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El secretario general del partido opositor salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Manuel Flores, cuestionó este lunes la necesidad de reformar la Constitución de El Salvador para habilitar la cadena perpetua en casos de homicidio, violación y organizaciones terroristas.

Flores señaló que «estos criminales ya tenían pena de por vida» y recordó que últimamente se han registrado condenas de varios cientos de años, principalmente contra pandilleros en el marco de un tipo de audiencia especial abierta, que permite juzgar a estructuras completas en un mismo proceso.

«¿Había necesidad de hacer esa reforma?», cuestionó el izquierdista y sostuvo que esta iniciativa del Gobierno de Nayib Bukele «no surgió de una necesidad en el país», sino que se dio «a raíz del escándalo del pedófilo ese que casi lo convierten en artista de cine en el Centro Histórico».

Esto en referencia a la polémica que se generó en redes sociales a partir de las publicaciones en cuentas gubernamentales de un video de un presidiario, quien habría sido condenado por violar a menores de edad y que forma parte de un programa de rehabilitación del Ejecutivo por medio de actividades artísticas.

Tras la difusión del video, personas que dijeron ser familiares de las víctimas publicaron también videos en los que criticaron su inclusión en el programa Cero Ocio sin haber cumplido ni la mitad de su condena.

La Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó la semana pasada una reforma constitucional que permite las penas perpetuas de prisión para «homicidas, violadores y terroristas» propuesta por el Gobierno del presidente Bukele, y que posteriormente debe ser ratificada.

«Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas», dice la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución aprobada en sesión plenaria por 59 diputados de NI, sus aliados e incluyendo dos de la oposición, de los 60 que forman este órgano.

La propuesta de Bukele para permitir las penas perpetuas llegó a unos días de que El Salvador cumpla cuatro años bajo un régimen de excepción que se aprobó en marzo de 2022 para combatir a las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de homicidios en el país centroamericano que por años fue considerado como uno de los más violentos del mundo.

También la reforma fue propuesta días después que un grupo de expertos divulgara un informe en el que se concluye que en el contexto de la implementación del régimen de excepción en el país se habrían cometido violaciones a derechos humanos que «podrían constituir crímenes de lesa humanidad».

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respaldaron este lunes, en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, la reforma constitucional y penal que levantaría en El Salvador la prohibición de la prisión perpetua asegurando que «no» violaría tratados internacionales como la Convención de Derechos del Niño, porque se plantea como una pena perpetua «revisable» y no cerrada.

Los magistrados se refirieron a que la reforma al Código Penal impone una revisión obligatoria de la pena perpetua, la cual sería aprobada para personas condenadas por ser pandilleros o por comisión de delitos de homicidio, feminicidio, simple o agravados, o violación.

Alejandro Quinteros, magistrado presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, advirtió que según la propuesta la pena perpetua estaría “condicionada a mecanismos de revisión periódica” por lo cual “el Estado no renuncia a la resocialización”, siempre “que haya muestras objetivas y verificables” de la ausencia de riesgo para la sociedad.

“La revisabilidad transformaría de alguna manera la naturaleza de pena perpetua cerrada a una pena perpetua condicionada”, resumió.

Si bien la reforma constitucional que aprobaría El Salvador levantaría la prohibición de la pena perpetua, la propuesta de reforma al Código Penal del Ministerio de Seguridad y Justicia establece una revisión obligatoria de la pena perpetua a partir de 25 años de prisión para menores, a partir de 30 años de prisión para adultos condenados por un delito, a partir de 35 años de prisión a condenados de varios delitos y desde los 40 años de prisión si hay agravante.

“La revisión eventual en esos plazos que el paquete de reformas establece va a depender de algunos factores, fundamentalmente la conducta penitenciaria, la participación en procesos de reinserción, algunos indicadores de reinserción social, que son los que permitirían eventualmente la posibilidad de acceder a una libertad controlada, que es lo que la reforma plantea en la ley secundaria”, explicó Quinteros al hablar de la propuesta del Gobierno.

Por su parte, el magistrado José Fernando Marroquín Galo aseguró que, al regular la posibilidad de cadena perpetua, se respetaría la Convención de los Derechos del Niño, ya que en su artículo 37 indica que ningún niño debe ser sometido a una pena capital ni a la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación. “Lo que estaría prohibido es sin posibilidad de excarcelación pero, si hay posibilidad de excarcelación, no sería incompatible”, afirmó el funcionario.

Sala se pronunció en 2018

Los representantes de la CSJ también opinaron que la reforma de la cadena perpetua propuesta por el Gobierno respeta la jurisprudencia constitucional de El Salvador.

El magistrado Quinteros citó una sentencia del 7 de marzo de 2018 (69-2017) sobre la inconstitucionalidad del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional y relató que la Sala dijo que, “si se considera que la pena perpetua revisable, siempre está condicionada la comisión de delitos de especial gravedad, resulta plausible afirmar que esta gravedad es la que justifica su naturaleza”. La Sala, citó, dijo que “con el fin de abrir un margen de resocialización con las exigencias constitucionales, se permite que pueda revisarse si el condenado cumple con ciertas condiciones actitudinales para reducir la pena”. Detalló que la Sala se pronunció al señalar que lo que establece el Estatuto de Roma es constitucional aún sin la reforma.

Así, el magistrado, en representación de la CSJ, aseveró a los diputados que “la pena perpetua revisable no inhibe la consecución de la finalidad resocializadora de la pena”, “no infringe la prohibición de penas perpetuas y “tampoco impide que el condenado sea parte de programas de reeducación”.

“En materia penitenciaria es la actitud del penado la que va a determinar su posibilidad de reinserción social, a pesar de que se trate de una perpetua. Tanto de la perspectiva de compromisos internacionales, como de la coherencia con el resto del contenido de la Constitución, no hay ninguna incompatibilidad porque la jurisprudencia ha reconocido este tipo de pena”, señaló.

Abogada sugiere sea excepcional

La abogada Roxana Cardona, quien se pronunció en redes sociales sobre la propuesta de reforma, indicó que “según la reforma será revisable a los 25 años”, por lo que “un menor de 18, cuando cumpla 42 años, un menor de 16 hasta que cumpla 34 años, no olvidando que las cárceles del país están catalgoadas como de alto riesgo y violatorias”.

“La detención de un niño debe ser siempre una medida de último recurso y por el tiempo más breve posible”, indicó. La abogada sugiere que se haga de manera “excepcional”. “Si bien es cierto no establece no aplicar la cadena perpetua, pero sí da un rango y un parámetro para no aplicarla”, indicó.

Ante preguntas de la diputada Suecy Callejas, el magistrado Quinteros señaló que tienen una propuesta al respecto y que la Ley Penal Juvenil se aplica a menores desde los 12 hasta los 18 años.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen 197 de la reforma presupuestaria para incorporar a la Ley general de presupuesto del Estado 2026 los fondos para la construcción de una cúpula envolvente de la terminal beta de pasajeros del Aeropuerto Internacional del Pacífico de El Salvador.

“La cúpula envolvente del edificio tendrá un aproximado de 21 metros de altura con una cobertura de superficie de alrededor de 4,550 metros cuadrados con dos aperturas acristaladas en sus lados funcionales para dar acceso a iluminación natural”, explicó hoy la subdirectora de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, Laura Arce de Aguilar, en la Comisión.

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que “se ha venido construyendo el Aeropuerto del Pacífico a una velocidad emocionante”.

“Si ustedes van, físicamente ya tiene avances muy importantes, se puede ver toda la obra de terracería cómo ha avanzado fuertemente”, advirtió el diputado del departamento de La Unión.

El financiamiento avalado, que proviene de endeudamiento en su mayoría, incluye el diseño, la ingeniería de detalle, la fabricación, el suministro, la supervisión y el montaje de las estructuras que conforman la cúpula.

Hacienda argumenta que la incorporación de los fondos se realiza «en este momento» porque recién se aprobó el contrato de préstamo en 2025. “Se hace en este momento porque el financiamiento se contrató en el último trimestre del año pasado”, explicó la subdirectora.

La construcción del Aeropuerto está presupuestada para el año 2026; el gobierno ha prometido entregar la primera etapa en el primer semestre de 2027. El Plan de Inversión Pública del Gobierno incluye la programación de $197 millones para la construcción y el equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, en La Unión, cuya primera piedra fue colocada en enero de 2025.

En el cuarto trimestre de 2025, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) contrató con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) un préstamo por $17.2 millones para el suministro e instalación de la cúpula envolvente de la terminal beta de pasajeros del Aeropuerto Internacional del Pacífico de El Salvador; el resto de fondos, $2.3 millones, provienen de titularización realizada por CEPA, por $2.3 millones de CEPA. El total asciende a $19,499,961.

Dentro del presupuesto de CEPA se incorporarán $17,188,106 en endeudamiento público con el ICO y $2,311,815 en saldo de años anteriores; se asignará a “inversión e infraestructura” del Aeropuerto del Pacífico.

Además, el proyecto del Aeropuerto del Pacífico incluye la construcción de una terminal de pasajeros, edificios auxiliares, pista de vuelo, calle de rodaje y plataforma de viraje en las pistas y áreas de estacionamiento.

La Comisión de Hacienda también dictaminó una reforma presupuestaria para incorporar $251,160 de un préstamo con la Corporación Andina de Fomento, del “Programa para la transformación del clima de negocios de El Salvador”.