regulatorias financieras y tecnológicas de gran innovación, como la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) y el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Digitales (DASP), que regulan, entre otras cosas, la emisión de tokens y la tokenización de activos de megaproyectos, evidenciando que es posible atraer inversión global en Web3, y al mismo tiempo implementar supervisión e inteligencia financiera. Otras acciones importantes, como la creación de la Agencia de Innovación Digital, el uso de firmas electrónicas, entre otras, marcan un punto importante en la seguridad jurídica y la simplificación de trámites administrativos.
A pesar de lo anterior, aún queda un largo camino para que El Salvador consolide un ecosistema digital protector y maduro en todos sus niveles. Uno de los retos pendientes de gran magnitud es la renovación del sistema de derechos y garantías fundamentales, específicamente, la aprobación de una Ley de Protección de Datos Personales robusta que responda a los desafíos de un entorno en el que la recolección de datos biométricos, el procesamiento masivo de datos y la inteligencia artificial avanzan sin cortapisas, generando vulnerabilidad jurídica para el ciudadano que no cuenta con una autoridad autónoma encargada de proteger los datos que deja en el entorno digital.
La transformación digital depende más de instituciones sólidas y ágiles que de la tecnología en sí. El Salvador, con voluntad política, ha implementado buenas prácticas en gobierno digital que lo posicionan como líder en la región, y demuestra que es posible transformar al Estado en un gobierno ágil y dinámico que atraiga inversión del sector tecnológico.
Sin embargo, El Salvador enfrenta el reto de no solo mantener este ritmo de transformación, sino de complementarlo con el fortalecimiento de los derechos digitales de los salvadoreños, para asegurar que este proceso de transformación no solo sea sostenible en el tiempo, sino que goce de legitimidad democrática. Aunque el camino apenas comienza, El Salvador ya ha marcado su historia. Sin embargo, el destino final se alcanzará solo si el Estado avanza digitalmente de la mano con la seguridad jurídica que garantice la protección de la privacidad y la dignidad humana frente a las máquinas.
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