El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno (2017–2021) irá a juicio por presunto cohecho en el llamado caso Sinohydro, una trama de supuestos sobornos vinculada a la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país, ejecutada por la empresa estatal china Sinohydro.
El juez a cargo del caso consideró que existen elementos suficientes para presumir la participación de Moreno en actos de corrupción, por lo que decidió llamarlo a juicio formalmente. La audiencia también analiza la situación de otras 23 personas procesadas, entre ellas familiares del exmandatario.
Como medida cautelar, el juez dispuso que Moreno se presente dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Asunción, Paraguay, donde reside actualmente y se desempeña como comisionado de la OEA para Asuntos de Discapacidad.
La Fiscalía ecuatoriana sostiene que entre 2010 y 2012, cuando Moreno ejercía como vicepresidente de Rafael Correa, él y su entorno familiar habrían recibido más de un millón de dólares en sobornos por facilitar contratos a Sinohydro. El caso se conoció originalmente como “INA Papers”, por el nombre de una empresa opaca vinculada a su familia.
Según el Ministerio Público, el esquema de corrupción implicó una triangulación financiera internacional con cuentas en paraísos fiscales, bienes inmuebles en España y transferencias ilícitas hacia familiares y allegados. Solo uno de los presuntos beneficiarios, Conto Patiño, habría canalizado más de 44 millones de dólares.
En su defensa, Moreno calificó el juicio como una «venganza del correísmo», y afirmó que el contrato con Sinohydro fue gestionado por Rafael Correa y Jorge Glas, quien también fue vicepresidente. “¿Por qué ellos no están procesados?”, cuestionó el exmandatario en un video divulgado en redes sociales.
El exgobernante también sostuvo que, durante su mandato, detectó más de 17,000 fisuras estructurales en la hidroeléctrica y se negó a recibir la obra. Afirmó haber iniciado un proceso de arbitraje internacional para reclamar por las fallas del proyecto, considerado estratégico para la matriz energética del país.
El escándalo estalló en 2019 tras una investigación del portal La Fuente, que vinculó a la familia de Moreno con propiedades en Alicante, España, y con la empresa INA Investment, lo que desató una pesquisa formal de la Fiscalía.
La acusación fiscal incluye a la esposa de Moreno, su hija, hermanos, cuñadas y suegra, como beneficiarios de pagos en efectivo, bienes y servicios. Solo a Moreno y su esposa se les atribuyen 220.000 dólares en sobornos, mientras que otros 440.000 dólares fueron repartidos entre sus familiares.
