Cerca de los cuatro años del régimen de excepción en El Salvador, el Ministerio de Seguridad justificó ante el Consejo de Ministros la necesidad de mantener esta medida en la persistencia de las pandillas en el territorio nacional y en la amenaza regional de estos grupos delictivos poniendo de ejemplo los hechos ocurridos en Guatemala.
En su solicitud de la 47ª prórroga del régimen de excepción, enviada a la Asamblea Legislativa por el secretario jurídico de la Presidencia de El Salvador, Adolfo Muñoz, se expone que el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, sometió a consideración del Consejo de Ministros diversas circunstancias para sustentar la solicitud. El régimen de excepción se prorroga cada mes; la más reciente está vigente hasta el 1 de marzo próximo.
De acuerdo con el Gobierno, aunque se han capturado “más de 91,000 terroristas”, es necesario prolongar el régimen de excepción, ya que la suspensión de las tres garantías constitucionales contenidas en los incisos segundos de los artículos 12 y 13, así como del artículo 24, “son necesarias” para “continuar las actividades operativas de seguridad”.
La suspensión de las garantías constitucionales tienen que ver con el derecho de defensa, plazo máximo de detención e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, derechos que están suspendidos en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022.
Según el Ejecutivo, estas medidas “han permitido la detención de integrantes y jefes de organizaciones terroristas, de criminales relacionados con la comisión de ilícitos vinculados al traslado de armamento, e incluso han neutralizado agresiones dirigidas hacia elementos policiales”.
El Ministerio de Seguridad explicó que recientemente fueron capturados miembros de una organización criminal “cuyas acciones estaban dirigidas a afectar gravemente a jóvenes y menores en entornos escolares, por medio de intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas tanto dentro como fuera de los centros educativos”.
“Esto confirma la persistencia y el intento de reorganización de las pandillas en el país, evidenciando la gravedad de este fenómeno”, señala el documento.
Asimismo, el ministro sostuvo que, debido a la amenaza que representan las pandillas para la sociedad y la juventud, “resulta indispensable continuar con la adopción de medidas extraordinarias y especializadas que permitan combatir eficazmente estas estructuras criminales”.
El Gobierno también argumentó que las estrategias permiten “mantener el control interno sobre las estructuras criminales”, pero advirtió que el contexto regional “demanda especial atención” por los hechos ocurridos en Guatemala, donde fueron asesinados nueve agentes policiales.
“Estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad alcanzada en nuestro país. Por ello, la defensa y el combate frontal contra terroristas deben mantenerse a través de las medidas extraordinarias previstas en el régimen de excepción”, indicó el Ministerio de Seguridad al Consejo de Ministros, según el escrito del secretario jurídico.
Finalmente, el documento sostiene que la continuidad del régimen de excepción se considera una herramienta indispensable para preservar la estabilidad y proteger a la población salvadoreña frente a posibles repercusiones externas.
El régimen de excepción ha cuestionado por organizaciones no gubernamentales bajo el argumento de que su aplicación ha implicado la captura de personas no vinculadas a pandillas ya que han registrado más de 6,500 denuncias, en su mayoría denuncias de capturas arbitrarias, y la muerte de más de 400 personas detenidas bajo custodia estatal. El gobierno ha admitido que hay un margen de error en las capturas.
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