El Centro de Estudio para la Democracia en Honduras (Cespad) cuestionó la gestión del presidente Nasry Asfura al cumplir sus primeros 100 días de Gobierno, al señalar que no se observa un cambio significativo en el rumbo del país.
En su informe titulado “A 100 días del gobierno de Nasry Asfura: preocupaciones y demandas”, la organización indicó que persiste un modelo económico y político basado en exclusión, desigualdad y dependencia externa.
El director del Cespad, Gustavo Irías, afirmó que la actual administración ha continuado con prácticas del pasado y se ha limitado a gestionar la crisis sin abordar sus causas estructurales.
“No se observa un cambio de rumbo significativo”, sostuvo Irías, quien añadió que el Gobierno mantiene un enfoque centrado en el pago de la deuda, proyectos extractivos y el fortalecimiento de la seguridad, en detrimento de la inversión social.
El informe también advierte debilidades en la lucha contra la corrupción, al señalar la ausencia de una estrategia clara y la persistencia de prácticas como el clientelismo político.
Asimismo, se menciona la preocupación por la recentralización de funciones en instituciones como la Procuraduría General de la República y el uso de mecanismos como compras directas y fideicomisos.
En materia de derechos humanos, el documento denuncia una “impunidad alarmante” en crímenes contra defensores ambientales y señala la continuidad de desalojos violentos en comunidades rurales.
El Cespad también cuestiona la aprobación de proyectos extractivos sin consulta adecuada a las comunidades, así como la criminalización de líderes sociales.
En el ámbito de salud, el informe advierte una tendencia hacia la privatización de servicios, en medio de una crisis en el sistema público por falta de insumos y retrasos en cirugías.
“No se observan avances significativos en la reducción de la mora quirúrgica ni en el aprovisionamiento de insumos y equipamiento en los hospitales públicos”, enfatizó Irías.
El estudio señala además retrocesos en derechos de las mujeres, con una narrativa considerada conservadora y un alto nivel de impunidad en casos de feminicidio, que alcanza el 95 %.
En cuanto a seguridad, el organismo alertó sobre un repunte de la violencia, con aumento de homicidios y reaparición de delitos como secuestros y masacres.
Por su parte, el presidente Asfura pidió recientemente que su gestión sea evaluada a largo plazo. “Mídanme por los resultados en todos los meses y en los 45 meses que me quedan de Gobierno”, declaró.
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