Un nuevo evento de vientos nortes empezará la noche de este miércoles y traerá consigo una baja en las temperaturas, actualizó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).
El informe explica que esto será provocado por un frente frío y una alta presión que vienen desde el Caribe, y traerá vientos de 40 y 70 kilómetros por hora.
«Estos vientos serán más notables en zonas altas del occidente y del nororiente, o incluso mayores en aquellos lugares cuyo terreno favorezca el aceleramiento adicional del viento», dice el informe que indica que se pueden extender hasta la madrugada del viernes.
De momento, no se espera que ocurran lluvias a pesar que el cielo podría permanecer nublado, no obstante, en las zonas montañosas podrían ocurrir algunas lluvias.
A partir de este jueves, las temperaturas durante el día serán cálidas pero agradables en las sombras, sin embargo, serán frías durante el jueves y viernes en la madrugada.
Las perspectivas climáticas estimaban que durante el mes de enero ocurrirían entre cuatro a cinco eventos de vientos nortes, que provocarían un clima fresco al iniciar el año.
El condado de Los Ángeles ha aprobado esta semana una moción para iniciar la designación de zonas libres del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés), en medio de la escalada de violencia en las redadas migratorias en el país.
«A medida que la aplicación de la ley federal de inmigración civil se realiza cada vez más en espacios públicos de todo el país, la moción aprobada inicia el proceso legislativo formal para garantizar que las propiedades del Condado se utilicen exclusivamente para los fines públicos previstos», indicó la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles en un comunicado.
La moción tiene como objetivo evitar que los agentes creen «áreas de concentración, lugares de procesamiento ni bases de operaciones para la aplicación de la ley de inmigración civil no autorizada», agregó.
«La aplicación de las leyes migratorias civiles se ha vuelto mortal con demasiada frecuencia, y ese miedo persigue a las personas a parques, clínicas y edificios públicos. Cuando los residentes tienen miedo de buscar atención médica o de presentarse en espacios públicos, algo anda muy mal. Puede que no controlemos la aplicación de las leyes federales en todas partes, pero sí controlamos nuestra propia propiedad». Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.
La moción instruye al abogado del condado a redactar una ordenanza para que la junta la considere dentro de 30 días y, de aprobarse, se prohibirá a los agentes utilicen las propiedades controladas por el Condado para actividades no autorizadas de aplicación de la ley civil.
La medida se produce en el contexto de los múltiples violentos que asolan tanto en California como en otros estados como Minnesota, como el ocurrido la semana pasada, cuando un agente del ICE mató de varios disparos a René Good, una madre de 37 años y ciudadana estadounidense, durante una protesta.
En videos compartidos en redes sociales se ve como Good fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo y no se observa que el vehículo atropelle a alguno de los agentes, como aseguró el Gobierno de Donald Trump, llegando a tildar el incidente de «terrorismo doméstico».
Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el vehículo choca contra otro estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.
La muerte de esta mujer en Minnesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo la Administración Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EE.UU..
Antes de que el mandatario republicano asumiera el poder de la Casa Blanca hace casi un año, los agentes del ICE tenían prohibido realizar arrestos y otras actividades de cumplimiento de la ley en lugares sensibles, incluidos lugares de culto, escuelas y hospitales.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) montaron un operativo de allanamiento de negocios comerciales de dispositivos electrónicos de alta gama, pero según la información muchos de ellos son de «procedencia ilegal».
Estos locales comerciales, según la FGR, compran y venden todo tipo de dispositivos como celulares, laptops, televisores e incluso computadoras y tablets, estas últimas, que el gobierno entregó por medio del Ministerio de Educación para el uso de estudiantes.
La publicación no brinda específicamente en qué zona de la capital realizan el allanamiento ni cuáles comerciales han sido los allanados, pero asegura que «las autoridades están interviniendo y verificando que los artículos cuenten con el respaldo legal. En caso contrario, las personas vinculadas serán procesadas por el delito de receptación».
Las reformas aprobadas en 2025 al Código Penal, el delito de receptación ahora es castigado de entre 6 a 10 años de prisión.
Allanamiento en comerciales en San Salvador, por supuesta compra y venta ilegal de dispositivos electrónicos/Imagen FGR.
En noviembre pasado, ambas instituciones también realizaron un operativo similar en 20 negocios pero de Santa Tecla y Colón, en La Libertad, en lugares que se dedicaban a la compra, venta y reparación de teléfonos celulares y otros aparatos que presuntamente fueron obtenidos de manera ilegal. En ese operativo fueron detenidos al menos nueve sujetos que fueron procesados por el delito de receptación.
En un caso similar reportado a finales del pasado octubre, la FGR giró 28 órdenes de captura en contra de una presunta estructura que se dedicaba al hurto de pertenencias de usuarios del transporte colectivo en el distrito de San Salvador.
El ministro de Cultura, Raúl Castillo, aseguró este miércoles que anunciarán un programa que sustituirá la figura de las Casas de la Cultura que fueron eliminadas en junio del año 2024, a través de una ley transitoria aprobada por la Asamblea Legislativa.
En la entrevista radial de YSKL, Castillo fue cuestionado por un oyente sobre el cierre de las Casas de la Cultura. Castillo respondió que estos espacios estaban en mal estado, la gente no acudía y los empleados no hacían bien su trabajo.
«El proyecto que se tenía de las Casas de la Cultura era bastante decadente, los espacios no tenías las condiciones, la mayoría, el 80% de las casas estaba en condiciones totalmente deplorables, no eran del Ministerio de Cultura, muchas eran de las alcaldías, estaban en calidad de préstamo. Entonces, invertir en recuperar esa infraestructura, mejor decidimos cerrar el programa para abrir uno nuevo, que es el que estamos trabajando». Raúl Castillo, ministro de Cultura.
Castillo solamente adelantó que el nuevo programa que sustituirá a las Casas de la Cultura tendrá infraestructura adecuada y una agenda adecuada que sea útil a la población.
El ministro no dijo cuánto costará este nuevo programa ni tampoco más detalles sobre el mismo, pero justificó que no solo trabajan en la Bibliotena Nacional de El Salvador (Binaes) sino que, tienen otras bibliotecas donde llevan un control estadístico de su uso.
«Es muy importante saber que si se va a invertir en prestar un servicio, la población haga uso del mismo, pero no tiene sentido invertir en un espacio donde no llega nadie o donde la persona no hacía bien su trabajo, por eso decidimos cerrar el programa, pero se va a abrir otro que pronto vamos a anunciar», aseguró en la entrevista.
El programa de Casas de la Cultura fue eliminado en la Ley especial transitoria de compensación económica para los trabajadores del Ministerio de Cultura, aprobada el 25 de junio de 2024. En su momento cobró relevancia dado que los parques administrados por Cultura pasaron al Instituto Salvadoreño del Turismo, además de la supresión de plazas en la institución.
La ley derogó el Capítulo VII con sus artículos 89 y 90 de la Ley de Cultura, que establecía el objetivo y las funciones de las «Casas de la Cultura», asegurando que se debe a que estas no responden a las exigencias del Plan Cuscatlán. Sin embargo, el gobierno ya había cerrado al menos 15 casas de la cultura desde 2023.
Lo establecido en la ley, según el decreto se debe a “la necesidad de crear un nuevo modelo de gestión cultural eficaz en el territorio, en cuanto a la generación de productos y servicios culturales y eficiente en cuanto al costo operativo y a entregar la administración de espacios a las instituciones que poseen la competencia legal para administrarlos”.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, participó este miércoles en la colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel inspirada en parte en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) que se construyó hace dos años en El Salvador.
El acto fue transmitido por la cuenta de Nayib Bukele en YouTube.
Bukele hizo un recuento de la experiencia en seguridad de El Salvador. “Nosotros teníamos un Estado fallido. Cuando nosotros llegamos, tuvimos que cambiar todo, Corte, jueces, fiscales, leyes, Asamblea, en las elecciones, por supuesto”, expresó, en una conferencia conjunta con el presidente costarricense Rodrigo Chaves. El presidente advirtió que en El Salvador aún no se han encontrado los cuerpos de más de 100,000 personas asesinadas.
El mandatario salvadoreño, luego, lanzó recomendaciones a Costa Rica y advirtió que, si no resuelven el tema de la criminalidad, “van a morir más costarricenses” y “la gente ya no va a poder salir a las calles como pasaba en El Salvador”. Además, les advirtió que «desaparece el turismo» y pierde perspectivas de desarrollo.
“Así como era la enfermedad así tuvo que ser la medicina. Costa Rica tiene la ventaja que no está ni por cerca de donde estaba El Salvador… Con hacer la tercera parte que hizo El Salvador, ya queda sobrado”, indicó.
Bukele dijo que en El Salvador “no hay un solo peligroso” y que no hay lugar en donde puedan robarles las pertenencias a las personas. Uno de los pilares, dijo, fue la construcción del CECOT. “Fue vital para la estrategia de seguridad”, dijo.
“Muchas cosas le tocan a un Estado pero la principal es que el Estado sea el único que tenga el monopolio de la violencia, no puede haber otro cuerpo ejerciendo la violencia. De eso se trata el Escudo de las Américas”. Nayib Bukele, presidente salvadoreño.
La cárcel CACCO, con celdas de aislamiento y lugares de visitas
Sin embargo, la megacárcel no es un calco del CECOT. Según medios costarricenses, el CACCO tendría una capacidad de 5,100 internos, será construido con una inversión de $35 millones en un terreno de 91,000 metros cuadrados, tendrá 20 celdas de aislamiento, cinco consultorios médicos, 25 aposentos de visita íntima, un registro de visitas y siete fortines, entre otros.
El CECOT tiene 256 celdas para 40,000 reos en ocho pabellones con 32 celdas cada uno. Sin embargo, en el CECOT no hay visitas.
En su informe anual, el Viceministerio de Justicia de Costa Rica registró la visita al CECOT, del 3 al 6 de abril de 2025, como una forma “para identificar aspectos de mejora de infraestructura carcelaria”.
“El objetivo era conocer de primera mano el funcionamiento, la infraestructura y el modelo de gestión del Cecot a fin de explorar la posible adaptación en Costa Rica, en el marco de una estrategia regional para el fortalecimiento de la seguridad y la justicia”, indica en su informe el Viceministerio.
El informe indica que esta experiencia en El Salvador permitió “elementos de análisis fundamentales para valorar la posible adaptación de algunas de estas estrategias en Costa Rica” pero agrega: “Siempre dentro del respeto al marco jurídico nacional y los principios de derechos humanos como parte de una estrategia regional para el fortalecimiento de la seguridad y la justicia”. Según este informe, emitido hasta junio de 2025, no se había logrado en Costa Rica la construcción suficiente de espacios para eliminar el hacinamiento carcelario.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó este miércoles su profunda preocupación ante las cifras de fallecidos durante las protestas en Irán, estimadas entre 2,000 y 12,000 personas, calificándolas como “horribles”. Aunque el organismo no cuenta con una cifra oficial, reconoció la gravedad de la situación y urgió a Teherán a respetar el derecho a la protesta pacífica.
Durante una conferencia de prensa, el portavoz del secretario general António Guterres, Stéphane Dujarric, aseguró que las imágenes de violencia y represión difundidas desde Irán han generado alarma en el seno del organismo internacional.
“Instamos nuevamente a las autoridades iraníes a permitir que la gente proteste pacíficamente y a proteger ese derecho”, declaró el vocero desde la sede de la ONU en Nueva York.
Dujarric explicó que Naciones Unidas no tiene presencia directa en el terreno en materia de derechos humanos, lo que limita su capacidad de verificación. Actualmente, su personal en Irán —integrado por 46 funcionarios internacionales y más de 400 nacionales— está enfocado en tareas humanitarias y de desarrollo.
“No tenemos una cifra propia para compartir, pero todas las cifras que hemos visto —que van de 2,000 muertos a 12,000 muertos— son horribles”, afirmó Dujarric, quien también condenó las amenazas de pena de muerte contra manifestantes arrestados durante las movilizaciones.
Según datos de la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), al menos 3,428 personas han muerto en los primeros 18 días de protestas antigubernamentales. Entre el 8 y el 12 de enero se habrían registrado 3,379 muertes, y más de 10,000 personas han sido detenidas desde el inicio de las manifestaciones.
La ONU informó que está gestionando un contacto con las autoridades iraníes “lo antes posible” para abordar la situación. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue en alerta ante el creciente número de víctimas por la represión estatal.
Con un solitario gol de Sadio Mané, Senegal venció 1-0 a Egipto este miércoles y avanzó a la final de la Copa Africana de Naciones. El resultado terminó por sepultar las esperanzas del egipcio Mohamed Salah, quien, con lágrimas al final del encuentro, vio desvanecerse una vez más su anhelo de levantar el único trofeo importante que le falta a su palmarés.
A sus 33 años, la estrella del Liverpool vivió una pesadilla repetida. Como en la edición de 2021, donde también cayó ante Senegal en la final, esta vez el verdugo volvió a ser su excompañero Mané, que marcó un golazo desde el borde del área al minuto 78 para sentenciar el duelo.
El partido, disputado en el Stade Ibn Batouta de Tánger ante casi 68,000 aficionados, estuvo marcado por la falta de emociones ofensivas. Egipto optó por un planteamiento conservador que limitó su ataque y terminó cediendo ante la ambición senegalesa, que aunque tampoco brilló en lo ofensivo, mostró mayor intención y dominio territorial en la segunda parte.
La única ocasión destacada del primer tiempo fue un disparo elevado de Nicolas Jackson para Senegal. Egipto, por su parte, no generó opciones claras en todo el encuentro. Fue hasta el tramo final cuando el partido se decidió gracias a la inspiración individual de Mané, quien sorprendió al arquero Mohamed El-Shenawy con un potente disparo para sellar el pase a la final.
El conjunto dirigido por Pape Thiaw resistió los tibios intentos egipcios de empatar y confirmó su segunda clasificación consecutiva a la final del torneo. Senegal, campeón vigente desde 2021, buscará ahora revalidar su corona continental.
Mohamed Salah, con cinco participaciones y dos subcampeonatos en Copa África, podría haber jugado su última gran oportunidad para consagrarse con su selección. Su rostro al final del partido reflejó la decepción de un ídolo que no logró romper su maldición con la camiseta nacional.
Cerca de un millón de trabajadores recibirían un 50 % de su salario extra en el 2027 como parte de la entrada en vigencia de la Ley Quincena, que aún no ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa, indicó el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
El ministro del ramo, Rolando Castro, aseguró que el tejido productivo formal a nivel nacional, que se constituye por empleados públicos y privados, está conformado por más de un millón de trabajadores, de los cuales un 90 % recibe una remuneración mensual menor o igual a $1,500.
Esta proporción entra de forma directa entre los beneficiados de la Ley Quincena, que prevé aplicarse de forma obligatoria para el sector público a partir de este 2026 y para el privado desde el 2027.
“¿Cuántos son los beneficiados? Cerca de un millón, en términos generales estamos hablando que van a salir beneficiados arriba de 900,000 trabajadores, cerca del millón”.
Rolando Castro, ministro de Trabajo
La medida prevé que las empresas otorguen un pago extra (quincena 25) a cambio de deducir un 100 % del monto entregado del Impuesto sobre la Renta (ISR) para el ejercicio fiscal en el año que se aplique.
Castro no precisó cuántos empleados públicos serán beneficiados por ley con la quincena extra a partir de este 2026.
Empresa privada
Castro aseguró este miércoles que el gobierno será de los primeros en otorgar la remuneración y que cuentan con el dinero para hacerlo. Además, señaló que muchas empresas privadas ya confirmaron que procederán con el cumplimiento de la normativa cuando sea aprobada de forma voluntaria en el 2026.
“Antes de venir a la conferencia de prensa muchas empresas del sector privado, grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, nos han informado de que lo van a retomar porque no estamos perjudicando la predictibilidad financiera de las empresas”, indicó Castro.
Según el MTPS, la “gran mayoría” de las empresas se sumarán a la aplicación voluntaria de la quincena 25.
Además, reveló que, como gobierno, antes de divulgar la presentación de la propuesta ante la Asamblea, se reunieron con el sector privado para comunicar la información.
El ministro aseguró que incluso el tema se comunicó en el Consejo Superior del Trabajo (CST) y diferentes gremiales del país.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que «se mantiene abierto» el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un «número importante de personas».
Desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, en Caracas, la mandataria encargada sostuvo que «no ha culminado aún» el «proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad» que, dijo, se inició el pasado diciembre, cuando, aseguró, «procedieron 194» excarcelaciones.
«Al día de hoy -añadió- podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días».
Junto a su hermano, también jefe negociador del Gobierno venezolano, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello, la líder chavista señaló que del proceso están excluidas personas acusadas de homicidio y narcotráfico y que «están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, con el odio, la violencia y la intolerancia».
Además, indicó que se trata de un «proceso arduo» que encabeza Cabello, quien, afirmó la funcionaria, está «en permanente coordinación y en permanente articulación con los organismos de justicia».
Desde el pasado jueves hasta las 13:50 hora local de este miércoles, la ONG Foro Penal, que computaba el domingo más de 800 presos políticos, contabilizó 72 excarcelaciones.
Este miércoles, más de una docena de periodistas han sido excarcelados, según organizaciones de la prensa.
Estas últimas excarcelaciones se han llevado a cabo pocos días después de los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano en los que fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Con nuevas modificaciones solicitadas por la diputada Elisa Rosales, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma a la Ley de Servicios Internacionales para establecer que los montos de inversión mínimos que estas empresas deben realizar se hagan «desde el primer año de operaciones» en la mayoría de casos.
Según la lectura realizada por la diputada de Nuevas Ideas, los usuarios directos de centros de servicios internacionales deberán hacer una nueva nueva inversión –capital de trabajo y activo fijo– por un monto no menor a $150,000 «desde los primeros seis meses de operaciones».
Para los servicios médico hospitalarios que también sean usuarios directos, el monto es $1,000,000 «desde el primer año de operaciones»; para los servicios de atención a ancianos y convalecientes, $250,000 «desde el primer año de operaciones».
Si las empresas no cumplen con estas condiciones no podrán gozar de los incentivos fiscales ofrecidos por la ley.
La diputada también pidió volver a modificar los plazos de inversión para prestar servicios de procesos empresariales, tecnologías de información y cinematografía en centros de servicios, $250,000 desde los primeros seis meses de operaciones; para servicios médico hospitalarios, $2,000,000 desde el primer año de operaciones; servicios de atención a ancianos, $500,000 desde el primer año de operaciones; y servicios especializados para aeronaves, $500,000 desde el primer año de operaciones.
En la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, ayer, la directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, Marta Solís, había solicitado cambiar el proyecto de ley para establecer estos montos mínimos de inversión «desde los primeros seis meses de operaciones» en todas las categorías; sin embargo, este miércoles, el proyecto sufrió cambios nuevamente.
