El obispo de la Diócesis de Chalatenango, monseñor Oswaldo Escobar, pidió que se devuelva el dinero a los chalatecos que han sido afectados por CrediCash, investigada por un supuesto esquema piramidal y lavado de dinero por aproximadamente $51 millones.
El principal imputado del caso Credicash es el también empresario del transporte, Gerson Adriel Orellana Ayala, quien será acusado del delito de defraudación a la economía pública mediante captación ilegal de fondos y lavado de activos.
«Esperamos que todos esos ahorros se recuperen íntegramente, esperamos que toda esa gente que está viviendo con zozobra, todo ese mi querido pueblo que está viviendo con zozobra estos acontecimientos, le sean reintegrados cada centavo, ahí están los ahorros de mucha gente, ahí están los ahorros de muchos que se tuvieron que ir fuera del país buscando nuevas oportunidades. Así que queremos ver la justicia que se aplique de verdad en favor de nuestra gente chalateca», expresó el líder religioso en el 46 aniversario del magnicidio del arzobispo y santo de la iglesia Católica Óscar Arnulfo Romero, perpetrado en 1980 por un escuadrón de la muerte de extrema derecha, según un video divulgado por la YSUCA.
Monseñor Escobar aseguró que él no puede decir «quién tuvo la culpa, los pobladores o quién». «Yo no sabría decir quién o qué fue», sostuvo.
En sus anuncios publicitarios, Credicash ofrecía una tasa de interés del 10 % anual por los depósitos y otorgaba créditos a una tasa de interés del 5 % anual.
La Fiscalía señaló que actuaba bajo el esquema Ponzi, es decir un esquema piramidal, un esquema d estafa que busca mantenerse sumando cada vez más socios o depositantes con cuyo dinero son dados como ganancia a los primeros inversionistas y así sucesivamente. Según las autoridades, encontraron $7 millones en efectivo en el guardarropa del propietario, ahora capturado.
Otro caso de fraude ocurrido en El Salvador fue el acaecido en la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (COSAVI, de R.L.), que ahora es administrada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que está devolviendo por etapas el dinero a los socios que tengan hasta $80,000. La SSF asegura que los ahorros los está devolviendo «de los créditos colocados«.
Por el caso de COSAVI la Fiscalía procesaba por defraudación a la economía pública, lavado, casos especiales de lavado y agrupaciones ilícitas, a 32 personas, entre ellos 8 directivos, uno de los cuales falleció (Manuel Coto Barrientos) en una tragedia en la que altos jefes policiales también fallecieron al trasladar al imputado desde La Unión después de ser capturado por y en Honduras.
«Lo que hemos detectado es que altos ejecutivos de esa entidad financiera fueron los que desviaron una cantidad aproximadamente de $35 millones que fueron sustraídos progresivamente en diferentes momentos y de manera ilegal del patrimonio de la Cooperativa, todo esto en perjuicio de los asociados y para beneficio propio”, expresó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en una repentina conferencia de prensa convocada 10 minutos antes para el jueves a las 7:30 de la noche.
En un comunicado de prensa posterior, la FGR informó además que los directivos estaban capturados desde marzo y que los fondos habían sido extraídos a Estados Unidos y Alemania.
Algunos de estos directivos de COSAVI, según el funcionario, incrementaron sus patrimonios personales pero el fiscal informó que creen que lograrán establecer «el periodo de tiempo desde el cual» los directivos de COSAVI estaban realizando estas prácticas que también calificó de “antiéticas y corruptas”.
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