El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió, el pasado 3 de diciembre, ampliar por seis meses el plazo de instrucción en el proceso judicial contra 11 veteranos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y líderes de la Alianza El Salvador en Paz, acusados en 2024 de los delitos de actos de terrorismo y organizaciones terroristas.
La ampliación otorgada tras ser solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de extender el período de investigación en contra de los imputados y con ello la detención provisional; no obstante, el Ministerio Público Fiscal apeló la resolución del juzgador al otorgar sólo seis meses, ya que inicialmente pidieron una prórroga de hasta 24 meses, es decir, dos años.
En el proceso se acusa al firmante de los Acuerdos de Paz, Atilio Montalvo, líder de la Alianza El Salvador en Paz, José Santos Melara, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel. Además del comunicador social de Chalatenango, Luis Menjívar.
Según explicó Guillermo García, abogado defensor de Santos Melara, al pedir más tiempo de investigación queda en evidencia que no cuentan con los elementos suficientes para demostrar la culpabilidad de las personas procesadas por supuestos actos terroristas.
«Al solicitar ampliación de plazo lo que demuestra son a simple vista que no tienen los elementos suficientes en este momento para demostrar la culpabilidad de las personas que están siendo procesadas, por lo menos en este caso de los veteranos de guerra y han venido solicitando ampliación cada seis meses, lastimosamente nos encontramos en una situación que afecta al derecho a la vida y la salud de la persona privada de libertad que son más complicadas».
Guillermo García, abogado defensor de Santos Melara
De igual forma, el defensor cuestionó que la representación fiscal pida una extensión de hasta dos años, ya que sostiene que el Tribunal no tendría que seguir ampliando el proceso «si realmente tienen los elementos probatorios», y que en todo caso la Fiscalía debería solicitar un sobreseimiento, «ya sea definitivo o provisional, pero ya no tendría que pedir más ampliación del caso».
«La aberración jurídica que pretende hacer la Fiscalía General de la República al solicitar no solo la ampliación del plazo por seis meses más, sino que lo que está pidiendo es que se homologue ese plazo con el resto de los casos que les están aplicando a las demás personas que han sido detenidas por el régimen de excepción, es decir una ampliación de 24 meses más en prisión, esa es la solicitud en sí de la Fiscalía», expresó García.
Ante la resolución judicial de autorizar un plazo de extensión de seis meses, la FGR presentó un recurso de revocatoria con apelación subsidiaria, lo que implica que, de no modificarse la decisión del juez, el caso será elevado a una Cámara de lo Penal. La defensa confirmó que ya presentó la respuesta correspondiente al recurso interpuesto.
Estado de salud
De acuerdo con el Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (Cofappes), esta sería la tercera vez que el Tribunal de Crimen Organizado concede otros seis meses más de investigación, por lo que los acusados cumplen un año y medio en detención provisional, desde que fueron enviados en junio de 2024, sin avances visibles en la investigación.
El abogado de Melara señaló que su defendido es una persona de tercera edad que padece enfermedades crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión crónica y ha sufrido principios de derrame cerebrovascular, motivo por lo que en septiembre pasado, se autorizó una evaluación médica a su favor, sin embargo, manifestó que a la fecha desconoce si Medicina Legal efectuó los respectivos chequeos médicos o hubo algún impedimento de Centros Penales.
Hasta donde conoce el abogado García, Melara se encuentra recluido en el centro penal La Occidental, en Santa Ana.
De los 11 acusados, solo Atilio Montalvo, se encuentra bajo medidas sustitutivas a la detención debido al estado crítico de salud, en julio de 2025.
Según sus familiares, Montalvo padece de insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, secuelas de derrame cerebral, así como problemas de memoria de corto plazo, pérdida de dentadura, cataratas en ambos ojos y dificultad de movilidad motriz.
Los acusados fueron detenidos el 31 de mayo de 2024, por supuestos atentados que se desarrollarían durante la toma de posesión del presidente salvadoreño Nayib Bukele, el 1 de junio de ese año, para iniciar su segundo periodo presidencial.