Santiago Canton, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y autor del polémico informe del Grupo Internacional de Expertos (GIPES), que consideró la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en el régimen de excepción, rechazó que hayan solicitado la liberación de pandilleros en El Salvador.
En una entrevista realizada por Benjamín Cuéllar, en su programa Quijoteando de radio La Klave, Cantón expresó que «es realmente llamativo que no hayan rechazado que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad», posteriormente a la presentación pública del informe, «sino que están descalificando por otros motivos y entre esos mencionan que nosotros decimos que hay que liberar a todos los presos en el CECOT, no es cierto».
Su experiencia, dijo, es que los gobiernos desmienten el contenido del señalamiento de violación a derechos humanos que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El abogado aseguró que lo que sí han solicitado la conformación «una comisión que pueda revisar lo actuado, que pueda revisar si se cumplió con el debido proceso «en los casos individuales y no de forma masiva y en base a eso algunas personas pueden quedar en libertad». Explicó que dicha comisión debiera estar conformada por salvadoreños con acompañamiento internacional.
Canton opinó en el programa que «el modelo de Bukele requiere la destrucción del Estado de Derecho. Se puede hacer lo mismo, es decir, detener a las personas y hacerles juicios, dentro del marco de la ley», indicó.
De la misma manera, el abogado opinó que «la seguridad no se debe limitar a poner más policías en las calles y bajar la edad de imputabilidad, con eso no se logra nada y está probado porque llevamos décadas cometiendo esos errores, aquí en el caso de El Salvador lo estamos profundizamos aún más con crímenes de lesa humanidad».
El abogado argentino aseveró que el informe «fue bien recibido, ha habido artículos en todos los idiomas en los principales medios del mundo, no así por parte del Gobierno» y «todo esto fue ad honorem», ante aseveraciones de posibles financiamientos de George Soros.
Canton fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), articipó en programas con organizaciones no gubernamentales en El Salvador y visitó El Salvador cuando los partidos de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí por la Liberación Naciona (FMLN) buscaban hacer un juicio político al actual Nayib Bukele.
«En esa oportunidad me reuní con el presidente Bukele, pocos días me dijo el exsecretario general (Luis Almagro): fuiste a El Salvador y salvaste la presidencia de Bukele en ese entonces con el informe que hiciste», relató. Dicho informe, que concluyó que no tenía sentido un juicio político contra el presidente, fue presentado en mayo de 2021.
Según el abogado, el informe también incluía riesgos como la falta de independencia del poder judicial, la persecución a la prensa, la cooptación del poder, entre otros. «En efecto, fue lo que pasó posteriormente. Ahora es mucho más grave», afirmó.
El informe aseveró que «existen motivos para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad» durante el régimen de excepción, un delito definido como ataque generalizado o sistemático contra una población civil; este consideró que hay más de 89,000 personas detenidas de forma masiva y arbitraria, al menos 8,000 personas inocentes liberadas reconocidas por el gobierno, 3,000 menores privados de libertad, 400 personas fallecidas bajo custodia estatal, 540 casos documentados de desapariciones forzadas, 814 casos de tratos crueles hasta marzo de 2024, 40 periodistas desplazados, 34 defensores de derechos humanos y 18 sindicalistas detenidos por razones políticas.
El presidente Nayib Bukele deslegitimó a las organizaciones no gubernamentales y a los expertos, señalándolos de tener una agenda coordinada y financiada desde el exterior (George Soros) y de preocuparse exclusivamente de los derechos de los delincuentes. «Únicamente defienden los derechos de los criminales», indicó en X.
Por su parte, Félix Ulloa, vicepresidente, cuestionó por qué las organizaciones no han denunciado el «genocidio» provocado por las pandillas argumentando que este es crimen de lesa humanidad.
