Los cambios constitucionales aprobados en El Salvador que posibilitan la prisión perpetua para los menores de edad deben ser revisados con «prontitud» por las autoridades salvadoreñas, pues son perjudiciales para los niños y niñas y vulneran varios de sus derechos, dijo este martes una oficina de la ONU.
«Instamos a las autoridades de El Salvador a revisar con prontitud los preocupantes cambios constitucionales y legales adoptados la semana pasada, que prevén la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años, en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos», dijo la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó el 26 de marzo pasado un paquete de reformas penales, incluida una que habilita la cadena perpetua para los menores de edad, esto luego que se ratificara un cambio a la Constitución para permitir dicha pena para violadores, homicidas y terroristas (pandilleros).
Hurtado señaló que en virtud de las disposiciones aprobadas, «los casos de niños y niñas condenados a cadena perpetua serán, por lo general, revisados únicamente cuando hayan cumplido 25 años de detención».
Este enfoque «contraviene» la Convención sobre los Derechos del Niño, «que exige que los niños y niñas en conflicto con la ley sean tratados de una manera que priorice su rehabilitación y reintegración, y que la privación de libertad se utilice solo como medida de último recurso y durante el período más breve posible», indicó.
«La detención prolongada es profundamente perjudicial para los niños y niñas, vulnera varios de sus derechos y afecta su desarrollo y bienestar a lo largo de la vida, reduciendo sus posibilidades de una reintegración exitosa en la sociedad», agregó.
En igual medida, Hurtado considera que «también es esencial mejorar las condiciones penitenciarias y garantizar el pleno cumplimiento de las normas de derechos humanos para todas las personas privadas de libertad».
Las declaraciones de Hurtado están recogidas en un comunicado divulgado este martes por la Oficina Regional para América Central y el Caribe del Alto Comisionado, que tiene su sede en Panamá.
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