Mientras cuatro de cada diez salvadoreños cree que que las detenciones de ambientalistas y abogados han afectado las libertades civiles en El Salvador, otros cuatro de cada diez opinan que estas capturas no afectan las libertades civiles y de organización en el país.
En la encuesta más reciente del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca), se le preguntó a los entrevistados si conocía de las detenciones de defensores de derechos humanos, como el pastor de la Iglesia Elim, ambientalistas y abogados, hecho que Amnistía Internacional aseguró que atentaba contra las libertades civiles y de organización del país.
Un 29.2 % respondió que sí conocía el hecho; y el 69 % lo desconocía: siete de cada diez salvadoreños. El resto no respondió.
Después de esa pregunta, el Iudop preguntó a la población si está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación de que estas detenciones afectan las libertades civiles y de organización, a lo que el 40.7 % respondió que está de acuerdo y el 43.1 % respondió que no cree que estas detenciones afecten estas libertades.
La misma encuesta revela una división en torno a la situación política de país: para la mitad de los salvadoreños (47.9 %) está igual, para un 17.5 % la situación política está peor y tres de cada diez personas (un 27.2 %) dicen que está mejor.
Entre las capturas en referencia, se encuentran las de los abogados Ruth Eleonora López, de la asociación Cristosal, el 18 de mayo de 2025, y Salvador Enrique Anaya, el 7 de junio de 2025, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente. Anaya fue uno de los abogados que pidió anular la candidatura del presidente Nayib Bukele hacia su segundo periodo.
Las derechos civiles y políticos, según la organización Front Line Defenders, buscan garantizar la integridad física y mental de las personas, su vida y su seguridad, y la protección de toda discriminación. El Salvador es signatario del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Según el mismo estudio, la opinión sobre situación de las personas detenidas bajo el régimen de excepción también está dividida. En este caso, la casa encuestadora preguntó si deberían ser liberadas si no hay pruebas suficiente, un 36.8 % opinó afirmativamente.
También se preguntó si deberían recibir medidas alternativas a la detención, con lo cual 34 % estuvo de acuerdo; o si deberían estar detenidas mientras el caso se resuelve en tribunales, con lo cual el 16.7 % estuvo de acuerdo. Un 7.7 % respondió que depende de cada caso y el 4.7. % no respondió.
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