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  • Pandilleros fueron condenados a 245 años de cárcel por extorsión

    Pandilleros fueron condenados a 245 años de cárcel por extorsión

    El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 245 años de cárcel a dos pandilleros que extorsionaban a sus víctimas, en La Paz, informó la Fiscalía General de la República.

    Se trata de Claudia Margarita Juárez y Manuel Antonio Martínez Mena condenados a penas de hasta 245 años de cárcel, por los delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas.

    «Los pandilleros llamaban por teléfono a las víctimas para amenazarlas y exigirles diferentes cantidades de dinero. Además, utilizaban palabras claves para identificar al que recolectaba la renta y al que vigilaba el sector para evadir dispositivos policiales», informó la Fiscalía.

    Según la información, en total fueron 24 víctimas que residían en diferentes sectores de La Paz.

    En otro caso por extorsión, Irvin Esteban Rivera Martínez, pandillero del Barrio 18, fue condenado a 12 años de cárcel por extorsionar a un empresario de San Salvador.

    Según la investigación, también lo hacía por llamada telefónica, para exigir una fuerte cantidad de dinero, a cambio de no atentar contra su vida. A pesar del temor, la víctima interpuso la denuncia.

    Las autoridades identificaron a Rivera Martínez logrando su captura momentos después de recibir el dinero de la llamada renta.

    La Fiscalía también informó que este pandillero también es procesado por otros delitos cuyas condenas se sumarán a la obtenida por este hecho. La condena ha sido impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.

  • Y 909 días después, el Barcelona volvió a jugar en casa

    Y 909 días después, el Barcelona volvió a jugar en casa

    909 días después, el Spotify Camp Nou volvió a abrir sus puertas para albergar un partido oficial del FC Barcelona, que este sábado se enfrenta al Athletic Club en la jornada 13 de LaLiga EA Sports, después de dos temporadas y media de exilio en Montjuïc.

    Las polémicas y los retrasos que han caracterizado las obras de remodelación del coliseo azulgrana quedaron aparcadas en una jornada festiva, calificada de «histórica» por el presidente de la entidad, Joan Laporta, y tratada como tal por parte del club, que organizó una programación especial.

    Coincidiendo con el 148 aniversario del nacimiento de Hans Gamper, fundador y figura determinante en los inicios del club, el Spotify Camp Nou reabrió con un aforo parcial de 45,401 asistentes repartidos en las zonas del gol sud, lateral y tribuna, lejos aún de los 105,000 asientos que lo convertirán en el estadio más grande de Europa.

    Esta conexión entre el presente, el futuro y el pasado se escenificó en el saque de honor, obra de dos de los socios más antiguos que pudieron acudir al campo, Juan Canela y Jordi Penas, que también estuvieron presentes en la inauguración del año 1957.

    La música, protagonista en una jornada festiva

    El acceso al estadio se abrió a las 14:15 horas, dos horas antes del inicio del encuentro, una espera amenizada por una sesión musical a cargo del Mon DJ. En sus canales oficiales, el club había animado a los asistentes a vestirse con los colores azulgranas, y el público no falló a la llamada.

    Unos quince minutos antes del inicio del encuentro, y después del calentamiento, el grupo de Reus Figa Flawas interpretó algunos de sus éxitos más populares, y durante el descanso se programó la actuación de otra banda referente de la música catalana en la actualidad, The Tyets.

    En la salida de los jugadores al terreno de juego, el Cor Jove del Orfeó Català interpretó el himno del FC Barcelona, acompañado por un montaje pirotécnico sincronizado con la música.

    Además, los futbolistas del Barça lucieron la inscripción ‘Tornem a casa’ (Volvemos a casa), junto a la fecha y al nombre del estadio, en la parte frontal de las camisetas.

    Un estadio más accesible y moderno

    En el ámbito de infraestructuras deportivas, el recinto cuenta con un nuevo túnel de jugadores, además de vestuarios renovados, tanto para el primer equipo como para el conjunto visitante.

    Además, el recinto dispone de más accesos, nuevas vías de evacuación y un mayor número de barandillas, así como de un sistema actualizado de rociadores y extinción automática, medidas que buscan garantizar la seguridad y mejorar los sistemas de evacuación.

    El estadio cuenta con 129 posiciones destinadas a personas con movilidad reducida, así como con nuevos espacios de confort y adecuación destinados a mejorar la experiencia del público.

    En materia tecnológica, el estadio incluye a partir de este sábado nuevos sistemas de acceso mediante pórticos y ticketing integrado, diseñados para agilizar la operativa en días de partido y adaptarse al tráfico y a las necesidades derivadas de las obras en curso.

    Asimismo, el club y el Ayuntamiento de Barcelona diseñaron un plan de movilidad específico para los días de partido que busca potenciar el acceso de los vecinos a sus domicilios y la llegada de los asistentes al estadio a pie y con transporte público.

    Una mezcla de socios y turistas en las gradas

    También el perfil de asistentes fue algo distinta a la el antiguo Camp Nou, pues el club mantendrá en suspenso la condición de abonado (unos 83,000 asientos) hasta que sea posible volver al aforo completo, con unas 105.000 personas.

    24,800 socios poseen el pase de temporada -21.186 de los cuales habían sido abonados en las últimas dos temporadas en Montjuïc-, lo que supone un 54,6% del actual aforo de 45.401 personas, frente al más del 80% que representaban antes del inicio de las obras.

    Por otra parte, el Spotify Camp Nou no contó todavía con una grada de animación, pues el club disolvió la anterior y pretende impulsar un proceso participativo para generar un nuevo colectivo.

    Antes del inicio del encuentro, que empezó con un retraso de 6 minutos, una parte del público reclamó el regreso del grupo de animación, que está previsto que vuelva al campo una vez se alcance la fase 1C de las obras y el aforo sea de 62.000 personas.

    Sin entradas reservadas al Athletic, pues el estadio aún no cuenta con la infraestructura necesaria para aislar a la hinchada rival, una parte importante de los boletos restantes fueron adquiridos por turistas dispuestos a pagar unos precios más elevados de lo habitual.

    El coste de las entradas oscilaban entre los 199 y los 589 euros, un 20% más baratas para los socios, mientras que las entradas VIP premium se disparaban entre los 950 y los 1,750 euros según la experiencia.

  • Un padre y sus dos hijos murieron atropellados cuando se dirigían a trabajar, en Morro Grande, Acajutla

    Un padre y sus dos hijos murieron atropellados cuando se dirigían a trabajar, en Morro Grande, Acajutla

    La mañana del pasado viernes 21 de noviembre, una familia sufrió una tragedia en Morro Grande, Acajutla, Sonsonate Oeste, cuando viajaban en bicicleta para ir a trabajar y fueron impactados por un microbús. Tres perdieron la vida, una persona fue llevada a un hospital.

    El hecho ha sido documentado por páginas de noticias locales, ya que la Policía Nacional Civil no informó sobre este suceso, como suele hacer en su perfil de X. Diario El Mundo llamó a la delegación de Acajutla, pero se negaron a dar información.

    Según las páginas locales, como Grupera Noticias, el hecho ocurrió a las 5:30 a.m. frente al caserío El Capulín, Cantón Morro Grande, del distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste, cuando «la conductora de un microbús perdiera el control en una curva y se salió de la calle y arrollara a las personas que se dirigían a sus labores agrícolas a aporrear maicillo».

    Según la información las cuatro personas eran «de una sola familia, abordaron sus bicicletas rumbo a su cultivo porque este día iban a comenzar a aporrear el maicillo. Justamente se disponía a cruzarse la calle cuando la conductora de un microbús placas P24-C29 se salió de la calle y los pasó arrollando», señaló la página local de noticias.

    Inmediantamente, tres personas murieron  «y sus bicicletas totalmente destruidas. La cuarta persona fue auxiliada por lugareños que pidieron auxilio a la Policía Nacional Civil y una patrulla la trasladó al hospital de Sonsonate y su estado es delicado», añadieron.

    Al parecer,  la conductora del microbús fue detenida e identificada como Orbelina Guadalupe Chinque Herrera, quien fue capturada.

    Los fallecidos fueron identificados como: Pedro A. C. de 85 años; Mercedes C. de 45 años: Carlos Humberto R. G. de 50 años; mientras que la lesionada es Iris Idalia R.C de 22 años.

    Racha de accidentes

    En las últimas 24 horas, al menos cinco personas más, perdieron la vida por accidentes de tránsito.

    La noche del jueves 20 de noviembre, en el kilómetro 113 y medio de la carretera Panamericana, el distrito de Chinameca, en San Miguel Oeste, un  motociclista chocó con otro vehículo en el que su acompañante murió tras el impacto, informó la PNC en su cuenta de la red social X.

    Por otro lado, un peatón murió atropellado el viernes en el kilómetro 198 de la carretera Ruta de Paz, en el distrito de Jocoaitique, Morazán. Según la investigación preliminar de la PNC, la víctima se encontraba en estado de ebriedad cuando fue atropellada en dicha vía.

    Asimismo, la institución policial informó que un motociclista murió tras chocar con la parte trasera de un camión en el kilómetro 63 de la carretera que conduce de Candelaria de La Frontera hacia San Salvador, en el departamento de Santa Ana.

    A primeras horas del viernes 21 de noviembre otro accidente también fue reportado por Protección Civil, se trata de un choque fatal en el kilómetro 12 de la carretera de Oro. En este siniestro, un vehículo sedán y una motocicleta colisionaron, dejando un muerto y una persona lesionada.

    El viernes también se reportó que dos personas resultaron lesionadas tras un aparatoso accidente entre un vehículo tipo sedán y un furgón que estaba estacionado en el kilómetro 115 de la carretera Panamericana, en Lolotique, San Miguel Oeste.

    En horas de la noche la PNC reportó la captura de Carlos Alberto Reyes Méndez, de 40 años, como responsable de atropellar a un hombre quien falleció en el lugar. El percance se registró en el km 17 ½ calle al Boquerón, en el distrito de Santa Tecla, de La Libertad Sur.

    Hasta este viernes 21 de noviembre se han registrado en el Observatorio de Siniestralidad Vial 19,503 accidentes, que han dejado 1,064 fallecidos y 11,622 lesionados.

  • Presencia militar de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico: armamento, bases y alianzas

    Presencia militar de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico: armamento, bases y alianzas

    Estados Unidos ha reforzado en los últimos meses su presencia militar en el Caribe y en el Pacífico latinoamericano con buques, aviones de combate y fuerzas especiales, en medio de crecientes tensiones con Venezuela, en un despliegue que la Administración de Donald Trump enmarca en su iniciativa ‘Lanza del Sur’ y en la lucha contra el narcotráfico.

    Desde agosto, el mar Caribe y la entrada al Pacífico oriental se han convertido en escenario de una expansión militar estadounidense que incluye destructores de misiles guiados, submarinos de ataque nuclear, aeronaves F-35, helicópteros de ataque, aerodeslizadores anfibios, drones de vigilancia y tropas destinadas, según Washington, a operaciones de vigilancia e interdicción del narcotráfico.

    De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), la flota inicial en el sur del Caribe estuvo compuesta por destructores clase Arleigh Burke, barcos anfibios de desembarco, un submarino rápido de ataque y aeronaves F-35, además del empleo de drones MQ-9.

    El CSIS también apunta que el número total de tropas estadounidenses proyectado podría alcanzar decenas de miles, lo que convertiría esta operación en la mayor presencia militar de EE.UU. en la región en décadas, algo que no se veía desde las guerras estadounidenses en Oriente Medio.

    Entre agosto y octubre, la cifra de buques desplegados pasó de dos o tres a unas diez unidades —incluidos destructores, barcos anfibios y submarinos—, y con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford el movimiento naval prácticamente se duplicó respecto al nivel previo.

    Más de 2,200 marines han sido movilizados desde agosto y diez aviones F-35 aterrizaron en Puerto Rico en septiembre junto a cientos de militares de apoyo, con lo que para octubre se contabilizaban al menos 10.000 tropas estadounidenses desplegadas en el Caribe. También se estima que unos 170 misiles Tomahawk están listos para ser empleados desde barcos o submarinos.

    Motivaciones y tensiones

    La Administración Trump presenta la misión como un esfuerzo contra el narcotráfico y el tráfico de personas. El CSIS, sin embargo, señala que, aunque ese es el objetivo declarado, el tipo de medios involucrados sugiere una preparación para operaciones más amplias, incluida una posible presión militar sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

    El informe también destaca que el volumen de tropas y equipos, junto a tecnología robótica y fuerzas de despliegue rápido, altera el equilibrio militar en la región frente a los activos venezolanos, que considera fragmentados.

    Aunque EE.UU. no dispone, según el estudio, de fuerzas terrestres suficientes para una invasión a gran escala, sus capacidades aéreas y navales serían suficientes para lanzar operaciones de misiles y bombardeos. Sin embargo, el Pentágono ha reconocido que ha entregado a Trump diferentes opciones, incluidos ataques a instalaciones militares venezolanas.

    Movimientos y alianzas

    Al despliegue se han sumado alianzas, visitas de funcionarios estadounidenses y el uso de infraestructura militar y civil en varios países del Caribe y Centroamérica.

    Trinidad y Tobago, a pocos kilómetros de la costa venezolana, acoge maniobras de la Marina estadounidense en zonas urbanas y rurales. Los ejercicios, iniciados el pasado domingo, están previstos hasta este viernes. La primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, los calificó como parte de una alianza «profunda y duradera», mientras Maduro los denunció como una «hipoteca» extranjera sobre su país.

    Guyana, que mantiene con Venezuela una disputa por el Esequibo, ha respaldado el despliegue aunque sin ejercicios recientes en su territorio. El 7 de noviembre recibió la visita del jefe del Comando Sur para abordar «la larga alianza de defensa» bilateral.

    Puerto Rico se ha convertido en una plataforma estratégica. Desde agosto se han realizado ejercicios de desembarco e infiltración con un aerodeslizador LCAC, helicópteros UH-1Y y Apaches, y cazas F-35B, según un vídeo del Pentágono del 1 de noviembre. Parte del aeropuerto de Roosevelt Roads —una antigua base militar cerrada en 2004— está nuevamente bajo control operativo estadounidense.

    Mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA) estableció una prohibición temporal de vuelos en esa zona hasta el 31 de marzo de 2026 por «razones especiales de seguridad».

    Granada recibió una solicitud de Washington para instalar un radar y equipo militar en el aeropuerto internacional Maurice Bishop. El primer ministro, Dickon Mitchell, dijo que analizarán los criterios legales y técnicos al tratarse de una instalación civil.

    En Panamá, el presidente José Raúl Mulino negó que el país participe en algún «acto hostil contra Venezuela» y sostuvo que la presencia de militares estadounidenses responde a acuerdos de cooperación. Los ejercicios conjuntos son frecuentes desde la invasión de 1989 y se reforzaron tras renovar la cooperación en abril.

    República Dominicana y la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) acordaron la semana pasada enfrentar a los carteles del narcotráfico, en particular al Cartel de los Soles, designado como organización terrorista por ambos países y que, según EE.UU., lidera Maduro.

    Además, Ecuador, Paraguay y Argentina expresaron a Trump su respaldo a su estrategia antidrogas y también declararon al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional.

    El Ejército de EE.UU. asegura haber hundido una veintena de embarcaciones y provocado la muerte de unas 80 personas en operaciones desplegadas en aguas del Caribe y el Pacífico, en el marco de los operativos que inició en septiembre para combatir al narcotráfico.

  • Detienen a un presunto pandillero extorsionista en Cojutepeque

    Detienen a un presunto pandillero extorsionista en Cojutepeque

    La Policía Nacional Civil afirmó haber detenido a un presunto pandillero encargado de extorsionar en Cojutepeque, Cuscatlán.

    Según la corporación, el capturado fue identificado como Gerson Antonio González Pérez, alias «Taco» o «Tortuga», y pertenece al Barrio 18, facción sureños.

    «Este terrorista era uno de los que exigía las extorsiones, delito por el tiene antecedentes en 2016. Además, intentó ocultar un tatuaje de su pandilla. Será remitido por agrupaciones ilícitas», añadió la policía, mientras acompañó la publicación con dos fotografías, una del hombre y otra de los tatuajes.

    Ayer, otro pandillero perteneciente al barrio 18 fue detenido en el aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, procedente de México,  identificado como Ismael Alexander Hernández Rivera, alias «Saiper».

    Según la PNC, Hernández Rivera, alias Saiper, es miembro de la clica “Tiny Locos Sureños”, del distrito de Jiquilisco, del municipio de Usulután Oeste.

     

  • Juicios masivos en El Salvador emitirán sentencias «injustas», advierte abogado

    Juicios masivos en El Salvador emitirán sentencias «injustas», advierte abogado

    Los juicios masivos que se estarían desarrollando en El Salvador a personas detenidas durante la implementación del régimen de excepción contra las pandillas emitirán sentencias «injustas», sin elementos de prueba individuales, advirtió este viernes el abogado David Morales, de la organización de derechos humanos Cristosal.

    Una reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa -dominada por el oficialismo- permite la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandillas, y elimina los procesos individuales.

    A la fecha no se ha emitido alguna sentencia bajo este procedimiento, el cual, según han denunciado organizaciones de derechos, «vulnera y violenta el derecho al debido proceso» de las personas procesadas.

    Además, el Congreso aprobó en agosto pasado otra reforma a la ley contra el crimen organizado para ampliar a dos años más el plazo de la detención provisional de las personas capturadas en el contexto de la medida de excepción, implementada desde marzo de 2022.

    El cambio establece que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene hasta agosto de 2027 para presentar dictámenes de acusación contra las personas detenidas durante el régimen de excepción, muchos de ellos en prisión desde marzo de 2022 y sin aún haber enfrentado juicio.

    Morales explicó, durante una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los abogados en América Latina, que se realizó en Miami (EE.UU.), en el marco del 194 período ordinario de audiencias, que las reformas penales relacionadas con el régimen de excepción en El Salvador «han llevado al congelamiento de la instrucción penal de decenas de miles de procesos durante dos años» y «ahora hay una reforma que lleva a la posibilidad de juicios masivos sin un tribunal sentenciador independiente».

    Apuntó que la Fiscalía «está dando cuenta de acumulaciones de hasta 6,000 personas en un solo caso que darán lugar a audiencias abiertas que durarán dos años».

    «Las reformas permiten juicios masivos sin elementos de prueba individual con autoridades que actúan como un aparato que sistemáticamente viola en debido proceso. Entonces, sí estamos a las puertas de sentencias masivas injustas sin elementos de prueba individual en El Salvador», alertó.

    La Fiscalía solicitó en agosto de 2023 al Congreso una reforma para la extensión de dos años al plazo de la detención provisional, cuando se cumplían -en ese momento- 17 meses de la implementación del régimen, lo que generó polémica debido a las implicaciones sobre derechos humanos, según diversas organizaciones.

    Antes de esta reforma, el artículo 5 del Código Procesal Penal vigente en el país establecía que el plazo máximo de detención provisional para delitos menos graves es 12 meses y 24 para aquellos graves.

    El régimen de excepción, que deja más de 89,900 detenidos, se aprobó tras el asesinato de más de ochenta personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las bandas criminales.

  • Detienen a Bolsonaro por intentar romper su tobillera electrónica, y sus seguidores se indignan

    Detienen a Bolsonaro por intentar romper su tobillera electrónica, y sus seguidores se indignan

    La Corte Suprema de Brasil ordenó este sábado la detención preventiva del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado. La medida se ejecutó tras detectarse un intento de fuga durante una manifestación organizada frente a su casa por uno de sus hijos.

    Agentes de la Policía Federal arrestaron a Bolsonaro en su residencia de Brasilia, donde permanecía bajo arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplimiento de medidas cautelares en el marco del proceso por golpismo. La detención fue ordenada por el juez Alexandre de Moraes, relator del caso, para “garantizar el orden público” ante un “riesgo de fuga concreto”.

    Según el fallo judicial, a las 00:08 horas del sábado se registró una violación en el monitoreo electrónico del exmandatario. Bolsonaro habría intentado romper la tobillera electrónica, aprovechando la confusión generada por una “vigilia” convocada por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro. La Corte Suprema consideró que esa reunión pretendía obstruir la vigilancia de su arresto domiciliario.

    El arresto se produjo un día después de que la defensa de Bolsonaro solicitara al Supremo continuar cumpliendo la condena bajo régimen domiciliario, alegando motivos de salud. Sin embargo, la decisión judicial lo condujo a una sala privada en la sede de la Policía Federal de Brasilia, donde permanecerá hasta nueva orden.

    La detención del exmandatario ha desatado una ola de reacciones en el entorno bolsonarista. El diputado Sóstenes Cavalcante, jefe del Partido Liberal (PL) en la Cámara Baja, calificó la medida como “la mayor persecución política de la historia de Brasil”. Por su parte, Michelle Bolsonaro, esposa del exgobernante, afirmó que “no desistirá” de Brasil y pidió oraciones “por la nación”.

    El proceso también ha salpicado a sus aliados. Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia y ahora diputado, recibió una condena de 16 años de cárcel por delitos similares y huyó del país presuntamente rumbo a Estados Unidos, cruzando de forma clandestina por la frontera con Venezuela. La Corte también ordenó su detención.

    En el Congreso brasileño, el bloque bolsonarista ha redoblado esfuerzos para impulsar una amnistía general que beneficie a Bolsonaro y a los demás condenados por el intento de golpe. Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencia y falta de consenso entre las principales fuerzas políticas.

    Indignación

    Los aliados de Jair Bolsonaro arremetieron este sábado contra la prisión preventiva del expresidente brasileño y aprovecharon para defender la aprobación de una amnistía en el Congreso que le beneficie a él y al resto de condenados por intento de golpe de Estado.

    «¡La prisión de Jair Bolsonaro es la mayor persecución política de la historia de Brasil!», afirmó en sus redes sociales el diputado Sóstenes Cavalcante, jefe en la Cámara Baja del Partido Liberal (PL), que lidera el exmandatario.

    La esposa del capitán retirado del Ejército, Michelle Bolsonaro, dijo en sus redes sociales que «confía en la Justicia» y que «no desistirá» de Brasil.

    En un mensaje plagado de referencias religiosas, agradeció «de corazón la comprensión y el cariño de todos».

    «Seguimos orando. Brasil necesita nuestra intercesión», añadió.

    «Es INCREÍBLE. Un sábado, con su estado de salud totalmente comprometido. Vergonzoso», afirmó Fabio Wajngarten, quien actúa como una suerte de portavoz de la familia Bolsonaro.

    La senadora Damares Alves, quien fue ministra de la Mujer y la Familia durante el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), confía en que la Cámara de Diputados «vote inmediatamente una amnistía».

  • Secuestran a 303 estudiantes y 12 profesores en colegio de Nigeria

    Secuestran a 303 estudiantes y 12 profesores en colegio de Nigeria

    Un total de 303 estudiantes y 12 profesores fueron secuestrados el viernes durante un ataque armado en la Escuela Secundaria Católica St. Mary’s, en la localidad de Papiri, estado de Níger, al norte de Nigeria, según confirmó este sábado la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN).

    El presidente de la CAN en Níger, obispo Bulus Yohanna, detalló que “tras finalizar el censo y la verificación, el número actualizado de estudiantes secuestrados de la escuela es de 303, mientras que el de profesores secuestrados se mantiene en 12. Por lo tanto, el número total de personas secuestradas es de 315”.

    Los estudiantes raptados, entre 10 y 18 años, son tanto hombres como mujeres. El Gobierno de Nigeria ordenó el cierre temporal de 41 colegios internos ubicados en zonas vulnerables tras este nuevo ataque, según anunció Binta AbdulKadir, directora de Educación Secundaria Superior del Ministerio Federal de Educación. La medida incluye colegios en los estados de Níger, Kebbi, Plateau y Benue, regiones severamente golpeadas por secuestros y asesinatos.

    El internado fue atacado alrededor de las 2:00 de la madrugada (1:00 GMT), pocos días después del secuestro de 25 niñas en otra escuela y del ataque a la Iglesia Apostólica de Cristo en Eruku, donde dos personas murieron y 38 feligreses fueron secuestrados.

    Wasiu Abiodun, portavoz de la Policía de Níger, informó que “unidades tácticas de la Policía, efectivos militares y otros organismos de seguridad se han desplegado en la zona, rastreando el bosque con el fin de rescatar a los estudiantes”.

    Un informe de UNICEF de abril de 2024 advirtió que solo el 37 % de los colegios en diez estados nigerianos afectados por violencia cuentan con sistemas de alerta temprana ante amenazas.

    Bandas armadas conocidas como “bandidos”, responsables de estos ataques, operan principalmente en el centro y noroeste del país, donde cometen asaltos y secuestros masivos para exigir rescates. En algunos casos, las autoridades los han calificado de grupos “terroristas”.

    Además, Nigeria enfrenta desde 2009 la amenaza del grupo yihadista Boko Haram en el noreste, sumado a la presencia del Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), escisión del primero desde 2016. En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en Chibok, de las cuales, según la ONU, al menos 91 aún permanecen desaparecidas.

  • Salvadoreños en el extranjero han invertido $51.6 millones y han donado $1 millón en 2025 según Cancillería

    Salvadoreños en el extranjero han invertido $51.6 millones y han donado $1 millón en 2025 según Cancillería

    La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, aseveró el viernes que la diáspora salvadoreña ha impulsado inversiones que suman $51.6 millones y que también ha realizado donaciones por más de $1 millón a través de Cancillería.

    “En términos de inversión y de migración inversa, la diáspora salvadoreña ha impulsado inversiones por un total de $51.6 millones, esto es lo contabilizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y esto muestra la confianza que ellos están teniendo en el país”, indicó.

    Detalló que están “identificando 100 proyectos de inversión potenciales” de la diáspora.

    El 14 de octubre pasado, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, indicó que la diáspora salvadoreña ha invertido cerca de $1,000 millones en cinco años.

    Según la memoria de labores 2024-2025, los salvadoreños residentes en el extranjero invirtieron $5.1 millones de junio de 2024 a mayo de 2025.

    «Vinculan» a más de 51,000 salvadoreños

    En su informe presentado a los diputados de la Comisión de Hacienda, este viernes, la funcionaria reveló que los salvadoreños en el extranjero donaron $1,054,000 a través de Cancillería y que este Ministerio ha “vinculado” a través de distintas actividades a 51,892 salvadoreños en el extranjero en lo que va del año 2025.

    “Nosotros hemos vinculado a través de diferentes actividades culturales, gastronómicas, entre otras, a más de 51,000 salvadoreños, consolidando estos espacios de acercamiento y también se han recibido más de $1 millón en donaciones que han sido gestionadas, que han sido gracias a la mano y el buen corazón de nuestra diáspora”, fueron las palabras de la vicencanciller.

    Según Mira, las donaciones de los salvadoreños en el extranjero se han colocado en diferentes proyectos de beneficio para el país.

    Mientras, Cancillería ha promovido 249 actividades de “diplomacia pública” para posicionar al país “a través de la cultura y el deporte”, exposiciones de arte y espacios públicos en el exterior.

    Otros proyectos

    Cancillería dijo que ha consolidado alianzas con más de 245 empresas en el extranjero para brindar 3,566 oportunidades de trabajo para salvadoreños, y han logrado remesas por más de $36.3 millones solo en 2025 por parte de los trabajadores temporales, $7.7 millones inversión en salud y $1.7 millones en inversión en educación, además de $12.2 millones en inversión en vivienda.

    Para el próximo año, esperan que sean 5,000 oportunidades de trabajo.

    Mencionó que más de 1,700 personas participaron en España en el programa “El Salvador más”, en donde participaron los ministerios de Turismo y de Vivienda para “dar de primera mano este servicio a nuestra diáspora”.

  • Procurador general: “Si una persona es culpable, no voy a ser parte de una institución que genere la impunidad”

    Procurador general: “Si una persona es culpable, no voy a ser parte de una institución que genere la impunidad”

    El procurador general de la República de El Salvador, René Escobar, reiteró la política institucional de no “defender a toda costa” y aseguró que, si consideran que una persona es culpable, no se valdrán de tecnicismos para lograr su libertad.

    “Si una persona es culpable de la comisión de un delito, yo no voy a ser parte de una institución que genere la impunidad. Y vamos a hacer firmes en nuestras defensas, pero también vamos a ser respetuosos de los procesos y no nos vamos a valer de tecnicismos para generar que personas que han cometido delito estén en libertad, eso no lo vamos a permitir”, indicó el funcionario, el viernes, ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

    El funcionario aseguró que “hay familiares que están conscientes de las acciones que ha cometido” su pariente.

    “Muchos defensores públicos a nivel sobre todo de Latinoamérica tienen una estructura y esquema de trabajo y es defender a toda costa, sin embargo, los invito a que vean las disposiciones de la Constitución”, indicó.

    El funcionario afirmó a los diputados que él garantizará “los derechos” de todas las personas privadas de libertad y el debido procesos, sobre todo si consideran que algunos casos pueden revisarse.

    “No somos juez y parte, estamos ejerciendo nuestro rol. Y lo vamos a seguir haciendo así”, expresó.

    La PGR ha asistido de manera directa a más de 4,700 personas a quienes jueces les han sustituido las detenciones por otras medidas cautelares, sin embargo, el procurador enfatizó en que no significa que estas personas sean inocentes, lo que se determina, dijo, al final del proceso.

    Según Escobar, en el pasado se normalizó la criminalidad en el país y muchas personas cometían delitos como avisarle a las pandillas cuando llegaba la Policía o guardar el dinero de una extorsión.

    “Estos casos en los cuales hemos hecho un planteamiento porque consideramos que debe haber una evaluación por la peligrosidad que podría considerarse, los jueces han hecho una reconsideración y dicen esta persona puede continuar el proceso en libertad porque no presenta un riesgo pero no quiere decir que no haya una acción delictiva cometida”, indicó.

    En mayo de 2025, la organización Tutela Legal Dra. María Julia Hernández y el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) presentaron un escrito ante la PGR para denunciar lo que calificaron como «deficiente atención» a víctimas y familiares afectados por el régimen de excepción; y señalaron al procurador general de no garantizar una adecuada defensa de derechos humanos.

    El director de Tutela Legal, Ovidio Mauricio, señaló a la PGR de ser «cómplice» en capturas arbitrarias y criticó procesos colectivos alegando que los presentan de esa manera porque «no tienen pruebas».