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La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el viernes el dictamen favorable para extender por un año, hasta el 31 de diciembre de 2026, el periodo para eximir de cobros o aranceles en el Registro de Comercio la inscripción de sociedades por acciones simplificadas conocidas como SAS.

El dictamen fue aprobado de manera unánime luego de una reunión con el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, quien en su presentación indicó que desde su implementación en 2023 hasta el 18 de noviembre de 2025, ha habido 6,065 SAS inscritas, con un capital social de $16.2 millones.

Más de 63 % sociedades son unipersonales, es decir están constituidas por una sola persona.

Un total de 256 empresas bajo esta esta modalidad SAS tienen 435 derechos de propiedad intelectual inscritos y 230 inmuebles registrados en el CNR ya tienen como titulares SAS, según Trigueros.

El trámite para constituir una SAS puede realizarse a través de CreaEmpresa.gob.sv con un capital social mínimo de $1. Se eliminó la solvencia municipal para facilitar la constitución de estas empresas y en general de sociedades anónimas.

El CNR proyecta que sumarán 7,700 inscripciones de comerciantes en todo 2025, de los cuales 986 serían comerciantes individuales, 2,526 jurídicos, y 3,897 serían SAS. Esta cifra superaría los 6,042 comerciantes inscritos en 2024 y los 4,460 de 2023.

En su presentación, el funcionario indicó que en el quinquenio 2004-2009 se inscribieron 11,224 comerciantes inscritos, en el quinquenio 2009-2014, 11,639 inscritos; en el periodo 2014-2019, un total de 13,688 inscritos; y aumentó a 19,094 inscritos en el quinquenio 2019-2024, de las cuales 572 fueron SAS.

A partir del quinquenio que inició en 2024, contabiliza 11,196 comerciantes inscritos de los cuales 5,482 son SAS.

En la solicitud del Ministerio de Economía, argumenta que busca facilitar la formalización de los comerciantes a través de la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) que desde 2023 pueden inscribirse con un único accionista, persona natural, a diferencia de las sociedades anónimas.

El abogado y activista salvadoreño David Morales denunció este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos una docena de abogados han salido de El Salvador durante este año por temor a ser capturados arbitrariamente, en un contexto de creciente autoritarismo, represión contra voces críticas y cierre del espacio cívico.

Durante una audiencia en Miami, en el marco del 194 período ordinario de sesiones de la CIDH, Morales aseguró que las restricciones al ejercicio de la abogacía en el país han escalado en áreas como el sistema penal, la lucha contra la corrupción, la defensa del medio ambiente y los derechos humanos.

“En mi país, la consolidación del autoritarismo ha tenido como consecuencia las restricciones al ejercicio de la abogacía”, afirmó Morales, miembro de la organización Cristosal. Según explicó, los ataques públicos desde el Gobierno hacia abogados y organizaciones sociales han sido reiterados, y la situación se agravó en 2025 con al menos cinco profesionales detenidos.

López y Anaya, en prisión y sin contacto

Entre los casos mencionados está el de la abogada Ruth López, exjefa del área Anticorrupción de Cristosal, quien fue arrestada el 18 de mayo bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito. La CIDH le otorgó medidas cautelares, señalando que enfrenta un “riesgo de daño irreparable” a sus derechos fundamentales. Lo mismo ocurrió con el abogado Enrique Anaya, otro jurista crítico del Ejecutivo salvadoreño, también detenido.

Morales denunció que tanto López como los demás abogados privados de libertad “permanecen en total incomunicación, sin contacto con familiares ni abogados defensores”, lo cual ha sido constatado por la CIDH.

Ley de Agentes Extranjeros cierra espacios cívicos

El activista también expuso ante la CIDH los efectos de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), que permite al Estado cerrar organizaciones sociales, cancelar su personería jurídica, imponer multas de hasta $250,000 y aplicar un impuesto del 30 % a los fondos provenientes de cooperación internacional.

“La LAEX busca cerrar el espacio cívico y controlar de forma arbitraria a las organizaciones sociales”, afirmó. Morales advirtió que este marco legal ha obligado a instituciones como Cristosal y Fespad a cesar parte de sus operaciones.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que la normativa tiene fines punitivos, ya que facilita la censura, el monitoreo estatal y la imposición de sanciones discrecionales contra quienes critican al Gobierno.

La procuradora adjunta para la defensa de los derechos humanos, Mireya Tobar Navarrete, anunció a los diputados que la procuradora, Raquel de Guevara, ha dado instrucciones para “deshacerse” de un edificio de la institución debido al recorte presupuestario que enfrenta hacia el año 2026.

“Hoy la procuradora dio instrucciones al secretario general para tomar medidas sobre un edificio en el cual la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se va a deshacer para irnos acomodando por el recorte presupuestario, el cual nos va a impactar”, anunció.

La funcionaria, quien asistió en lugar de la titular de la institución, advirtió que tendrán una “reducción bastante significativa” en el presupuesto.

“El presupuesto de este año, que correspondía de $10,765,707 tiene una disminución de $1,926,951, que impacta en un 18 % de disminución, quedando un monto presupuestario para 2026, de $8,838,756”, observó a los diputados.

Sin embargo, mencionó que la procuradora ha tenido la iniciativa de “contar con un edificio propio”. “Ese es parte de los sueños”, dijo. Los legisladores no hicieron preguntas ni comentarios.

Recortarán un 10 % del presupuesto equivalentes a $393,856 al área de monitoreo y protección de derechos humanos y recortarán un 12 % equivalentes a $60,170 a educación, promoción e investigación de derechos humanos. Disminuirán las remuneraciones en un 20 % y los bienes y servicios en un 12 %.

El papel de la PDDH ha sido cuestionado por organizaciones no gubernamentales debido a su pasividad ante denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción. Organizaciones como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reportan más de 6,500 denuncias, en su mayoría de capturas arbitrarias.