1,19 millones de personas mueren cada año a causa de accidentes viales. Esto de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además del daño físico y emocional para las víctimas y sus familias, estos siniestros generan pérdidas económicas considerables para las personas, sus hogares y los países. Estas pérdidas se derivan tanto de los costos de atención médica como de la reducción de productividad por las muertes y las discapacidades relacionadas con las lesiones. En conjunto, los accidentes viales cuestan a un país aproximadamente el 3 % de su producto interno bruto.
En nuestro país enfrentamos desde hace años una epidemia de muertes por accidentes de tránsito, para la cual el gobierno actual no ha logrado diseñar ni aplicar medidas preventivas efectivas. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, El Salvador registra una tasa de mortalidad por siniestros viales de 19,81 por 100 000 habitantes. Esta tasa supera ampliamente la tasa global (14,09), es mucho mayor que la de Europa Occidental, supera la de Canadá y, en varios años recientes, está por encima de la de Estados Unidos. Somos el país de Centroamérica con la mayor tasa de mortalidad vial, muy por encima de Guatemala y Honduras, que ocupan el segundo y tercer lugar.
Cada día ocurren en promedio 65 siniestros viales en el país, con un promedio de 4 fallecidos diarios. En 2026, la mortalidad vial ha aumentado un 25 % respecto a 2025. La mayoría de estas muertes se concentra en el departamento de San Salvador, afecta principalmente a adultos en edad productiva (18–59 años) y predominan en el género masculino. La mayoría de estas muertes son prevenibles. Pero, la prevención de un accidente vial implica tomar medidas proactivas antes que ocurra para evitar que el accidente ocurra, reducir su probabilidad o minimizar sus consecuencias.
Los sistemas de transporte deben responder a las necesidades de los usuarios y ser tolerantes con el error humano. El enfoque del sistema seguro en materia de seguridad vial tiene como objetivo garantizar un sistema de transporte seguro para todos los usuarios de la vía pública. Este enfoque tiene en cuenta la vulnerabilidad de las personas ante lesiones graves y reconoce que el sistema debe diseñarse para tener en cuenta el error humano. Los pilares de este enfoque son carreteras y sus márgenes seguros, velocidades seguras, vehículos seguros y usuarios de la vía pública seguros, aspectos que deben abordarse para eliminar los accidentes mortales y reducir las lesiones graves.
El Salvador cuenta con el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2021-2030, liderado por el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT) y el Viceministerio de transporte, cuyo objetivo principal es reducir en un 50 % las muertes y lesiones ocasionadas por siniestros viales para el año 2030.
Entre los objetivos estratégicos del plan se encuentran: instrumentos jurídicos completos, efectivos y actualizados; carreteras seguras; mejora de la seguridad en carreteras existentes; vehículos seguros; velocidad segura; motocicletas seguras; uso de sistemas de retención como cinturones de seguridad; reducción del consumo de sustancias; asistencia rápida y atención sistematizada; incorporación de la seguridad vial en la agenda pública; e instituciones fuertes.
Cada uno de estos objetivos contempla resultados observables y medibles, así como responsables específicos para las actividades alineadas con cada meta. El plan lleva aproximadamente seis años en ejecución y restan cuatro años para su finalización. Sin embargo, según los reportes oficiales, los avances más visibles hasta el momento incluyen la construcción de ciclovías y zonas 30, controles vehiculares y tecnología para medición de velocidad, campañas de concientización y educación vial, así como la instalación de 100 puntos de control vehicular.
Tanto el FONAT como el Viceministerio de transporte deben estar conscientes de que la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial presenta retrasos y desfases importantes respecto a sus metas originales. Resulta razonable esperar que los responsables de ejecutar las distintas actividades del plan estén rindiendo cuentas sobre estos atrasos, considerando que de su cumplimiento depende la protección de miles de vidas salvadoreñas.
La mortalidad por siniestros viales en El Salvador no puede seguir siendo tratada como un problema secundario ni como una consecuencia inevitable del crecimiento del parque vehicular. Se trata de una crisis de salud pública, desarrollo económico y responsabilidad institucional que cada año cobra cientos de vidas prevenibles, principalmente entre la población en edad productiva. Las cifras actuales reflejan no solo el fracaso de las medidas preventivas implementadas hasta ahora, sino también la ausencia de una ejecución efectiva y sostenida del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2021-2030.
El país ya cuenta con diagnósticos, objetivos estratégicos y responsables identificados. Lo que falta es voluntad política, capacidad de ejecución, evaluación transparente de resultados y rendición de cuentas. Mientras las acciones continúen limitándose a medidas aisladas y de impacto limitado, la tendencia de muertes y lesiones seguirá creciendo. Cada retraso en la implementación del plan representa más familias afectadas, más discapacidad y más pérdidas humanas y económicas para el país.
Reducir la mortalidad vial requiere asumir que los accidentes no son hechos inevitables, sino eventos prevenibles mediante políticas públicas basadas en evidencia, infraestructura segura, control efectivo, educación vial y fortalecimiento institucional. La seguridad vial debe dejar de ser un discurso técnico y convertirse en una prioridad nacional real, porque detrás de cada estadística existe una vida que pudo haberse salvado.
*El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo y consultor internacional
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