Félix Laínez, presidente de la junta directiva de la comunidad San Francisco Angulo, de Tecoluca, San Vicente Sur, fue uno de los participantes de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, en su 195 periodo de sesiones celebrado en Guatemala.
El líder comunitario es uno de los habitantes de la comunidad San Francisco Angulo que rechazan la construcción de un relleno sanitario por la contaminación que podría generar al río Salamar.
“Denunciamos, nosotros hemos buscado apoyo dentro de la zona, las autoridades competentes, y no hemos tenido respuesta. Nos preocupa el despojo de nuestra tierra, la remoción de osamentas que están ahí dentro de la zona y la contaminación con ese relleno sanitario, que es el único río que nos queda, el Salamar, nosotros estamos en ese campo que no estamos de acuerdo y se nos ha sumado las capturas de algunos miembros de la comunidad”, dijo Laínez, en la audiencia.
Luego, ante una pregunta de la secretaria ejecutiva de la CIDH, detalló que se refirió a osamentas de hechos ocurridos «en los años 80-81, en el conflicto armado, están en el área que pretenden contruir el basurero”.
Por su parte, Donovan Ortega, de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), pidió poco después de la participación de Laínez que la CIDH «inste al Estado a abstenerse de cualquier represalia, hostigamiento o criminalización contra quienes han participado en esta audiencia, en particular integrantes de San Francisco Angulo».
Ortega también pidió instar al Estado salvadoreño a «cesar la persecución judicial y extrajudicial de personas defensoras para silenciar las voces críticas, disuadir la protesta social o desarticular procesos organizativos comunitarios especialmente contra quienes defienden el territorio».
También pidió ajustar la Ley de agentes extranjeros «a los estándares interamericanos sobre libertad de asociación». El Gobierno defendió la ley argumentando que busca transparencia y trazabilidad en el manejo de los fondos extranjeros en El Salvador.
El comisionado José Luis Caballero Ochoa, presidente de la CIDH, aseveró que el «Estado debe otorgar las garantías a todas las personas que concurran a una audiencia» y aseveró que el artículo 63 del reglamento de la CIDH indica que «el Estado no podrá enjuiciar a testigos ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión».
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