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En El Salvador, el crecimiento del parque motociclista ha sido vertiginoso durante la última década. Pero junto con ese aumento ha surgido una realidad alarmante: casi 184,119 motociclistas circulan sin licencia, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Es decir, al menos tres de cada diez conductores manejan sin la certificación mínima que garantiza que saben operar un vehículo y respetar las normas de tránsito.

Lo que podría parecer una cifra más en un informe técnico es, en realidad, un reflejo de un problema profundo: la combinación peligrosa entre la falta de educación vial, la normalización de la irregularidad y la débil cultura de respeto a la ley. Conducir una motocicleta no es un derecho automático; es una responsabilidad. Y esa responsabilidad empieza por obtener una licencia.

Las consecuencias de la negligencia colectiva están a la vista. De enero a noviembre de 2025, casi 4,000 accidentes involucraron a motociclistas, dejando más de 3,700 lesionados y 420 fallecidos. Lejos de disminuir, los siniestros crecieron un 20 % respecto al año anterior. Estas cifras no son estadísticas frías: representan vidas truncadas, familias devastadas y un sistema de salud que absorbe el costo humano y económico de lo que, en gran parte, es prevenible.

Y todos somos testigos de eso. La manera en que manejan los motociclistas es mayoritariamente irresponsable, temeraria, hasta carente de amor propio. Incumplen el manual entero de tránsito y está claro por qué: nunca lo leyeron porque no tienen licencia.

La reciente reforma que obliga al uso de cascos certificados a partir del 29 de diciembre es un paso correcto, pero insuficiente si no va acompañado de controles estrictos y permanentes. De poco sirve exigir equipo si no se fiscaliza su cumplimiento. De poco sirve tener una ley si el país tolera, día con día, su incumplimiento.

El Salvador necesita avanzar hacia una movilidad moderna y segura, y eso solo es posible cuando el respeto a la ley deja de ser opcional. No podemos seguir normalizando que miles manejen sin licencia, sin casco adecuado, sin atención y sin respeto por los demás usuarios de la vía. La seguridad vial es un pacto social: cuando uno falla, todos pagamos el precio.

Es momento de que el Estado refuerce controles, que los conductores asuman su responsabilidad y que la sociedad comprenda que la motocicleta no es un atajo a la informalidad, sino un vehículo que exige técnica, criterio y disciplina.

Las calles del país merecen orden. La ciudadanía merece seguridad. Y la ley, sin excepción, debe cumplirse.