El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) entrega este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que asegura que hay “base razonable para creer” que en El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad.
El informe, presentado en el 195 período de sesiones de la CIDH, celebrado en Guatemala, sostiene que durante el régimen de excepción se han reportado 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025 y 403 muertes en cárceles.
“A la luz de lo documentado y del derecho penal internacional, existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en El Salvador, incluyendo asesinato, encarcelamiento o privación grave de la libertad en contravención de normas fundamentales, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos”, indicó la conclusión XVI del informe.
Según los juristas, hay “responsabilidad internacional” no solo del Estado, sino “de las personas físicas de manera individual, de acuerdo con los principios del derecho penal internacional”.
Detallan que los crímenes de lesa humanidad son “actos graves cometidos de manera generalizada o sistemática contra una población civil”, no necesariamente cometidos en un conflicto armado, y que responden a una política de Estado o de una organización.
El estándar “base razonable para creer”, según el informe, es el empleado por la Corte Penal Internacional (CPI) para “determinar si ejerce sus facultades de oficio para iniciar una investigación de los hechos”.
Según el informe, el GIPES analizó actos que incluyen encarcelamiento, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violación y violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos. “Se documentó tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes: golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada, violencia psicológica, falta de acceso a alimentos, agua, salud y ventilación”, indica el informe. Sostienen que los actos fueron “generalizados” y “sistemáticos”.
“El estado de excepción no fue una desviación temporal, sino la base estructural sobre la cual se pudieron normalizar graves violaciones de derechos humanos bajo la apariencia de legalidad”, indica el informe.
También señaló que el cierre “progresivo y deliberado del espacio cívico, los actos de estigmatización, la vigilancia ilegal, la persecución judicial, las detenciones arbitrarias, la tortura y la adopción de legislación restrictiva contra periodistas, opositores políticos e integrantes de medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil” constituyen “persecución” por “razones políticas”.
El grupo instó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a “crear una misión internacional de determinación de hechos sobre violaciones de derechos humanos para asegurar la rendición de cuentas y justicia para las víctimas”, y recomendó al Estado de El Salvador establecer una comisión independiente de revisión de casos con apoyo internacional, así como poner fin al régimen de excepción y a las reformas penales relacionadas con el régimen. Consideró que violan el derecho internacional.
El GIPES está conformado por cinco juristas reconocidos internacionalmente: Susana SáCouto, Claudia Martín, Gino Costa, José Guevara y Santiago Cantón.
El informe fue respaldado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), InterJust, el proyecto de investigación Impactum y el Programa para el Estudio de los Derechos Humanos en Contexto, de la Universidad de Ghent, Bélgica.
El informe se basa en información oficial, nacional e internacional, y en reuniones con víctimas, sociedad civil, academia, abogados y periodistas.
Los fondos se destinarán a la unidad presupuestaria y línea de trabajo 08 Apoyo a otras instituciones, 01 Programas educativos a través de socios estratégicos, para la “Asociación para la Promoción Humana”.
Según la correspondencia enviada por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, los fondos servirán para “la ejecución del proyecto de becas cofinanciadas destinado a la formación integral de 376 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en comunidades de escasos recursos y que finalizan sexto grado en escuelas públicas en el departamento de La Libertad, para permitir la reinserción de estos en el mercado laboral y dar continuidad a sus estudios superiores”.
El Gobierno ha negado violaciones a derechos humanos denunciadas por organizaciones, como torturas, capturas arbitrarias y muertes de detenidos bajo custodia estatal. Por ejemplo, en noviembre de 2022, ante el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas, aseguró que la tortura no existe como política penitenciaria. En ese entonces, Carlos Javier Hernández, subdirector de asuntos jurídicos de la Dirección de Centros Penales, dijo que no se reporta “ningún hecho o acto de violencia o amotinamiento” en los centros penitenciarios y enumeró programas penitenciarios. En ese entonces, la encargada de la Fiscalía General de la República dijo que había 11 investigaciones por tortura desde 2019, cinco activas y 15 judicializadas, en cuatro de las cuales ya hay condenas.
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