La masacre en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) ocurrió durante la madrugada del 16 de noviembre de 1989; entonces yo vivía en México una especie de autoexilio que duró ocho años y algo. Fuera de Segundo Montes ‒mi profesor de Física en el Externado de San José‒ y de Ignacio Martín-Baró, no conocí a las otras seis indefensas víctimas civiles.
En esos días nunca imaginé que me involucraría de lleno, poco después, en una tan prolongada demanda de justicia para estas y sus familiares. Pero, por cosas del destino, dirigí el Instituto de Derechos Humanos de dicha casa de estudios (IDHUCA) durante 22 años casi exactos y fue así que me tocó entrarle. Ahora que volvió a ser noticia dicha atrocidad ‒tras la libertad condicional anticipada por motivos de salud física y mental del único condenado judicialmente como uno de sus autores intelectuales, el coronel Orlando Montano‒ me dio por escribir de nuevo algo al respecto.
Pero antes aclaro que solo menciono su segundo nombre pues para mí, por esa salvajada de cuya articulación fue parte esencial y por la que fue declarado culpable en la Audiencia Nacional de España –respetándole todas sus garantías judiciales y el debido proceso– no merece llamarse “Inocente”; también por otros hechos deplorables anteriores nunca investigados, en los que se le achaca algún importante grado de participación.
Al iniciarme en el IDHUCA, encontré un grupo especializado de expertos y expertas internacionales que asesoró a mi antecesor y “reclutador”: el después cardenal Michael Czerny, quien está a punto de entregar su cargo en el Vaticano. Dicho equipo lo acompañó en El Salvador, antes y durante el proceso judicial fraudulento de los militares acusados de ser autores materiales de la masacre y señalados como los únicos responsables; entre ellos el coronel Adolfo Arnoldo Majano, al que tramposamente sus pares le atribuyeron en solitario ser el “cerebro” de la misma.
El referido grupo de especialistas foráneos se fue desmontando de a poco, tras la salida de Czerny; a final de cuentas, me quedé tramando qué hacer junto al querido José María “Chema” Tojeira y con el necesario apoyo de Rodolfo Cardenal, mi jefe inmediato. No podíamos permitir que la impunidad triunfara
La decisión tomada: priorizar el trámite de la petición formulada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Américas Watch, organización presidida entonces por Juan Méndez –entrañable abogado argentino– quien la presentó ante el organismo regional… ¡el mismo día de consumada la barbarie en la UCA! Una década después, el 22 de diciembre de 1999, la CIDH concluyó en su Informe de fondo que el Estado salvadoreño violó el derecho a la vida y faltó a su obligación de investigar –diligente y eficazmente– los hechos; tampoco cumplió con la obligación de procesar y sancionar a todos sus responsables. Hubo, pues, “manipulación de la justicia con un evidente abuso y desviación de poder”.
Pensamos que con dicho dictamen zarandearíamos bien fuerte el sistema interno para hacerlo funcionar. Pero no. Presentamos la denuncia en la sede fiscal forzando al titular ‒Belisario Artiga‒ para que cumpliera su deber y adrede lo hizo chambonamente; recorrimos de punta a punta el andamiaje respectivo: desde un juzgado de paz hasta la Sala de lo Constitucional. Nos cerraron todas las puertas. Así que decidimos con Almudena Bernabeu, apreciada colega y gran amiga, tocar las de la Audiencia Nacional de España adonde se logró la condena de Montano en el 2020. Los otros autores intelectuales de aquella infamia no fueron procesados allá, por no estar presentes gracias al “resguardo” que les brindó Mauricio Funes ‒presidente de la república en el 2011‒ cuando se libraron las órdenes internacionales de captura; también a la Corte Suprema de Justicia, al decidir torcidamente que las mismas no eran de extradición sino de localización.
Pero la condena judicial de Montano allá, lo fue también para todos sus compinches acá. ¿Por qué? Por lo que aprendí de otro querido y recordado compañero: Roberto Garretón, quien me enseñó que la impunidad en materia de violaciones graves de derechos humanos tiene cuatro caras: la penal, al no sancionar a sus autores; la política, por no inhabilitarlos para ejercer cargos públicos; la moral, cuando oficialmente los consideran “honorables”; y la histórica si los proclaman “salvadores de la patria”. Aunque el mencionado miembro del alto mando militar de la época ya fue excarcelado en España, la justicia universal cayó sobre él y ‒por tanto‒ también sobre el resto de sus criminales cómplices. La “historia oficial” se les destartaló, pues el juicio de Montano alcanzó para los otros altos oficiales culpables a quienes el territorio nacional se volvió su cárcel.
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