La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador giró esta semana una orden de captura en contra del exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Jorge Schafik Hándal, acusado el pasado mes de septiembre, por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública y del guatemalteco-israelí Jimmy Jamal Sawafta Mustafa.
Hándal, quien ya fue condenado por enriquecimiento ilícito el año pasado, reaccionó la mañana del jueves en un vídeo que circula en redes sociales y en la que dice que «siempre han querido agarrarme».
La orden de captura fue ordenada luego que la Fiscalía General de la República (FGR) apelara la decisión Juzgado Décimo de Paz de San Salvador de no decretar detención provisional en contra del exdiputado al finalizar la audiencia inicial en su contra el mes pasado.
El caso avanzó a etapa de instrucción y será el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, el encargado de conocer las acusaciones señaladas en contra de Hándal. En el caso tambien se procesa a José Gerardo Rodríguez, quien junto al exdiputado fueron procesados en calidad de ausentes.
Ante ello, deberá ser el juez de instrucción que tramite la orden de difusión roja ante la Policía Internacional (Interpol) con el objetivo que ambos imputados sean localizados y llevados ante las instancias judiciales.
En un video publicado este jueves en la red social X, Hándal se refirió a la información difundida y expresó en «siempre han querido agarrarme, el que se mete a esto es un campo común a todas y todos que decidimos a luchar, ahí no hay novedad alguna otra cosa es que lo logren, pero eso siempre han querido».
El Ministerio Público lo acusa de una supuesta apropiación y venta de una finca que aparentemente no le pertenecía al 100% a los imputados. La acusación señala que un 50% de este terreno había sido adquirido por el guatemalteco-israelí Jimmy Jamal Sawafta Mustafa.
En mayo de 2024, la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador encontró culpable de enriquecimiento ilícito al exdiputado del partido FMLN y a su grupo familiar, por un monto total de $171,345.15. Según se comprobó, las irregularidades por las que fue condenado fueron depósitos bancarios, adquisiciones de vehículos y pago de tarjetas de crédito, durante su gestión como diputado, entre el 1 de mayo del 2009 al 30 de abril del 2012.